CC da espaldarazo al gobierno y MP arrecia guerra jurídica para acelerar desgaste de la administración de Bernardo Arévalo
Nota de coyuntura No. 161 / por Juan Calles
Desde el sorpresivo triunfo electoral de Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar en las elecciones presidenciales de 2023, fracciones empresariales, políticas, militares y mediáticas, identificadas como el “Pacto de Corruptos”, se han dedicado a ejecutar acciones de guerra jurídica o “Lawfare” contra lo que perciben como una amenaza a su histórica impunidad y para su existencia misma. Ese hostigamiento arrecia cuando se acerca el final del segundo periodo de la actual Fiscal General y Jefa de Ministerio Público (MP), Consuelo Porras Argueta, en un intento por acelerar la caída del actual gobierno del Movimiento Semilla. Mientras tanto, la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió contra lo actuado por el juez Fredy Orellana.
Foto: Cadena Nacional transmitida el 26 de octubre en la que Bernardo Arévalo de León denunció intentos golpistas. Fuente: El Observador.
CC pone freno a acciones con tinte golpista
Inicialmente, el objetivo del “Pacto de Impunidad”, vía judicial, fue el intento por evitar la toma de posesión de las autoridades electas; al fallar esta táctica, el foco se trasladó a la parálisis de la gobernabilidad y la criminalización y presión contra el gabinete ministerial. La estrategia de desgaste progresivo ha encontrado un punto culmen el reciente fin de semana, cuando el juez Fredy Orellana, titular del Juzgado Séptimo Penal, emitió una resolución que pretendía declarar la nulidad absoluta de los actos relacionados con el comité pro-formación y con el partido Movimiento Semilla, y emplazó al Registro de Ciudadanos (RC) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y notificó al Congreso para que procedan conforme a la decisión judicial.
Se infiere que la intención del “Pacto de Corruptos”, a través de Orellana como uno de sus principales operadores, era declarar vacantes los puestos gubernamentales obtenidos por el Movimiento Semilla en las elecciones generales de 2023, incluida la Presidencia de la República, las 23 curules en el Congreso de la República, y una Alcaldía municipal, lo que, en otras palabras, se traduce como la ejecución de un golpe de Estado a secas, revestido de legalidad jurídica y técnica.
Sin embargo, este 29 de octubre la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió anular esa resolución del juez Fredy Orellana emitida el 24 de octubre pasado, que declaraba la “nulidad absoluta” del Movimiento Semilla y que ordenaba al TSE ejecutarla. La resolución es el resultado del accionar de los abogados Edgar Ortiz y Gregorio Saavedra el 25 de octubre pasado, para la debida ejecutoria de la sentencia 6175-2023 que la CC emitió el 14 de diciembre de 2023. De esa cuenta, la CC pidió al Ejecutivo y al Congreso de la República, sendos informes que le fueron enviados el 26 de octubre por ambos Poderes del Estado.
La resolución de la CC contiene, de alguna manera, que la administración de Arévalo fuera golpeada políticamente por esa vía para desestabilizarla y provocar un remezón político.
Un golpe de Estado Técnico, diferenciándose del golpe militar, es un proceso de desestabilización legal y judicial donde las instituciones de justicia son utilizadas por actores políticos y económicos para “obstruir la democracia”. La meta es la remoción o la parálisis total del gobernante sin la necesidad de romper formalmente el orden constitucional. La cooptación de la justicia permite forzar las reglas de competencia, asegurando que los casos recaigan en jueces y fiscales que han demostrado una posición parcial contra el gobierno de Arévalo de León.
Lo que la ciudadanía guatemalteca atestigua es la reacción violenta de las fracciones económicas, militares y políticas contra los intentos de cambiar las reglas del uso de las arcas nacionales, quitando millonarios negocios a estas estructuras en construcción de infraestructura como carreteras, caminos, puertos, etc., compra de medicinas, en el uso y control del Ministerio de Gobernación (MINGOB) y el Sistema Penitenciario, entre otros, por lo que los esfuerzos por denostar al gobierno de Bernardo Arévalo se alinean con un patrón histórico de las fracciones guatemaltecas del poder oligárquico, que buscan prevenir que un político de orientación progresista pueda ejercer un gobierno efectivo y transparente.
Acciones judiciales clave contra el Movimiento Semilla desde 2023
El “Caso UNOPS” y el hostigamiento al Ejecutivo
El 21 de octubre de 2025, el MP y la Fiscalía Especial contra la Impunidad, (FECI) lanzaron el caso denominado “UNOPS: Corrupción Presidencial”, el cual se presentó simultáneamente con allanamientos en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, (MSPAS), y en cinco empresas farmacéuticas.
La acusación se ha centrado en la compra de fármacos por US$ 943,944,469.00 millones, equivalentes a Q 7,230,614,632.54 millones, a través de un convenio de cooperación con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). Como parte de esta escalada, el MP solicitó el retiro de antejuicio contra el Ministro de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Joaquín Barnoya, y logró que el juez Guillermo Alfredo Luna Arriola, del Juzgado Noveno Penal, resolviera que no se realice ningún pago a UNOPS, y el embargo del 35% del salario de Barnoya, como parte de las medidas precautorias solicitadas por la FECI. Este patrón de hostigamiento se suma a los múltiples pedidos de desafuero -seis en siete meses- formulados contra el presidente Arévalo de León.
Arévalo respondió a las acusaciones calificando la denuncia como “espuria e inventada”, señalando al MP de convertirse en una “agencia pro corrupción”. Agregó que el convenio con UNOPS ha beneficiado al país y ha transparentado el proceso de compra de medicinas y, en un mensaje pre grabado junto al ministro de Salud Pública, aseguró que la gestión de UNOPS permitió un ahorro aproximado de US$ 138 millones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), y rompió con el mercado capturado que existía previamente. Según el mandatario, Guatemala adquiría medicinas a precios hasta dos o tres veces más caros que en países vecinos.
La investigación del MP no busca combatir la corrupción; busca activamente proteger las estructuras mafiosas existentes en los distintos niveles de la institucionalidad pública y paralizar al Ejecutivo; un patrón común en el lawfare o guerra jurídica. Y, con el caso UNOPS se evidencia que busca dar un fuerte golpe que debilite aún más al gobierno, para luego, se infiere, generar las condiciones para defenestrar a la administración de Arévalo de León, de cara a impedir que en 2026 el mandatario nombre a quien se haga cargo del MP para el siguiente periodo. Al respecto, una investigación periodística reciente muestra el trato diferente del MP hacia el gobierno de Arévalo de León, respecto de lo actuado contra su antecesor, Alejandro Giammattei Falla y su gobierno.
El mensaje a la Nación en cadena nacional: una táctica de unidad y fortaleza
En cadena nacional, el presidente Arévalo envió un mensaje a la nación en donde apareció acuerpado por su gabinete y su bancada legislativa, y denunció un intento de golpe de Estado desde el poder judicial, a la vez que hizo un llamado a “la unidad nacional y a la defensa de la democracia”. Denunció una…
“…alianza criminal atrincherada en el MP y en ciertos espacios del Sistema de Justicia que han intentado, otra vez, hundir a Guatemala en el autoritarismo, en la corrupción y en la impunidad.”
Entre todo lo expuesto, el presidente solicitó al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, convocar a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente para evaluar las graves amenazas de Porras y Orellana contra la Constitución Política y la democracia de Guatemala. La OEA inmediatamente respondió convocando dicha sesión para el 30 de octubre.
Para contrarrestar la narrativa impuesta por el “Pacto de Corruptos” de un gobierno aislado, dividido y deslegitimado, el presidente utilizó una táctica de contención política, presentando un mensaje para reforzar su legitimidad y fortaleza en la unidad frente a una amenaza golpista que, a diferencia de los intentos antes mencionados, esta vez, al parecer, sí ha preocupado al gobernante. De esa cuenta, hizo énfasis en aliados como la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE).
Cerró el discurso diciendo que:
“Es el momento de que toda Guatemala —pueblos, sociedad civil, empresarios, trabajadores, jueces honestos y diputados— defendamos juntos la democracia.”
Estrategia de contención política y recuperación de la gobernabilidad
La estrategia de contención no solo se basó en la denuncia del MP como un ente pro corrupción e impunidad, ya que, en días anteriores, para enfrentar la crisis por la fuga de 20 pandilleros de la cárcel Fraijanes II, Arévalo pidió a los diputados que aprobaran la Ley para el Combate Frontal a las Actividades Delictivas de las Maras, la denominada “Ley Antipandillas”, Decreto 11-2025, lo que finalmente se concretó el 22 de octubre de 2025.
Al mismo tiempo, el gobierno anunció el inicio de un proceso de Reforma Penitenciaria integral para modernizar las cárceles, reducir el hacinamiento -que supera el 190% en algunas prisiones-, y frenar el control de las pandillas basándose en pilares como infraestructura, control tecnológico y profesionalización.Al centrarse en estos problemas estructurales de seguridad y corrupción, el gobierno intenta mostrar que, a pesar de los ataques, sigue enfocado en las necesidades fundamentales de la ciudadanía.
Hasta el momento, si bien la guerra jurídica impulsada por el MP, la CC, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), bancadas de partidos políticos, y aliados y operadores políticos, no ha logrado la remoción del presidente Arévalo de León y su gobierno; sí ha logrado su objetivo de impactar la administración pública y desgastar políticamente a su administración.
El asedio del MP y algunos jueces alineados es también una guerra psicológica de desgaste que intenta instalar la narrativa de que el actual gobierno no funciona y no puede gobernar, lo cual ha comprometido seriamente su capacidad para procurar la gobernabilidad y cumplir con el mandato de combatir la corrupción. Busca instalar y generar una crisis institucional creada desde los confines de los opositores, y legitimar acciones con tinte claramente golpista que provoquen y desemboquen en un juicio político al gobernante y su equipo para un cambio de gobierno, en donde lo mediático juega un papel clave como parte del “mundo de la Posverdad”.
En esa perspectiva hay que analizar la salida de Francisco Jiménez del MINGOB; el ataque contra el ministro del MSPAS, Joaquín Barnoya, por el “Caso UNOPS: Corrupción Presidencial”; así como un nuevo “robo de armamento militar” dentro del Comando Aéreo del Norte (CANOR) que se localiza en Petén, el cual fue informado por las autoridades militares el pasado 25 de octubre. En este último caso, la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), mejor conocida como la Fundaterror, se activó no sólo accionando judicialmente, sino exigiendo la destitución, una vez más, de la cúpula militar allegada a Arévalo de León. Es más, siguió promoviendo la idea de la existencia de la fracción denominada “Oficiales de la Montaña”, haciendo referencia a un bloque de militares golpistas, muy activos durante el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo (enero 1986 – enero 1991) y la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), pretendiendo crear la idea de divisiones a lo interno del ejército para quizá, desde ahí, provocar asonadas militares golpistas.
En tanto, la Junta Directiva del Congreso de la República, por medio del secretario, Juan Carlos Rivera, llamó a la tranquilidad de la población haciendo referencia a que el TSE certificó en ley los resultados electorales del 2023, y sobre esa base el Legislativo respondió a la CC con el informe pedido para resolver la asistencia solicitada por los abogados Edgar Ortiz y Gregorio Saavedra el 25 de octubre pasado, como ya se indicó.
En contracorriente, la Magistrada Presidenta en funciones del TSE, Blanca Alfaro, ha declarado ante los medios de comunicación que los resultados electorales no se pueden cambiar y que el proceso electoral finalizó en 2023, sumado a la opinión ya emitida por la CC el 14 de diciembre de 2023.
Medular resulta la resolución de la CC que, además de oxigenar al gobierno, también abre nuevos escenarios al “Pacto de Impunidad”: continuar con acciones para deslegitimar y desgastar al gobierno del Movimiento Semilla y provocar un remezón político que seguramente provocará que la campaña golpista arrecie por distintos medios: develar supuestos casos de corrupción, solicitudes de retiro de derechos de antejuicio, una campaña mediática contra el gobierno, etc.
Al mismo tiempo, los medios de comunicación y las redes sociales se han visto llenas de pronunciamientos y comunicados de organizaciones sociales nacionales e internacionales que piden contrarrestar el intento del golpe de Estado y, en casos como el del Espacio Nacional de Autoridades Indígenas Ancestrales de Iximuleu advierten que, de ser…
“…necesario haremos uso de todas las garantías constitucionales para defender nuestros derechos, tomando acciones contundentes y de hecho ante la insistencia de esta red de corrupción”.
El significado del golpe de Estado técnico y su relación con la batalla cultural expuesta por el MP
El patrón de acciones contra Arévalo de León y el Movimiento Semilla, encaja perfectamente en el modelo de golpe de Estado técnico. El lawfare o guerra jurídica actúa como una tecnología de control más sofisticada que un golpe militar, ya que mantiene una fachada de legalidad. Este velo jurídico dificulta la intervención directa y contundente de organismos internacionales, aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la UE ya han manifestado su preocupación y han condenado la instrumentalización del sistema de justicia para atacar al gobierno actual.
La estrategia golpista del “Pacto de Corruptos e Impunidad” a través de las acciones del MP y del sistema de justicia en su conjunto, acompasadas por bancadas de partidos políticos que han estado adscritos a dicha estrategia pro corrupción y pro impunidad, tomó un cariz diferente cuando en una conferencia de prensa que tuvo lugar el pasado 17 de octubre, y en la que se abordaban las investigaciones por la fuga de 20 pandilleros de la prisión Fraijanes II, Angel Pineda, secretario del MP, mencionó que la institución libra una batalla cultural en la que esta institución está lista para actuar.
En esta conferencia, en la que sí estuvo presente la actual Fiscal General, Consuelo Porras Argueta, y en la que Pineda hizo referencia a una “batalla cultural”, pareciera que tiene la intención de explicarla como una confrontación ideológica entre dos visiones de Estado: el modelo reformista, que busca la transparencia y la alineación con los valores progresistas promovidos por Arévalo/Movimiento Semilla; y el modelo de Estado capturado, impune, conservador y neoliberal, defendido por el “Pacto de Corruptos”.
El término “Batalla Cultural” fue acuñado por el académico, político y filósofo italiano, Antonio Gramsci; sin embargo, en la actualidad el termino ha sido resignificado por las derechas latinoamericanas para plantear sus posturas reaccionarias.
En el ámbito en el que la utiliza Pineda, como secretario y vocero de una institución sancionada internacionalmente por socavar la democracia, es una forma de transformar, mediante una narrativa construida, una disputa legal en una lucha moral entre la “justicia”, según Pineda representada por el MP, y el “poder político” representado en un gobierno como el de Arévalo de León, acusado de “ilegalidades” en los casos de la fuga de los pandilleros y el contrato con la UNOPS.
Además, coloca al MP ante la opinión pública como una institución lejana a las acusasiones que penden sobre ella, y se presenta como una institución defensora del orden y la legalidad frente al caos y la corrupción sistémica. Es la “táctica del espejo” utilizada por el ejército guatemalteco con la contrainsurgencia desarrollada durante la guerra interna, para invertir el discurso y poner al Estado guatemalteco como “víctima” de los “delincuentes terroristas comunistas” de la guerrilla guatemalteca, y hacerlos aparecer como “los victimarios”, solo que ahora utilizando la “guerra jurídica” legitimada y revestida con fachada democrática. Deja claro que cualquier acción contra el MP busca interferir con las investigaciones y procesos judiciales que realiza el MP contra el gobierno, legitimando así su posición contra lo que Arévalo calificó de “ilegales” las acciones judiciales que, según el mandatario, buscan frenar las reformas anticorrupción y desestabilizar su administración.
El riesgo político para el gobierno de Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar sigue siendo alto. Su sostenibilidad depende de la capacidad para mantener la unidad política interna y utilizar la arena internacional para contrarrestar la fachada legal del golpe técnico, ya que el llamado que hizo a las distintas fuerzas políticas y al Pueblo en general durante la conferencia de prensa el pasado 26 de octubre para “defender la democracia” como le denominó, ha sido considerado tardío, pero necesario.
