La batalla de la prensa por la credibilidad en tiempos de desinformación
Nota de coyuntura No. 58 / por Juan Calles
La situación de los periodistas en Guatemala se ha vuelto cada vez más complicada en un contexto donde la persecución penal. La proliferación de medios digitales de dudosa capacidad periodística, desinformación y campañas de desprestigio han impactado gravemente el trabajo periodístico, pero también en la credibilidad y la seguridad de los comunicadores y comunicadoras.
Imagen: El Observador
Contexto desfavorable para la libertad de expresión
Periodistas exiliados o perseguidos judicialmente, víctimas de campañas de desprestigio, redes sociales colmadas de desinformación y medios digitales de dudosa reputación y profesionalismo, intimidación y burla, ese es el contexto actual de la prensa en Guatemala en donde, al parecer, la intención es acallar voces.
Paradigmático resulta que diputadas, ex candidatas a la Presidencia de la República y fiscales del Ministerio Público (MP) han denunciado a periodistas por violencia de género, en el contexto de investigaciones periodísticas que las involucran. Para ello, se instrumentaliza políticamente la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer. A través de la aplicación perversa de esta ley crucial, han logrado paralizar indagaciones en su contra e intimidar a los comunicadores, incluso, llegando a evitar ser entrevistadas por ellos. En resumen, utilizan la legislación relativa al femicidio como un medio para censurar a los periodistas.
Las campañas de difamación no solo afectan su integridad profesional, sino que, además, ponen en riesgo su seguridad personal. Los periodistas que investigan al gobierno o a las élites económicas son particularmente vulnerables, enfrentando amenazas, acoso e indiferencia, incluso, del mismo gremio periodístico.
Se destacan casos como los de los periodistas Marvin del Cid, Sonny Figueroa y Diego España, que recientemente se vieron envueltos en diferentes casos de difamación y acoso judicial.
En el caso de Del Cid y Figueroa, del medio Vox Populi, luego de publicar una investigación sobre creadores de contenido que, según la investigación periodística, algunos de éstos y éstas fueron contratados por el Estado, luego de publicar contenido favorable al gobierno de Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar, del Movimiento Semilla, y sus funcionarios.
Después de dicha publicación, los periodistas fueron vilipendiados en las redes sociales por los creadores de contenido, o un sinnúmero de cuentas anónimas que en sus publicaciones defienden a las autoridades de gobierno, al punto que, incluso, fueron señalados por algunos de sus colegas periodistas.
Del Cid y Figueroa ya estuvieron exiliados por problemas de seguridad durante el gobierno de Alejandro Giammattei Falla y Vamos y, al volver al país y retomar su trabajo de investigación, su página web ha sufrido ataques cibernéticos y han sido víctimas de campañas de difamación. En el caso de Diego España, del vespertino diario La Hora, se inició una investigación en su contra luego de la denuncia de la fiscal del MP Elda Sofía Castillo Rivas de Meneses, quien pidió medidas de protección por violencia contra la mujer, después de que el periodista la abordara al salir de una reunión a puerta cerrada con la jueza Abelina Cruz Toscano, el 17 de octubre pasado. Cruz es la jueza que ha decretado libertad a diferentes funcionarios públicos acusados de casos de gran corrupción durante gobiernos anteriores.
En medio de un clima de creciente censura y represión, el caso contra España pone de manifiesto un preocupante patrón en el que funcionarios públicos recurren a denuncias contra aquellos reporteros que resultan incómodos para ellos. Esta táctica parece destinada no solo a frenar las investigaciones periodísticas, sino también, a silenciar voces críticas que cuestionan el ejercicio del poder.
La presión sobre los medios ha llevado a algunos periodistas a optar por el exilio como única alternativa para preservar su libertad, frente a un sistema de justicia que se alinea a los intereses de quienes ocupan cargos públicos.
“Al periodista se la paga o se le pega”
Esta frase se le adjudica al ex presidente de la República y ex alcalde de la Ciudad de Guatemala, Álvaro Arzú Irigoyen, ya fallecido, un personaje adecuado para ejemplificar la actitud del funcionario público guatemalteco y a los miembros de las elites guatemaltecas que ven al periodista como un empleado al que deben dominar, doblegar o silenciar.
Las grandes empresas de información, que no medios de comunicación, responden a los intereses de los políticos y las elites; sus periodistas únicamente son “acarreadores” de información, y su labor periodística se limita a colocar el micrófono o escribir únicamente lo que sus jefes de información les permitan.[1] En años anteriores a las redes sociales, estos grandes medios monopolizaron la agenda nacional, los temas que se discutían o los que se ignoraban, la opinión publica y la millonaria publicidad; pero, con el auge de las redes sociales y los medios digitales, ese cerco mediático se rompió y han surgido medios de comunicación alternativos y periodistas que pueden investigar y publicar sin responder a las agendas del poder.
En los últimos años se han creado medios de comunicación con diferente línea de pensamiento, lo cual, en parte, abona para la buena salud del periodismo y de la democracia burguesa guatemalteca. Medios como Prensa Comunitaria y TVGT Noticias ejemplifican los dos espectros del pensamiento político en el país que rompen con el control de los medios tradicionales de la comunicación que ha concentrado la televisión y la radio. En Guatemala se vive un retroceso con la erosión de la libertad de prensa. La percepción pública sobre los medios se ha visto afectada negativamente, pues muchos ciudadanos desconfían de las fuentes tradicionales, debido a la saturación de información falsa o desinformación que surge de nuevas plataformas manejadas con Inteligencia Artificial (AI).
A opinión de Gerson Ortiz, periodista guatemalteco, las herramientas digitales, tal como la IA, pueden al mismo tiempo, paradójicamente, ser utilizadas para proteger a los periodistas en el ejercicio de su profesión y ejemplifica esto con lo que sucede en Venezuela, en donde un medio de comunicación utiliza avatares creados con IA para proteger la identidad de sus periodistas.
“No deberíamos trabajar con miedo, pero uno se pregunta ¿Qué tan visible puedo seguir siendo para hacer periodismo? Entonces me recuerdo de ese gran axioma de que ‘los periodistas muertos, los periodistas presos, ya no cuentan buenas historias, simplemente ya no cuentan historias’, entonces si tengo que lidiar con el miedo para seguir haciendo periodismo, entonces vale la pena”.
A pesar de la pasión y la valentía que demuestra el gremio en Guatemala, Ortiz acota que no es fácil llevar una vida con todos los avatares que implica el periodismo y, además, defender la libertad de expresión y el derecho a ejercer tu profesión ante una amenaza tan grande como la cárcel, el exilio o la muerte.
Por su parte, Marielos Monzón, del colectivo “No nos callarán”, asegura que el gremio se ha organizado, no solamente en Guatemala, sino a nivel regional con la red centroamericana de periodistas…
“…a raíz de la cantidad de ataques, amenazas y de la emergencia que está viviendo el periodismo por los autoritarismos que cada vez se fortalecen más, no podemos responder a nivel individual. La idea es defender nuestra profesión y, sobre todo, responder a esta emergencia buscando las mejores formas de atender a los periodistas que sufren ataques, con el fin último de no dejar de hacer periodismo.”
“Cuando el periodismo es atacado, se ataca primordialmente el derecho a las personas a saber, a conocer, entonces básicamente lo que se les niega a las personas, cuando un periodista es amenazado, es el derecho a recibir información verificada, el derecho a estar informado; de alguna manera es dejar a la población en la oscuridad, al final quien sale afectada es la ciudadanía”, comentó Monzón.
Discernir entre información veraz y desinformación, la tarea de la ciudadanía
En la actualidad, los medios priorizan el sensacionalismo y la viralidad sobre la veracidad y el respeto por las técnicas periodísticas, contribuyendo a un entorno donde la información falsa o manipulada se difunde rápidamente.
La falta de regulación y estándares claros en el ámbito digital ha facilitado este fenómeno; de esa manera, la labor periodística se cuestiona y la profesión pierde credibilidad frente a una población que utiliza los medios para, además de informarse, obtener una idea o formar una percepción de la realidad política en el país.
El problema radica en la falta de regulación de la responsabilidad social que implica emitir información y opiniones por medios digitales, y la capacidad de los usuarios para definir la información veraz y las notas falsas, también conocidas como fake news.
Según el informe Digital News Report 2024 sobre consumo de información digital en el mundo, se ha incrementado la desconexión de los usuarios con las noticias y el número de personas que las evita; de igual forma, el informe aborda cómo ha caído la confianza en las noticias; cómo se ha estancado el número de personas suscritas a medios, y cómo han perdido terreno los sitios web y aplicaciones de medios frente a las redes sociales.
Otro dato que destaca en este reporte indica que, más de una cuarta parte (29%) de quienes evitan las noticias, cree que no son confiables o están sesgadas. Gran parte de este porcentaje se debe al partidismo político que los medios asumen, pero, en otros casos, es una consecuencia del sensacionalismo de los medios que buscan la viralidad.
¿Existe necesidad de regulación y educación mediática?
Ante esta crisis, es crucial que se implementen campañas para educar al público sobre cómo identificar información confiable. La promoción del periodismo ético y responsable debe ser una prioridad para fortalecer la democracia y garantizar que los ciudadanos tengan acceso a información veraz.
Es alarmante la situación actual del periodismo en Guatemala. El ataque sistemático a periodistas independientes no solo amenaza la libertad de prensa, sino que también comprometen el derecho del público a recibir información precisa y objetiva.
“Las estrategias concertadas desde gobiernos, desde políticos corruptos, desde sectores empresariales opacos, desde redes político económicas ilícitas, desde sistemas de justicia cooptados, de utilizar las redes sociales para desinformar y restarle credibilidad al trabajo de los periodistas, y así confundir a la población, no es libertad de expresión: es una estrategia para atacar al periodismo; nuestro gran reto es seguir haciendo periodismo de calidad y con ética, para mostrar a la población cómo y dónde informarse”, concluye Marielos Monzón.
[1] Se recomienda la lectura del ensayo “El negocio de la prensa” cuya autoría corresponde a Mario Carpio Nicolle y el cual fue publicado por la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) en 1979.
