En un nuevo intento para destituir a Consuelo Porras con la Iniciativa 6480, Semilla se juega su futuro político
Nota de coyuntura No. 66 / por Juan Calles
La Iniciativa de Ley No. 6480 que fue presentada por el Movimiento Semilla al Congreso de la República el pasado 19 de noviembre busca, de nuevo, sentar las bases para la destitución de la Fiscal General, Consuelo Porras Argueta. Esta propuesta surge en un momento de mayores tensiones políticas donde el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción son temas que dividen opiniones. La relevancia de esta iniciativa no solo reside en su contenido, sino en el simbolismo de intentar depurar las instituciones judiciales como un gesto de fortalecimiento democrático. Sin embargo, el desafío principal es reunir los votos necesarios en el Legislativo donde los bloques tradicionales y conservadores tienen un peso significativo.
Imagen: El Observador
El 4 de diciembre pasado, el diputado del Movimiento Semilla, Samuel Pérez, dio a conocer que diputados y diputadas de esa organización política presentaron, el 19 de noviembre, la Iniciativa de Ley No. 6480 que busca reformar el Decreto 40-94, Ley Orgánica del Ministerio Público (MP), y dar paso a la destitución de la Fiscal General, Consuelo Porras Argueta.
“Como bancada Semilla presentamos una nueva iniciativa de reforma al artículo 14, desde el Congreso no pensamos abandonar esa lucha para nada. Hemos estado haciendo el trabajo de conversación y cabildeo con diputados y diputadas, por lo que esperamos encontrar consensos. Esto se dio porque observamos que la iniciativa presentada por el presidente Arévalo no estaba generando los consensos necesarios y más bien estaba abriendo un debate muy amplio”, explicó Pérez.
La propuesta busca devolver al Presidente de la República la facultad de remover al Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, citando un “conflicto de imparcialidad” en la normativa actual. Según los legisladores, la reforma es necesaria “…para garantizar que el Ministerio Público actúe con transparencia y sin sesgos”.
Este será el tercer intento que el partido de gobierno hará para lograr aquel objetivo estratégico y, a pesar de haber fallado en su intento a finales de noviembre, sin duda lo retomarán a principios de 2025 cuando las actividades del Congreso de la República se reactiven, siendo la búsqueda de consensos su mayor desafío.
Conseguir votos en un Congreso de la República con cimientos corruptos
En el Congreso de Guatemala, integrado por 160 diputados, se requieren 107 votos para aprobar reformas de este tipo. Actualmente, la correlación de fuerzas está dividida: los bloques aliados al oficialismo son pocos y políticamente débiles, mientras que los partidos conservadores dominan con mayoría numérica las decisiones que toma el pleno legislativo, en tanto que el Movimiento Semilla enfrenta obstáculos para construir consensos.
En las últimas semanas el partido gobernante se anotó lo que algunos han llamado éxitos parlamentarios, aunque para ello debieron pactar con sectores opositores para, por ejemplo, lograr aprobar la reforma a la Ley de Delincuencia Organizada, marco jurídico que el MP utilizó para suspender sus derechos como partido político, y a lo cual se agregó la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025. ¿El precio a pagar a cambio de votos fue muy alto? Mientras algunos simpatizantes saludaban los logros obtenidos, otros criticaban duramente el tipo de negociaciones que hubo tras bambalinas.
Esas negociaciones fueron expuestas por la diputada del Movimiento Semilla Andrea Reyes, quien afirmó en una entrevista en Canal Antigua que su bancada logró establecer acuerdos, incluso, con la derecha opositora, para aprobar leyes de interés nacional. Por lo que, a pesar de las posiciones en contra, no dudó en decir que esta vez lograrán alcanzar los votos para destituir a Consuelo Porras.
“Llegamos a acuerdos para aprobar un presupuesto nacional con bancadas que meses antes no querían que asumiéramos nuestra curul, un presupuesto que tiene una carga de inversión pública muy grande, y eso es bueno para el país; lograr acuerdos para temas importantes y encontrar desacuerdos para otros temas es democrático y eso también es bueno para el país; nosotros trabajamos bajo una lógica democrática de acuerdos, no bajo una lógica transaccional”, dijo la congresista.
Captura de pantalla en la transmisión de la entrevista en Canal Antigua, con la diputada del bloque Semilla, Andrea Reyes. Recuperado en: https://www.youtube.com/watch?v=sSrWpMyHFXs
Es así que el Movimiento Semilla, con solo 23 diputados independientes, enfrenta el desafío de obtener apoyo de partidos de centro, opositores moderados e independientes, para impulsar una reforma que permita la destitución de Porras Argueta. Sin embargo, la falta de voluntad política y los intereses cruzados en el Congreso complican el avance, en un contexto marcado por una campaña, operativizada por la Fiscal General, de persecución política contra Semilla, funcionarios públicos y periodistas que denuncian corrupción institucional.
“La Fiscal General tiene mecanismos de presión para diputados y bancadas”
La diputada Sonia Gutiérrez, del Movimiento Político Winaq, afirmó en una entrevista con El Observador que ve cuesta arriba que Semilla consiga los votos para aprobar la reforma propuesta, ya que muchos diputados no tienen ningún interés en aprobarla.
“La fiscal tiene vínculos con diputados con representación en el Congreso; varios de ellos tienen investigaciones abiertas, señalamientos de financiamiento ilícito que vienen arrastrando por años, temas de corrupción en donde diputados se han visto involucrados, esos son los tentáculos de poder que tiene la fiscal para presionar en el Congreso; allí se refleja el desinterés de los diputados que no es más que su deseo de garantizar la impunidad que les ofrece la fiscal general.”
Por su parte, en declaraciones a diferentes medios de comunicación, diputados opositores han declarado que no apoyarán la propuesta de Semilla, tal es el caso de Rodrigo Pellecer, de la bancada del partido Elefante, y exministro de Trabajo y Previsión Social en el gobierno de Alejandro Giammattei Falla y Vamos: “Nosotros somos institucionalistas, siempre vamos a apoyar lo que es (sic) fortalecer las instituciones, no podemos jugar con las instituciones, según quien está al frente, sí hoy me conviene y mañana no me conviene; esta reforma vendría a debilitar a la institución que es el Ministerio Publico, por lo que nosotros no estaríamos apoyando”.
El diputado José Chic, de la bancada partidaria de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), opina que hay que devolver la facultad al gobernante de turno, sin importar quien sea, de controlar el papel que debe jugar el MP en Guatemala: “Esta iniciativa debería tener viabilidad política, y con ella los diputados podremos mostrar si estamos a favor de la justicia y el Estado de Derecho, o si vamos a mantener un MP que ha sido instrumentalizado para la persecución selectiva y el uso indebido del derecho penal”.
Para Semilla será un reto buscar alianzas estratégicas con sectores de la sociedad y apelar a la presión ciudadana como una herramienta para inclinar la balanza a su favor; de lo contrario, recibirá otro revés como anteriormente le han propinado sus adversarios en el hemciclo parlamentario.
En el 2025 se definirá el futuro político de Semilla y del actual gobierno
El futuro de la Iniciativa 6480 depende no solo de la capacidad de negociación del Movimiento Semilla, sino también de la coyuntura política del momento. Si la propuesta avanza podría marcar un hito en la lucha contra la impunidad y la corrupción, pero si fracasa, podría fortalecer la narrativa de inercia institucional que desanima a los votantes de Semilla y a los sectores que tenían la esperanza de un gobierno propositivo y reformista.
En opinión de la diputada Gutierrez, el próximo periodo legislativo que inicia en enero de 2025 no será de un Congreso de la República que proponga reformas profundas que provoquen cambios positivos para el país:
“… ni el gobierno ni el Congreso han mostrado interés en proponer cambios de fondo; con esa actitud, La ley de Aguas, la Ley de Electoral y de Partidos Políticos, por ejemplo, no son temas que les interese reformar; quizá algunas leyes que no toquen los intereses económicos del país se puedan impulsar”.
El desenlace de este proceso será crucial para el clima político en Guatemala. Mientras tanto, la población y los diversos actores que la integran están llamados a mantenerse informados y exigir transparencia en las decisiones del Legislativo. La Iniciativa 6480 no solo es un proyecto legislativo, sino un reflejo del pulso democrático en un país que busca redefinir su rumbo cuando la estrategia golpista del “Pacto de Impunidad” para defenestrar al gobierno del Movimiento Semilla está en ciernes.
