Los Mártires del 89: tercer ciclo de represión para neutralizar e intervenir la USAC
37 años han pasado desde la violenta acción represiva del ejército contra estudiantes y profesores de la Universidad de San Carlos (USAC), ocurrida entre agosto y septiembre de 1989. “Agosto negro”, la efemérides que recuerda el punto de inflexión, la tercera y última ola represiva contra la USAC que condujo a lo que la universidad estatal es hoy día. Cooptada por estructuras de poder político y crimen organizado, la USAC de hoy es reflejo y consecuencia de la violenta acción en su contra realizada durante los gobiernos militares de finales de las décadas de 1970 y 1980, incluyendo también al primer gobierno civil de la llamada era democrática.
Imagen: pintura de algunos de los estudiantes asesinados-desaparecidos entre agosto y septiembre de 1989. Fuente de la imagen: extraída del documental Pintando alas de mariposa al final del arcoíris. Recuperado en: https://www.youtube.com/watch?v=yUSYLMa_tTQ
Diezmar para cooptar
Entre el 21 de agosto y 15 de septiembre de 1989, el estudiantado universitario organizado y la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de la Universidad de San Carlos (USAC), padeció una ola de secuestros y asesinatos. Una operación de inteligencia militar con agentes del Estado Mayor Presidencial (EMP) como protagonistas, ejecutaron lo que además fue una operación psicológica que diezmó a la dirigencia universitaria. De esa manera se inició un largo proceso de cooptación de la USAC hasta llevarla a lo que es hoy día. “Agosto negro” se le llamó a ese período, por los múltiples hechos violentos que ocurrieron en tan corto período de tiempo.
A partir del 21 de agosto de 1989, en menos de una semana, fueron secuestrados los estudiantes y dirigentes estudiantiles, incluyendo de la AEU: Iván Ernesto González Fuentes (21 de agosto), Carlos Ernesto Contreras Conde (22 de agosto), Aarón Ubaldo Ochoa Ramírez (24 de agosto), Mario Arturo de León Méndez (23 de agosto), Hugo Leonel Gramajo López (22 de agosto) y los esposos Víctor Hugo Rodríguez Jaramillo y Silvia María Azurdia Utrera (23 de agosto). El 10 de septiembre de 1989, cuatro de ellos aparecieron muertos: los esposos Rodríguez-Azurdia; el secretario de Finanzas de la AEU, Carlos Leonel Chutá Camey, secuestrado el 8 de septiembre, y el profesor, estudiante y dirigente estudiantil Carlos Humberto Cabrera Rivera, secuestrado el 9 de septiembre. Entre el 11 y 12 de septiembre fueron secuestrados Mario Raúl Lemus Godoy, estudiante de Derecho, y Eduardo Antonio López Palencia, estudiante la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia.
Meses antes, a finales de febrero de 1989, los estudiantes de la USAC: Edín Boanerges Hernández, Aarón Ochoa, Douglas Mazariegos, Luis Ruíz, Mario de León, Héctor Salvatierra, Marco Tulio Ponce Montenegro, William Ligorría, Germán López y Carlos Izquierdo, todos ellos de la entonces Coordinadora Ejecutiva de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) «Oliverio Castañeda de León», y Neftalí López y Enrique Bedoya, de la anterior Coordinadora Ejecutiva, habían sido amenazados de muerte por escuadrones de la muerte que actuaban en Guatemala y, de los cuales, tres comenzaron a conocerse en ese año. El 1° de marzo, hombres armados intentaron allanar el domicilio de Aaron Ochoa, dirigente de la Facultad de Ciencias Políticas e integrante de la entonces Coordinadora Ejecutiva de la AEU.
Los secuestros y desapariciones de estudiantes y profesores universitarios, que persistían desde finales de la década de 1970 como una primera gran arremetida contrainsurgente del ejército, y se profundizaron en 1984 como una segunda ola represiva con el secuestro de integrantes del Secretariado de la AEU y de otros dirigentes estudiantiles de varias unidades académicas, tuvieron su punto culmen en agosto y septiembre de 1989. Una extensa investigación sobre las violaciones a los derechos humanos en la USAC: “En pie de lucha: Organización y represión en la Universidad de San Carlos de Guatemala, 1944 a 1996”, documentó con detalle esas violaciones antes, durante y después de agosto de ese año.
La responsabilidad e impunidad del caso fueron evidentes. Según las conclusiones a las que arribó la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) que documentó el Caso ilustrativo No. 30: Ejecuciones arbitrarias y desapariciones de estudiantes en 1989.
Se:
“(…) llegó a la convicción de que once estudiantes universitarios fueron detenidos arbitrariamente entre los meses de agosto y diciembre de 1989. De ellos seis fueron torturados y ejecutados arbitrariamente, en violación de sus derechos a la vida y la integridad física. Hasta la fecha no han aparecido cinco de las víctimas detenidas, cuyo derecho a la libertad y a la integridad personales fue violado y de quienes, dado el tiempo transcurrido de estar desaparecidas, se presume que fueron ejecutadas arbitrariamente por sus captores, con lo cual ha sido conculcado, además, su derecho a la vida.
La CEH, tomando en cuenta los varios elementos unívocos y concordantes que se llegaron a conocer, presume fundadamente que los estudiantes fueron víctimas de un operativo de inteligencia militar, en el que participaron agentes del Estado o personas que actuaron bajo su protección, tolerancia o aquiescencia.
Entre dichos elementos destacan la calidad de las víctimas, académicos de pensamiento de izquierda o centro izquierda que buscaban la reforma universitaria, activistas en la reivindicación de derechos y el estigma de “subversiva” que se asignó a la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), provocó que se desplegara toda la capacidad de acción del Estado, poniendo en práctica el tradicional modus operandi de sus agentes clandestinos.
El caso ilustra, también, como con la represión contra los dirigentes estudiantiles se pretendía desarticular el movimiento que impulsaba la reforma universitaria promovida por estudiantes, trabajadores y docentes universitarios.”
Parangón con la USAC de hoy
En el contexto que tuvo esa campaña violenta se llevó a concluir que un factor que contribuyó fue el apoyo brindado por la AEU a la huelga magisterial gestada en 1989, que el gobierno de Cerezo Arévalo consideró ilegal. Al mismo tiempo, ocurrían amenazas y despidos injustificados de profesores de la Facultad de Derecho cuyas autoridades estaban estrechamente vinculadas a la administración de la rectoría, en manos en ese entonces de Roderico Segura Trujillo, quien llegó de la mano de la derecha política en 1986, siguiendo la línea de la rectoría anterior de Eduardo Meyer Maldonado.
Sectores estudiantiles señalaron que aquella ola de represión se produjo en contra de sectores estudiantiles muy heterogéneos dentro de la USAC, y destacaba el hecho de que las amenazas y secuestros se dieran en momentos en que se iniciaba la contienda electoral por la rectoría que, en junio de 1990, colocaría a Juan Alfonso Fuentes Soria como nuevo Rector. Años después, en septiembre de 2015, Fuentes Soria será nombrado vicepresidente de la República interino, acompañando al ex emelenista Alejandro Maldonado Aguirre en la Presidencia de la República, para concluir el periodo presidencial, entre septiembre de 2015, y enero de 2016, tras la caída del binomio presidencial del Partido Patriota (PP) encabezado por el general retirado Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti Elías.
Además, la violencia se daba pocos días después que los estudiantes iniciaron una lucha contra las más altas autoridades de la USAC, la cual contemplaba la realización de investigaciones de “corrupción y alineamiento progubernamental” en contra de estos funcionarios, al mismo tiempo que se impulsaba la llamada “reforma universitaria” por sectores estudiantiles.
Según universitarios afectados, planteaban que se trataba de una ofensiva desestabilizadora de la extrema derecha dentro de la que se incluían sectores del ejército de una corriente diferente a la del gobierno. Se recordaba que, en mayo de 1988, había ocurrido una intentona golpista contra el gobierno democristiano de Vinicio Cerezo (enero de 1986 – enero de 1991), la que se replicaría en mayo de 1989, orquestada por los llamados “Oficiales de la Montaña”, militares de corte ultraderechista opuestos al diálogo con las organizaciones guerrilleras que comenzaba a darse en esos años, y que concluiría con los Acuerdos de Paz signados en diciembre de 1996.
No obstante, era claro que la ofensiva contra la USAC que tenía como principales blancos a profesionales, docentes y los liderazgos estudiantiles, como parte de la estrategia militar contrainsurgente de larga data, muy por encima de cualquier gobierno, donde el alto mando militar de la época tenía el control, y la cual había arrancado a finales de la década de 1980 durante el gobierno militar autoritario y genocida de Fernando Romeo Lucas García, con el descabezamiento del Secretariado de la AEU y el asesinato de su Secretario General, Oliverio Castañeda de León, para continuar durante los gobiernos militares de facto y genocidas de Efraín Ríos Montt y Humberto Mejía Víctores que, desde principios de 1984 hasta mayo de ese año, secuestraron, desaparecieron y/o asesinaron a profesionales, docentes y los estudiantes integrantes de la Coordinadora Ejecutiva de la AEU: Carlos Cuevas, Héctor Interiano, Gustavo Castañón e Irma Marilú Hichos, así como a otros dirigentes estudiantiles de varias unidades académicas.
Esa segunda ola represiva continuaría en 1985 con el secuestro de varios estudiantes de Derecho y Ciencias Económicas, así como con la intervención del campus de la USAC por parte del ejército, y tendría un momento culmen en 1989 siendo el Ministro de la Defensa era el general Alejandro Gramajo; el Director de Inteligencia era el general Luis Francisco Ortega Menaldo; y el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el general Manuel Callejas y Callejas.
La ofensiva represiva también buscaba eliminar, en los últimos meses de gobierno democristiano, “el peligro” que representaba el movimiento estudiantil de izquierda y contestatario para el gobierno venidero, pues en enero de 1991 sería electo el derechista y neopentecostal Jorge Serrano Elías del Movimiento de Acción Solidaria (MAS), quien en mayo de mayo de 1993 ejecutó un autogolpe: el “Serranazo”, uno de cuyos objetivos era suspender las negociaciones de paz con la entonces organización político-militar Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
Para agosto de 1989, el jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP) era el general Edgar Augusto Godoy Gaitán, quien estuvo al frente desde 1988 hasta enero de 1991, periodo remarcado por múltiples violaciones a los derechos humanos.
A ese EMP se vinculó a un personaje central de la ofensiva represiva de 1989 contra los integrantes de la Coordinadora Estudiantil de la AEU: Edgar William Ligorría Hernández, mejor conocido como Willy Ligorría. Para aquel momento era presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho (AED), pero, según el Proyecto Interdiocesano «Recuperación de la Memoria Histórica» (REMHI), Ligorría era un agente de inteligencia ligado al EMP infiltrado en la USAC, y fue quien delató a los estudiantes que luego serían secuestrados-desaparecidos-asesinados.
Según el informe REMHI, Ligorría fue investigado por un estudiante quien informó sobre sus fuertes vínculos con una ‘mara’ de la zona 18, cuyos miembros andaban armados; siempre se sospechó que estas maras habían sido formadas por el ejército. Dentro de las sospechas sobre Ligorría fue que siempre anduvo acompañado por 3 ó 4 supuestos «estudiantes de Derecho» que nunca fueron registrados en la Facultad; la forma de ganarse la confianza de ciertos líderes a quienes invitaba a comer a restaurantes caros y al cine; el vestuario que usaba era caro; derrochaba dinero. A pesar de esto, Ligorría mantuvo siempre un discurso revolucionario y había sido captado por la entonces Organización del Pueblo en Armas (ORPA), a la vez que mantuvo contacto con Danilo Rodríguez quien para ese entonces era uno de los principales responsables del trabajo de masas de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) dentro de la URNG.
Cabe recordar que Rodríguez sería, en 2013, uno de los abogados defensores del general Efraín Ríos Montt en el juicio que se le siguió en el “Caso por Genocidio”.
En enero de 1993, Ligorría fue nombrado Jefe de Investigaciones Criminológicas del Ministerio Público (MP) por el recién nombrado Fiscal General, Edgar Tuna Valladares. Un nombramiento que fue cuestionado por no llenar las calidades para el cargo, ya que no era graduado como abogado y había sido acusado de corrupción cuando fue miembro de la Junta Directiva de la AEU en 1989, hecho que le valió la expulsión de esa entidad estudiantil.
En los medios estudiantiles se le responsabilizaba por la violencia en ese año. En el juicio contra el agente de inteligencia del EMP, Noel de Jesús Noel Beteta, por el asesinato de la antropóloga Myrna Mack, Ligorría actuó como testigo a favor de este especialista del ejército. Según la revista Crónica en su edición del 19 de febrero de 1993, en la página 12, Beteta habría sido guardaespaldas de Ligorría.
Fuente de la imagen: Revista Crónica No. 259, 15 de enero de 1993, página 11.
El padre de Ligorría fue Edgar Adalberto Ligorría Cáceres, quien en las décadas de 1960 y 1970 fue agente policial, policía judicial y Jefe de una unidad de la desaparecida Policía Militar Ambulante (PMA), lo que supone ser un factor que habría contribuido a esos nexos de su hijo con la inteligencia militar.
Ligorría, fallecido hace varios años, fue socio del abogado Edwin Estuardo Mayén García, asesinado en septiembre de 2025, un litigante con largo y oscuro historial. Ambos de la misma edad y graduados como Perito Contador con residencia en la Colonia San Rafael en la zona 18.
Ligorría tuvo una hija, la abogada Odra Ligorría Paiz, fallecida en enero de 2026, quien además de ser una asesora en el departamento Jurídico del Congreso de la República, estaba casada con el abogado Carlos Enrique Samayoa Quiñónez, hijo del abogado Carlos Enrique Samayoa Cifuentes, quien fue director general de la desaparecida Policía Nacional (PN) durante los primeros años del gobierno de Serrano Elías.
Además, el cuñado de Ligorría es el abogado Rufino Adolfo Lobos García, ex subdirector de Migración y quien también es Perito Contador, con residencia en la zona 18 y de la misma promoción de Ligorría y Mayén García.
