Inmigración y seguridad nacional de Estados Unidos se ponen a prueba en Guatemala
Nota de coyuntura No. 118 / por Luis Solano
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) informó que esta semana, su secretaria, Kristi Noem, hará una gira por Centroamérica, incluyendo Guatemala. Conocida por su férrea oposición a la inmigración de indocumentados, ese será uno de los temas que Noem abordará con autoridades del gobierno guatemalteco el 26 de junio. La seguridad nacional estadounidense, que incluye la lucha antinarcóticos, amenazas transnacionales y crimen organizado, también será otro tema a tratar.
A la izquierda, el Presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León; y, a la derecha, la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem. Fuente: El Observador con base a fuentes oficiales.
Política antiinmigración, el trasfondo
La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, inició una gira por varios países centroamericanos el 24 de junio. El viaje concluirá en Guatemala el 26 de junio donde, según información de prensa, se reunirá con el presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, y con el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez. Noem revisará los programas conjuntos del DHS en el Aeropuerto Internacional La Aurora, enfocándose en la eficiencia y efectividad de las iniciativas de seguridad y control migratorio.
La gira, que no abarca Nicaragua y El Salvador, viene precedida por la visita que el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, realizó a Guatemala el 13 de junio reciente. En sus conversaciones con Arévalo de León, y con el canciller guatemalteco Carlos Ramiro Martínez, se anunció el avance de iniciativas conjuntas y el fortalecimiento de la asociación estratégica entre Estados Unidos y Guatemala, “con la firma de una regulación para prohibir los precursores de fentanilo, enfocándose en la seguridad frente al crimen transnacional. También hablaron del desarrollo de la infraestructura, los lazos comerciales y la estabilidad económica regional. La visita reafirma una sólida relación bilateral y una visión compartida de un futuro más próspero”, anunció la Embajada de Estados Unidos en Guatemala.
Noem es reconocida como una actora clave en la política antiinmigratoria de la administración del gobierno republicano de Donald Trump. De hecho, es también una protagonista mediática, pues figura al centro de la campaña publicitaria internacional del DHS que advierte a los extranjeros indocumentados —”ilegales”, dice la campaña— que se autodeporten y se mantengan fuera de Estados Unidos. La campaña, lanzada el 15 de marzo de 2025, consiste en una serie de anuncios que se transmiten por radio, televisión y plataformas digitales en varios países y regiones, en diversos idiomas. “Los anuncios estarán altamente segmentados, incluyendo redes sociales, mensajes de texto y publicidad digital para llegar a audiencias internacionales específicas”, indicaba el comunicado en español que el DHS publicó con ese propósito.
Como parte de su estrategia para llevar a cabo un millón de deportaciones al año, la administración Trump ha emprendido una ambiciosa campaña, sin precedentes en la historia de Estados Unidos, para alentar a las personas a autodeportarse. “Si usted se encuentra aquí ilegalmente, la autodeportación es la mejor manera, la más segura y la más rentable, de salir de Estados Unidos y evitar ser arrestado”, declaró Noem en mayo.
La iniciativa de autodeportación cuenta con el apoyo de esa campaña publicitaria internacional de US$ 200 millones, que promete viajes financiados por el gobierno y un pago de US$ 1,000 por persona que salga voluntariamente de Estados Unidos o, de lo contrario, multas elevadas y sanciones adicionales, incluyendo arresto y detención para quienes permanezcan en el país. Noem es quien aparece exclusivamente en los anuncios televisivos advirtiendo todo eso.
Endurecimiento de la política antiinmigrante
Para quienes consideran esa opción de la autodeportación, indica un extenso análisis sobre esa campaña trumpiana, el contexto actual puede ser un factor más decisivo que los elementos específicos de la política de autodeportación. Los arrestos cada vez más notorios de extranjeros sujetos a deportación, no solo en lugares de trabajo y hogares, sino también durante audiencias judiciales, registros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) e, incluso, entrevistas de ciudadanía, han generado un intenso temor entre los y las inmigrantes.
Noem llega aún más fortalecida a Centroamérica y, en particular, a Guatemala, ya que el 23 de junio la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió permitir al gobierno de Trump reanudar las expulsiones de migrantes a terceros países como Sudán —un país en guerra—, y El Salvador —la CIDH extiende “alerta especial” sobre El Salvador por violaciones a derechos humanos— y, para acelerar las deportaciones, el gobierno estadounidense está buscando acuerdos con otros países para que acepten a migrantes expulsados del país. Un desafío para el gobierno de Arévalo de León si Noem lo propone.
Además, Noem recibe un espaldarazo de Trump, ya que el 24 de junio el gobernante aprobó nuevos nombramientos para el Consejo Asesor de Seguridad Nacional (HSAC, por sus siglas en inglés) y, dado los nombres anunciados, denota un endurecimiento de su ya dura política migratoria.
Las “amenazas transnacionales”
En la reunión sostenida entre el presidente Bernardo Arévalo con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, el mandatario guatemalteco indicó en conferencia de prensa que se habían abordado temas clave como seguridad, migración y cooperación económica.
“Hicimos un repaso de la agenda bilateral entre Estados Unidos y Guatemala donde se encuentra la lucha contra el narcotráfico y tráfico de personas, la colaboración para el manejo ordenado, seguro y digno de flujos migratorios”.
Así mismo, Arévalo de León agregó que se abordaron temas como el respeto y refuerzo del Estado de Derecho y la democracia en Guatemala, entre otros.
Sin embargo, lo más destacado fue que el gobernante anunció, con el fin de coordinar de manera directa los operativos en contra del crimen transnacional, la creación del Comando Especial contra Amenazas Transnacionales. “Lo que podemos anunciar ya como resultado de esta situación es la creación, en el Ministerio de la Defensa, en el Ejército de Guatemala, del Comando Especial contra Amenazas Transnacionales”, el cual contará con el apoyo de Estados Unidos.
“Dicho comando va a ser un mecanismo de coordinar de manera más directa con países como Estados Unidos, México y otros con los que Guatemala trabaje de manera colaborativa en el combate contra el crimen transnacional”.
En esa conferencia de prensa, el gobernante también anunció que el acuerdo sería firmado la semana siguiente, para su oficialización, sin embargo, ello no ocurrió.
Aunque no es oficial, se sabe que dicho acuerdo será firmado el jueves 26 de junio durante la visita de Noem a Guatemala. Es parte del marco que abarca su llegada al país porque, además de intensificar en el terreno la campaña antiinmigratoria en un país con millones de migrantes en Estados Unidos y sustento de la economía guatemalteca, también aparecen en las negociaciones el abordaje de las llamadas amenazas transnacionales que para Estados Unidos son un problema de seguridad nacional.
El Comando Especial en cuestión también surge en el contexto de la problemática generada por la presencia y poder de organizaciones de narcotraficantes en las zonas fronterizas de Guatemala, particularmente con México. Su anuncio se da, precisamente, en el marco del problema de seguridad y diplomático que se dio en La Mesilla, Huehuetenango, el 8 de junio, que involucró a narcotraficantes y fuerzas de seguridad de México y Guatemala.
Por ese caso se ha procesado a 12 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que se evidenció, estuvieron en la escena del caso. También se investiga a varios militares guatemaltecos que estuvieron presentes. La penetración del narcotráfico en las esferas de seguridad pública, nada nuevo, por cierto, tiende a convertirse en un problema de seguridad nacional debido a la impunidad que se observa en las formas de operar de los grupos de narcotraficantes en la frontera con México.
Públicamente se ha anunciado que serán el presidente Arévalo de León, y el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, los principales funcionarios del gobierno que recibirán a Noem. Pero, dado los temas a abordar, no se descarta que el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, también esté presente, máxime si la firma del acuerdo del Comando Especial se encuentra en agenda.
Tanto Jiménez como Sáenz atraviesan momentos complicados que ponen en riesgo su futuro en esos cargos, situación que también pone en riesgo el futuro de los acuerdos y compromisos con Estados Unidos. La situación de violencia común, sumado al caso de La Mesilla, incrementó las presiones políticas desde distintos sectores, incluso afines al gobierno, para que se nombre a un nuevo ministro en el MINGOB. Sáenz, por su parte, enfrenta presiones legales para que deje el cargo a partir del 30 de junio, Día del Ejército, ya que el 27 de junio cumple 33 años de servicio, lo que lo coloca en situación de apresto, según la Ley Constitutiva del Ejército.
El Presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, y el Ministro de la Defensa, Henry Sáenz, en un acto militar en 2024. Fuente: AGN.
El futuro de Sáenz y las colaboraciones por las que Estados Unidos presiona
Tanto el ministro de la Defensa, general de División, Henry Sáenz, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general de División, Hermelindo Choz, ambos de la Promoción 118 de la Escuela Politécnica, pasarán como oficiales de apresto el 27 de junio cuando cumplen 33 años de servicio y, en 2028, a situación de retiro, cuando cumplen 36 años de servicio.
Ambos están a la espera de que la Corte de Constitucionalidad (CC) resuelva un amparo interpuesto el pasado 2 de junio por el coronel Miguel Estuardo Barrios Martínez, que pone en entredicho la legalidad de su permanencia en el cargo. Esto ocurre luego que el presidente Arévalo los ratificó en los cargos. Vale decir que los dos principales cargos del Alto Mando castrense son de confianza del gobernante.
A Barrios Martínez se le ha identificado como cercano a grupos de ultraderecha y a figuras del anterior gobierno de Alejandro Giammattei Falla. En las redes sociales de esos sectores se evidencia el respaldo al amparo, y las presiones para que haya nombramientos de militares afines a sus intereses políticos. Si la CC ampara al coronel, Arévalo de León deberá seleccionar a militares de confianza, en un contexto en donde el ejército, bajo el alto mando militar actual ha sido factor de estabilidad para el gobernante. Un cambio brusco sería contraproducente, incluso, pondría en riesgo el futuro del gobierno.
Todo ello ocurre no sólo en el contexto de la llegada de Noem, sino también en el marco de la entrada en vigencia de las nuevas directrices para aplicar la “Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras para Promover la Seguridad Económica y Nacional de Estados Unidos” que fueron presentadas el 9 de junio de 2025 por el Fiscal General Adjunto, Todd Blanche, quien publicó una guía revisada.
Con esas directrices, la administración de Donald Trump dirigirá ahora su aparato de persecución criminal a las redes de funcionarios extranjeros corruptos que colaboran con los carteles de la droga, según información de prensa. También se centrará en el desmantelamiento de las redes de compañías fachada que utiliza el narco para el blanqueo de recursos ilícitos.
Sin lugar a dudas, esas acciones del gobierno estadounidense requerirán del concurso de las fuerzas de seguridad de los países donde se cometan los actos de corrupción contenidos en esas directrices. En el caso de Guatemala, el MINGOB y el MINDEF, al igual que el cuestionado Organismo Judicial (OJ) y el Ministerio Público (MP), jugarán un papel clave.
