¿Un Congreso comprado o un sistema fallido?
Nota de coyuntura No. 63 / por Juan Carlos Calles
Lo ocurrido en el Congreso de la República el pasado 26 de noviembre y lo que siguió dos días después plantean una reflexión sobre la necesidad urgente de reformar el sistema político guatemalteco. Todo estuvo marcado por las negociaciones para la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2025, la aprobación, de urgencia nacional, de una nueva Ley de la Policía Nacional Civil (PNC), Decreto 35-2024, al igual que la reforma del Artículo 82 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, más el aumento salarial que se recetaron los diputados.
Diseño: El Observador
Aluvión legislativo
La aprobación de polémicas reformas de ley, obtenidas mediante negociaciones, por lo menos cuestionables, que incluyeron millonarios aumentos contenidos en rubros del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para 2025 que son susceptibles de corrupción y, como guinda del pastel, un escandaloso aumento salarial que se recetaron los y las legisladoras, dejó expuestas las grietas de un sistema político partidario que parece diseñado para perpetuar la corrupción.
Como parte de esas negociaciones, los diputados y las diputadas del bloque independiente que integra en su mayoría el Movimiento Semilla logró conseguir los votos para su propuesta de reformar, de urgencia nacional, el Artículo 82 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Una acción política obligada para poder recuperar sus derechos como bancada en el hemiciclo.
Pero, como era de esperarse, un día después, el 28 de noviembre, el juez Fredy Orellana envió un oficio a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso de la República en la que detallaba la resolución para cancelar definitivamente la personalidad jurídica del Comité Pro Formación del Partido Político Movimiento Semilla y del Partido Político Movimiento Semilla. La resolución se gestó a petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), que la sustentó en las sentencias condenatorias dictadas por un procedimiento de aceptación de cargos contra varias personas integrantes del partido oficial, como parte de acciones que reafirman la guerra jurídica desatada por el MP contra el partido gobernante.
Poco después, el Registro de Ciudadanos (RC), el 29 de noviembre, anunció que acató la orden de Orellana sembrando aún más incertidumbre sobre el futuro político del Movimiento Semilla; pero, en respuesta, éste interpuso amparos y apelaciones contra la decisión del RC, la cual tendría que ser conocida por el pleno del Tribunal Supremo Electoral (TSE), además de las apelaciones en las cortes, todo lo cual, hasta que no sea resuelto, mantiene con vida al partido oficial.
Precisamente, el accionar de Semilla con el resto de bancadas para negociar esa reforma, condicionando con ello, en gran parte, la aprobación del Presupuesto del Estado para 2025, además de desnudar al sistema político, deja al descubierto las dinámicas de los partidos que integran o están cercanos al “Pacto de Corruptos” en el Legislativo para obtener una gran tajada del pastel presupuestario, y que se prestan a mantener las viejas prácticas corruptas del gasto público destinado a los Consejos de Desarrollo y municipalidades controladas por estos partidos políticos.
Una madrugada en el Palacio Legislativo
El 26 de noviembre, Semilla sorprendió al país al demostrar su capacidad de negociar votos dentro del Congreso, lo que resultó en la aprobación de reformas que, según sus voceros, buscan fortalecer la institucionalidad y defender el proceso democrático guatemalteco. Pero, paralelamente, el proceso estuvo empañado por el aumento salarial aprobado por un grupo de 87 diputados ligados al llamado “Pacto de Corruptos”, lo que generó fuertes críticas sobre la ética y los amarres detrás de estas negociaciones y la naturaleza del sistema político guatemalteco.
Rechazado ampliamente por lo descarado de ese aumento millonario, el diputado José Chic, del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), anunció un amparo que busca dejar sin efecto el punto tres del Acuerdo Legislativo 31-2024 en el que se aprobó ese aumento salarial, indemnizaciones y prestaciones de ley a favor de los 160 legisladores y legisladoras.
El hecho ejemplifica cómo el Congreso funciona a través de la compra de voluntades y la distribución de beneficios sectoriales, un patrón que ha marcado la historia legislativa del país. Y qué decir de la aprobación, de urgencia nacional, de una nueva Ley de la Policía Nacional Civil (PNC), y que en su Artículo 60 se presta para violaciones a los derechos humanos. Está pendiente si el presidente de la República, Bernardo Arévalo, la vetará o la sancionará, incluso, si no hace nada de eso y la regresa al Congreso para que se reforme ese artículo sumamente cuestionado por las organizaciones de derechos humanos.
Sin la fuerza como bancada, el partido oficial tiene un desafío por delante, además de recuperar su personalidad jurídica, y es la de buscar con su ya demostrada capacidad negociadora, reformas legislativas que cambien profundamente el funcionamiento de este alto organismo del Estado, algo que se ve cuesta arriba por el poder y mayoría que tienen los partidos y diputados y diputadas, con nexos a gobiernos pasados y viejas estructuras de corrupción y de crimen organizado.
La cancelación de Semilla
La resolución del juez Freddy Orellana sobre la cancelación del Movimiento Semilla, citando presuntas irregularidades en su formación, cayó como un balde de agua fría no sólo para el movimiento político, sino también para los ciudadanos que, con esperanzas o críticas, han visto en el partido de gobierno un actor clave en la reciente reconfiguración del poder político en Guatemala. 48 horas después, el TSE, a través de su presidenta, Blanca Alfaro, anunció que el RC había acatado la resolución de Orellana, por lo que el Movimiento Semilla quedaba cancelado definitivamente. Sin embargo, también aclaró que sólo el TSE tiene, por ley, el poder de cancelar a un partido político. En su alocución, Alfaro criticó las acciones legales del MP.
Las acciones ilegales y del MP que ya comenzaron a verse, incluyendo acciones legales contra el juez Orellana, anuncian una batalla legal que podría durar años, tal como lo afirmó el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche.
El sistema se protege del sistema
Los eventos de los últimos días ponen en evidencia un sistema político que no sólo está diseñado para perpetuar la corrupción, sino que también castiga a quienes intentan jugar bajo sus reglas. Las imágenes de diputados aprobando aumentos salariales en un país donde miles de niños mueren de desnutrición, han generado reacciones e indignación en sectores de la población que se han pronunciado en contra.
La actuación del Movimiento Semilla en este contexto, particularmente con la aprobación del Presupuesto del Estado para 2025, la cual fue felicitada por Bernardo Arévalo de León, les impone un reto en demasía. La necesidad de inversión pública, sobre todo la inversión social en educación y salud, etc., tal como se la planteó el gobierno en sus planes de campaña electoral, implica no sólo su ejecución sino principalmente su auditoría. Si bien sus líderes afirman que las reformas aprobadas son un primer paso hacia el cambio, la forma en que se consiguieron los votos refleja que el sistema actual premia a quienes participan en su dinámica de corrupción y clientelismo, y ese es el gran desafío que el gobierno tendrá: auditar el millonario aumento y contener las prácticas corruptas para evitar verse comprometido.
La ciudadanía ha respondido con una mezcla de indignación y resignación. Mientras algunos ven la cancelación del Movimiento Semilla como un ilegal ataque político, hay sectores que se cuestionan si el partido, a pesar de ser electo por su propuesta anti corrupción, en realidad puede actuar fuera de las costumbres y prácticas corruptas del sistema que se defiende a sí mismo, obligándolo a negociar beneficios y prebendas para, los y las diputadas, o si realmente liderará una necesaria reforma estructural, transparente y democrática. La tarea se avizora cuesta arriba si se busca hacer algo en cuatro años de gobierno, que ha sido imposible durante décadas, o que ha visto coartados los intentos como el del período de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). En El Observador calificamos el momento político actual como un llamado a la acción, en el sentido de que, si no se abordan de inmediato las reformas estructurales al sistema político, Guatemala seguirá hundiéndose en un ciclo de pobreza, corrupción e impunidad. Esto requiere de audacia y de una amplia articulación social, no para defender al gobierno del Movimiento Semilla, sino para salirle al paso a que el “Pacto de Corruptos” consolide su estrategia e imponga un régimen de parlamentarismo negro.
Este episodio de la historia nacional pone sobre la mesa una pregunta crucial: ¿Es posible cambiar el sistema desde adentro, o quienes lo intentan están destinados a ser absorbidos o eliminados por él? La cancelación del Movimiento Semilla y los hechos ocurridos en el Congreso de la República son un recordatorio de que el sistema político guatemalteco necesita una transformación profunda.
Esta coyuntura deja varios escenarios abiertos. Falta ver la respuesta y el rol que jugará la Corte de Constitucionalidad (CC), de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), del TSE, tomando en cuenta su actuar durante el proceso post electoral a la fecha, apañando las acciones de “guerra jurídica o Lawfare” que el MP ha levantado contra los resultados electorales de 2023, contra el Movimiento Semilla, así como contra otros actores que han denunciado la estrategia del “Pacto de Corruptos”, y su alfil más visible hasta ahora: la Fiscal General, Consuelo Porras Argueta.
Incluso, habrá que estar atentos a lo que el mismo gobierno haga frente a la Jefa del MP, y las acciones que podrían interponer organizaciones como la Fundación contra el Terrorismo (FCT) entre otras, para definir el futuro del Movimiento Semilla y, más importante, el futuro de Guatemala.
