Latin American Resources incumple promesas con comunidades de Alta Verapaz
Nota de coyuntura No. 77 / por Rolanda García
Comunidades de San Benito I y II de Cobán, Alta Verapaz, afectadas por la explotación de petróleo en el marco del Contrato de Explotación 1-2005, Atzam, operado por la empresa Latin American Resources Ltd (LAR), afirman que fueron engañadas por la petrolera y viven en la incertidumbre por el incumplimiento de pago de las deudas laborales y comunitarias que ahora tiene esa compañía.
Instalaciones de Latin American Resources Ltd., contiguas al Parque Nacional Laguna Lachuá, en la Franja Transversal del Norte (FTN). Fuente: Rolanda García.
Sólo promesas
La población afectada, ubicada en la Franja Transversal del Norte (FTN), señala que la empresa petrolera Latin American Resources Ltd (LAR) se comprometió a apoyar la construcción de centros de salud, escuelas, mantenimiento de carreteras y la introducción de agua potable, pero ninguno de los compromisos los cumplió con total responsabilidad. Incluso, entre los acuerdos LAR tenía que proveer a las comunidades San Benito I y II una indemnización de Q 60 mil anuales; cantidad que no fue recibida por la población.
Los líderes que sostenían reuniones constantes con la empresa indican que, durante 25 años, prometió varias ayudas a las comunidades, pero esas promesas iniciales fueron incumplidas y tan solo un bajo porcentaje de los acuerdos firmados fueron ejecutados.
Comunitarios dan cuenta de que, en los últimos meses de 2024, LAR detuvo sus operaciones de explotación de crudo en los pozos denominados Atzam, una zona explorada y explotada desde la década de 1970 por diversas compañías. Las autoridades comunitarias no esperaban la paralización de las operaciones y, por el contrario, estaban al tanto de las indemnizaciones correspondientes firmadas en el convenio. “Por ejemplo, en el año 2024 era un compromiso de la empresa pagar 60 mil quetzales, pero apenas dieron 26 mil quetzales, incumpliendo lo que habían dicho”, resaltó una autoridad comunitaria que omitió mencionar su nombre.
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Tanto las comunidades San Benito I y II carecen de los servicios básicos, la mayor parte de los habitantes son jornaleros, obreros y campesinos sumidos en la pobreza, pese a que en su territorio yacen varios nacimientos de petróleo que han sido expoliados por LAR, sin recibir beneficio alguno. Además, el incumplimiento ha generado múltiples conflictos sociales entre la población que en ocasiones transgreden la armonía comunitaria, destacó Carlos Mo, autoridad comunitaria de San Benito.
Fuente: Citation Resources. Atzam Project. 2013.
Trabajadores reclaman salarios e indemnizaciones
En el marco de los incumplimientos de LAR, en las comunidades de la región afectada también existen decenas de trabajadores abandonados que manifiestan que la empresa les debe el salario y el pago de prestaciones por los años trabajados. La mayoría es población indígena Maya Q’eqchi’, quienes confiaron a la empresa un honorario digno, pero sus aspiraciones económicas no se cumplieron.
Eliseo Batz, autoridad comunitaria y afectado, destacó:
“Ellos vinieron a poner orden, mano dura aquí en el trabajo y nunca pagaron, nunca mejoraron el pago que ganamos aquí nosotros, ni el bono ni el tiempo nos querían pagar, y no solo con nosotros sino con los extrabajadores que han trabajado mucho antes; hay algunos que trabajaron 12, 15 años y no fueron pagados por la empresa Latin America”.
Algunos trabajadores que han apoyado en la empresa resaltan que parte de los servicios prestados por la esta a cargo de recursos humanos, liderado por un ingeniero llamado Leonel Ramírez, no fueron cancelados por los propietarios de LAR; un monto que suma un Q 1.3 millones. “A los trabajadores, el pasado mes de agosto solo les fue entregado un contrato de trabajo que nunca tuvo validez y ni fue cancelado por los mandatarios”, remarcó Alfonso Mazariegos Cacao, uno de los trabajadores afectados e indignados.
Un dirigente social que pidió quedar en el anonimato recalcó:
“El Ministerio de Energía y Minas sabe cómo trabajó la empresa aquí, cometió incumplimiento, no respetó todo lo que la ley dice, tanto con los trabajadores como con las comunidades y sus autoridades, pido a la empresa que pague a sus trabajadores, que finalice de pagar los 480 mil quetzales que es el total que le debe a las dos comunidades”.
Una empresa que corrompió y contaminó
Tras la retirada de la empresa, la población resalta varias denuncias. Reclama que soportó los efectos de la extracción del gas, así como el olor del crudo que se esparcía en el ambiente de las comunidades. Las familias lamentan que los niños eran los principales afectados por el tóxico del gas y lamentan que, ante tales daños, solo la empresa salió con ventajas mas no la población, que nunca recibió un apoyo significativo o una compensación justa e integral.
Recuerdan que, en años recientes, un número no cuantificable de barriles de crudo fueron vertidos en algunos afluentes de agua, provocando una tragedia que impacto en la muerte de seres acuáticos y puso en peligro la vida de las familias que se abastecían de las aguas contaminadas. Después de denunciarla, una comisión encabezada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) llegó a verificarla, pero los resultados no prosperaron porque surgieron arreglos entre la empresa y las autoridades del gobierno de Jimmy Morales Cabrera (2016-2020) y el Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación, recuerda uno de los extrabajadores.
Actualmente, tras el retiro de la empresa, en uno de los principales campos petroleros se encuentra a la intemperie una pequeña laguna de aguas con contaminantes químicos, a pocos metros de un nacimiento de agua que alimenta un riachuelo de la comunidad. Tal abandono representa un peligro de contaminación de los afluentes, destacó Aurora Yat Caal, dirigente comunitaria en la región.
Así mismo, los trabajadores aluden que el personal sufrió constantes violaciones laborales por la falta de comida y equipamiento en los campos petroleros. “Aquí no cumplían con los alimentos que estaban incluidos en el contrato, equipo y protección personal, uniformes, botas para el trabajo con el petróleo; estas demandas mandamos al Ministerio de Energía y Minas”, afirmó Elman Ichich Iquí, extrabajador de la empresa.
También denuncian que la empresa cometió anomalías, pues los propietarios y administradores de LAR ordenaban la extracción del crudo sin contabilizarlo y lo comercializaban de manera clandestina. Al respecto, otro extrabajador de la empresa expresa:
“Robaron muchos equipos, cosas del Estado y trasladaron a un lugar que se le llaman Estín, nosotros sabemos; yo salí la última noche de la producción, se robaron tres pipas de petróleo, se fue y no reportaron al Estado”.
Los afectados exigen la intervención del Estado y no excluir a las comunidades de San Benito en la toma de decisiones futuras. “Si existirán otras empresas que entran en tiempos futuros, le pido al señor presidente que si quieren seguir operando, que consulte a la comunidad para que no sigan haciendo como hizo la empresa Latin American, que no cumplió con la población; ellos sacaron la riqueza en nuestro terreno aquí en San Benito sin tomar carta en el asunto”, dijo un dirigente social que pidió no mencionar su nombre.
Deudas e intervención de la Corte de Constitucionalidad
LAR es presidida por el estadounidense Gregory Charles Smith, actual esposo de Zury Ríos Sosa, ex candidata presidencial del partido político Valor en las pasadas elecciones generales de 2023, quien, luego de ese proceso electoral, anunció su retiro de la política luego de la derrota sufrida en esos comicios.
De acuerdo con un informe de la Contraloría General de Cuentas (CGC) basado en informes del Ministerio de Energía y Minas (MEM) que fue dado a conocer en mayo de 2024, LAR adeudaba casi US$ 8.6 millones al Estado de Guatemala; no obstante los millonarios ingresos obtenidos por LAR entre 2010 y 2024.
Fuente: “Informe de auditoría financiera y de cumplimiento”. Ministerio de Energía y Minas, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.
Debido a esas deudas, LAR se encuentra enfrascada en litigios con el Estado y, hasta cierto punto, protegida por la Corte de Constitucionalidad (CC), dadas las conexiones políticas entre ciertas magistraturas y Smith.
