Desafíos del gobierno para un problema de Estado
Nota de coyuntura No. 179 / por Luis Solano
Un estado de sitio para confrontar una problemática histórico-estructural pendiente del Estado guatemalteco es la inmediatez del problema de seguridad provocado por el actuar pandillero del Barrio 18, el papel de estructuras políticas en colusión con otras vinculadas al crimen organizado y la corrupción, y un sistema penitenciario en permanente crisis. Entre las elecciones de segundo grado que tienen lugar en 2026 que, a la vez, constituyen el inicio de un año preelectoral, la politización de estos fenómenos prevén un complejo panorama para el gobierno actual de Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar del Movimiento Semilla.
Imagen: La Ronda. Conferencia de prensa de autoridades de gobierno. Recuperada en: https://www.youtube.com/watch?v=Ib4H4rOoN18
¿A qué se enfrenta el gobierno?
Tras las enmiendas que el Congreso de la República le hiciera al proyecto de Decreto del Ejecutivo para declarar el Estado de Sitio, publicadas el 21 de enero en el Diario de Centro América, el gobernante Bernardo Arévalo de León, en su conferencia La Ronda, enfatizó una vez más sobre los intentos de desestabilización del Estado como trasfondo de las acciones violentas del Barrio 18, y que dieron lugar a la declaratoria del estado de sitio.
Arévalo de León manifestó que: “Es necesario que el sistema de Justicia responda y dé resultados”, bajo el criterio que los juzgados y tribunales resuelven casos de pandilleros, contrario a lo que la sociedad demanda, a la vez que fue enfático en señalar que: “Vemos que hay actores detrás de esto y que están lanzando mensajes justo cuando estamos enfrentando un proceso para recuperar el sistema de justicia”.
El gobernante también habló de intentos de desestabilización de Estado que son una reacción a los esfuerzos de “recuperar el control de las cárceles para poder contener la expansión de las maras”.
La imagen que propaga el gobierno es el de uno fuerte ante las circunstancias dado el nivel violencia, manifestando haber bloqueado los intentos desestabilizadores y los avances en detenciones de pandilleros, así como tener bajo control la situación, y remarca uno de los desafíos que se le están presentando a la actual administración: no verse doblegado por las estructuras político-criminales, aquellas coludidas entre grupos de tráficos de drogas y tráfico de influencias, tal como lo manifestó Arévalo de León en La Ronda.
Sin embargo, la tarea de atajar y contrarrestar los altos costos políticos que se le impusieron con los actos de violencia organizada, con rostro pandillero, no será tarea fácil. Entre los desafíos que por delante debe enfrentar el gobierno, está el controlar a las organizaciones pandilleras en sus múltiples formas: como violencia común, como violencia política, y como fenómeno social estructural, histórico.
A ello se suma el problema histórico-estructural en el que se encuentra el Sistema Penitenciario en su conjunto: cooptado desde hace tiempo por estructuras de corrupción y crimen organizado cuyo origen se encuentra en el control que el ejército ejecutó durante la guerra interna en el marco del desarrollo de la política contrainsurgente. Una problemática que se arrastra desde décadas atrás y distintos gobiernos, que enfrentan el crecimiento y hacinamiento, la sobrepoblación carcelaria; fenómenos generados por la problemática social y económica de desigualdades, inequidades e injusticias estructurales.
El estado de sitio es sólo una respuesta inmediata a un problema estructural de décadas, que ha crecido y se ha alimentado de una problemática social urbana, fundamentalmente marcada por la pobreza, exclusión social y bajos niveles de inversión pública en educación, entre otros. Será insuficiente para resolver la magnitud del problema, mucho menos durante el tiempo que le queda a la administración arevalista para concluir su periodo gubernamental, ya que se trata de un problema de Estado con múltiples aristas.
Fuentes expertas consultadas por El Observador, agregan que, en los eventos recientes, se reafirma que el personal de la Policía Nacional Civil (PNC) constituye un objetivo prioritario para las clicas (el pequeño grupo o célula que conforma la unidad base de cada pandilla), al representar el principal factor de presión estatal mediante acciones de persecución, investigación y neutralización operativa. Ese tipo de violencia tiende a persistir y a agudizarse en los contextos políticos que se viven actualmente en el país.
Fuente: Departamento de Análisis de la Información. División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas. Subdirección General de Investigación Criminal. Policía Nacional Civil (PNC).
Fuente: Departamento de Análisis de la Información. División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas. Subdirección General de Investigación Criminal. Policía Nacional Civil (PNC).
De la violencia común a la violencia política
La violencia diaria ejercida por pandillas, que literalmente operan en todas las zonas de la capital y en casi todos los departamentos de Guatemala, ya trasciende las extorsiones, la violencia entre pandillas, el “ajuste de cuentas” entre las propias pandillas, o las disputas territoriales y las zonas del “narcomenudeo”, esto último, destacado por autoridades del Ministerio de Gobernación como una de las causas de macabros hallazgos de cuerpos desmembrados. Casos que abonan a una crisis social y falta de seguridad ciudadana, y la implantación del terror pandillero.
La incursión de una clica en áreas bajo dominio de otra genera respuestas violentas deliberadas, orientadas a restablecer el control territorial y enviar mensajes disuasivos a estructuras rivales, advierten las fuentes. Este tipo de acciones suele materializarse mediante la ejecución de miembros de la clica invasora, con exposición pública de los cuerpos como mecanismo de intimidación e infringir miedo.
Las mujeres son empleadas como activos logísticos y financieros, principalmente para la administración de recursos provenientes de extorsiones y otras economías ilícitas. La detección de doble vinculación con estructuras rivales es considerada una falta crítica, lo que incrementa el riesgo de represalias letales ejecutadas como medidas de contrainteligencia interna.
Fuente: Departamento de Análisis de la Información. División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas. Subdirección General de Investigación Criminal. Policía Nacional Civil (PNC).
El incumplimiento de normas internas, órdenes o códigos de conducta establecidos por las clicas es sancionado mediante violencia ejemplarizante, incluyendo homicidios con alto nivel de brutalidad, utilizados como instrumentos de control, disciplina y cohesión interna.
Fuente: Departamento de Análisis de la Información. División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas. Subdirección General de Investigación Criminal. Policía Nacional Civil (PNC).
Paralelamente, las estadísticas de violencia también son usadas políticamente. Mientras instancias privadas advierten de un aumento de homicidios durante 2025 con respecto a 2024, el gobierno destaca que hubo 110 municipios sin homicidos en 2025. Es más, durante los meses de septiembre-noviembre de 2025, se destacó una baja en los homicidios, y con la violencia actual se busca contrarrestar los discursos oficiales que veían positiva la tendencia de la situación de criminalidad.
Ese contexto pandillero es el que ha marcado a distintos gobiernos, pero, sobre todo, al actual, en los últimos meses, y eso es lo que está impulsando la narrativa de la “necesaria” mano dura que va acompañada con el discurso de partidos políticos e instancias de extrema derecha opositoras al gobierno, que lo exponen como débil en sus respuestas a la inseguridad ciudadana.
Es un discurso que busca imponerse, en el corto plazo para afectar el proceso de elecciones de segundo grado del presente año y, en el mediano plazo, promover figuras políticas de derecha extrema que buscan posicionarse en campañas electorales adelantadas, a sabiendas que 2026 es un año preelectoral, ya en que en 2027 están programadas elecciones generales. La “imposición del orden frente al caos” y “la implementación de férreas políticas de seguridad represivas y mano dura”, serán los referentes vacíos que se ofrecerán como fórmulas mágicas por estos candidatos/as que seguramente resurgirán para 2027, año de elecciones generales.
En ese marco, para el director de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, los amotinamientos y toma de prisiones, así como los violentos ataques a agentes de la PNC, estarían encaminados a causar un clima de “desestabilización en el país”, por lo que se toman las medidas necesarias para evitar que los actos cometidos por ese grupo delictivo tengan mayores consecuencias.
Según declaró a un medio prensa:
“Por el momento le puedo decir que pueden venir situaciones muy complejas, puede venir incluso un tema de violencia política en el cual yo le puedo decir que es sumamente complicado porque puede realmente venir a violentar la tranquilidad del país, son actividades terroristas que vienen a causar una desestabilización”.
Arévalo de León también prevé que esos esfuerzos desestabilizadores, la violencia pandillera y los amotinamientos persistirán.
Además, el gobierno actual tiene por delante grandes obstáculos en su política de seguridad, no sólo dentro del sistema judicial, sino también con el Ministerio Público (MP), el ente investigador. El mandatario ha acusado a la Fiscalía General de estar…
Fuente: Departamento de Análisis de la Información. División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas. Subdirección General de Investigación Criminal. Policía Nacional Civil (PNC).
Impactar las fuentes de financiamiento
Se ha advertido, denunciado y exigido, que se investigue si en los últimos sucesos hubo financiamientos políticos, que coincide con el argumento bastante generalizado de que, detrás de la violencia pandillera, hay estructuras políticas que habrían facilitado la financiación.
Eso va más allá de lo que se conoce que ocurre en el sistema penitenciario y el nivel de control que ejercen las pandillas. Un medio de prensa internacional advierte que: “Desde las cárceles guatemaltecas dan órdenes para asesinar y extorsionar”. judiciales”, agrega.
Agrega que:
“Con la extorsión a pequeños y grandes negocios en Guatemala, se financian la compra de armas, de voluntades, de abogados, y corrompen a funcionarios judiciales”
El 28 de julio de 2025, el Ejecutivo presentó al Congreso de la República la Iniciativa de Ley 6593, Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, un marco legal que está a la espera de ser discutida y aprobada en el hemiciclo. Es una ley clave en el contexto de la violencia pandillera y sus financiamientos.
En diciembre de 2025, la Junta Monetaria informó por medio de un comunicado que, no contar con una ley actualizada mantiene a Guatemala en riesgo de ser incluida en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que evalúa a los países con debilidades en sus sistemas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
La Junta Monetaria recordó que, en enero de 2027, Guatemala enfrentará la quinta ronda de evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. En su advertencia, señala que la ausencia de un marco legal reforzado podría generar consecuencias reputacionales y operativas para el país, así como dificultades para el sistema financiero.
Hace poco más de un mes, el diputado Jorge Ayala, integrante de la Comisión Legislativa de Economía, explicó que habría una serie de mesas técnicas para impulsar un dictamen favorable a la iniciativa. Afirmó que la intención es que el dictamen estuviera listo en enero de 2026.
“Guatemala tendrá una visita en el mes de febrero de parte de GAFI y uno de los aspectos que se tiene que cumplir es haber actualizado la normativa en cuanto a la comisión contra el terrorismo y el lavado de dinero”.
“La no aprobación de esta ley incluso podría afectar el envío de remesas de los connacionales en el exterior (…) Por el contrario, su aprobación representaría un beneficio para toda la ciudadanía, ya que con esta ley se fortalece la lucha contra la corrupción, lucha contra el narcotráfico, lucha contra el crimen organizado, lucha contra las extorsiones y todas las estructuras que utilizan el sistema financiero para activar recursos que provienen del crimen y de los abusos que cometen dentro de la sociedad.”
En 2025, de acuerdo con el informe de diciembre, de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), los reportes de transacciones sospechosas de lavado de dinero superaron las de 2024, y los montos denunciados al MP se elevaron extraordinariamente, con cifras récord.
