Elecciones generales 2027: fragmentación partidaria y subordinación geopolítica
Nota de coyuntura No. 239 / por Juan Calles
La carrera por el poder público ya arrancó de facto, dinamitando el cronograma oficial establecido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que fijó para el 22 de enero de 2027 la convocatoria formal para las elecciones generales. Pese a que la Ley Electoral y de Partidos Políticos, (LEPP) la prohíbe, la campaña política anticipada es un hecho y se expresa en la juramentación de las nuevas autoridades electorales, una confrontación de alto impacto mediático y judicial entre fracciones de la derecha económica y política, la pulverización de las bancadas de partidos tradicionales, y la salida a escena de la plataforma electoral autodenominada Frente Amplio por la Democracia (FAD).
Fuente: El Observador.
Campaña electoral 2027 ya arrancó y un TSE que no fiscaliza
El arranque prematuro de la carrera electoral, de cara las elecciones generales de 2027, no es un mero fenómeno comunicacional; es el síntoma de una disputa profunda por la redefinición de quiénes se disputarán las cuotas de poder para la administración del Estado, la disposición de explotar recursos económicos y naturales de los territorios, así como la orientación que tendrá el sistema político a futuro y los actores hegemónicos. Por un lado, los rancios poderes de partidos políticos tradicionales, antidemocráticos y corruptos; por el otro, grupos de delincuencia organizada que buscan el control del Estado para desarrollar sus negocios en paz y con impunidad y, finalmente, una alianza de partidos desde el espectro de la izquierda que ahora se hacen llamar progresistas y democráticos que, por más inédita que sea, genera dudas e inseguridades.
La contienda actual refleja la volatilidad de un sistema de partidos políticos crecientemente erosionados, donde las acusaciones no confirmadas judicialmente conviven con el posicionamiento anticipado de candidaturas, la búsqueda de avales y la bendición de potencias extranjeras, y la esperanza de que los votos consigan poder legislativo para los movimientos sociales que proponen reformas y transformación del Estado.
En tanto, un Tribunal Supremo Electoral (TSE) recién electo con un papel pasivo frente al despliegue temprano de nombres, rostros y consignas, y que no logra definir los límites que la LEPP vigente estipula respecto de la diferencia conceptual que existe entre el proselitismo permanente, entendido como la formación cívica y la afiliación partidaria, y la propaganda electoral, la cual queda restringida exclusivamente al momento en que la autoridad convoque a elecciones generales que, de acuerdo al cronograma electoral ya publicado. Con el fin de precisar estos límites, la magistratura electoral promovió reformas a varios reglamentos clave, entre ellos, el de la LEPP, así como el de la Unidad de Fiscalización y la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión, acompañadas de mesas de trabajo mensuales con las agrupaciones políticas.
Aunque existen reglas claras, en la práctica siguen existiendo grandes diferencias entre lo que dice la ley y lo que realmente se hace para evitar abusos. El TSE ha actuado más como una oficina que revisa papeles después de los hechos, abriendo expedientes y dando talleres que llegan tarde, cuando las redes sociales y las giras políticas ya están en pleno funcionamiento. Al no actuar con firmeza, rapidez y sanciones visibles contra quienes usan su imagen para adelantarse en la campaña, el TSE pone en riesgo la igualdad del proceso. Esta situación hace recordar que son los propios partidos políticos en el Congreso de la República, los que al final eligen las magistraturas del TSE.
Permitir que precandidatos y partidos tradicionales usen dinero para construir su imagen antes de tiempo, da una ventaja injusta a quienes tienen más recursos o acceso a fondos públicos para hacer campaña política. Esto debilita la credibilidad del TSE y convierte la vigilancia en un simple trámite, sin capacidad real para evitar abusos ni garantizar que todos compitan en igualdad de condiciones. Aunque el TSE anunció que investiga 150 casos de campaña anticipada, nada detiene la campaña que políticos han iniciado en redes sociales, la cual disfrazan de actividades de beneficencia o de afiliación, pero ya los candidatos caminan por las calles abrazando ancianas y besando pequeños bebés, así como distribuyendo “alimentos”.
Denuncia de sicariato, polarización mediática y el enfrentamiento entre los poderes económicos
Uno de los episodios que mejor ilustra la exacerbación de las disputas dentro de las fracciones de la derecha oligárquica y actores del poder político tradicional, es la confrontación pública entre Rodrigo Arenas Echeverría, director del medio digital República GT, y el precandidato presidencial del partido Cabal, Roberto Arzú García Granados, aliado ahora con diputados emergentes del Congreso de la República.
El conflicto cobró estado público cuando Arenas Echeverría denunció la existencia de una supuesta conspiración para ejecutar un atentado contra su vida y la de sus colaboradores. Las publicaciones de República GT vincularon este presunto plan con investigaciones sobre nexos entre el narcotráfico y la política local, señalando directamente al que se perfila como precandidato de ese núcleo, Roberto Arzú, al actual presidente del Legislativo, Luis Contreras, y a los diputados Luis Aguirre, Nery Ramos y César Fión, como supuestos coordinadores de reuniones dirigidas a contratar sicarios, aunque las pruebas han brillado hasta ahora por su ausencia.
Ante tales aseveraciones, los aludidos rechazaron categóricamente los señalamientos, tachándolos de irresponsables y calumniosos. Mientras el diputado Contreras y sus colegas exigieron investigaciones al Ministerio Público (MP) y anunciaron querellas penales por injuria y calumnia, Arzú García Granados respondió atribuyendo los ataques a una intencionalidad electoral, e interpuso denuncias contra Arenas Echeverría quien, igualmente informó sobre la interposición de denuncias ante el MP y ante agencias de aplicación de la ley en Estados Unidos, emitiendo a su vez comunicados en idioma inglés dirigidos a la comunidad internacional. En el plano estrictamente jurídico, interponer una denuncia en el extranjero no confirma la veracidad de los hechos denunciados, ni otorga competencia automática a tribunales extranjeros sobre ilícitos comunes sucedidos en territorio guatemalteco.
Políticamente, sin embargo, esta suerte de jugada política revela una marcada desconfianza en la imparcialidad del sistema de justicia local y busca proyectar este conflicto doméstico hacia autoridades de Estados Unidos, mostrando la docilidad y entrega de estos políticos al régimen trumpista que, como se ha visto, ha intervenido en las elecciones presidenciales de otros países latinoamericanos. La emisión de comunicados en inglés responde a esa misma estrategia calculada y entreguista, y buscan darles una notoriedad a estos actores políticos, en función de colarse desde ya en la percepción de los votantes y darles valor a las opiniones emitidas en un medio digital sin credibilidad.
Aunque la articulación transnacional resulta indispensable en investigaciones sobre crimen organizado transfronterizo o lavado de activos, recurrir de manera constante a poderes externos para saldar disputas políticas internas, pone en evidencia la fragilidad de la soberanía institucional y acentúa la dependencia de Guatemala frente a las dinámicas geopolíticas de la región.
De la pérdida de hegemonía a las “empresas electorales”
El espacio de la derecha guatemalteca experimenta un proceso acelerado de fragmentación. Tras la pérdida de cohesión de las bancadas que sostuvieron acuerdos parlamentarios mayoritarios en las dos legislaturas anteriores, la reorganización del sector se despliega mediante el desplazamiento continuo de diputados, alcaldes y dirigentes hacia nuevas siglas y colores electorales mediante subterfugios legales.
Pese a los intentos por contener el transfuguismo mediante reformas a la Ley Orgánica del Legislativo, partidos como Vamos y la Unidad Nacional de la Esperanza, (UNE), registran una migración constante de sus cuadros territoriales hacia plataformas como Comunidad Elefante, Valor, Nosotros y Todos. Esta dinámica reafirma que las organizaciones políticas guatemaltecas funcionan predominantemente como «empresas electorales» o vehículos de alquiler de corto plazo, donde la fidelidad partidaria o ideológica es reemplazada por el cálculo individual para conservar la casilla electoral, o asegurar el acceso a la administración de fondos públicos.
Esta dispersión partidaria disminuye la probabilidad de conformar bloques ideológicos sólidos, en tanto que la consecuencia previsible para 2027 será una mayor dispersión del voto en la primera vuelta, derivando en un Congreso de la República atomizado. Un hemiciclo fraccionado forzará al próximo presidente a recurrir a pactos transaccionales para aprobar leyes y presupuestos, un escenario propicio para la proliferación de prácticas corruptas, ingobernabilidad y discursos autoritarios. En resumen, la dispersión del voto en 2027 derivará en un Congreso fragmentado e inestable, donde gobernar requerirá una costosa y frágil negociación de retazos políticos en lugar de grandes acuerdos de país.
El Frente Amplio por la Democracia (FAD): la convergencia y la apuesta entre la izquierda partidaria y las luchas territoriales
En el espectro de las expresiones de la izquierda, ahora autodenominada progresista y democrática, se conoció el 20 de agosto recién pasado, la articulación de una plataforma electoral que se ha hecho llamar el «Pacto Democrático por Guatemala», también autodenominado «Frente Amplio por la Democracia» que integra, hasta ahora, a partidos políticos legalmente constituidos como la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), el Movimiento Político Winaq, y el bloque legislativo Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), junto al comité pro formación de partido político Somos Dignidad, en donde aparecen viejos dirigentes del desaparecido Partido Revolucionario (PR). La estrategia visible de este bloque radica en la adhesión orgánica de movimientos sociales de base histórica como el Comité de Unidad Campesina (CUC), representantes del Movimiento Indígena Guatemalteco, Mujeres Guerreras por la Democracia, y representaciones estudiantiles y docentes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), en tanto que, según indican, los objetivos planteados buscarían trascender el mero registro de candidaturas, concentrándose en cuatro ejes fundamentales, a saber:
- Renovar sustancialmente la composición del Congreso de la República.
- Impulsar reformas profundas a la LEPP.
- Reinstalar los compromisos incumplidos de los Acuerdos de Paz de 1996; y,
- Posicionar en la discusión pública el debate sobre una Constitución plurinacional y multicultural.
El avance del FAD presenta horizontes de oportunidad e inéditos desafíos estructurales que trascienden lo propiamente electoral, y que no deberían repetir las experiencias anteriores de conformar plataformas amplias. Por una parte, la convergencia ofrece la posibilidad de traducir el caudal de resistencia comunitaria y movilización territorial en representación parlamentaria. Por otra, la alianza debe procesar históricas tensiones internas. Acordar programas comunes y candidaturas de consenso sin fragmentarse, representa la principal prueba de fuego para el FAD antes de la convocatoria formal del TSE.
De ahí que, dirigentes del movimiento social exigieron garantías para que esta alianza no termine cuando se designen candidaturas y que la participación de los Pueblos Indígenas no sea utilizada como caudal electoral, para relegarlos luego de los resultados electorales. Asimismo, voceras del Movimiento Indígena como Karen Díaz, han exigido que la participación de las mujeres indígenas en las listas de candidatos sea real y decisoria, rechazando las inclusiones meramente simbólicas o folclóricas.
Marco analítico-estructural: captura institucional, judicialización y crisis de representación
Guatemala atraviesa por un proceso de anquilosamiento de los partidos políticos, en una dinámica a ser estrictamente “empresas electorales que contradice los preceptos básicos de la democracia burguesa en la que se desenvuelven. Se han convertido en instituciones que compiten para monopolizar y saquear los recursos públicos, procurar impunidad y anular las propuestas de transformación social y reforma constitucional, en donde la votación general cada cuatro años únicamente sirve para legalizar que redes fácticas y sin contrapesos que administren el Estado.
Paralelamente, la judicialización de la política es la herramienta preferida por los grupos de poder que usan esa guerra judicial para inhabilitar o cancelar partidos y líderes políticos que le son incómodos, o que denuncian las prácticas corruptas del status quo. De allí que nazcan liderazgos políticos que se venden a sí mismos como ajenos al sistema, pero que en la práctica repiten los vicios y las actuaciones de la ya conocida vieja política. Claros ejemplos son los virtuales candidatos como Neto Bran y Carlos Pineda, que se esfuerzan por alejarse de la imagen del político tradicional y procuran mostrarse como diferentes a la clase política. De hecho, el actual Presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, ganó la Presidencia porque el electorado lo percibía diferente a los demás.
En este contexto de deterioro institucional, la articulación de la movilización social indígena, campesina y estudiantil, se configura como la principal ventana de oportunidad política para disputar terreno a los grupos criminales, oligárquicos y militares, que pretenden retomar el control del Ejecutivo. Sin embargo, existe la dificultad que parte del liderazgo social se encuentra actualmente muy cercano al gobierno, que durante los últimos tres años se ha dedicado a cumplir metas de la administración arevalista, dejando de lado la organización social y la discusión de los problemas nacionales. De alguna forma, buena parte del movimiento social tiene una alianza con el gobierno de Arévalo de León que limita su actuar.
Rumbo a 2027: escenarios y proyecciones del próximo mapa electoral
El desarrollo del escenario electoral guatemalteco dependerá de la capacidad de respuesta que muestre el TSE ante el desafío de equilibrar el juego electoral. Si el TSE mantiene una postura pasiva ante la campaña anticipada y la judicialización selectiva, la contienda se encauzará hacia una fragmentación ingobernable.
Por el contrario, la consolidación de alianzas de base social con capacidad de fiscalización ciudadana, podría alterar los cálculos del régimen, marcando la pauta de las elecciones generales de 2027. No obstante, los magistrados electos del TSE no son garantía del correcto y legal funcionamiento del juego electoral ya en cierne, ya que la mayoría de ellos tienen vínculos con sectores de interés político y económico, incluso, de intereses extranjeros, tal como sucede en el caso de la magistrada Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo, fundadora de la Asociación Civil de Justicia Guatemala-Israel, premiada y reconocida por esa representación diplomática en Guatemala.
A partir del procesamiento de los hechos y la correlación de fuerzas de la coyuntura, se plantean cuatro escenarios prospectivos no deterministas para los próximos meses.
| Escenario | Condición determinante | Actores favorecidos / perjudicados | Impacto institucional | Probabilidad |
| 1. Dispersión del voto por fraccionamiento de la derecha | Incapacidad de las élites económicas y políticas para acordar candidaturas unificadas; proliferación de partidos como empresa que se alquila para participar con candidaturas. | Favorece a liderazgos populistas de alta permanencia mediática. prácticas corruptas en el Congreso de la República. Perjudica la gobernabilidad del oficialismo y la estabilidad presupuestaria. | Conformación de un Congreso altamente atomizado, ingobernable y dependiente de alianzas coyunturales y de pago de favores. | Alta |
| 2. Asfixia judicial contra la oposición | Uso intensivo de herramientas del Ministerio Público y resoluciones del TSE para vetar candidaturas o partidos políticos incomodos para el régimen. | Favorece al bloque de la derecha tradicional y actores procesados por corrupción. Perjudica a partidos progresistas y de izquierda, y vulnera la legitimidad de las elecciones. | Aumento de la conflictividad social, reactivación de paros territoriales y deslegitimación internacional de las elecciones. | Medio-Alta |
| 3. Consolidación de una bancada popular bisagra | Éxito en la consolidación de planillas únicas del Pacto Democrático e inclusión efectiva de liderazgos indígenas y sociales. | Favorece a las comunidades territoriales, Pueblos Originarios y partidos de izquierda y progresistas. Perjudica a los partidos tradicionales dominantes. | Ingreso de una fuerza parlamentaria con capacidad para bloquear reformas regresivas y reabrir el debate constituyente plurinacional. | Media |
| 4. Intensificación de sanciones e injerencia externa | Aumento de acciones punitivas: revocación de visas, Listas Engel/Magnitsky derivadas de denuncias interpuestas en Estados Unidos. | Favorece asectores que buscan desarticular redes opacas mediante presión externa, líderes y movimientos entreguistas. Perjudica a los actores políticos señalados y a la soberanía nacional. | Reordenamiento forzado de candidaturas de derecha y profundización del discurso de subordinación económica de los bloques que buscan la simpatía de Estados Unidos. | Media |
La encrucijada entre la regresión autoritaria y la articulación amplia
Rumbo a las elecciones generales de 2027, Guatemala se encuentra ante un dilema político decisivo. El inicio anticipado de la contienda demuestra que el sistema político tradicional busca perpetuarse mediante la cooptación de las instituciones de control, el posicionamiento mediático extemporáneo y el recurso sistemático de la criminalización y denuncias espurias. Los escenarios apuntan a un reacomodo de los actores del llamado “Pacto de Impunidad” para tomar el control del Ejecutivo, y reposicionarse tras la salida de Consuelo Porras Argueta del MP y la pérdida parcial de su control, recayendo ahora en la Corte de Constitucionalidad (CC) la tarea.
Esta situación pone en riesgo los cimientos mínimos de la equidad democrática y erosiona la confianza pública en el voto como herramienta de cambio, provocando el otro escenario latente: el del ausentismo.
Frente a este modelo de captura, la emergencia de coaliciones populares y la exigencia ciudadana por una conducción electoral imparcial, representan los principales contrapesos a la cooptación autoritaria y a la estrategia pro corrupción y pro impunidad total del pacto. La posibilidad de encauzar el país hacia una transición democrática sustantiva no dependerá de las promesas vertidas en campañas extemporáneas, sino de la capacidad colectiva para exigir reglas electorales transparentes, frenar la instrumentalización de la justicia y devolver a los Pueblos Originarios y a los sectores populares, el protagonismo en la definición del destino nacional. Todo ello requiere de un proceso de amplia articulación que trasciende el escenario electoral.
