Racismo sin disimulo: el caso del diputado Sergio Enríquez y la constante negación del ser indígena en Guatemala
Nota de coyuntura No. 123 / por Juan Calles
La reciente actuación del diputado Sergio Guillermo Enríquez Garzaro, miembro del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), durante una citación con la viceministra de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Bertha Lucía Zapeta Say, ha puesto nuevamente en evidencia el racismo estructural que persiste en Guatemala. Enríquez Garzaro, un diputado con un pasado cuestionable, de manera prepotente, le exigió a la funcionaria que no hablara en idioma K’iche’, en una muestra abierta de desprecio hacia el idioma maya más hablado del país.
Imagen: El Observador.
Herencia colonial y racismo sistémico
El racismo del diputado Enriquez Garzaro, que salió a relucir en una citación pública el pasado 25 de junio, no es un hecho aislado sino una manifestación de un sistema profundamente arraigado que históricamente ha marginado, excluido y violentado a los Pueblos Originarios en Guatemala.
Aunque frente a los medios de comunicación el diputado negó haber actuado de forma racista contra Zapeta Say, asegurando que todo fue un malentendido, culpó a quienes lo han señalado de utilizar la situación para atacarlo por su papel como opositor político. Con ello, desvió la atención del verdadero problema: la forma racista, constante y sistemática, en que son tratadas las personas indígenas, y doblemente si son mujeres. Fue así como intentó justificar políticamente lo sucedido sin asumir su actitud abusiva y claramente discriminatoria, todo lo cual quedó grabado en videos.
El racismo en Guatemala tiene raíces profundas que se remontan a la colonización española en el siglo XVI. Desde ese momento, los Pueblos Originarios fueron despojados de sus territorios, sus estructuras sociales fueron destruidas, y su cultura fue relegada a una posición de inferioridad frente a los valores, la supuesta modernidad europea y las lenguas impuestas por los colonizadores. Esta jerarquización étnica persiste tras la independencia y se afianzó en las estructuras del Estado republicano, hasta la actualidad.
Durante la citación de fiscalización, el diputado Enríquez Garzaro actuó de forma prepotente y racista con la viceministra Bertha Zapeta.
Foto: MIDES.
Durante el Siglo XX, especialmente en el contexto del conflicto armado interno (1960-1996), el racismo se tradujo en políticas genocidas. El Estado, bajo el pretexto de la lucha contra la insurgencia, perpetró masacres sistemáticas contra comunidades mayas. El Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) documentó que el 83% de las víctimas identificadas del conflicto armado pertenecían a pueblos indígenas, revelando la profundidad del racismo institucional.
“Conteste en español”
Durante la citación, Enríquez Garzaro, le exigió a la viceministra Zapeta Say que se dirigiera al pueblo de Guatemala para que explicara en qué fecha instalarían un comedor social en Sololá. La viceministra respondió en idioma K’iche’, lo que molestó al diputado quien, señalando y alzando la voz, le ordenó que respondiera en español y no en un idioma que él no conoce.
La viceministra respondió que podía responder en el idioma que le fue impuesto, pero que no era una falta de respeto usar su idioma materno, uno de los idiomas que se hablan en el departamento de Sololá, a quienes se dirigió tal como lo pedía el diputado.
En el mundo ladino y mestizo se justifica que el español es el idioma oficial de Guatemala, y que los idiomas mayas, aunque reconocidos por la Constitución de la República, no son idiomas oficiales en el país. De esa manera, los idiomas mayas tienden a ser excluidos de ámbitos sociales y legales, a pesar de existir y que la Ley de Idiomas Nacionales, Decreto Número 19-2003, así como la Carta Magna reconocen el carácter multicultural y multilingüe del país. En la práctica, el uso de idiomas mayas se desincentiva sistemáticamente en los espacios institucionales y oficiales.
En este contexto, el incidente protagonizado por el diputado Enríquez Garzaro se inscribe en una larga tradición de desprecio y negación de la otredad indígena, y su actitud no sólo representa una falta de respeto individual, sino que refleja la lógica del Estado ladino-mestizo que impone una sola forma de ser guatemalteco, basada en el uso del idioma español y en valores occidentales, negando la diversidad que constituye al país.
El desprecio expresado por el legislador no es una anécdota menor, sino una muestra del racismo estructural que aún impera en Guatemala. Frente a estos hechos, la sociedad guatemalteca tiene la obligación moral y política de responder, no solo con condenas puntuales, sino con acciones concretas que garanticen el respeto, la dignidad y los derechos de los Pueblos Originarios.
En el caso del Congreso de la República, también tiene un papel importante que jugar para que este tipo de situaciones no se repitan y se exija a los representantes legislativos el respeto y la promoción de una relación no racista con los Pueblos Originarios. Las autoridades del Organismo Legislativo deben imponer sanciones, pues el futuro de Guatemala como nación democrática y plural depende de su capacidad para erradicar el racismo en todas sus formas.
El incidente con el diputado Enríquez Garzaro no es más que un síntoma de un problema más profundo: la intolerancia estructural hacia la existencia de los Pueblos Originarios como sujetos políticos, culturales y sociales plenos. Es más, el actuar del diputado se enmarca en una práctica en la que se desvirtúa el significado de la fiscalización por parte de los parlamentarios y parlamentarias, algo que Zapeta Say enfatizó en una entrevista al medio Con Criterio.
Racismo patriarcal: mujeres indígenas como blanco preferido
El actuar de Enríquez Garzaro, considerado un ataque político y racista, fue dirigido a una mujer indígena y eso no es casualidad. Las mujeres indígenas ocupan el lugar más oprimido dentro de la pirámide social guatemalteca. Son discriminadas por su género, su clase y su etnicidad. Quienes logran romper el cerco y alcanzar posiciones en el Estado o en la vida pública, tal como sucede en el caso de la viceministra Zapeta Say, lo hacen enfrentando no solo el racismo, sino también el machismo institucional.
La prepotencia del diputado, cuando la licenciada Zapeta Say habló en idioma K’iche’, fue también un intento de negar su autoridad, su conocimiento y su legitimidad como funcionaria pública.
Este tipo de violencia simbólica se suma a la violencia física que muchas otras mujeres enfrentan a diario. Las estadísticas muestran que las mujeres indígenas tienen menos acceso a servicios de salud reproductiva, enfrentan tasas más altas de violencia sexual y suelen ser invisibilizadas en las políticas públicas.
¿Quién es Sergio Guillermo Enríquez Garzaro?
- Cargo actual: Diputado por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) desde enero de 2024.
- Antecedente judicial: el “Caso Chicamán”:
- En 2018, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) lo acusaron de lavado de dinero relacionado con un fraude de Q 14 millones en la Municipalidad de Chicamán, Quiché. Se le imputó coordinar pagos para la compra de un vehículo de lujo a través de su empresa “Mis Mantas, S.A.”
- El juicio inició el 29 de enero de 2024 en el Tribunal de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, con presentación de evidencias.
- En febrero de 2024, una Sala lo absolvió de los cargos, y para entonces ya ostentaba ser diputado por la UNE pues, a pesar de las acusaciones en su contra, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le permitió participar en las elecciones generales de 2023 para disputar el cargo.
En la foto, Enríquez Garzaro el día que se entregó y fue enviado a prisión provisional. Fuente: diario Prensa Libre.
Pastor evangélico Sergio Guillermo Enríquez Oliva, padre del diputado Enríquez Garzaro
- Rol e influencia religiosa:
- Es apóstol y guía de “Ministerios Ebenezer”, una red evangélica con templos, colegios y medios de comunicación, presente en Guatemala, México y otros países.
- Su hijo, el hoy diputado Sergio Guillermo Enríquez Garzaro, formó parte de este ministerio como pastor suplente, antes de su incursión política.
- Otros pastores de la misma secta religiosa han sido relacionados con narcotraficantes enjuiciados y condenados en Estados Unidos. Entre ellos: Ramiro Aníbal Sagastume Chang, quien firmó un préstamo a nombre de la empresa de telecomunicaciones Sentel, por casi US$ 430 mil con la empresa frutera de Proingasa, una compañía del narcotraficante Jorge René García Noguera, alias “JR”, condenado a 20 años de prisión en Estados Unidos en 2019.
La iglesia dirigida por el pastor Sergio Guillermo Enríquez Oliva se ha visto envuelta en diferentes controversias por sus nexos comerciales
con personas señaladas de narcotráfico. Foto: Redes Sociales.
¿Cometió el delito de racismo el diputado Enríquez Garzaro?
Pese a que la Ley de Idiomas Nacionales, Decreto 19-2003, establece que los idiomas mayas, xinka y garífuna tienen igual derecho que el español en el ámbito público y privado, en un contexto en donde en las diferentes dependencias del Estado guatemalteco se continúa incumpliendo dicha ley. No son pocas las voces que han insistido que el español es el único idioma válido en las instituciones públicas.
El artículo 3 de esa Ley no deja espacio a interpretaciones: el reconocimiento y el uso de los idiomas de los Pueblos Originarios es una condición fundamental para el funcionamiento del Estado. Sin embargo, la realidad demuestra que esta obligación legal es, en muchos casos, ignorada o tratada con desprecio.
Expertas como Ana Lucía Xiloj, abogada en derechos humanos, recuerdan que los Acuerdos de Paz de 1996 establecieron compromisos claros para oficializar los idiomas indígenas. A pesar de ello, más de dos décadas después, funcionarios públicos siguen sin capacitarse en lenguas originarias y muchos servicios estatales siguen siendo monolingües, violando así el artículo 14 de la ley.
Sin embargo, el diputado Enríquez Garzaro, en declaraciones frente a los medios de comunicación ha justificado su comportamiento, y lo ha relegado a una mera discusión entre partidos políticos que tratan de evitar la fiscalización. En declaraciones a Canal Antigua, dijo:
“Están mezclando el sebo con la manteca, porque de lo que yo estaba hablando es de la irresponsabilidad que ha habido, (SIC) que, durante 17 meses que lleva este gobierno, no han puesto un comedor social en el departamento de Sololá”.
Mientras tanto, la viceministra Zapeta Say colocó una querella ante la Oficina de Gestión Penal del Organismo Judicial (OJ) por discriminación contra el diputado Enríquez Garzaro, al usar su idioma materno. Con esta querella, la funcionaria busca que se investigue el caso y obtener justicia, y cuenta con el apoyo del MIDES. Además, instancias como la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI), la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala (CODISRA), y las Autoridades Maya y Xinka de Guatemala, manifestaron su respaldo e, incluso, pidieron al Ministerio Público (MP) su intervención.
En un comunicado, Zapeta Say afirma que no es suficiente autonombrarse no racista, sino se debe ser antirracista.
“Mi experiencia en calidad de viceministra es extraordinaria en todos los sentidos, durante las citaciones observo como algunos dignatarios de la nación, hombres y mujeres pueden administrar su racismo, pero cuando por derecho saludo o esbozo algunas oraciones en k’iche’ se desequilibran, la descalificación a mi trabajo y mi persona son espadas al corazón”.
El reto de desmantelar el racismo
Para que Guatemala avance hacia una verdadera democracia intercultural, es imprescindible reconocer y confrontar el racismo estructural. Esto implica no solo sancionar actitudes racistas como la del diputado Enríquez Garzaro, sino también transformar las instituciones, los sistemas educativos, y los medios de comunicación para reflejar y respetar la diversidad cultural.
Asimismo, es urgente fomentar el uso de los idiomas mayas en todos los niveles del Estado, garantizar representación política efectiva de los Pueblos Originarios, y asegurar el acceso equitativo a servicios públicos. Lo importante será superar los gestos, los simbolismos, los comunicados y las muestras de indignación en redes sociales; lo verdaderamente trascendente será transitar hacia la reparación histórica y la justicia social.
Imagen del comunicado publicado por la viceministra Bertha Zapeta en redes sociales.
