CGC: el amplio consenso que exigirá resultados al nuevo Contralor

Nota de coyuntura No. 253 / por Luis Solano

Extraordinario, si se quiere, resultó el voto cuasi unánime de los diputados del Congreso de la República dado a Elfego Odair Castañón González, para dirigir la Contraloría General de Cuentas (CGC) en el periodo 2026-2030. De un quórum de 155, haber logrado 154 votos, la mayor cantidad alcanzada para elegir a un Contralor General de Cuentas, profundizó las dudas del tipo de negociaciones que habrían ocurrido días antes. Aunque diputados oficialistas niegan que eso haya ocurrido, al mismo tiempo las tareas venideras demostrarán el tipo de acuerdos que se habrían dado, si es que los hubo.

^{Fuente: Congreso de la República. Recuperado en: https://x.com/CongresoEficie1/status/2107615764798660731}

Amplio consenso

Con el voto sin precedentes de 154 diputados, Elfego Odair Castañón González fue electo nuevo Contralor General de Cuentas para el período 2026-2030. Del quórum de 155 diputados, el único voto en contra fue el de su hermano, el diputado del oficialista partido Movimiento Semilla, Manfredo Duvalier Castañón González, por razones “éticas”; hubo un diputado ausente y cuatro con licencia. Tomará posesión el 13 de octubre para comenzar a dirigir la Contraloría General de Cuentas (CGC), una de las entidades más apetecidas por los llamados poderes fácticos.

Elfego Odair Castañón González es electo nuevo Contralor General de Cuentas, con 154 votos a favor de 155 posibles. El único voto en contra fue el de su hermano, Manfredo Duvalier Castañón González, del Movimiento Semilla. pic.twitter.com/GL2GYxZpug

— El Observador Guatemala (@EObservadorGT) October 6, 2026

Sustituirá a Frank Bode Fuentes en la titularidad de la CGC, quien en 2022 logró 148 votos y fue el “plan b” del gobierno de Alejandro Giammattei Falla y sus aliados en el Congreso de la República. Se recuerda una nota de prensa que destacó que:

“Bode Fuentes fue el segundo candidato que recibió más tachas en el proceso de elección: el señalamiento más crítico apuntaba a sus denuncias ante el Ministerio Público (MP) que lo vinculan con el exsecretario presidencial Gustavo Alejos, financista de la Sandra Torres, ex presidenciable de la UNE. Alejos enfrenta cargos en 5 casos de corrupción. El MP no reportó casos activos en su contra. El actual contralor también fue tachado de fraude de ley en la obtención de títulos académicos, pero presentó descargos que satisficieron y continuó hasta su nominación.”

Como cualquier elección que se da en el Congreso de la República, la de Castañón González no fue la excepción: fue una de tipo política y no técnica. No obstante, se destaca su hoja de vida y uno de los principales cargos que ocupa en la CGC, el de Subcontralor Administrativo,en el que se supone no opera bajo intereses políticos.

Elfego Odair Castañón González

En materia de experiencia en el sector público, actualmente se desempeña como Subcontralor Administrativo en la CGC, cargo que ejerce desde 2024 nombrado por Bode Fuentes; su anterior cargo fue Director de la Dirección Auditoría de Contra Revisiones de la CGC entre 2022 y 2024.

Tiene 14 años de experiencia como contador público y auditor. Especialización Auditoría Financiera, Desempeño y Cumplimiento en Contraloría General de Cuentas. Lleva 13 años de servicio en la CGC, con cargos desempeñados como: Subcontralor Administrativo, Financiero, Director de Auditoría, Subdirector de Auditoría, Inspector Gubernamental, Analista de Expedientes, Supervisor de auditoría, Coordinador de auditoría y Auditor Gubernamental, según reza su hoja de vida en la página oficial de la CGC.

Se le consideraba la carta oficial para el cargo, en parte, por ser hermano del diputado oficialista Castañón González, lo que suponía favoritismo político.

Un consenso sospechoso

Las intenciones de varios diputados por lograr adelantar la elección de Contralor General de Cuentas para el 29 de septiembre pasado, dieron al traste en el marco de presiones políticas, falta de consenso en un candidato único y de comunicaciones públicas de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala. En aquel momento, partidos opositores vinculados al llamado “Pacto de Corruptos e Impunidad” y a Bode Fuentes, buscaban que el actual Subcontralor del Gasto Público, Jorge Giovanni Castellanos Gudiel, fuera elegido, pero esas intenciones fracasaron ese día. Se habló que se trataba de los bloques Cabal, Valor, Vamos, Todos y una facción de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) detrás de la jugada política.

Y tal como se había programado inicialmente, la elección tuvo lugar el 6 de octubre con el candidato que comenzó a sonar que sería el ungido, el subcontralor administrativo, Castañón González; y, aunque éste obtuvo la nota más baja de la lista de seis candidatos y contaba con una tacha en la Comisión de Postulación respectivo, más allá del aspecto técnico pesó lo político en su elección. Lograr la cantidad de votos que al final votaron por Castañon González es prueba de ello. Es el llamado “voto de conveniencia”, luego que el oficialismo lograra en las primeras negociaciones los 81 votos necesarios, la mayoría mínima necesaria.

Según el diputado oficialista, Raúl Barrera, eso fue lo que ocurrió en declaraciones en entrevista a un medio de comunicación. El resto de votos llegó marcado al verse en minoría, lograr una mejor conexión con el Contralor ganador y, mejor “no pelearse con él” en el año electoral que se avecina, donde los finiquitos para aspirantes a cargos de elección popular son clave.

Entre tachas e intereses políticos, se define lista de 6 candidatos a la CGC

Y, aunque siempre se ha exigido que la votación en el Congreso de la República debe ser técnica, en la práctica eso no ocurre por este Poder del Estado un ente político cuya naturaleza y dinámica responde a intereses distintos a los criterios de la Comisión de Postulación.

La pregunta necesaria, entonces, es cómo se logró el voto mínimo necesario para alcanzar la mayoría de 81 diputados. El oficialismo niega que hayan existido negociaciones, sobre todo relacionadas a lo que en pasillos del hemiciclo se rumoraba: fondos extraordinarios para los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES) en las negociaciones que ya trascienden para la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Gastos del Estado Ejercicio Fiscal 2027, el año electoral.

Quedó en el ambiente las observaciones del analista y economista Ricardo Barrientos ofrecidas al diario La Hora en las que mencionó, horas antes de la elección, que las negociaciones podrían incluir un combo que integraría el último decreto para la suspensión temporal de impuestos —un interés de los diputados—, el propio proyecto de Presupuesto 2027, la Junta Directiva del Congreso para 2027, y el principal riesgo identificado en el plan de gastos: un nuevo aporte extraordinario para los CODEDES.

Según Barrientos:

“Se rumora que este podría ser de un monto entre Q5 mil millones y los Q7 mil millones. Un monto a todas luces voluminoso. (…) Entonces, el aporte ordinario que por ley toca de Q5 mil millones, más los Q1 mil 200 que podrían crecer hasta Q5 mil y Q7 mil millones, más Q9 mil millones. Esta suma es la que a nosotros nos hace pensar que si estas negociaciones políticas llegaran a materializarse, en realidad los Codedes podrían tener una asignación de entre Q17 mil y Q20 mil millones para 2027; con normas presupuestarias y de compras y contrataciones de adquisición pública relajadas, ¿verdad? Entonces, ese es el peligro”.

De ser así, cuando empiece a materializarse ese “combo”, se verá el grado de negociaciones que se habría dado.

De retos, desafíos y tareas por cumplir

Entre las primeras decisiones que deberá tomar el nuevo Contralor está la designación de sus cuatro subcontralores de apoyo: de Probidad, Calidad de Gasto Público, Administrativo e Inspector General. Subraya que será en la práctica donde deberá demostrarse la independencia, imparcialidad y autonomía que la ciudadanía espera del cargo. Sobre esos cargos, Castañón González niega que existan presiones para designarlos, y buscará colocar a los mejores auditores en los puestos.

Castañón González fue electo para dirigir una de las entidades más complejas por las múltiples funciones que posee, y por el peso de carga política que conllevan. Por algo está entre los entes públicos más apetecidos por los poderes fácticos, que buscan controlar la estratégica entidad.

En general, la CGC tiene como mandato el control del gasto público por ser el ente fiscalizador de la acción pública y del uso de los fondos públicos. Aunque sus atribuciones están ampliamente definidas en el Artículo 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto No. 31-2002 y sus Reformas, en la práctica se le cuestiona que sirva, más bien, como tramitadora de favores políticos. Ese es el gran desafío que se le presenta al nuevo Contralor General: romper con lo que la CGC se ha convertido.

Una de las grandes tareas de la CGC es fiscalizar entidades gubernamentales y no gubernamentales, lucrativas o no lucrativas que reciben fondos públicos. Es una labor íntimamente ligada con la lucha contra la corrupción e impunidad. Mientras el Contralor responda a intereses políticos, sean partidarios o de los grupos de poder detrás de los partidos políticos que lo eligen, la CGC tiende a incumplir ese mandato. Así se expuso en un reciente evento sobre el tema.

Entre sus funciones, la CGC impone sanciones en el ámbito administrativo, pero no investiga penalmente pues es una función del MP. Sus auditorías abarcan contratos, contrataciones y los procesos debidamente operados, cuando de gasto público se trata. De ahí derivan denuncias penales que deben ser investigadas por el MP.

La CGC debe ser la entidad garante de la calidad del gasto público. Por eso hay un subcontralor de la Calidad del Gasto Público, el cargo de mayor responsabilidad por debajo del CGC, en donde se evidencia el peso de las presiones políticas y una de las grandes debilidades. Ese es el cargo del candidato que los partidos opositores proyectaban como nuevo Contralor General de Cuentas: Jorge Giovanni Castellanos Gudiel, y quien más tachas tenía en la lista de 6 candidatos.

Una de sus tareas, pendientes, claro está, es la evaluación de la pertinencia del gasto, es decir, valorar la calidad del gasto en el sentido si está dirigido a resolver o afrontar las grandes necesidades de la población, o se ha realizado meramente en función política partidaria para acarrear votos. Evaluar la calidad del uso de fondos públicos es un mandato que no se ha ejercido. La medición del impacto y calidad del gasto no se realiza.

Al mismo tiempo, la CGC toma la decisión de habilitar o inhabilitar a algún ciudadano o ciudadana que busca ejercer su derecho a acceder a un cargo de elección popular, a través de los llamados finiquitos. Esa tarea puede tener una alta carga de intereses que puede traducirse en darlos o no a quien más interese. Afectar al enemigo político es algo que ya se ha visto.

Además, la CGC es responsable de recibir y resguardar las declaraciones de probidad, declaración de bienes, activos, pasivos y el balance patrimonial de quien opta a un cargo público, que se actualiza cada año, y cuando alguien deja el cargo público se entrega una declaración final. Esta tarea, incumplida, debe servir para investigar si hubo enriquecimiento ilícito durante el ejercicio del cargo.

Esas funciones son precisamente las que han hecho que la CGC sea objetivo a controlar, por ser uno de los principales estamentos de poder fáctico en el sector público guatemalteco. Es la entidad “que limpia o mancha a alguien que toca fondos públicos”, lo que la hace un objetivo de los más apetitosos para capturarla.

A eso se enfrenta Castañón González, y es lo que le tocará demostrar en su gestión: romper con esas prácticas e incumplimientos, y confrontar con las estructuras montadas a lo interno por administraciones pasadas y los grupos fácticos de poder.