CIDH presenta Observaciones y Conclusiones preliminares de su visita in loco a Guatemala
Nota de Coyuntura No. 39 / por Equipo de El Observador
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el pasado 30 de agosto su informe de Observaciones Preliminares de la Visita in loco a Guatemala ocurrida del 22 al 26 de julio de 2024. El informe contiene también recomendaciones preliminares e indica que, en los siguientes meses, la CIDH elaborará un informe de país para profundizar en estos temas y presentar sus recomendaciones finales al Estado de Guatemala. En esta entrega, El Observador resume algunas de las principales observaciones y conclusiones de dicho informe.
Imagen recuperada de: https://www.youtube.com/watch?v=kZvcHq5h3Hc
Visita fue para observar los impactos de un proceso de debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial
En un comunicado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó con fecha 30 de agosto de 2024, dio a conocer la presentación de su informe de Observaciones preliminares de su visita a Guatemala los días 22 al 26 de julio pasado.
El comunicado reza que la delegación estuvo liderada por la presidenta de la CIDH, Roberta Clarke, junto al primer vicepresidente, Carlos Bernal; el segundo vicepresidente, José Luis Caballero; el comisionado Arif Bulkan; y las comisionadas, Andrea Pochak, relatora para Guatemala, y Gloria de Mees. También integraron la delegación la secretaria ejecutiva, Tania Reneaum; la secretaria ejecutiva adjunta, María Claudia Pulido; la jefa de Gabinete, Patricia Colchero, y especialistas de la Secretaría Ejecutiva, e igualmente formaron parte de la delegación los relatores especiales para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, y sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Javier Palummo.
El objetivo general de la visita fue observar los impactos de un proceso de debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial que tiene lugar en Guatemala, a partir de la última visita que la Comisión realizó en 2017.
Asimismo, la visita in loco tuvo por finalidad analizar la situación en Guatemala de los derechos humanos de grupos, en especial, la situación de exclusión y discriminación histórica, desde los enfoques étnico racial y de género; la situación de la libertad de expresión; la seguridad ciudadana; los derechos a la memoria, la verdad, la justicia y reparación frente a graves violaciones de derechos humanos; así como la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En total, desde 1982 la Comisión ha realizado 12 visitas in loco al país, siendo el más visitado por esta instancia.
Durante los cinco días de la visita, la CIDH estuvo presente en Ciudad de Guatemala y se dividió en ocho grupos para desplazarse a los departamentos de Alta Verapaz, Izabal, Petén, San Marcos, Sololá, Totonicapán y Quetzaltenango, donde sostuvo reuniones con representantes de comunidades indígenas y autoridades ancestrales en sus territorios, con comunidades campesinas y afrodescendientes, así como con organizaciones de la sociedad civil. Por primera vez en su historia, la CIDH visitó el Pueblo Garífuna en Livingston, Izabal, que estaría en riesgo de extinción cultural. Además, visitó el Río Chinautla en el municipio de Santa Cruz Chinautla, departamento de Guatemala, el cual es parte de la cuenca del Río Motagua, donde advirtió un grave problema de contaminación con profundos impactos en la biodiversidad, el medioambiente y los derechos humanos de las comunidades que dependen de esta fuente para subsistir, incluyendo al Pueblo Maya Poqomam.
La Comisión visitó sin restricciones el centro de detención preventiva de mujeres de la zona 18 “Santa Teresa”; el centro de detención preventiva para hombres de la zona 18; el centro de detención preventiva para hombres y mujeres de Cobán; y el centro de detención Mariscal Zavala, donde se entrevistó con el periodista José Rubén Zamora, y el exfiscal Stuardo Campo. De igual forma, visitó residencias para niñas, niños y adolescentes con necesidades de protección. También visitó, los centros de recepción de retornados ubicados en Tecún Umán y en la Ciudad de Guatemala. Durante su visita, la CIDH observó la dinámica transfronteriza de movilidad humana en la región; particularmente, en el puente Rodolfo Robles y el Río Suchiate, y se entrevistó con personas migrantes.
Algunas Conclusiones del informe
46. La CIDH advierte que la superación de desafíos estructurales como la contaminación y el deterioro ambiental, requiere del cumplimiento de los estándares de derechos humanos en el ámbito empresarial, así como las obligaciones regulatorias y de control que corresponden al Estado. En este sentido, durante la visita, la CIDH fue informada sobre iniciativas y acciones por parte de algunos actores del sector empresarial para avanzar en la libre competencia, el combate contra la corrupción, la aplicación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas y procesos productivos respetuosos del medio ambiente. No obstante, recibió testimonios sobre el rol de élites económicas y algunos actores privados en la corrupción, el acaparamiento de tierras y de los recursos naturales, derivando en múltiples conflictos sociales y agrarios. Asimismo, se recabó información sobre las limitaciones presupuestales y técnicas que enfrentan algunas dependencias gubernamentales, como el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, para cumplir con sus competencias de control y fiscalización, especialmente en relación con la contaminación de los recursos hídricos.
47. En este marco, la CIDH recibió con preocupación información sobre la vulneración de los derechos humanos y del medioambiente sano, así como el desalojo y desplazamiento de comunidades étnicas y campesinas en el contexto de actividades extractivas y monocultivos. Igualmente, sobre la estigmatización y criminalización de comunidades rurales, pueblos indígenas, y personas defensoras de la tierra y del ambiente. La Comisión advierte la asimetría de poder de dichas comunidades frente a los actores privados en los procesos judiciales e investigaciones, en particular respecto de los procesos a cargo de la Fiscalía de Usurpación y las acciones implementadas en el marco del convenio de cooperación del Ministerio Público con el Observatorio de Derechos de Propiedad , junto a la falta de una institucionalidad para el abordaje efectivo e independiente para los conflictos agrarios, sociales y ambientales.
76. Desde su última visita al país en 2017, el Estado de derecho y la institucionalidad democrática en Guatemala se han deteriorado severamente. En su visita, la CIDH observó que la persistente instrumentalización del sistema penal contra quienes han participado en la lucha contra la impunidad y la corrupción ha socavado el principio de separación de poderes y la independencia judicial. Asimismo, observó que la criminalización es un fenómeno generalizado que afecta a todas las personas que participan del espacio cívico y democrático, con el propósito de favorecer un contexto de corrupción, ausencia de rendición de cuentas e impunidad estructural. La instrumentalización del sistema penal para estos fines y bajo los patrones registrados representa uno de los mayores riesgos para la estabilidad democrática en Guatemala.
Respecto a la instrumentalización del derecho penal y la falta de independencia del sistema de justicia, la CIDH indica que identificó al menos cinco patrones específicos que ponen en evidencia esta situación, a saber:
- La interposición de un alto número de denuncias contra la misma persona, en muchos casos por los mismos hechos, con la intención de dificultar su defensa legal. Entre otros, la Comisión conoció casos de personas operadoras de justicia que enfrentan entre 30 y 100 causas por ejercer su función.
- La presentación y tramitación de denuncias anónimas y/o infundadas con el propósito de mantener un clima de presión, hostigamiento e intimidación.
- El uso de tipos penales abiertos, ambiguos o claramente inadmisibles para los hechos denunciados, por ejemplo, personas que no son funcionarias públicas son investigadas por delitos propios de funcionarios; juezas y jueces son sometidas a proceso exclusivamente por el contenido de sus sentencias; abogados y abogadas defensores son imputados por el delito de obstrucción de la justicia solo por ejercer su trabajo; se acusa por usurpación o por usurpación agravada y usurpación de áreas protegidas a integrantes de comunidades indígenas que habitan esos territorios ancestralmente.
- El uso abusivo de la prisión preventiva, inclusive mediante la imputación de delitos graves que no gozan de medidas alternativas; o la aplicación de cauciones millonarias imposibles de afrontar.
- Las afectaciones al debido proceso y al derecho de defensa a través del uso de prácticas dilatorias de los procesos penales o de la denegación del acceso a los expedientes; negando información sobre las causas en las que una persona está siendo investigada y obstaculizando la producción de prueba de descargo. Además, la CIDH fue informada sobre presiones para recurrir al uso de la figura de “aceptación de cargos” frente la inminencia de la pérdida de la libertad.
77. Guatemala continúa enfrentando una serie de desafíos estructurales en materia de derechos humanos, exacerbados por altos niveles de pobreza, desigualdad, discriminación estructural y exclusión social. La CIDH observa que la persistencia de la impunidad y la corrupción agudiza estos problemas, afectando a grupos históricamente excluidos. En su visita, constató que los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como las comunidades campesinas siguen enfrentando condiciones de vida mucho peores que el resto de la población. Las personas en movilidad humana enfrentan una situación generalizada de abusos, extorsiones y violaciones de derechos humanos. Asimismo, la CIDH verificó los altos niveles de violencia e impunidad contra mujeres, niñas y personas LGBTI; el riesgo de extinción cultural del Pueblo Garífuna; el hacinamiento y las graves condiciones de detención en cárceles; así como la exclusión de personas mayores y personas con discapacidad de las políticas nacionales. También advirtió que persiste un contexto de restricciones a la libertad de expresión, el acceso a la información y de falta de reconocimiento legal de las radios comunitarias.
78. A más de 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz, el incumplimiento de estos acuerdos ha resultado en severos retrocesos para los derechos de las víctimas del conflicto armado, y en una situación de impunidad respecto a las graves violaciones de derechos humanos del pasado. Alarma a la CIDH el desmantelamiento de la institucionalidad para la paz, en particular, cuando subsisten los factores que originaron el conflicto armado interno. Entre estos está la necesidad de reformar el marco jurídico e institucional agrario para poner fin a la desprotección y el despojo que sufren las poblaciones campesinas, así como los pueblos indígenas y afrodescendientes. En su visita, la CIDH observó el impacto de los desalojos en sus derechos, así como los patrones que evidencian la manipulación del aparato estatal a favor de élites económicas y actores privados.
79. La CIDH advierte que la gobernabilidad democrática, la rendición de cuentas y la posibilidad de enfrentar los problemas estructurales del país se ven seriamente frenadas por un Poder Legislativo que se resiste a generar nuevas alianzas y acuerdos políticos en beneficio de la democracia y los derechos humanos de la población. Esta resistencia busca mantener un clima propicio para la impunidad estructural y la consolidación de privilegios y prebendas para grupos de poder. Resulta urgente una agenda legislativa democrática basada en los principios de igualdad y no discriminación, la rendición de cuentas, así como en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
80. Ante la erosión de las salvaguardas democráticas, la CIDH estima urgente la necesidad de restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, el sistema de administración de justicia y los valores democráticos. El acceso a la justicia independiente, imparcial y efectiva, constituyó un aspecto crucial en los Acuerdos de Paz de 1996. Por tal motivo, la Comisión hace un llamado para que el principio de independencia judicial prevalezca sobre intereses particulares, en beneficio del pueblo guatemalteco.
