Guatemala, el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal y la COP16 en Cali, Colombia
Nota de Coyuntura No. 54 / por Marco Fonseca
Durante el gobierno de Alejandro Giammattei Falla y el partido Vamos, Guatemala estuvo entre los 196 países que adoptaron el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (COP15), Montreal, Canadá, en diciembre de 2022. Este marco establece una ambiciosa hoja de ruta para construir un mundo que viva en armonía con la naturaleza, y se adoptó 30 años después de la adopción de la Convención sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas de 1992 a la que Guatemala se suscribió el 13 de junio de ese año, y la cual fue ratificada por el Decreto 5-95 del Congreso de la República. Ahora que la COP16 se está llevando a cabo en Cali, Colombia, del 21 de octubre al 1 de noviembre, las delegaciones participantes están examinando el progreso que ha hecho bajo el lema de “Paz con la naturaleza”.
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Implementando el Marco Mundial de Biodiversidad
En seguimiento de lo que requiere el Marco Mundial, el 13 de agosto de 2024 Guatemala sometió en línea sus metas nacionales. Debemos preguntarnos, sin embargo, lo que contienen esas metas nacionales y evaluarlas no solo a la luz de los desafíos sociales, ambientales y ecológicos que enfrenta Guatemala en el presente y en el futuro cercano, sino también a la luz de la grave y triste realidad que el planeta como un todo está atravesando: la sexta extinción masiva de especies. Consideremos que, como ya lo hemos examinado en otros trabajos, la economía política agroexportadora de Guatemala es, de hecho, parte de un problema global muy crítico:
“[E]l 40% de toda la tierra ha sido convertida para la producción de alimentos. La agricultura también es responsable del 90% de la deforestación global y representa el 70% del uso de agua dulce del planeta, alterando de manera importante los hábitats y devastando las especies que viven en esos lugares”.
Esa producción de alimentos proviene “predominantemente” de la agroindustria global de alimentación; no es para alimentar a las grandes masas de población desposeídas y con hambre del planeta, sino se enmarca dentro de la lógica del agronegocio capitalista, es decir, son “alimentos” que se derivan de los monocultivos de soja, palma aceitera, y caña de azúcar principalmente, que han invadido el mundo.
De acuerdo con el Marco Mundial de Biodiversidad, la implementación de las metas nacionales debe estar guiada y apoyada por un paquete de decisiones también adoptadas en la COP15, que incluyen:
“[U]n marco de monitoreo (Decisión 15/5), un mecanismo mejorado para la planificación, monitoreo, presentación de informes y revisión de la implementación (Decisión 15/6), un plan para la movilización de recursos (Decisión 15/7), marcos estratégicos para el desarrollo de capacidades y la cooperación técnica y científica (Decisión 15/8), y un acuerdo sobre información digital sobre secuencias de recursos genéticos (Decisión 15/9)”.
Interesa en esta nota de coyuntura, la decisión sobre “construcción de capacidades” y “desarrollo” (15/8) que “deben ser implementadas de acuerdo con las prioridades y capacidades nacionales”, particularmente en lo que concierne a Pueblos indígenas, mujeres y juventud.
Los países adoptaron esta decisión como parte de:
“…el marco estratégico de largo plazo para la creación y el desarrollo de capacidades a fin de apoyar las prioridades determinadas por las Partes en sus estrategias y planes de acción nacionales sobre diversidad biológica para la aplicación del Marco Mundial de Diversidad Biológica de Kunming-Montreal”.
Para efectos de implementar esta decisión con impacto directo en materia de capacidades y desarrollo, el Marco Mundial de Biodiversidad:
“[I]nsta a las Partes e invita a otros gobiernos a identificar y priorizar las necesidades de creación y desarrollo de capacidades, en asociación con los pueblos indígenas y las comunidades locales, y con la participación de las mujeres y los jóvenes y otros interesados pertinentes, para integrar los componentes de creación y desarrollo de capacidades en sus estrategias y planes de acción nacionales sobre diversidad biológica, actualizándolos al mismo tiempo de conformidad con el Marco Mundial de Diversidad Biológica Kunming-Montreal”.
El problema está en las relaciones de poder, el nivel de desarrollo de la sociedad civil, la capacidad de los movimientos sociales para participar, la preparación de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, la inclusión de las mujeres y la juventud. Estos son los problemas crónicos del subdesarrollo en Guatemala empeorados por la aplicación agresiva del neoliberalismo a partir del gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000) y el Partido de Avanzada Nacional (PAN).
Como parte de las debilidades institucionales de Guatemala, el nivel de desarrollo académico del país, sobre todo en el sector público, es muy bajo, corrupto y crecientemente orientado a las profesiones lucrativas como las demanda el mercado político o laboral existente. El Marco llama a las…
“…universidades y otras instituciones académicas para desarrollar e integrar cursos y programas académicos especializados y transdisciplinarios en sus planes de estudio y/o ampliar y fortalecer los existentes, generar y compartir nuevos conocimientos e implementar programas de educación continua para apoyar el Marco Mundial de Diversidad Biológica Kunming-Montreal con la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y las comunidades locales, las mujeres y los jóvenes”.
Como uno de los principales centros de creación de capacidades y conocimientos alternativos y críticos para el desarrollo: ¿Cuánto de esto ha sido implementado en la única universidad pública de Guatemala? ¿Cuánto de esto se está volviendo ya parte del acervo cultural, pedagógico y ambiental del país?
Guatemala llega a la COP16, entonces, dramáticamente rezagada no solo en el cumplimiento del Marco Mundial sino también, en el diseño e implementación de políticas que cumplen con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), a la vez que los desafíos ambientales y ecológicos que enfrenta el gobierno de Arévalo y Herrera en el periodo 2024-2028 son enormes.
Retrasos en desarrollo y capacidades, y divisiones regionales en la lucha contra la extinción de especies y ecosistemas
El Marco Mundial ya había invitado…
“…a los equipos regionales del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y las comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas a iniciar y facilitar la coordinación y la aplicación sinérgica de intervenciones de creación de capacidad y desarrollo en apoyo del Marco Mundial para la Diversidad Biológica de Kunming-Montreal”.
¿Pero, en dónde podemos ver estas articulaciones “sinergéticas” de intervenciones de creación de capacidad y desarrollo en Guatemala, de modo que todo mundo tenga consciencia y sea partícipe activo/a de ello?
El Marco también invita a las:
“Partes e invita a otros gobiernos a establecer entornos propicios, incluidas políticas, legislación e incentivos pertinentes, para promover y facilitar la cooperación científica y técnica con otras Partes, en particular las Partes que son países en desarrollo, incluso mediante programas conjuntos de investigación y empresas conjuntas para el desarrollo de tecnologías pertinentes a los objetivos del Convenio, asegurando la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y las comunidades locales, las mujeres y los jóvenes”.
Sin embargo, como lo estamos viendo en la COP16 que se está llevando a cabo en Cali, Colombia, los países del Triángulo Norte de Centroamérica “trabajan juntos pero negocian solos en la COP16”. No hay estrategias coordinadas ni “programas conjuntos de investigación y empresas conjuntas para el desarrollo de tecnologías pertinentes a los objetivos del Convenio” y, mucho menos, que aseguren “la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y las comunidades locales, las mujeres y los jóvenes”.
Parte del meollo de esto es los siguiente:
“De acuerdo con José Luis Echeverría, director de Valoración de la Diversidad Biológica del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) de Guatemala e integrante de la delegación oficial de ese país, no hay ninguna posición conjunta de Centroamérica en esta COP, por lo que ese rol ha sido delegado al Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC), que es un grupo de concertación de posturas entre todos los países de la región pero que no es vinculante”.
Aunque el gobierno de Arévalo de León y Herrera Aguilar es todavía muy joven y no tiene la responsabilidad política o histórica por la falta de una articulación amplia, democrática e inclusiva en torno al medio ambiente y la biodiversidad, es problemático para el Estado de Guatemala como tal, y más particularmente para los pasados gobiernos de Álvaro Colom Caballeros, Otto Pérez Molina, Jimmy Morales Cabrera y Alejandro Giammattei Falla, que no haya todavía un nivel de participación indígena al mismo nivel que la participación no indígena y, sobre todo, al nivel de la empresarial.
Hoy, la responsabilidad mayor por la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad recae sobre Igor de la Roca Cuellar, un ingeniero agrónomo en Recursos Naturales Renovables egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), quien cuenta con un Postgrado en la Escuela de Negocios Tayasal, que cambió de nombre a UNIS Business School de la Universidad del Istmo (UNIS) -vinculada estrechamente a la corriente católica Opus Dei-, y una maestría en “Economía y Administración de Empresas Agrícolas” por la Universidad del Valle (UVG). De la Roca Cuellar ha estado participando en cuestiones de biodiversidad, áreas protegidas y crisis climática desde hace más de 30 años, y se perfila en la plataforma LinkedIn como “Especialista en Cambio Climático, REDD+ y Áreas Protegidas”, exconsultor para la firma Mirova Natural Capital Limited, ex Coordinador del Programa de Naciones Unidas (PNUD), y exviceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático bajo el corto gobierno de Alejandro Baltazar Maldonado Aguirre, entre septiembre de 2015 y enero de 2016. Pero, de la Roca Cuellar solo asumió el cargo de Secretario Ejecutivo del CONAP en enero de 2024.
Mientras tanto, José Luis Echeverría, graduado de biólogo en la Universidad de San Carlos en 2009, con una maestría (M.Sc.) y “con una trayectoria profesional de 13 años”, ha estado al frente de la Oficina Técnica de Biodiversidad (Dirección de Valoración y Conservación de la Diversidad Biológica) durante un buen tiempo. Hasta cierto punto, es bajo su mirada y desde lo que le es posible hacer al CONAP, que debería haberse implementado mucho de lo que contiene la Política Nacional de Diversidad Biológica (2011).
Sin embargo, Echeverría afirma:
“[Q]ue sus países tienen un particular interés en la aplicación justa del artículo 8 (j): la población indígena de Guatemala ronda entre el 40 y 45% de la población; mientras que, para Morales, la posibilidad de inclusión de los pueblos afrodescendientes dentro de esta discusión le parece clave. En Honduras, se estima que un 10% de la población se identifica como afrodescendiente”.
Echeverría y Dixon Morales, Director de Cooperación Multilateral de la Cancillería de Honduras, se refieren al artículo 8 (j) del Convenio sobre Biodiversidad Biológica (CDB) de 1992 que dice:
“Las partes del contrato deberán, en la medida de lo posible y adecuado: Conforme a la legislación nacional, respetar, conservar y mantener el conocimiento, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que engloban los estilos de vida tradicionales en relación con la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, y fomentar su mayor aplicación con la aprobación y participación de los poseedores de ese conocimiento, esas innovaciones y prácticas, y alentar la distribución equitativa de los beneficios derivados de la utilización de dichos conocimiento, innovaciones y prácticas”.
Echeverría ha participado en las discusiones internacionales, desde por lo menos la COP10 (Nagoya, Japón, 2010) y COP11 (Hyderabad, India, 2012), sobre el artículo 8 (j) y las formas en que Guatemala debía adoptar y legislar el Protocolo de Nagoya. Para ese momento, todo lo que se había logrado era “la inclusión y el uso de ahora en adelante de la palabra ‘pueblos indígenas’ en lugar de comunidades indígenas y locales.” Guatemala adoptó oficialmente el Protocolo con el Decreto 6-2014 del Congreso de la República.
Las palabras de Echeverría, sin embargo, significan que, aparte del establecimiento del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y haber diseñado la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y su plan de acción 2012-2022, Guatemala no ha sido todavía capaz de implementar concreta y efectivamente el artículo 8 (j) de una Convención que data de 1992. Para su implementación integral y como parte de una estrategia de desarrollo nacional más amplia, algo que, por supuesto, no está solamente en manos del CONAP, Guatemala también se ha comprometido y fallado en cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y también se comprometió y está fallando en cumplir con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). La falla hacia los Pueblos Indígenas y, debemos agregar, también hacia las mujeres y la juventud, así como la falla hacia el medio ambiente y la biodiversidad de Guatemala es, al mismo tiempo, la falla del modelo de desarrollo neoliberal que adoptó el Estado como política general de “desarrollo” desde los años de Arzú Irigoyen y que, a través de varias interacciones como el Plan Puebla Panamá (PPP), o el “Plan K’atun Nuestra Guatemala 2032”, etc., continúa vigente hasta el presente.