Promesas en el papel, impunidad en la calle: el simulacro del mecanismo de protección que deja sola a la prensa

Nota de coyuntura No. 255 / por Juan Calles

En Huehuetenango, en la lejana frontera norte de Guatemala, el periodista Evelio Lisandro López Sánchez, fue asesinado de 11 balazos; en Ciudad de Guatemala, Marvin del Cid y Sonny Figueroa son hostigados por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y denunciados de graves delitos en su contra; en los tribunales, un acusado de alta corrupción, aun engrilletado, agrede a la reportera Jovanna García por publicar un perfil del acusado. Los y las periodistas ejercen su profesión caminando sobre un delgado cable, sin red de protección.

^{Fuente: Colectivo No Nos Callarán.}

Una profesión de alto riesgo

Informar sobre corrupción, abusos de poder o despojos territoriales, se ha convertido en una profesión de alto riesgo. En noviembre de 2025, la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) publicó la Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 2025-2035 como parte de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que se refiere al acceso a la justicia y señala la falta de acciones que dieran con los responsables del asesinato de un defensor de derechos humanos en 2004.

Ese mecanismo de protección, que contiene un apartado sobre la situación del periodismo en Guatemala, tiene largo camino por recorrer, dado el amplio espectro de actores responsables de ataques contra periodistas y comunicadores sociales, y las múltiples raíces identificadas en el documento, en un contexto en donde el desconocimiento de la existencia de esa política, aflora. Las personas consultadas para elaborar esta nota aseguraron no conocer el mecanismo y su funcionamiento, y queda en el aire las respuestas a las necesidades de protección de periodistas, no obstante, haber sido pública la presentación de la política por medio del Ministerio de Gobernación (MINGOB), y la variedad de estrategias, líneas de acción que contiene y las instituciones responsables por darla a conocer y aplicarla.

La radiografía de esta debilidad institucional histórica, tiene dos caras tan complementarias como aterradoras: el asesinato de periodistas en los territorios que quedan en la impunidad, como el de Evelio López Sánchez del que aún se desconoce la autoría; y el de comunicadores que sufren el asedio sistemático, el hostigamiento judicial y el acoso digital contra periodistas como Marvin del Cid y Sonny Figueroa.

Esta coyuntura desnuda una verdad incómoda: el Estado no solo ha fracasado en su obligación de proteger a la prensa, sino también es partícipe a través de sus estructuras judiciales y de seguridad, de agresiones contra el periodismo crítico.

^{Fuente: Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 2025-2035.}

Los casos como síntoma, no como excepción

Los casos más recientes de agresiones y violencia en contra de periodistas reflejan la extrema vulnerabilidad de la labor informativa en todo el país. Como bien señaló Artur Romeu, director de Reporteros Sin Fronteras (RSF) para América Latina, en el contexto del asesinato del periodista Ismael Alonzo González, en marzo de 2025 en Quetzaltenango:

“(…) a pesar de las expectativas de cambio político en el ejecutivo, el periodismo en Guatemala sigue siendo una profesión de alto riesgo donde la vida de los comunicadores carece de salvaguardas reales.”

Ante este panorama de hostigamiento y los vacíos en los instrumentos operativos, el gobierno ha intentado articular respuestas a través de la PPPDDH anunciada hace poco menos de un año, aunque el gremio periodístico sigue advirtiendo que los mecanismos específicos de prevención y reacción rápida, continúan sin materializarse de forma efectiva en los territorios.

Estos crímenes no son accidentes ni hechos delictivos aislados; son parte de un patrón de impunidad crónica donde los homicidios contra periodistas rara vez arrojan resultados sustantivos o investigaciones científicas que den respuesta y procuren justicia para las víctimas y sus familias.

En paralelo, el hostigamiento sistemático contra periodistas de investigación como Marvin del Cid y Sonny Figueroa, quienes han enfrentado campañas de desprestigio, vigilancia y la amenaza constante de la instrumentalización de la justicia, demuestra que la censura moderna ya no siempre requiere de una bala. Según los registros de la Red Rompe el Miedo Guatemala, en 2024 se documentaron 77 casos de violencia que sumaron un total de 152 agresiones, destacando el acoso digital, las amenazas legales y los bloqueos informativos. Una información que también fue replicada en el informe más reciente de la Red de Periodistas Centroamericanos.

El sistema de protección: diseño, promesas y realidad

Sobre el papel, el discurso oficial ha intentado mostrar apertura. Con la llegada de la administración de Bernardo Arévalo de León se asumieron compromisos puntuales:

• Aprobar una PPPDDH.
• Crear un mecanismo específico para periodistas.
• Reactivar instancias de análisis de patrones de agresión en el Ministerio de Gobernación (MINGOB); y,
• Atender el exilio.

Incluso, el propio presidente firmó la Declaración de Chapultepec en noviembre de 2024, asegurando que se trataba de un compromiso firme para garantizar la libertad de expresión.

Sin embargo, la realidad operativa deja en duda la retórica oficial. Al cierre del primer año de presentado el mecanismo de protección, los y las periodistas que han sufrido agresiones mencionaron que no conocen el mecanismo, o que no ha sido funcional.

La Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) sigue estancada, la comunicación con periodistas es conflictiva y carece de resultados tangibles, y algunos de los comunicadores/as exiliados/as no encuentran condiciones reales ni voluntad política efectiva para retornar con garantías dado los múltiples cargos que el Ministerio Público (MP) les dejó cuando fue dirigido por Consuelo Porras Argueta.

Por ejemplo, está el caso de Juan Luis Font, así como el de Jose Rubén Zamora cuyo encarcelamiento y los procesos abiertos en su contra han sido considerados como emblemáticos de persecución penal contra el periodismo independiente, especialmente contra medios y periodistas que investigan corrupción, abusos de poder y violaciones de derechos humanos.

Según Makrina Gudiel, de la Unidad de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (UDEFEGUA), el MINGOB y la COPADEH tienen disponible el número de teléfono de emergencias 1543 para que las personas que se encuentren en riesgo puedan denunciar. Además, comentó que el 13 de octubre se habilitaría un chatbot, es decir, un asistente virtual para atender las denuncias de las personas afectadas.

Respuesta del Estado: entre el silencio, la burocracia y la criminalización

La responsabilidad institucional en la problemática de la libertad de prensa es alarmante cuando se analiza el papel del sector justicia. Informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señalaron en su momento, con preocupación, que una parte medular de las agresiones provinieron de actores estatales, específicamente del MP bajo la administración de Porras Argueta.

La instrumentalización del sistema penal para amedrentar a la prensa independiente no es una hipótesis, sino un modus operandi documentado en casos emblemáticos de persecución y criminalización, tal como ya se mencionó, el encarcelamiento arbitrario del director del extinto diario elPeriódico, Jose Rubén Zamora, pues, aunque recuperó su libertad tras años de prisión preventiva y prolongadas arbitrariedades procesales(que aún persisten, quedó al descubierto cómo el derecho penal se utiliza para fabricar delitos, destruir empresas periodísticas y enviar un mensaje aleccionador a cualquier voz disidente.

A esto se suman las limitaciones deliberadas en el acceso a la información pública. Decisiones judiciales como la de la Corte de Constitucionalidad (CC), que en junio de 2024 clasificó como reservada por siete años la información sobre el uso de recursos públicos y vehículos blindados de sus magistrados tras una investigación del medio Vox Populi, demuestran que los contrapesos del Estado están blindados contra la transparencia. La opacidad institucional y los intentos recurrentes de la Contraloría General de Cuentas (CGC) por reservar informes de fiscalización, confirman que el secreto oficial ha sido la herramienta preferida para blindar la corrupción.

Impunidad y mensaje a otros periodistas

El impacto acumulado de esta arquitectura de hostigamiento es devastador para el gremio periodístico. Cuando crímenes como los descritos en esta nota quedan sepultados en la impunidad, el Estado emite un mensaje implacable: informar y fiscalizar los poderes locales o los intereses del crimen organizado se paga con la vida.

Para los periodistas que enfrentan campañas de desprestigio, acoso digital y amenazas de querellas, y los equipos de medios comunitarios y alternativos que luchan por ser reconocidos, el resultado directo es el desgaste profesional, el exilio forzado o la autocensura. Tal como documentan los informes regionales, periodistas se han visto obligados a abandonar el país o a desplazarse internamente, enfrentando en el exilio una precarización económica alarmante ante la ausencia de redes de apoyo sostenidas.

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La autocensura se instala, así como un mecanismo instintivo de supervivencia: se deja de investigar el narcotráfico, los despojos territoriales, los pactos de corrupción municipal y los abusos de las élites extractivas porque se sabe, con absoluta certeza, que el sistema de justicia no protegerá al mensajero.

Agredidas al informar, solas al buscar justicia

Para las periodistas Jovanna Mariám García Contreras (Jovanna Garcon) y Jessica Patricia Ruano Gramajo (Jessica Gramajo), la vulnerabilidad no termina cuando cesa una agresión. Continúa al presentar una denuncia que no prospera al buscar respaldo, en un medio que desaconseja acudir a la justicia o al descubrir que la solidaridad del gremio depende de las relaciones personales.

Sus testimonios describen una desprotección que rebasa la actuación del Estado: también cuestionan la precariedad de los medios, los compadrazgos y la violencia machista dentro del periodismo. Aunque ambas mencionan apoyos puntuales, éstos no se tradujeron en una respuesta sostenida frente a las agresiones que relatan.

A Jovanna García, denunciar no le devolvió la seguridad. Entre 2020 y 2024, relata tres episodios de agresión mientras realizaba coberturas periodísticas. El primero ocurrió durante las protestas del 28 de noviembre de 2020 contra el presupuesto: un desconocido la golpeó en el cuello con una vara de metal y le provocó una lesión. En 2023, durante el paro nacional frente al MP, un grupo de choque que amenazaba con palos golpeó su celular, aunque no llegó a golpearla. En diciembre de 2024, mientras cubría una audiencia del caso B410, el principal acusado, aun estando engrilletado, se abalanzó sobre ella y le golpeó el rostro.

Solo denunció el último episodio. La agresión directa y la peligrosidad que atribuía al acusado la llevaron a acudir a la Fiscalía de Delitos contra Periodistas. Sin embargo, según su testimonio, allí le indicaron que, al no presentar una lesión visible ni haber quedado incapacitada por más de 24 horas, el hecho no podía llevar a un proceso penal, sino a uno civil.  Esa fue, de acuerdo con García, la respuesta institucional que recibió tras ser golpeada durante su trabajo.

Le ofrecieron seguridad perimetral y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) visitaron varias veces su vivienda, pero recuerda esas visitas como una repetición de preguntas: qué había sucedido, de dónde conocía al agresor y si ella le había hecho algo. Su respuesta era siempre la misma: estaba trabajando como periodista y ni siquiera se había dirigido a él. Había participado en una publicación y un video del medio digital eP Investiga sobre el acusado, pero desconoce si ese trabajo permitió que él la reconociera.

Mientras el trámite avanzaba comenzaron los hostigamientos telefónicos. Personas desconocidas le anunciaban entregas de paquetes que no había solicitado; en una ocasión le preguntaron: “¿Usted es Jovanna la periodista?”.Las llamadas aumentaron su temor y la hicieron sospechar que los datos de su domicilio proporcionados durante la denuncia podían haber sido filtrados. Su relato no demuestra que el MP hubiera divulgado esa información, pero sí muestra que acudir a las autoridades no le devolvió la sensación de seguridad.

Finalmente, acompañada por sus abogadas, desistió de la denuncia. Según explica, en el memorial señalaron que el MP no había realizado las diligencias debidas. El impacto, en cambio, persiste. La agresión de diciembre y el acoso en redes sociales afectaron su salud mental y contribuyeron a que dejara su trabajo como reportera. Afirma que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) nunca se involucró y cuestiona la falta de una respuesta adecuada, tanto frente a la violencia contra periodistas como frente a la violencia de género.

Jessica Gramajo: el respaldo condicionado por pertenecer al grupo Jessica Gramajo afirma que, en 26 años de trayectoria, acudió al sistema de justicia solamente dos veces para denunciar agresiones. En ambas ocasiones, sostiene, la Fiscalía desestimó sus denuncias. En otros momentos fueron los propios medios los que le pidieron no acudir: le decían que no era necesario y que, al final, nada ocurriría. Ante ese panorama, tuvo que tomar sus propias precauciones y asegura no conocer el sistema de protección.

^{Imagen: periodista Jessica Gramajo del medio digital Soy 502. Fuente: Soy 502.}

Su relato incluye amenazas, ataques en redes e intentos de sacarla de la carretera. Sin embargo, recuerda que solo uno de esos episodios recibió atención mediática, y no por iniciativa del medio para el que trabajaba, otro lo hizo público. Esa exposición obligó a su empleador a involucrarse. La falta de visibilidad aparece, así como otra forma de aislamiento frente al riesgo.

Para Gramajo, el problema no está únicamente en las instituciones. También está en un gremio donde, según denuncia, el respaldo depende de caerles bien a jefes y colegas. Observa que los ataques contra periodistas de determinados círculos provocan publicaciones y comunicados, mientras que las amenazas contra quienes quedan fuera de esos grupos pasan desapercibidas. “No solo es el sistema de justicia el malo, también el sistema de compadrazgos”, afirma.

Su crítica no borra los apoyos que sí recibió. Reconoce que Prensa Libre y Soy 502 le proporcionaron abogados cuando otras personas presentaron denuncias contra ella. Pero también relata que, al salir de PL mientras uno de esos procesos seguía abierto, el medio retiró el respaldo y ordenó al abogado no continuar.

Gramajo señala, además, una violencia que proviene de sus propios compañeros: las insinuaciones de que una periodista obtiene información mediante relaciones sexuales con sus fuentes. En su testimonio, esos señalamientos machistas se suman a la exclusión gremial y a las barreras laborales que enfrenta quien piensa o actúa de manera distinta a la llamada “élite” periodística. La vulnerabilidad no procede sólo de quienes amenazan desde fuera; también de quienes desacreditan desde dentro.

El laberinto sin salidas aparentes

La coyuntura actual de la libertad de prensa en Guatemala revela la persistencia de un pacto de impunidad estructural donde los cambios formales en el Ejecutivo chocan contra la solidez de los poderes fácticos y la cooptación de las instituciones de justicia. Un sistema de protección que no protege, un MP que investiga a los críticos en lugar de a los corruptos, y un marco legal moldeado para castigar el disenso, configuran un escenario de altísima vulnerabilidad democrática.

Si el Estado guatemalteco no asume una voluntad política real para desmantelar las redes de hostigamiento, depurar los operadores de la persecución penal y dotar a la protección de los comunicadores de recursos, autonomía y efectividad, el periodismo independiente continuará siendo golpeado por la vía del silencio o del exilio.

La pregunta que queda abierta para la sociedad guatemalteca es evidente: ¿Cuántas voces silenciadas y cuántos crímenes en la impunidad soporta una democracia antes de disolverse por completo en la penumbra del autoritarismo?