CAO cierra caso de Hidro Santa Cruz
Nota de Coyuntura No. 37 / por Luis Solano
Recientemente, la Oficina del Ombudsman y Asesor de Cumplimiento (CAO, por sus siglas en inglés) anunció que completó su primer informe de seguimiento sobre el caso de la empresa Hidro Santa Cruz, Sociedad Anónima (HSC), subsidiaria en Guatemala de la transnacional de capital español Ecoener e Hidralia Energía, que pretendió construir el proyecto hidroeléctrico Canbalam I y II en el municipio de Santa Cruz Barillas, al norte del departamento de Huehuetenango. Según indica un resumen del informe, la CAO decidió cerrar el seguimiento a nivel de proyecto y dice: “Esta decisión se tomó porque la IFC no se comprometió con ninguna acción a nivel de proyecto en respuesta a las conclusiones de la CAO, y la CIFI ya abandonó la inversión en el subproyecto hace varios años”.
Pancarta en una manifestación contra los embalses hidroeléctricos en Santa Cruz Barillas el 15 de marzo de 2014. La pancarta se refiere a la empresa responsable por un embalse contencioso que se vinculó a asesinatos y detenciones de activistas locales. Foto: Luis Miranda Brugos / Alba Sud Fotografia. Recuperado en t.ly/qLoSu
El caso de la Hidroeléctrica Santa Cruz y las violaciones cometidas
La Oficina del Ombudsman y Asesor de Cumplimiento (CAO, por sus siglas en inglés) es el mecanismo independiente de rendición de cuentas para proyectos apoyados por la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés), miembros del Grupo del Banco Mundial (BM). La CAO se estableció en 1999 y depende directamente de los Directorios de la IFC y de la MIGA.
El informe de la Compliance Advisor Ombudsman (CAO), dado a conocer en junio de 2024, puede consultarse en versiones inglés en los siguientes enlaces:
El Observador ha trabajado ampliamente el caso de la empresa Hidro Santa Cruz, Sociedad Anónima (HSC) en el municipio de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, abordando las violaciones a los derechos humanos y la criminalización de liderazgos comunitarios que han ocurrido en los últimos 15 años, así como las investigaciones y resultados que la CAO ha realizado. Los ensayos de El Observador al respecto pueden consultarse en los siguientes enlaces:
Dada la importancia del caso, El Observador ha realizado una versión en español no oficial del resumen presentado por la CAO en inglés para facilitar la compresión del contenido, y la cual se expone a continuación:
Guatemala: CIFI-01/ Hidro Santa Cruz
Sinopsis
Descripción general del proyecto
En 2008, la IFC invirtió en la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI), una institución financiera no bancaria que respalda pequeños y medianos proyectos de infraestructura en América Latina y el Caribe. En 2011, CIFI invirtió en la empresa Hidro Santa Cruz (HSC) para la construcción de la central hidroeléctrica Canbalam en Guatemala. Sin embargo, en 2012 el proyecto se suspendió poco después que comenzara la construcción. En noviembre de 2015, la CIFI canceló su préstamo al desarrollador del proyecto y el proyecto fue abandonado en diciembre de 2016.
Queja
En julio de 2015, la CAO recibió una queja presentada por representantes comunitarios en Santa Cruz Barillas, alegando que el proyecto hidroeléctrico Canbalam no había sido objeto de una consulta adecuada con las comunidades indígenas.
Los denunciantes también afirmaron que la oposición al proyecto resultó en violencia y represión, tanto por parte de la empresa como del gobierno, destacando un incidente específico el 1 de mayo de 2012, donde un miembro de la comunidad fue asesinado y otros dos resultaron heridos. Los denunciantes creían que estaba involucrado un guardia de seguridad contratado por el proyecto. HSC reconoció que una de las personas acusadas del tiroteo había trabajado anteriormente para su contratista de seguridad, pero negó cualquier participación.
Acción
En agosto de 2015, la CAO consideró que la reclamación era elegible y realizó una visita de evaluación en octubre de ese año. Luego de la evaluación de la CAO, el caso fue transferido a la función de cumplimiento de la CAO. En agosto de 2016, la CAO publicó un informe de evaluación del cumplimiento en el que concluyó que se justificaba una investigación en respuesta a la reclamación.
En diciembre de 2018, la CAO concluyó su investigación de cumplimiento y presentó el informe junto con la respuesta de la IFC, al Presidente del Grupo del Banco Mundial para su aprobación. El informe y la respuesta fueron revisados durante una reunión de la Junta Directiva de la IFC en febrero de 2020, lo que llevó a una revisión de la respuesta de la IFC. La respuesta revisada, de abril de 2020, contiene información adicional que no se proporcionó previamente a la CAO durante la investigación.
En junio de 2020, la CAO publicó su informe de investigación de cumplimiento y la respuesta de la IFC luego de recibir la autorización del Presidente. El informe destacó múltiples casos de incumplimiento por parte de la IFC con respecto a su revisión y supervisión de la inversión en CIFI, particularmente en relación con el incidente que involucra el subproyecto de la planta de energía Canbalam.
La investigación de la CAO encontró que la revisión ambiental y social (A&S) previa a la inversión realizada por la IFC, del Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) de la empresa, no coincidía adecuadamente con el nivel de riesgo involucrado. La CAO identificó deficiencias en la evaluación de la IFC, tanto del desempeño pasado del cliente en la implementación del SGAS, como de su capacidad para cumplir con los estándares de la IFC en la implementación del SGAS.
El hecho de que la IFC no supervisara pertinentemente la implementación de un SGAS adecuado por parte del cliente, resultó en una situación en la que las actividades del proyecto comenzaron sin una evaluación de riesgos exhaustiva y la implementación de las medidas de mitigación necesarias descritas en las Normas de Desempeño de la IFC. Esta falta de supervisión contribuyó a una evaluación y un seguimiento inadecuados de los riesgos e impactos asociados con las inversiones en proyectos como Canbalam.
Después de los incidentes violentos de mayo de 2012, el cliente detuvo los desembolsos para el proyecto e informó a la IFC. Según los propios procedimientos ambientales y sociales (A&S) de la IFC, la IFC tenía la responsabilidad de responder a incidentes graves a nivel de proyecto. Esto implicó evaluar la causa raíz del incidente e implementar medidas para evitar que se repita.
Sin embargo, la IFC no interactuó con el cliente respecto del proyecto o del incidente violento, en contravención de sus procedimientos ambientales y sociales. La investigación de la CAO reveló que la IFC no cumplió con sus procedimientos para responder a incidentes graves, y no tomó las medidas necesarias para garantizar que la respuesta del cliente se alineara con los requisitos de las Normas de Desempeño para abordar los impactos del proyecto durante todo el ciclo del mismo, incluso al cierre del proyecto.
Los denunciantes argumentaron que el proyecto ha tenido efectos sociales negativos en sus comunidades. Afirman específicamente que el proyecto provocó un aumento de los conflictos relacionados con el proyecto, lo que resultó en la muerte de un miembro de la comunidad, lesiones graves a otros dos y la detención de diecisiete miembros adicionales de la comunidad. También afirman que la construcción de un cerco perimetral alrededor del sitio del proyecto ha restringido su acceso tradicional a la tierra y a los recursos naturales.
A pesar que el proyecto fue abandonado en diciembre de 2016, hay pruebas que respaldan la afirmación de los reclamantes de que todavía existen impactos residuales. La IFC, consciente de estos impactos durante el período de financiamiento, no se comunicó con su cliente para garantizar que estos impactos residuales fueran evaluados, minimizados, mitigados o compensados adecuadamente según lo exigen las Normas de Desempeño y la Política de Sostenibilidad de la IFC, particularmente durante el cierre del proyecto.
Informe de seguimiento de la CAO
En mayo de 2024, la CAO completó su primer informe de seguimiento sobre el caso y decidió cerrar el seguimiento a nivel de proyecto. Esta decisión se tomó porque la IFC no se comprometió con ninguna acción a nivel de proyecto en respuesta a las conclusiones de la CAO, y la CIFI ya abandonó la inversión en el subproyecto hace varios años.
Como resultado, no se esperan nuevas acciones por parte de la IFC para abordar los impactos restantes del proyecto. Sin embargo, la CAO continuará monitoreando cuatro de los cinco compromisos sistémicos asumidos por la IFC en respuesta a los hallazgos de la investigación.
Estado: este caso se encuentra en seguimiento de cumplimiento.
Estado al 4 de junio de 2024.
