Violencia, represión, injusticias y paraísos fiscales: la Hacienda La Asunción
Nota de coyuntura No. 195 / por Luis Solano
El Comité de Unidad Campesina (CUC) denunció el pasado 11 de marzo, el desalojo de 30 personas en la finca Hacienda La Asunción, Anexo San Gregorio Piedra Parada, Coatepeque, Quetzaltenango. Dos días antes, ocurrió la captura de cinco personas, entre ellas tres ancianos, quienes junto a 300 extrabajadores exigen derechos laborales históricos. Los responsables: dos grupos de terratenientes con agronegocios millonarios de larga data; un caso marcado por injusticias y violencia.
Foto: Conferencia de prensa del CUC. Fuente: CUC. Recuperada en: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1510658270429028&set=pcb.1510659107095611
Entre desalojos y detenciones, la injusticia persiste
Fue el Comité de Unidad de Campesina (CUC) que, por medio de denuncias en redes sociales, comunicados y una conferencia de prensa, dio a conocer el caso del violento desalojo judicial ejecutado el 11 de marzo de 2026, en la Hacienda La Asunción, anexo San Gregorio Piedra Parada, Coatepeque, Quetzaltenango, contra varias familias que forman parte de un grupo de alrededor de 300 personas que desde 2008, reivindica su derecho a jubilación y, además, a ser atendidos por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
El CUC denunció que durante más de tres décadas, los propietarios de la Hacienda La Asunción, que es parte de Hulera El Minar, S.A., les robó la cuota que les descontaba para el IGSS, al no pagarlas a la institución.
En conferencia de prensa, el CUC indicó que ese hecho se produjo luego que el 2 de marzo, en horas de la mañana, se capturara a los ancianos Clemencio Barrera, Teresa Barrera y Teófilo Castro, junto a Regina Barrera, hija de uno de los ancianos en la Hacienda La Asunción, anexo San Gregorio Piedra Parada, Coatepeque, Quetzaltenango. Además, el 10 de marzo fue detenido José Mynor González Barrera de 24 años de edad, cuando llevaba la alimentación a su mamá Regina Barrera, sumando cinco los detenidos y procesados.
Según indicó un medio de comunicación, en la audiencia de primera declaración el juez Alex Eliodoro Cifuentes Almengor, del Juzgado de Primera Instancia Penal de Coatepeque, Quetzaltenango, ligó a proceso a las personas detenidas por el delito de usurpación agravada. A pesar que el Ministerio Público (MP) y el representante de la finca pidieron que las cinco personas fueran enviadas a prisión preventiva, el juez les otorgó libertad condicional, y ordenó que en tres meses se debe presentar la investigación de este caso.
Desde el año 2008, indicó el CUC, las y los campesinos de la tercera edad comenzaron los trámites de jubilación, pero en el IGSS les indicaron que los patronos nunca cancelaron las cuotas, por lo que no tenían derecho al Programa Invalidez, Vejes y Sobrevivencia (IVS). A la fecha ya han fallecido casi 60 ancianos, esperando que los finqueros cumplan con su responsabilidad, y que el IGSS resuelva la justa demanda de “las y los trabajadores que dieron su vida trabajando en la finca.”
Historial de injusticias y violencia
Un movimiento de trabajadores de la finca San Gregorio Piedra Parada fue creado en 2008 cuando se supo que la Hacienda La Asunción nunca pagó la cuota de la seguridad social de sus 260 trabajadores, a pesar de su obligación de hacerlo. Desde su creación, el movimiento ha luchado para obtener justicia para los trabajadores, que pasaron más de 30 años trabajando en la finca.
En un periodo de nueve años, entre 2008 y 2017, el movimiento de extrabajadores apeló a diversas instituciones gubernamentales como el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB), para que se cumplieran sus demandas. Debido a la falta de respuesta por parte de las instituciones estatales y de la finca, que se negaron a entablar negociaciones, los extrabajadores decidieron organizar protestas en la entrada de la propiedad. Las autoridades reaccionaron con violencia e intentos de criminalización. Alrededor de 19 personas defensoras de derechos humanos fueron acusadas, incluyendo cargos por usurpación e instigación a delinquir, y se dictaron órdenes de arresto contra cuatro de ellas: Elmar Danilo Pérez Escobar, Digna Dalila Mérida Escobar, Ricardo Alberto Pérez Castillo y Francisco Vásquez Oxlaj.
El 23 de junio de 2017, el defensor de derechos humanos Eugenio López y López fue asesinado mientras participaba en una protesta de extrabajadores de la finca San Gregorio Piedra Parada. Ese día, un grupo de aproximadamente 25 extrabajadores y sus familiares se reunieron en el camino a la aldea Pacayá para protestar pacíficamente por sus derechos.
De acuerdo con Front Line Defenders, un hombre no identificado vino de la finca con una parte de su cara cubierta y efectuó cuatro disparos contra los manifestantes. Eugenio López y López murió en el acto, mientras que Israel Méndez Vásquez y Berta López Escobar resultaron gravemente heridos. Desde el incidente, un grupo de 200 apoyadores, extrabajadores y familiares, se reunieron frente a la finca para exigir justicia por el asesinato. Defensores de derechos humanos y organizaciones en Guatemala creen que el asesino era un miembro de la seguridad privada de la finca.
Fuente: Front Line Defenders. Recuperado en: https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/stop_the_killings_report_guatemala_chapter_es.pdf
En una nota de prensa de 2016 se informó que 280 eran los ex empleados de la finca San Gregorio Piedra Parada afectados y sin acceso al Programa IVS del IGSS por el incumplimiento en los pagos.
Rafael González, veterano dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), indicó en aquel momento que no habían tenido la oportunidad de atender las emergencias de los extrabajadores que han llegado a la tercera edad, Por lo que pidió acciones administrativas y legales contra la finca.
En esa nota de prensa se identificó a Ricardo Campollo Codina como el empleador en la finca hulera que incumplió con los pagos al IGSS. “Eso no impidió que descontará 12 centavos mensuales”. El extrabajador Fernando Mejía recordó que trabajó 25 años y solo la mitad de los años fueron reportados al seguro social. Otros casos suman hasta 30 años de trabajo sin ser reportados.
Treinta y ocho exempleados habían fallecido a esa fecha y las viudas peleaban el beneficio. Las afectadas pidieron acciones administrativas y legales contra la empresa. Alegaban que se había violado sus derechos a la salud y habían quedado en condiciones inhumanas.
El IGSS señaló que había iniciado cuatro demandas en contra de la empresa deudora, la cual tiene una deuda que se acerca a los Q 6 millones, según informó entonces la vocera del IGSS, Lucía Dubón. El entonces Presidente del IGSS, Carlos Contreras, recibió a una delegación y prometió colaborar con ellos según su competencia. Al final, nada ocurrió.
La violencia que antecedió y los negocios millonarios
Varios años antes de aquellos hechos hubo otros violentos, al mismo tiempo que se gestaban transacciones de propiedades en donde el grupo propietario original, el Grupo Campollo, traspasó varias de sus propiedades al Grupo R.Q., siglas de Roberto Quintanal, cuyo nombre completo es José Roberto Quintanal Paiz que, a la postre, se convertiría en el nuevo propietario de las fincas y haciendas, y arrastraría las deudas con el IGSS.
Un extinto medio digital documentó parte de ese historial. Según se indicó, tras la muerte de López las autoridades del IGSS convocaron a una conferencia de prensa para confirmar que la empresa Agrónomo Pecuaria Quihuit, S.A., del Grupo Campollo y entonces propietario de la finca San Gregorio, tenía una deuda de Q. 6 millones por los años en los que no pagó los aportes de sus trabajadores.
Todo empezó en 1992, cuando al percatarse de que sus cuotas nunca habían llegado al IGSS, los trabajadores empezaron a organizar un sindicato. La respuesta patronal fue el despido masivo de 300 personas. Aunque consiguieron un fallo favorable para su reinstalación, la familia Campollo Codina nunca acató la orden judicial y en 1998 concretaron la venta de la Finca San Gregorio, la cual pasó a manos de José Roberto Quintanal Paiz.
Pese a que el conflicto tiene más de 20 años, no fue sino hasta 2014 que el seguro social interpuso una demanda en el Juzgado de Primera Instancia Civil de Coatepeque. La demanda no prosperó porque el nuevo dueño de la finca, José Roberto Quintanal Paiz, aseguró que la responsabilidad era de Ricardo Campollo Codina, mientras éste argumentó que al venderla también traspasó las obligaciones.
La relación entre los Campollo Codina y el Grupo Quintanal no era casual ni se limitaba a agronegocios. A ambos los unía sus raíces en la región de Santander, Cantabria, España, desde donde llegaron a Guatemala los primeros familiares de ambos grupos en la segunda mitad del Siglo XIX, y fueron parte de los primeros cafetaleros en esa región suroccidental de Guatemala, marcada por la presencia de poderosos terratenientes desde entonces.
El 12 de febrero de 1992, otra compañía ligada a la Hacienda San Gregorio Piedra Parada, la Compañía Comercial Agrónomo Pecuaria, S.A., (COCAPSA), del Grupo Campollo Codina, y entonces presidida por Ricardo Campollo Codina, despidió de manera ilegal, injusta y masivamente, a 310 trabajadores, en la hacienda San Gregorio Piedra Parada, en el municipio de Coatepeque, Quezaltenango, encontrándose emplazada COCAPSA (Hacienda San Gregorio Piedra Parada), y vigente una resolución del Juzgado Segundo de Primera Instancia y de Trabajo de Coatepeque, donde se prohibía a la empresa dar por terminados cualquier contrato de trabajo sin autorización del juez de trabajo. A esa hacienda pertenece la Hacienda La Asunción, anexo a San Gregorio Piedra Parada, y que entonces era propiedad de su hermano, Ramón Campollo Codina.
Tal como documentó el Centro de Medios Independientes (CMI) con fecha 17 de agosto de 1992, la Sala Primera de la Corte de Apelación de Trabajo y Previsión Social declaró con lugar las diligencias de reinstalación promovidas por los trabajadores. Sin embargo, nunca se hizo efectiva la reinstalación de los trabajadores despedidos. El despido ilegal y masivo que violentó los derechos de los trabajadores de Hacienda San Gregorio se hizo efectivo con la intención de violar y truncar el proceso organizativo sindical que llevaban los trabajadores, lo que constituyó una grave violación al Convenio 87 por parte de COCAPSA y del Estado Guatemala, porque no se cumplieron las leyes laborales ni se respetaron los derechos de los trabajadores. COCAPSA implantó una asociación solidarista para contener el movimiento sindical en esa finca.
En la demanda laboral también se incluyó a Óscar Eduardo Ubico de León, quien era el propietario de la empresa Servicios Industriales, S.A., conectada a la Hacienda San Gregorio y a la fábrica de hule Piedra Parada. La familia Ubico de León estaba vinculada a los Campollo Codina. Uno de ellos, Carlos Roberto Antonio Ubico De León, integraba la junta directiva de la Fundación Madre Tierra presidida por Rosa María Asunción Campollo Codina, que forma parte del Grupo Campollo.
El Observador documentó la estructura del Grupo Campollo, sus inversiones, entidades fuera de plaza en paraísos fiscales y sus millonarias inversiones.
Así arrancó el primer ciclo de violencia en esas haciendas. El 20 de marzo de 1993 desapareció el sindicalista Gustavo Rosalío Vásquez López, después de una actividad de protesta en exigencia de la solución del conflicto laboral de Hacienda San Gregorio, donde el sindicato completo había sido despedido desde febrero de 1992. La desaparición de este sindicalista no ha sido esclarecida a la fecha.
Luego, el 6 de mayo de 1993 fue asesinado Adrián Miranda López, miembro del Sindicato de Hacienda San Gregorio, después de haber sido interrogado sobre su actividad sindical. Posteriormente, varios afiliados al sindicato fueron amenazados de muerte también.
Finalmente, el 30 de octubre de 1993 es asesinado Velizario López Rojas, del Sindicato de Trabajadores de Hacienda San Gregorio Piedra Parada, estando vigente el conflicto laboral. Es de resaltar que la empresa mantuvo vigente el despido de 310 trabajadores, a pesar de existir órdenes de reinstalación.
En 1998, COCAPSA vendió la Hacienda San Gregorio al Grupo R.Q., iniciales de Roberto Quintanal, cuyo nombre completo es José Roberto Quintanal Paiz, finquero agroexportador. Preside Las Guacas, S.A. —finca Santa Isabel, caña de azúcar—, y el Grupo R.Q, que concentran sus propiedades en la costa sur y bocacosta. El representante legal de Las Guacas, S.A. es Manuel Alberto Bacaro Pedroza, el mismo de la Compañía Comercial Agrónomo Pecuaria Quihuit, S.A., vinculada a COCAPSA de los Campollo Codina, con sede en Coatepeque. Es uno de los varios representantes legales que aparecen a cargo de las empresas y fincas del Grupo R.Q.; otros son: Rudy Jacinto Velásquez Sacayón y Sergio Aníbal González.
El Grupo R.Q. adquirió la deuda con el IGSS que arrastraba COCAPSA, y la ha mantenido hasta la fecha. A nombre de José Roberto Quintanal Paiz se encuentra la sociedad Cadiz Develop Group, inscrita en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas, según documentó la filtración de documentos Panama Papers.
La sociedad Cadiz Develop Group tiene como sedes en Guatemala, la misma de Las Guacas, S.A. y el Grupo R.Q., en la zona 14 de Ciudad de Guatemala.
La Hacienda San Gregorio Piedra Parada es una finca extensa con plantaciones de hule, especies maderables y frutales, que forma parte de varias fincas dedicas a la agroexportación. Más recientemente, se incorporaron al negocio de la palma aceitera al crear la empresa Caribbean Palm Oil Company, S.A. El Grupo R.Q. también destaca por poseer varias entidades fuera de plaza en Panamá e Islas Vírgenes Británicas que fueron expuestas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) en Panama Papers y Pandora Papers.
