La amenaza silenciosa: la violencia organizada convierte a los hospitales públicos en objetivos estratégicos
Nota de Coyuntura No. 38 / por Juan Calles
La violencia organizada en Guatemala ha convertido a los hospitales públicos, como el Roosevelt, en objetivos estratégicos. Estos incidentes han generado una creciente percepción negativa y alarma en la población sobre la seguridad en espacios públicos. A pesar que las estadísticas oficiales muestran una disminución porcentual en la delincuencia homicida, la percepción de inseguridad es la constante en la población.
Foto: David Toro. Desinformemonos. Recuperado en https://qrcd.org/6Uj2
La corrupción e impunidad ligada a la violencia organizada
Una denuncia anónima y falsa sobre una bomba en el Hospital Roosevelt ha revelado que grupos delincuenciales tienen como objetivo estratégico a las instituciones de salud pública, como parte de un conflicto con otros grupos criminales.
Un problema de seguridad pública que data desde hace algunos años.
Esa situación es aprovechada por agrupaciones opositoras al actual gobierno del Movimiento Semilla para obtener réditos políticos contra la administración de Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar.
A pesar que las estadísticas de las autoridades de seguridad pública indican una disminución porcentual en la delincuencia homicida, estos incidentes generan una creciente percepción negativa y alarma en la población respecto a la seguridad en los espacios públicos.
Como resultado de estas amenazas, los médicos del Hospital Roosevelt han expresado su preocupación por la falta de medidas de seguridad adecuadas. Las autoridades por su parte, han reforzado la seguridad en el área y mantienen un diálogo con el personal médico para garantizar la protección de pacientes y trabajadores en el hospital.
El Hospital Roosevelt es un centro de salud pública que desde que fue fundado en 1944, atiende a gran cantidad de guatemaltecos y guatemaltecas de escasos recursos. A pesar de la gran cantidad de personas que atiende diariamente, el Roosevelt no se da abasto para resolver la situación de salud de la población.
Reconocido por su atención especializada y por ser un centro de referencia nacional, enfrenta desafíos estructurales que complican su funcionamiento. La infraestructura del hospital, aunque ha recibido mejoras, aún presenta limitaciones en cuanto a espacio y recursos para atender la creciente demanda de servicios de salud, especialmente en áreas críticas como el tratamiento del VIH y otras enfermedades crónicas.
Sumando a ello, en este hospital se atiende a personas privadas de libertad, en específico a miembros de pandillas que, al necesitar atención médica, son trasladados con débiles medidas de seguridad. El 14 de agosto de 2024 se conoció que el hospital recibió una llamada anónima en donde se informó sobre una bomba colocada en el área de medicina interna. En ese contexto, aún persiste en la memoria colectiva del hospital el asesinato de siete personas en 2017.
Luego de evacuar al personal médico y pacientes, la unidad de explosivos de la Policía Nacional Civil (PNC) determinó que se trataba de una falsa amenaza y que no existía ningún artefacto explosivo en el hospital.
La violencia organizada y sus objetivos estratégicos
La violencia organizada en Guatemala se manifiesta en diversas formas, incluyendo extorsiones, amenazas y agresiones, que afectan no solo a la población en general, sino, en este caso, también a los trabajadores de la salud que ya han denunciado casos en el interior del Hospital Roosevelt. Esta violencia puede influir en la capacidad del hospital para operar de manera efectiva, ya que el personal y usuarios de los servicios de salud se sienten inseguros al realizar su trabajo en un ambiente donde la violencia, los asaltos y agresiones, son una preocupación constante.
Esta situación está contribuyendo a que la percepción de inseguridad ciudadana sea negativa y cuestione a las actuales autoridades del Ministerio de Gobernación (MINGOB); percepción ha sido alimentada desde las curules de la oposición política en el Congreso de la República, en donde el actual titular de la cartera de seguridad, Francisco Jiménez, está siendo interpelado por la diputada del partido Valor, Sandra Jovel, ex Ministra de Relaciones Exteriores en el gobierno de Jimmy Morales Cabrera y el Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación.
Además, 24 horas después de la amenaza de bomba, circuló un comunicado de prensa que resultó ser falso, el cual estaba firmado por supuestos médicos del Hospital Roosevelt en donde exigían una disculpa pública de las autoridades de seguridad, agregando a su exigencia que los reos no fueran trasladados a ese hospital para ser tratados médicamente. Sin embargo, horas más tarde el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) informaba que ningún grupo de médicos, ni asamblea del gremio, reconocía la autoría de dicho comunicado, confirmando que también era una publicación falsa con la intención de profundizar la percepción de inseguridad y conflicto con las autoridades encargadas de la seguridad pública.
Con todo, Luis Chávez, Director del Hospital Roosevelt, informó en conferencia de prensa el 27 de agosto que a esa fecha se habían recibido cerca de 10 amenazas contra la vida del personal de enfermería y médico, siendo la más reciente el 26 de agosto cuando recibieron una llamada en la que se amenazó de muerte a cinco miembros del personal. El médico agregó que el Ministerio Público (MP) ya estaba investigando las amenazas, así como de reuniones previstas con las autoridades de seguridad, de salud y del Sistema Penitenciario, para trabajar protocolos de seguridad y para analizar los perfiles de los pacientes privados de libertad que requieren la atención médica del Hospital Roosevelt, así como de otros centros.
Respecto a la atención médica a los privados de libertad, Chávez explica:
“Es un tema bastante complejo (…) porque esta no se les puede negar”.
Estadísticas de violencia en descenso
A pesar de esta percepción ciudadana, los reportes del MINGOB registran disminución importante en hechos de violencia, pero un aumento de la violencia generada por las pandillas, conocidas en Guatemala como maras, tales como extorsiones y ataques a blancos específicos.
Según reportes de la PNC, durante los meses de enero a marzo del presente año, 589 personas fueron víctimas de homicidio, lo que significa un descenso del 12.7% en comparación con la misma fecha de 2023. Esta disminución en homicidios reporta el menor número en los últimos cinco años.
Otro dato significativo reportado es el descenso en el número de homicidios de mujeres en 21.2%, especialmente en departamentos del país que registraban más muertes de mujeres tales como Izabal, Escuintla y la ciudad capital.
Los delitos contra el patrimonio son los que han registrado alza en algunos sectores de zonas urbanas. Los robos de vehículos y motocicletas, así como robo en viviendas se han incrementado. Se registra un aumento del 10% en este tipo de delitos, así como las denuncias por extorsiones que siguen siendo un problema crítico, con un incremento del 15% en las denuncias por este delito.
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Fuente: Proyecto Regional Infosegura, PNUD, www.infosegura.org
¿La seguridad ciudadana es una cuestión de percepción únicamente?
A pesar que el MSPAS confirmó que el comunicado de los médicos era falso, se conoce que la atención en la consulta externa del Hospital Roosevelt no es regular, ya que se atiende únicamente a personas que requieran atención directa, mientras que las citas se han reprogramado con fecha indefinida, lo que evidencia que el problema de la inseguridad en el hospital público no es pura percepción, pues el personal médico y administrativo teme por su seguridad en la institución. Esto hace suponer de una estrategia criminal tipo operación psicológica, tomando en cuenta la importancia de ese hospital, lo concurrido que es y el impacto mediático que tiene cualquier hecho delictivo que ahí ocurre.
En declaraciones al diario Prensa Libre, la secretaria académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), María Ortiz, afirmó que mientras los reos reciban atención médica en los hospitales públicos, el problema de la inseguridad continuará por lo que la solución debe ser estructural y no simplemente de colocar más agentes policiacos en los hospitales.
Las estadísticas oficiales registran disminuciones porcentuales significativas; a pesar de ello, la situación en los hospitales, la violencia e impunidad con que se comenten asaltos diariamente en las calles del país, coloca al MINGOB y al titular de esa cartera, Francisco Jiménez, en un entredicho, pues la población resiente diariamente los problemas de inseguridad y violencia.
Aún no hay respuestas de Jiménez sobre la denuncia que él mismo hizo sobre el rompimiento del acuerdo entre pandillas, cómo enfrentarlo y cómo mejorar la seguridad en los hospitales públicos, 20 días después de la amenaza de bomba en el Hospital Roosevelt. Además, en tanto el Ministro de Salud, Joaquín Barnoya Pérez, anunció que pronto se tendrá un cronograma para retomar la consulta externa, Jiménez continua atado a una interpelación en el Congreso de la República que no avanza y no registra beneficios para la población guatemalteca. Es más, su interpelación fue motivo para que la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendiera provisionalmente la ampliación presupuestaria, después de varios amparos que presentaron representantes de los sectores más duros vinculados al llamado “Pacto de Corruptos e Impunidad”.
