Las perspectivas de las deportaciones masivas en el segundo gobierno de Trump

Nota de Coyuntura No. 59 / por Luis Solano

A finales de octubre pasado, el Consejo de Atención y Protección (CAP) lanzó la campaña “Que el sueño de migrar no se convierta en pesadilla”, y fue días antes de la victoria electoral del republicano Donald Trump, en Estados Unidos, pero que, para ese momento, ya era pública la política migratoria que se adoptaría en el segundo mandato del gobernante estadounidense. Ante las masivas deportaciones anunciadas, queda esperar cuánto puede afectar a Guatemala, no sólo las potenciales deportaciones sino, sobre todo, el endurecimiento a las migraciones de indocumentados y el impacto en las visas laborales.

_{Grupo de guatemaltecos beneficiados con el Programa de Trabajo Temporal. Foto: MINTRAB. Recuperado en: https://agn.gt/mintrab-invita-a-aplicar-al-programa-de-trabajo-temporal-en-el-extranjero/}

Una campaña que dependerá del gobierno estadounidense

El retorno de la política “tolerancia cero” que el gobierno republicano de Donald Trump implementó durante su primer período de gobierno (2016-2020), tiene visos de volverse a aplicar en la administración republicana venidera, pero bajo condiciones aún más severas. Se trata del plan de deportaciones del “Proyecto 2025” basado en la ‘tolerancia cero’ de Trump, pero implacable si el gobierno lo llega a implementar.

Diseñado por la ultraconservadora Heritage Foundation, el “Proyecto 2025”, del cual Trump buscó desligarse durante la campaña electoral, es un plan de la ultraderecha republicana redactado por decenas de exfuncionarios del primer gobierno de Trump que “propone cambiar radicalmente el sistema migratorio autorizado por el Congreso por otro construido a base de acciones ejecutivas que pone en la mira de las deportaciones a la totalidad de indocumentados, y amenaza con procesos para quitar la ciudadanía estadounidense, entre otras severas medidas.”, indicó, hace algunas semanas la cadena televisiva estadounidense Univisión.

Según Univisión:

“La fuerza nacional de deportaciones incluida en el ‘Proyecto 2025’, la estrategia conservadora divulgada por la Fundación Heritage, va más allá de la reagrupación de la totalidad de fuerzas federales que participan en el proceso migratorio. Recomienda modificar, anular o eliminar todo reglamento vigente que vaya en contra del objetivo que tienen los juicios de deportación estipulados en la ley vigente para acelerar la expulsión de extranjeros con o sin papeles de estadía legal en Estados Unidos.”

Ese panorama antimigratorio ha creado, desde octubre, un aumento masivo de caravanas de migrantes que incluye a guatemaltecos que se observan en su camino por México para llegar a Estados Unidos, antes de que Trump asuma en enero y entre en vigencia “una tolerancia cero” a la inmigración. El nombramiento de funcionarios ultraconservadores al frente de la institucionalidad que tiene que ver con la migración en Estados Unidos, hace temer acciones que impactarán en economías como la de Guatemala, dependiente de las remesas que se envían fundamentalmente desde Estados Unidos.

Hasta donde se sabe, la primera acción que tomará el gobierno estadounidense entrante, quizá desde el primer día de gobierno, según se adelantó en la campaña electoral, es la deportación de migrantes con récords criminales. Luego se daría paso a un endurecimiento de los controles migratorios fronterizos que repercutirán con mayores deportaciones de indocumentados. Se prevé, además, la cancelación del programa Keep Families Together o “Mantener a las familias unidas”, el cual el actual gobierno del demócrata Joe Biden trató de fortalecer con varias medidas a partir de junio de 2024, y que ahora se pone en riesgo el futuro de medio millón de cónyuges de ciudadanos estadounidenses y a unos 50 mil niños no ciudadanos menores de 21 años, con progenitores casados con ciudadanos estadounidenses.

Se estima que 20% de los beneficiados en ese programa provienen de Guatemala, El Salvador y Honduras.

En ese marco, el Consejo de Atención y Protección (CAP) lanzó la campaña “Que el sueño de migrar no se convierta en pesadilla” con el propósito de “prevenir los riesgos asociados a la migración irregular y ofrecer alternativas de desarrollo desde programas gubernamentales”, un proyecto que reúne a las 16 instituciones que conforman el CAP, y que estará vigente hasta la toma de posesión de Trump, planeada para el 20 de enero de 2025.

Las instituciones conforman el CAP son:

• Instituto Guatemalteco de Migración.
• Consejo de Atención al Migrante de Guatemala.
• Los Ministerios de Educación (MINEDUC); Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS); Trabajo y Previsión Social (MINTRAB); Gobernación (MINGOB); Relaciones Exteriores (MINREX); Economía (MINECO), y de Desarrollo Social (MINEX).
• Procuraduría General de la Nación (PGN).
• Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República (SBS).
• Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
• Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP).
• Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.
• Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico de Drogas (SECCATID); y,
• Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN).

Alternativas

Cuando arrancó la campaña electoral el 24 de octubre pasado, se enfatizó que:

“…el proyecto adopta un enfoque culturalmente pertinente, al traducir los mensajes principales a idiomas mam, kaqchikel, q’eqchi’ y q’anjob’al.”

La campaña se concentra en los departamentos con mayor índice de retorno como Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Alta Verapaz, Quetzaltenango y Guatemala…

“…que reportan altos niveles de éxodo y vulnerabilidad social.”

Según el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), más de 65 mil personas han sido retornadas al país entre enero y octubre del año en curso.

“La campaña pretende generar conciencia sobre estas situaciones e impulsar canales de denuncia que protejan de abusos y violencia a los migrantes.”

Uno de los pilares de la campaña:

“…es promover opciones de migración legal mediante programas como la Bolsa Nacional de Empleo y oportunidades de trabajo temporal en el extranjero, impulsadas desde el Ministerio de Trabajo y Previsión Social.”

Esos programas, sin embargo, no son nuevos; ya tienen varios años de haberse implementado con el propósito de ofrecer alternativas laborales dentro de Guatemala, pero, también, propiciar la migración temporal laboral con las visas H-2A (agrícolas) y H-2B (no agrícolas), que el gobierno de Estados Unidos ofrece por medio de cuotas a distintos países como Guatemala. Sin embargo, se ha visto un crecimiento anual, aunque limitado, en el caso de las visas temporales, desde que se celebraron acuerdos con el gobierno de Trump en 2019 y 2020, en el marco del polémico acuerdo conocido como “Tercer país seguro”.

Proyecciones y perspectivas

El MINTRAB cuenta con el “Programa de Trabajo Temporal en el Extranjero” que es administrado por el Departamento de Movilidad Laboral que, a su vez, está bajo la responsabilidad del Viceministerio de Empleo de la misma cartera. Este programa, que surge en respuesta a la creciente necesidad de los guatemaltecos de acceder a oportunidades de empleo en el extranjero, ha enfrentado varios desafíos desde su creación. Por medio de ese programa se promueve ese tipo de visas laborales agrícolas y no agrícolas, conjuntamente con empresarios estadounidenses y la Embajada de Estados Unidos.

El programa de trabajo temporal en el extranjero nace para vincular a trabajadores guatemaltecos con oportunidades de empleo fuera del país. Las visas H2-A y H2-B de Estados Unidos permiten que empleadores calificados contraten guatemaltecos para trabajos temporales. Los trabajadores viajan por periodos de hasta seis meses para desempeñarse en el sector agrícola (H2-A), o el sector de servicios (H2-B).

Desde su creación, este programa ha sido objeto de controversias. Revisar los comentarios en redes sociales revela la desconfianza que muchas personas tienen hacia el proceso de reclutamiento: cuota limitada, corrupción y estafas pululan en ese contexto.

Bajo la dirección de la actual viceministra de Empleo y Previsión Social, Claudia Peneleu, y con el cambio de gobierno, los cambios han sido limitados en esta oficina del MINTRAB. A pesar de contar con un presupuesto significativo, fondos de cooperación y personal técnico, el Departamento de Movilidad Laboral reportó a finales de septiembre poco más de 4,000 trabajadores beneficiados.

En 2023, los beneficiados fueron poco más de 3,600, las cifras indican que el proceso de reclutamiento no ha mejorado significativamente. El concepto de migración temporal circular (visas temporales), implica que muchos trabajadores regresan a la misma empresa donde ya laboraron en temporadas anteriores. Por ello, es probable que muchos de los 4,000 beneficiarios de 2024 sean migrantes recurrentes y no candidatos nuevos.

¿Cómo funciona el proceso?

Más bien: ¿cómo debería funcionar? Actualmente, la oficina enfrenta problemas graves. El proceso de reclutamiento debe ser gratuito para los trabajadores temporales, y los empleadores deben cubrir los costos de la visa, que ronda los US$ 190 ó Q. 2,000, así como los gastos de transporte. Una vez en Estados Unidos, los empleadores deben proporcionar alojamiento y facilitar acceso a comida, generalmente mediante un descuento en el salario del trabajador.

Los salarios de los trabajadores colocados oscilan entre US$ 16 y US$ 20 por hora. Según datos del programa, la mayoría de los trabajadores guatemaltecos regresan a su comunidad de origen tras su empleo temporal, y solo una minoría opta por quedarse en Estados Unidos, lo que demuestra que el programa puede ser una alternativa para reducir la migración irregular. Si se optimizara, más guatemaltecos podrían beneficiarse de estas oportunidades, aunque una gran limitación es que la mayor parte de las visas (90%) se otorgan a mexicanos.

El proceso de reclutamiento comienza con los empleadores

Las solicitudes de empleadores provienen principalmente de Estados Unidos, aunque Canadá y otros países también participan con menor frecuencia. Una vez que se aprueba el permiso de contratación, el Departamento de Movilidad Laboral, busca candidatos que cumplan con los requisitos del empleador.

Por ejemplo, si un empleador requiere personal que hable inglés, tenga habilidades en cocina, jardinería, construcción, o mecánica, los reclutadores consultan sus listados en busca de los candidatos más adecuados. Luego, contactan a los interesados quienes pasan por un proceso de verificación que incluye antecedentes penales, policiacos y la no inclusión en el Registro Nacional de Agresores. Posteriormente, se gestiona la visa en la embajada estadounidense mediante los formularios proporcionados por el empleador.

Sin embargo, se ha detectado actos de corrupción en ese proceso. Algunos candidatos afirmaron que se les pidió pagar entre Q. 5,000 y Q. 16,000, llegando en algunos casos hasta Q. 65,000, para ser incluidos en los listados que se presentaban a los empleadores. Según denuncias, los pagos se realizaban a cuentas de personas vinculadas al Departamento de Movilidad Laboral. Aunque no existen mecanismos efectivos para prevenir estas estafas/sobornos/corrupción, se sabe que la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC) presentó una denuncia y hay un expediente abierto por corrupción en el programa de visas temporales.

Los trabajadores que sí lograron ser ubicados tienden a no denunciar estas prácticas, ya que prefieren no poner en riesgo futuras oportunidades de empleo en Estados Unidos, donde pueden ahorrar alrededor de US$ 6,000 en una temporada.

Además, queda por establecer vínculos entre supuestas estructuras corruptas que aún estarían insertadas en el MINTRAB, con empresas reclutadoras inscritas o no en esa cartera, incluyendo un pequeño grupo organizado en la Gremial de Agencias de Reclutamiento y Empleo en el Extranjero (GAREX), adscrita a la Cámara de Comercio, de reciente creación.

GAREX es presidida por María Corina Sáenz Lehnhoff, quien en 2012 fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico y nexos con la narcotraficante Marllory Chacón. Dos años después, Sáenz Lehnhoff fue retirada de la lista de personas sancionadas.