Entre impunidad y corrupción: el descalabro de la sociedad política en Guatemala (Segunda Parte)
Nota coyuntura No. 148 / por Juan Calles
En la Guatemala de 2025 se desarrolla una vida política que expresa divisiones históricas. Se remarca el asedio de grupos de poder económico y político para controlar el Estado. Paralelamente, el poder Ejecutivo liderado por César Bernardo Arévalo de León, vive bajo ataque de grupos opositores que controlan el Legislativo y el Organismo Judicial (OJ), que buscan reconfigurar el mapa de poder en el país. Más que una división de poderes, Guatemala vive lo que Antonio Gramsci llama una “guerra de posiciones”, una batalla institucional prolongada que definirá el futuro en los próximos dos años.
Imagen: El Observador.
El conservadurismo guatemalteco sin ganar las elecciones gana terreno
La parcial victoria electoral del partido Movimiento Semilla en las elecciones generales de 2023, puede considerarse un momento de quiebre político de la hegemonía del viejo régimen corrupto, al igual que sucedió con las concentraciones contra la corrupción que tuvieron lugar en 2015, y tras la salida de la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (CICIG) que, con sus investigaciones relacionadas con casos de gran corrupción había despertado los diablos de las fuerzas implicadas en el saqueo de los recursos del Estado.
Un total de 2,441,661 votos emitidos de igual cantidad de habitantes expresaron en la segunda vuelta celebrada el 20 de agosto de 2023, su rechazo a un modelo político tradicional otorgando la oportunidad de administrar el gobierno a una propuesta anticorrupción y de cambio; un momento efímero si se quiere, ya que dos años después el viejo régimen que mantiene el control del Estado parece recuperar el terreno perdido.
El Organismo Legislativo es un escenario donde perviven esos intereses oscuros de ese régimen corrupto, y convertido en la principal “trinchera” de la oposición política que, a la vez, representa los intereses de aquel régimen. Alianzas van alianzas vienen, como la última que se constituyó, quizá temporal, para controlar el voto en el Congreso de la República para lograr aprobar el Decreto 7-2025, que contiene la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, en función de los intereses políticos y electorales que los partidos tienen en los COCODES. Un pacto de conveniencia entre disidentes y bancadas minoritarias. Una suerte de alianza que carece de una visión unificada más allá del objetivo común de obstaculizar la agenda del Ejecutivo, repitiendo el mismo discurso y señalando las mismas debilidades con el objetivo de instalar una narrativa.
La dinámica de esta confrontación se ha hecho evidente en la batalla legislativa. Las iniciativas del gobierno cómo, por ejemplo, la ley a favor de los CODEDES o la Ley de Competencia, han sido negociadas “debajo de la mesa”, al punto de perder su intencionalidad original y colocar al gobierno de Arévalo de León en una posición de debilidad y desventaja. Y, en ese contexto, a la espera de si el mandatario vetará o no el Decreto 7-2025, otra alianza opositora surge: la de alcaldes de partidos representativos de aquel régimen encabezados por Sebastián Siero, del Partido Unionista (PU) y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), constituido ahora en grupo de presión -y hasta de choque si se cumplen sus amenazas-; batalla ahora contra el gobierno para que no vete ese marco jurídico.
Por otro lado, bancadas que al inicio del gobierno de Arévalo de León fueron sus aliadas y que ahora aparecen en esa alianza guiada por los partidos políticos del llamado “Pacto de Corruptos”, tras lograr hacerse con el Decreto 7-2025 que favorece a los CODEDES, parecen rearticularse, incluyendo al grupo de diputados que se han aglutinado en Raíces, la fracción de su propio Movimiento Semilla que fue cancelado por la guerra jurídica utilizada por el Ministerio Público (MP). Una nueva alianza en otro frente que puede ser meramente coyuntural y que pretende un balance en el Legislativo en los próximos meses, confrontada con la alianza del “Pacto de Corruptos”.
Esta confrontación legislativa no se produce en un vacío. El asedio al Ejecutivo es un proceso multifactorial en el que también interviene el MP y el OJ, que actúan en una lógica de guerra jurídica. El MP, en particular, ha encabezado una campaña de desgaste contra el gobierno central, persiguiendo judicialmente a figuras del Movimiento Semilla, así como a liderazgos sociales e indígenas cercanos al gobierno, o que respaldaron el respeto al voto que le dio el gane en 2023 al binomio encabezado por Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar. Este control de las estructuras de coerción y las débiles decisiones presidenciales han dejado al gobierno en una frágil posición.
Diputados que perfilan una posible alianza parlamentaria, entre ellos, Samuel Pérez, figura clave del Movimiento Semilla, y ahora al frente de la fracción Raíces, quien impulsó la llegada de Bernardo Arévalo de León a la Presidencia. La imagen fue leída como un mensaje directo al mandatario, quien necesita votos en el Congreso de la República. Foto: redes sociales de la periodista Jessica Gramajo.
“Quien controla el pasado, controla el futuro; quien controla el presente, controla el pasado”
En el caso guatemalteco, los sectores conservadores han logrado esta hegemonía a través de una larga “guerra de posiciones” que se manifiesta en el control del Estado, de las instituciones culturales, es decir, la educación, la iglesia, los medios de comunicación, entre otras, que moldean la conciencia colectiva, incluso la salud pública. Entendiendo la conciencia colectiva como un conjunto de creencias, ideas, actitudes y valores compartidos por una sociedad, que funcionan como la fuerza unificadora y cohesionadora.
Desde esos espacios se ha promovido una visión de la historia y la sociedad guatemalteca conservadora, en la que prevalece la idea de la necesidad de ser guiados y ordenados por un jefe o un caudillo de mano dura para que las cosas funcionen en orden y con respeto; los y las guatemaltecas se decantan por este tipo de liderazgos, a pesar de estar demostrado por la historia nacional que este tipo de liderazgos no ha funcionado.
Al mismo tiempo, se descalifica la organización social y las resistencias populares instalando la idea que quienes se organizan y luchan por el bienestar colectivo son personas sin oficio, resentidas y sin criterio. Estas ideas y conceptos se fomentan en las iglesias pentecostales, en las escuelas, en los medios de comunicación y desde el púlpito gubernamental.
En febrero de 2025, trabajadores del vertedero de la zona 3 respaldaron a la municipalidad capitalina dirigida por el conservador Partido Unionista (PU), en su rechazo a la ley de separación de residuos, temiendo perder sus empleos. Sin embargo, los expertos señalan que la medida pudo haber mejorado sus condiciones laborales y económicas. Foto. Redes Sociales.
La clase dominante en Guatemala creó su “bloque histórico” en el que se incluyen a los fracciones empresariales oligarcas, militares, religiosos, y parte de las capas medias aspiracionales con quienes comparten intereses comunes; para lograr que sus ideas sean escuchadas y aceptadas crean a sus propios intelectuales para que legitimen el discurso hegemónico, tal el caso de periodistas, académicos, líderes de opinión, líderes religiosos, que repiten constantemente el mismo discurso para instalar una idea, una forma de entender al país.
De esa manera, se prepara ese “bloque histórico” de poder para intentar ganar las próximas elecciones en Guatemala, alimentado por el hartazgo de la población por la corrupción y los malos manejos gubernamentales históricos, y que golpea a un gobierno como el de Arévalo al que se hace ver que no es lo suficientemente duro y fuerte para dirigir el país. De ahí se insiste en la necesidad de un liderazgo de derecha que salga de las filas de este “bloque histórico” que ya ha demostrado que no ha podido administrar, durante décadas, la administración pública en función de los intereses sociales, sino en función de sus intereses por medio de sus gobiernos de derecha y el control del Estado que han ejercido.
¿Quién construye la contrahegemonía en Guatemala?
Otro fenómeno identificado en la coyuntura guatemalteca es la dificultad de los sectores populares para organizarse y colocar en la conciencia colectiva sus propios puntos de vista y su propia visión del mundo.
El Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), por ejemplo, es un movimiento político campesino que propone la creación de una asamblea plurinacional, y reformas constitucionales profundas. Sin embargo, no ha logrado sumar fuerzas sociales a sus propuestas, agregado al ataque legal contra sus candidaturas y la violencia política que ha experimentado, siendo excluidos de la contienda electoral, lo que le ha dificultado aún más que esas propuestas lleguen a las mayorías desposeídas.
Según Gramsci, para romper este “bloque histórico” conservador y construir una nueva hegemonía, las clases subalternas deben construir una contrahegemonía que desafíe lo que la gente asume como correcto: la idea dominante, sin crear fricciones, ni dudas entre la población.
En Santiago Atitlán, Sololá, en estos días se observa un movimiento social muy particular: las Autoridades Ancestrales están mostrando que se puede conseguir una nueva forma de administrar el poder municipal y los intereses reales de la población. Están formando sus propios intelectuales, líderes, pensadores que articulan los intereses de las clases desposeídas.
Contrariamente, el mismo gobierno de Bernardo Arévalo ha sido incapaz de romper con los comportamientos e ideas conservadoras, designando funcionarios ligados a sectores militares y conservadores, además de ser incapaz de fortalecer y reincorporar la institucionalidad de la paz que durante los dos gobiernos anteriores fue descaradamente desmantelada.
Luego de la violencia organizada que el Estado guatemalteco ejerció contra su propia población durante los 36 años de conflicto armado interno, los liderazgos políticos, intelectuales y gremiales, fueron asesinados y desaparecidos. Esto tiene efectos graves para la sociedad actual, que no ha desarrollado nuevos liderazgos capaces de articular las luchas de la población, ni representar los intereses de esa misma población en las instituciones del Estado.
La teoría de Gramsci sobre la “guerra de posiciones” habla de una estrategia política prolongada para la transformación social y la conquista del poder en el terreno ideológico, cultural y social, buscando construir una nueva hegemonía, cambiando las relaciones de poder a través de la cultura y la organización social.
Gramsci sostiene que solo una vez consolidada esta hegemonía y cambiado el equilibrio de fuerzas en el campo cultural y social, será posible avanzar hacia la toma política del poder. En Guatemala, son las clases dominantes quienes han ganado esta guerra de posiciones imponiendo su cultura, sus posiciones ideológicas, logrando que la población celebre y alabe un sistema que lo explota y lo violenta.
