A treinta años de los Acuerdos de Paz, la institución policial sigue secuestrada
Nota de coyuntura No. 259 / por Juan Calles
Treinta años después de la firma de los Acuerdos de Paz, un hito histórico concebido para desmilitarizar la seguridad interior y fundar una Policía Nacional Civil (PNC) profesional, democrática y respetuosa de los derechos humanos, Guatemala tiene una institución policial que atraviesa una de las crisis más profundas y alarmantes de su historia reciente.
Fuente de la imagen: El Observador.
El origen histórico y el estancamiento estructural: la visión de control político
Los asesinatos del abogado Juan Francisco Solórzano Foppa y de Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, y las detenciones anómalas de los hermanos Choc Toz, hechos ocurridos el pasado 17 de octubre, han repercutido sobremanera en el Ministerio de Gobernación (MINGOB), un año después del relevo de las máximas autoridades de esta cartera que en ese momento era dirigida por Francisco Jiménez, a raíz de la fuga de 20 reos integrantes del Barrio 18, hecho que aún no ha sido esclarecido en su totalidad.
Las destituciones del director general de la Policía Nacional Civil (PNC), David Estuardo Custodio Boteo, y del subdirector general de operaciones, Esvin Gaspar Jacinto Quiché, semana y media después de los asesinatos de Solorzano Foppa y Aguilar Gamarro, y un año después de la fuga de los reos que ya se mencionó, no han sido simples relevos administrativos: son el síntoma inocultable de un reacomodo de fuerzas oscuras, de la infiltración del crimen organizado y de la pugna por blindar intereses políticos sectoriales que buscan desestabilizar la gestión del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, y hasta alcanzar al Ejecutivo encabezado por Bernardo Arévalo de León y cuestionar su gestión.
¿Cómo se llegó a esta situación límite? Para comprender la descomposición actual de la PNC es indispensable analizar los factores estructurales, las inercias del pasado y los sabotajes legales recientes que han impedido consolidar una policía moderna y eficaz.
Para comprender la fragilidad actual de la PNC es necesario mirar hacia sus raíces. Desde la época de Justo Rufino Barrios y a lo largo de las dictaduras militares y el conflicto armado interno (CAI), los cuerpos policiales fueron concebidos no para garantizar la seguridad ciudadana, sino para custodiar los bienes de la clase económica dominante y actuar como un brazo operativo y clientelar del poder político de turno.
El Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) y su colección de informes es una fuente fundamental para comprender ese pasado.
En septiembre de 2026 se graduó una nueva promoción de agentes de PNC, entre ellos, 759 mujeres; al finalizar la ceremonia oficial, hubo rezos y agradecimientos. Foto: RRSS de la PNC.
Al respecto, Helen Mack Chang, reconocida activista de derechos humanos, y ex comisionada presidencial para la reforma policial en 2011, advierte con contundencia sobre esta falencia histórica en un documento analítico elaborado por Leonardo Martínez con el apoyo de PCON-GIZ, durante la administración de Álvaro Colom Caballeros (enero 2008 – enero 2012) y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE):
“Esta visión y cultura histórica explican por qué la institución sigue percibiéndose como un botín político de financiamiento o control territorial, moviéndose según intereses y lealtades coyunturales, en lugar de consolidarse como una auténtica institución de Estado”.
Aunque los Acuerdos de Paz intentaron separar las funciones del ejército y la policía mediante un pacto político, la reforma policial se estancó debido a que nunca se instituyó una Escuela de Oficiales de Policía, con educación superior o técnico-profesional capaz de formar y graduar a los futuros líderes y mandos medios, tal como ocurre en otras naciones de la región.
Entrevistada por El Observador, Mack indica que:
“No se puede ignorar que los grupos de poder económico y político han preferido históricamente una policía débil, penetrable y sujeta a intereses particulares, antes que una fuerza autónoma y sólida sujeta al Estado de Derecho que pudiera fiscalizar los poderes fácticos y las economías ilícitas.”
El origen inmediato del colapso está en las decisiones de la CC
A esta deuda histórica se suma un andamiaje de obstrucciones jurídicas recientes diseñadas para debilitar el control civil y la capacidad analítica del Estado.
Un caso paradigmático citado en la columna de opinión de Carmen Rosa de León, publicada por eP Investiga titulada:“Las zancadillas a la inteligencia policial”, detalla cómo en febrero de 2025, la anterior Corte de Constitucionalidad (CC), a raíz de una acción impulsada por el diputado Ronald Yonelfy Portillo Cordón, suspendió disposiciones clave de la nueva Ley de la PNC, Decreto 35-2024.
Entre las normas frenadas figuraban la creación de una Dirección de Inteligencia Policial y su articulación con el Sistema Nacional de Inteligencia. Al cortocircuitar la inteligencia policial, se dejó a la institución a ciegas frente al avance del crimen organizado y se facilitó la persistencia de la impunidad.
Esta porosidad institucional facilita que las redes criminales penetren la cadena de mando y las subestaciones mediante incentivos perversos, corrupción cotidiana y control territorial, dejando a los agentes en condiciones infrahumanas y de abandono por parte de las altas cúpulas.
La CC, por medio de un comunicado de prensa, informa sobre su decisión de amparar al diputado Ronald Portillo, suspendiendo los artículos de la ley de la PNC referentes a la inteligencia policial. Recupardo en: https://cc.gob.gt/wp-content/uploads/2025/02/com-002-2025.pdf
Hechos y situaciones que muestran la decadencia de la PNC
Está claro que la actual Policía Nacional Civil (PNC) enfrenta un complejo escenario de seguridad ciudadana, atravesado por tres problemáticas que están conectadas, pero que no son lo mismo.
En primer lugar, destaca la penetración criminal evidenciada por la participación activa de algunos agentes en redes de narcotráfico, tráfico de personas, extorsión y la protección de estructuras delictivas.
A ello se suma una profunda debilidad institucional que se manifiesta en la incapacidad operativa para controlar lo que sucede en las comisarías, prevenir fugas masivas, salvaguardar la integridad de sus propios elementos, y ejercer plena autoridad en territorios dominados por organizaciones criminales.
El panorama se completa con la persistencia de la corrupción y los abusos policiales, reflejados en cobros de sobornos, falsificación de procedimientos, posibles montajes de pruebas, robos y el uso arbitrario de la fuerza.
Si bien en algunos casos la complicidad policial ha quedado plenamente documentada a través de capturas e investigaciones judiciales concretas, en muchos otros escenarios subsisten múltiples denuncias y procesos judiciales que permanecen abiertos.
Conología de los principales hechos durante los últimos tres años relacionados con la PNC
| Fecha | Hecho documentado | ¿Qué revela sobre la PNC y el aparato de seguridad? |
| Febrero de 2024 | Disolución de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (DIPAFRONT). La DIPAFRONT fue disuelta tras denuncias de corrupción relacionadas con agentes que facilitaban el tránsito irregular de personas a cambio de dinero. | La corrupción alcanzaba unidades especializadas cuya función era precisamente controlar fronteras y combatir actividades ilícitas transnacionales. |
| 14 de abril de 2024 | Agentes de la Comisaría 13 detenidos por exigir sobornos. Dos policías fueron capturados luego de una denuncia por solicitar dinero a cambio de no efectuar un procedimiento policial. | Evidencia de la utilización del poder policial para obtener beneficios económicos particulares. |
| 1 de octubre de 2024 | Operación Virtus: 25 policías vinculados a una red de tráfico de personas. Fueron capturados 23 agentes activos y dos retirados, junto con civiles, por su presunta participación en una estructura de tráfico de migrantes. Los policías facilitaban el traslado de personas entre departamentos, permitiendo el paso de autobuses a cambio de pagos. | Es uno de los casos más contundentes de penetración criminal documentada: agentes encargados de perseguir delitos participaban presuntamente en una estructura que lucraba con el tráfico de personas. |
| 12 de octubre de 2025 | Fuga de 20 integrantes del Barrio 18 de Fraijanes II. 20 privados de libertad de alta peligrosidad escaparon del centro penitenciario. Las investigaciones del Ministerio Público (MP) señalaron que las cámaras de vigilancia habían sido manipuladas. Posteriormente, fueron capturados 26 guardias penitenciarios por su presunta colaboración en la evasión. Una fuga que no ha sido esclarecida en su totalidad, a un año después. | Aunque la administración penitenciaria depende del Sistema Penitenciario y no directamente de la PNC, el episodio exhibió la capacidad de las estructuras criminales para corromper o neutralizar los mecanismos de seguridad del Estado. También dejó en evidencia las fallas de coordinación y control del Ministerio de Gobernación. |
| 17 y 18 de enero de 2026 | Motines simultáneos y toma de rehenes en tres cárceles. Integrantes del Barrio 18 tomaron el control de Renovación I, Fraijanes II y el Preventivo de la zona 18. Tras la recuperación de las cárceles, se produjeron ataques coordinados contra policías en distintos puntos del país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó nueve agentes fallecidos. Otros balances oficiales posteriores reportaron 11. | Las estructuras criminales demostraron capacidad para coordinar acciones desde los centros penitenciarios y ejecutar represalias contra las fuerzas de seguridad. La crisis obligó al Gobierno a decretar estado de sitio durante 30 días. |
| 27 de septiembre de 2026 | Muerte de ocho personas en Huité, Zacapa. Un hecho armado dejó ocho personas fallecidas. La PNC informó que dos agentes acudieron al lugar y encontraron a personas que aseguraban desarrollar una operación militar. El caso involucró señalamientos sobre una posible operación contra Haroldo Lorenzana Terraza, alias Haroldito, vinculado a la estructura de narcotráfico de los Lorenzana. El presidente Bernardo Arévalo de León ordenó una comisión para esclarecer los hechos, que todavía no evidencia resultados. | El episodio plantea interrogantes sobre la capacidad de inteligencia, coordinación y respuesta de las fuerzas de seguridad frente a estructuras armadas vinculadas al narcotráfico. No obstante, no demuestra por sí mismo complicidad de la PNC en los asesinatos. |
| 17 al 27 de octubre de 2026 | Caso Juan Francisco Solórzano Foppa y los hermanos Choc Toz. Tras el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, la PNC capturó a los hermanos Choc Toz, quienes posteriormente quedaron libres por falta de mérito. La institución reconoció nueve anomalías en el procedimiento de captura y traslado. Siete agentes de la Comisaría 13 fueron detenidos por su presunta participación en irregularidades, incluidos posibles delitos de abuso de autoridad, simulación de delito, obstaculización a la acción penal y traslado ilegal de armas. | El caso puso bajo cuestionamiento la cadena de mando, los protocolos de captura, la integridad de los procedimientos policiales y la confiabilidad de las pruebas presentadas por los agentes. También provocó cambios en la cúpula policial. Las investigaciones continúan. |
Los fuertes cuestionamientos a la cúpula policial por colusión criminal y presiones políticas que más parecen estar orientadas a forzar la salida del actual ministro Marco Antonio Villeda Sandoval, culminaron con la destitución del director Custodio Boteo, y del subdirector Jacinto Quiché, reflejando una pugna encarnizada por el control de la fuerza pública.
El profundo daño a la sociedad guatemalteca
La crisis terminal de la PNC trasciende el ámbito estrictamente administrativo: constituye una tragedia nacional que vulnera de manera directa el tejido social de Guatemala.
Una sociedad que, tras 30 años de promesas democráticas, sigue viendo a su policía penetrada por el crimen organizado y utilizada para proteger intereses sectarios o presiones golpistas, es una sociedad desamparada.
Como bien advierten la radiografía institucional y el análisis de referentes de derechos humanos como Helen Mack, el fracaso en construir una carrera policial basada en la meritocracia y la doctrina de servicio civil, ha convertido a la PNC en un botín político.
El daño a la población es devastador: se destruye la confianza ciudadana, se normaliza el miedo y se hipoteca el futuro democrático del país. Si el Estado guatemalteco no asume una refundación profunda que supere el cortoplacismo y rescate la institucionalidad policial, la paz social seguirá siendo una promesa vacía sepultada bajo los escombros de la violencia.
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