Emplazamiento al Presidente de la República por estancamiento de Acuerdo Agrario
Nota de Coyuntura No. 199 / por Equipo de El Observador
El 13 de marzo del año en curso, el Comité de Unidad Campesina (CUC) y el Comité Campesino del Altiplano (CCDA) presentaron un memorial en el que emplazan al mandatario Bernardo Arévalo, solicitándole una audiencia urgente para tratar el incumplimiento de los compromisos asumidos en el Acuerdo Agrario, suscrito en 2024, por cuatro organizaciones campesinas.
Imagen: Conferencia de prensa del CUC y CCDA en donde se presentó el emplazamiento al Presidente de la República, Bernardo Arévalo, el 14 de marzo de 2026. Fuente: https://youtu.be/rQXg1ipLRt8
Lo que dice el emplazamiento
Representantes del CUC y el CCDA, dos de las cuatro organizaciones firmantes del Acuerdo Agrario, suscrito el 7 de febrero de 2024 con el gobierno de Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar, indicaron, en conferencia de prensa, que la acción de emplazamiento responde al estancamiento y la falta de voluntad política para materializar los compromisos adquiridos en el Acuerdo Agrario, pues, ados años de haberse firmado, los cinco ejes fundamentales contenidos en éste permanecen sin avances significativos.
La Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) y la Central de Organizaciones Indígenas y Campesinas Nuevo Día, las otras dos organizaciones firmantes del Acuerdo Agrario, no formaron parte de este emplazamiento.
El emplazamiento se basa en el Artículo 28 de la Constitución Política referido al Derecho de Petición, que obliga al gobierno a responder en un plazo de 30 días el mismo. Si en ese plazo no hubiera una respuesta gubernamental, las organizaciones campesinas señalaron que actuarán conforme a derecho para defender sus territorios y una vida digna.
Ese emplazamiento con los señalamientos de incumplimientos y demandas del CUC y el CCDA, fueron expuestos por medio de un comunicado, publicado el 14 de marzo pasado, en el que también solicitaron varias peticiones centrales al gobierno.
Al cierre de la presente edición, el gobierno no había respondido oficialmente.
Los incumplimientos concretos
En el marco de los incumplimientos y pocos avances en los ejes del Acuerdo Agrario, expuestos en ese comunicado, resaltó la denuncia del caso reciente del violento desalojo judicial en la Hacienda La Asunción, anexo San Gregorio Piedra Parada, Coatepeque, Quetzaltenango, donde se utilizaron aproximadamente 200 elementos policiales y trabajadores de la empresa Hulera El Minar S.A. para desalojar a varias familias que reclaman derechos laborales históricos.
También se expuso sobre la creciente criminalización, en donde destacan que se traduce en un aumento de capturas, persecución y estigmatización contra defensores de derechos humanos y Autoridades Indígenas, así como el incumplimiento de protocolos al omitir las Directrices de Naciones Unidas (ONU) sobre Desalojos que obligan al Estado a garantizar vivienda alternativa, y proteger la dignidad humana antes, durante y después de cualquier operativo.
Además, expresan que hay un estancamiento político derivado, primero, del cambio de la Subsecretaría de Diálogo a la hoy Comisión Presidencial para la Atención de la Conflictividad (COPRECON) y, segundo, los cambios en la dirección de la COPRECON han resultado en un retroceso técnico y la ausencia de una propuesta clara de atención. A lo que se refieren las organizaciones campesinas es al nombramiento de Norman Alejandro Martínez Antón como Director Ejecutivo, en sustitución del abogado Otto Zeissig, en enero pasado.
Comunidades desplazadas atendidas por el CUC
| Comunidad/municipio y departamento | Situación actual |
| Agua CalienteMiralvalleQuinichBella Flor8 de agostoRío FríoLos RecuerdosEl RodeoSanta Rosita3 estrellas La Isla SauceParaná 14. San Pablo Pamoxán, Panzós y El Estor, Alta Verapaz e Izabal. | Comunidades desalojadas en 2011 cuando se había instalado un proceso de negociación con el Sistema Nacional de Diálogo Permanente (SPDN). |
| Nueva Semuy Chacchilá, Senahú, Alta Verapaz. | Comunidad maya originaria del Pueblo Q’eqchi’ integrada por 19 familias: 19 mujeres, 33 niñas, 28 niños, y 18 hombres, que está asentada en un terreno aparentemente baldío de 1.5 caballerías. La propiedad es alegada por Dorothee Anne Dieseldorff Neal. |
| La Cumbre Sa’kuxha’, Tactic, Alta Verapaz. | El desalojo se llevó a cabo el 1 de noviembre de 2017, en horas inhábiles y sin que existiera una notificación previa. Se destruyeron cosechas de maíz, viviendas, y herramientas de trabajo, y se hirió a niños. |
| Buena Vista Tzinté, El Estor, Izabal. | El desalojo se ejecutó violentamente en mayo de 2024: sus cosechas de maíz, plátanos, cardamomo, viviendas, vestuario y herramientas de trabajo fueron quemadas, sus animales de patio se los quedó Luis Fernando Arriaza Migoya, quien dice ser el propietario. |
| San José el Tesoro, Cobán, Alta Verapaz. | La comunidad ha sido desalojada cuatro veces, siendo la última el 22 de mayo de 2024. El desalojo se ejecutó sin que existiera previa notificación a la comunidad. |
Comunidades con orden de desalojo acompañadas por el CUC
| Comunidad/municipio y departamento | Situación actual |
| Xochelá San Miguel Tucurú, Alta Verapaz. | 52 familias integran esta comunidad. Con amenaza de desalojo extrajudicial. Se desconoce si existe una orden judicial. |
| 29 de Mayo, Panzós, Alta Verapaz. | Las 13 familias que integran esta comunidad cuentan con una sentencia laboral a su favor, en un proceso en donde los copropietarios les adeudan Q. 433,250.00 en prestaciones laborales, y no hay recurso pendiente de resolver. Con orden de desalojo. |
| Nueva Concepción, San Miguel Tucurú, Alta Verapaz. | Con orden de desalojo y judicializado. Finca priorizada para la compra bajo el Mecanismo de Atención a Crisis (MAC). En el año 2025 se llevó a cabo desalojo extrajudicial, desplazando forzosamente a más de 70 familias. |
| Santa Rosita, Sierra Santa Cruz, Livingston y El Estor, Izabal. | Son 30 familias que están posesionadas en la finca, la cual está priorizada para la compra bajo el Mecanismo de Atención a Crisis (MAC). Comunidad con orden de desalojo. |
| Palmeras, Cuyotenango, Suchitepéquez. | Está integrada por 150 familias que están asentadas desde el año 2016 en la finca que es alegada por los hijos de Juan Ortíz, alias “Chamalé”. Con orden de desalojo. |
| Agrario Esfuerzo Túnico, El Estor, Izabal. | Son 119 familias que están asentadas desde el año 2016. Más de 26 personas con órdenes de captura. Según consta en el RIC, el titular catastral es Inversiones Cobra S.A. En la misma área se encuentran la comunidad de Plan Grande, Ebenezer, también con orden de desalojo |
| La Cumbre Sa’kuxha’, Tactic, Alta Verapaz. | 19 familias están asentadas. Con amenaza de desalojo extrajudicial. |
| Ingeniero, Chiquimula | Tiene amenaza de desalojo extrajudicial. |
| Temal y Xanch, Cobán, Alta Verapaz | Son 101 familias que se encuentran habitando este lugar. |
| Finca La Asunción Anexo a San Gregorio Piedra Parada. Coatepeque, Quetzaltenango. | Las familias por generaciones han trabajado para las familias Campollo y Quintanal, propietarios de la Hulera El Minar. S.A, que no pagaron las prestaciones al IGSS que sí les fueron cobradas a los trabajadores. Desalojada el 11 de marzo 2026. |
| Buena Vista, El Estor, Izabal. | Comunidad desalojada el 22 de mayo de 2024. |
| Monte Jerusalén, Santa María Cahabón, Alta Verapaz. | Desalojada extrajudicialmente en 2024. |
| 20 Junio, Senahú, Alta Verapaz. | Desalojada extrajudicialmente en 2024. |
Balance del CCDA sobre casos de regularización, desalojos y criminalización
| Capturados del CCDA en 2024 | 11 |
| 12 integrantes del CCDA asesinados | 12 |
| Capturados en 2025 | 4 |
| Conflictividad agraria y desalojos | No avanzan los casos de comunidades como Las Pilas y Canasec, Santa Elena Samanzana, Seju y Matacuy en la Finca Paraná Las Colinas en Panzós; Sepalau, Chinacangüinic, Tierra Nueva, Río Cristalino y Río Zarco, Chicap, Pochuta, Ixloc San Pedrito, y Las Tecas. En total, 12 comunidades desalojadas y 1,500 familias. |
| Regularización | Deben actualizarse los expedientes después de 6 meses inmovilizados en el FONTIERRAS. Están los casos de Chaal, Río Amates, San Juan Senahú, Panzós y los 104 casos priorizados con COPRECON, de los 1321 que acompaña el CCDA. |
El origen del emplazamiento
El emplazamiento recoge el contenido de una Carta Abierta que fue transmitida al Presidente de la República en abril de 2025, la cual fue suscrita por 200 delegados y delegadas de comunidades de nueve departamentos que celebraron una Asamblea de la Tierra, en el marco del Día Internacional de la Tierra los días 22 y 23 de abril de 2025, a un año y dos meses de la firma del Acuerdo Agrario.
En esa carta, los delegados comunitarios hicieron un primer balance del Acuerdo Agrario, destacando múltiples incumplimientos, expuestos públicamente. Expresaron, en su evaluación, que vieron con expectativa que, por primera vez en 72 años, un gobierno firmaba un Acuerdo de este tipo con las organizaciones campesinas, a la vez que consideraron que era una oportunidad para retomar los compromisos de la Acuerdos de Paz.
Sin embargo, también vieron con preocupación que el Acuerdo Agrario se encontraba estancado, y por eso la carta enfatizó en la urgente necesidad de reimpulsar los compromisos contenidos en el mismo por medio de un espacio de diálogo real que involucrara a los consejos directivos de las organizaciones participantes, así como mediante el compromiso efectivo de los funcionarios e instituciones que juegan un papel relacionado con la problemática agraria. y no únicamente mediante el lobby individual por parte de algunos integrantes de las otras dos organizaciones firmantes del mismo.
Se recuerda que el gobierno asumió el 14 de agosto de 2025, el compromiso de realizar reuniones quincenales técnicas y bimestrales con la presencia del Presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, pero, desde entonces no se ha vuelto a convocar al espacio de la Instancia Política y Técnica. Al respecto, las comunidades han venido denunciando, como una constante, el silencio administrativo ante sus peticiones, incluyendo la entrega de una Carta Abierta en mayo de 2025.
Posteriormente, el 24 de noviembre de 2025, se solicitó por escrito una audiencia urgente ante la COPRECON debido a desplazamientos forzados, la cual tampoco fue atendida.
Una de las consecuencias del balance negativo que se tiene del Acuerdo Agrario, es que los intereses de las otras organizaciones del sector indígena firmantes, ha llevado a una ruptura técnica y política del Acuerdo Agrario, debido a decisiones paralelas que han tomado.
El Observador ha abordado el tema del Acuerdo Agrario en varias publicaciones, cuya lectura se recomienda y puede verse en el siguiente enlace.
