Entretelones militares
Nota de coyuntura No. 126 / por Luis Solano
El potencial retorno a Guatemala del narcomilitar Otto Fernando Cordón Godoy, luego de cumplir condena en Estados Unidos, encuadra perfectamente en el título del libro del coronel Edgar Rubio Castañeda presentado recientemente, y que agitó muchas aguas. Cordón Godoy es un caso paradigmático del narcoestado denunciado por Rubio Castañeda del cual el ejército no escapa. La nueva fase de reorientación de la institución castrense, iniciada por el actual gobierno de Bernardo Arévalo de León, tiene ante sí ese escenario cargado de reticencias, por ejemplo, el accionar legal del coronel Miguel Estuardo Barrios Martínez, dado de baja el 17 de julio de 2025.
Fuente: Pueblo conoce tu historia. Facebook, 2017. Recuperado en https://tinyurl.com/yktx886y
Largo historial
El coronel, ahora retirado, Otto Fernando Cordón Godoy ocupaba una posición administrativa en la Dirección de Personal del Estado Mayor de la Defensa Nacional cuando fue capturado en febrero de 2018 por sus vínculos con el narcotráfico. Fue liberado en agosto de 2018 y, en febrero de 2022, nuevamente fue capturado para ser extraditado a Estados Unidos en julio de ese año. El pasado 26 de junio de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) dio a conocer una nota de prensa anunciando su potencial deportación a Guatemala.
Cordón Godoy era parte de un grupo de militares integrado por el mayor de Aviación Carlos Enrique Durán Cáceres, el teniente Walter Vinicio Contreras Munguía y Ángel Eliberto Vargas Urizar, todos operadores para el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y capturados en 2021, aunque Contreras Munguía fue dejado en libertad.
Ese caso se sumaba al de otros militares de alto rango capturados y extraditados a Estados Unidos por sus vínculos directos al tráfico de drogas, y conocidos como “El Cartel de los Capitanes”. Darwin Roderico González Delgado (Roberto Alfredo), uno de ellos, capitán del ejército que operaba para el Cartel de Sinaloa, se declaró culpable de tráfico de cocaína en una Corte de Florida, Estados Unidos. “El Capi”, como se le conocía, tenía vínculos con el capitán retirado Marlon Francesco (Francisco) Monroy Meoño, alias “El Fantasma”, y el teniente coronel Mynor Fabricio Leonardo Cerón, alias “Promo”, los tres compañeros desde la Escuela Politécnica, también extraditados a Estados Unidos hace algunos años.
Esos casos reflejan no sólo la creciente participación de oficiales del ejército en el crimen organizado, sino también cuán permeada se encuentra la institución castrense del fenómeno del narcotráfico; un fenómeno que no es nuevo en las filas militares. Desde el gobierno del general Carlos Manuel Arana Osorio (1970-1974) comenzaron a proliferar informaciones públicas y confidenciales sobre vínculos con el crimen organizado y la presencia de narcotraficantes que incluyeron al hijo de Arana Osorio, Roberto “Tito” Arana, como un prominente narcotraficante.
Paradigmático también resulta “El Cartel de los Capitanes”, integrante del Cartel de Zacapa a principios de la década de 1990, con el teniente coronel Carlos Ochoa Ruiz al frente, y quien pudo haber sido el primer oficial del ejército en ser extraditado, pero la Corte de Constitucionalidad (CC) de ese entonces, luego del asesinato de Epaminondas González Dubón en 1994, siendo magistrado presidente de la CC, falló en contra de la extradición.
Esas raíces criminales, sumadas a las actividades contrainsurgentes de los gobiernos militares entre 1978 y 1985, condujeron al surgimiento de la denominada “Cofradía”, la comunidad de inteligencia militar que será el origen de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). Con los gobiernos civiles, a partir de 1986, ese CIACS, “La Cofradía”, se reconstruirá para formar lo que luego se llamará la “Red Moreno” y el “Grupo Salvavidas” en la década de 1990, y que en el gobierno de Otto Pérez Molina (2012-septiembre de 2015) adoptará el nombre de “La Línea”. Su característica principal es que han sido altos mandos militares los que han operado tras bambalinas, y quienes, por lo general, han salido indemnes en las investigaciones dado el grado de penetración y control que han alcanzado de los aparatos de justicia y seguridad del país.
“Estructura de poder militar paralela”
Es el término que utiliza el coronel Edgar Rolando Rubio Castañeda en su libro “Guatemala: narcoestado y oligarquía”, publicado recientemente, para referirse a las estructuras militares que han operado tras bambalinas controlando al Alto Mando del Ejército desde el gobierno de Marco Vinicio Cerezo Arévalo (enero 1986 – enero 1991) y el partido Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) hasta el gobierno de Alejandro Giammattei Falla.
Anota que tres son los generales que han tenido el poder y control de esa estructura paralela: Luis Francisco Ortega Menaldo, Otto Pérez Molina y Edgar Ricardo Bustamante Figueroa. Los tres apareciendo en “La Cofradía”, “La Red Moreno” y “La Línea”, incluso en alianzas entre comunidades de inteligencia militar que controlaban “La Cofradía” y “El Sindicato”, este último identificado con Pérez Molina, durante el gobierno del Partido Patriota (PP). “La Red Moreno”, desarticulada durante el gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen (enero 1996–enero 2000) y el Partido de Avanzada Nacional (PAN), se reconstruyó durante el gobierno de Alfonso Portillo Cabrera (enero 2000-enero 2004) y el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), cuando se dio el saqueo de las arcas del Ministerio de la Defensa (MINDEF), caso que ha llevado años en los tribunales de justicia y que ha favorecido a los militares del alto mando involucrados.
Entre los varios temas que aborda Rubio Castañeda en su libro, aunque el propósito de esta nota no es comentarlo, se encuentra los altos niveles de corrupción y el saqueo de las arcas militares. Es un tema recurrente ya expuesto en su primer libro “Desde el cuartel: otra visión de Guatemala” publicado en 2017, en el que instituciones castrenses como el Instituto de Previsión Militar (IPM), Banco del Ejército (BANEJER, ya desaparecido), y la Dirección General de Control de Armas (DIGECAM) forman parte de esa trama de corrupción. El IPM es parte central y enfatiza en la corrupción enraizada en esa institución, las “pésimas administraciones” y la defraudación financiera que han beneficiado a unos cuantos militares del alto mando.
La presentación de su nuevo libro, el pasado 6 de julio, estuvo marcada precisamente por su suspensión tras anunciarse que el alto mando del Ministerio de la Defensa no había autorizado a Rubio Castañeda a presentar el libro, lo cual fue calificado como una censura al militar. Rubio Castañeda es un militar activo, actualmente asesor en la Fábrica de Municiones del Ejército de Guatemala que se localiza en Cobán, Alta Verapaz. Su cargo anterior había sido estar al frente del Comando de Informática y Tecnología del MINDEF. Este es otro tema en su libro, la formación en informática de las nuevas generaciones militares, incluso, propone un acercamiento a Rusia y China con ese propósito.
Su libro no fue censurado por el MINDEF, es más, días después apareció firmando ejemplares en la Feria Internacional del Libro en Guatemala (FILGUA). Lo mismo ocurrió con su libro anterior. Incluso, en 2017, durante su presentación, uno de los comentaristas fue el hoy presidente de la República, Bernardo Arévalo de León. Su primer libro le valió, además, amenazas de distinta índole que denunció ante el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas.
Coronel dado de baja
El hecho de que el MINDEF no le autorizara a Rubio Castañeda la presentación del libro también generó fuertes críticas a dicha cartera y al mandatario como Comandante General del Ejército, debido a que pocos días antes, el 4 de julio, se dio a conocer un amparo interpuesto ante la CC por la Fundación contra el Terrorismo (FCT, también conocida como Fundaterror) y los coroneles Miguel Estuardo Barrios Martínez y Aarón Kadoch Juárez, este último, abogado y militar retirado, quienes aseguraban que la decisión de Arévalo de León de mantener al general de División Henry Sáenz como Ministro de la Defensa “contraviene la Ley Orgánica del Ejército”. Las críticas arreciaron debido a que el MINDEF no había actuado contra el coronel, quien a todas luces parecía estarse rebelando.
Incluso, varios días después apareció el nuevo Jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional, general de Brigada Erwin Rolando Gómez Barrera, integrante del Alto Mando del Ejército, en un acto religioso evangélico sin cortapisas del MINDEF.
La acción legal de Barrios Martínez, esta vez acompañado por la FCT, fue un tercer intento contra decisiones del Alto Mando Militar. Y, al igual que las dos anteriores de 2024 y junio de 2025, fue rechazada por la CC in limine por ilegítimo, según se anunció en primicia el 17 de julio de 2025.
La resolución de la CC deja en firme la decisión de Arévalo de León de mantener en el cargo al general Sáenz. Pero la primicia también anunció que Barrios Martínez había sido dado de baja ese mismo día, lo que representa un duro golpe al grupo de militares y civiles que han buscado desestabilizar al actual Alto Mando Militar y al gobierno.
Fuente: https://x.com/vozdeltuit/status/1945932663946162206/photo/2
Durante los ascensos militares de finales de junio y del Día del Ejército, el 30 de junio, lo que destacó tanto del titular del MINDEF como del mandatario fueron sus discursos en la línea siguiente:
“…el Gobierno está comprometido con la transformación del Ejército de Guatemala (…) la nueva práctica de los ascensos por méritos profesionales, y no por sus vínculos con grupos del oscurantismo político. Queremos seguir consolidando un Ejército moderno que, además de defender su territorio, de proteger de manera efectiva a la población, a la naturaleza y a nuestros recursos estratégicos, esté plenamente comprometido con el orden democrático, con los derechos humanos y con el desarrollo integral y equitativo del país”.
Arévalo de León por su parte, puntualizó:
“…el gobierno ha dejado claro que los ascensos estarían basados en la probidad, el profesionalismo y la desvinculación de intereses oscuros de grupos políticos y económicos poderosos (…) No hemos tolerado ni vamos a tolerar nunca prácticas corruptas en la designación de liderazgos. Hemos puesto fin a la manipulación del Ejército por intereses ajenos a la institucionalidad (…) quienes asumen hoy el puesto de general del Ejército lo hacen respaldados exclusivamente por su propio mérito militar y profesional, sin deberle favores ni gestiones a nadie”.
Ambas alocuciones van en la misma línea de lo que el coronel Rubio Castañeda —quien se identifica como arbencista, por lo tanto, revolucionario, en referencia al coronel y ex presidente de la República, coronel Juan Jacobo Árbenz Guzmán—, plantea en la página 48 de su libro:
Otra estructura narcomilitar
Los tentáculos de los otroras CIACS: “La Cofradía” y “La Red Moreno”, no terminaron en el momento en el que fueron desarticulados públicamente. Nuevas informaciones conducen a pensar que otra de las redes que se activó durante el gobierno de Álvaro Colom Caballeros (enero 2008–enero 2012) y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) fue la que públicamente dirigía la nicaragüense Tania Zelenska Solís Castillo, capturada en Guatemala en 2012 y extraditada a Nicaragua en 2014, donde se le procesó y se le condenó a 28 años de prisión.
A esa red de tráfico de metanfetaminas aparecían vinculados algunos personajes de Guatemala, incluyendo el presidente de la FCT, Ricardo Méndez-Ruiz, así como Eduardo Ruiz Umaña, según investigaciones iniciales de la Comisión Internacional Contra Impunidad en Guatemala (CICIG), caso que nunca pudo ser concluido ni investigado totalmente.
Ruiz Umaña, un aviador vinculado al narcotráfico en la década de 1980 según el libro “Powderburns: Cocaine, Contras & the Drug War”, del ex agente de la DEA, Celerino Castillo, y quien una década antes era fumigador aéreo de fincas en Tiquisate, Escuintla, y heredero de fincas de algodón, aparecía como el principal contacto de Solís Castillo.
Sin embargo, el dato más importante de esa red era que el esposo de Solís Castillo, hasta 2010 cuando falleció, era Rolando Arturo Cárdenas Sagastume, proveniente de familia de militares con vínculos a “La Cofradía” y “La Red Moreno”, y quien apareció en una foto publicada por el extinto diario elPeriódico en 2015 junto a líderes de “La Red Moreno” y “el Grupo Salvavidas”.
Fuente: “Teniente Jerez”, diario elPeriódico, 23 de agosto de 2015.
En esa nota de elPeriódico ya citada y que resume el extenso testimonio judicial que brindó Francisco Javier Ortiz Arriaga, alias “Teniente Jérez”, en 1999, dice de Cárdenas Sagastume:
“También se dio otro caso de una muerte del hermano del señor Cárdenas, este era un militar, un teniente que yo no conocí y lo supe por el señor Cárdenas, quien comentaba que el señor Moreno lo había mandado a matar porque le quitaba parte del dinero que le tocaba recibir”.
El hermano asesinado, en 1994, era el Mayor Carlos Enrique Cárdenas Sagastume, integrante de “La Red Moreno”. Días después, su hermana Anna Yadira Cárdenas Sagastume, esposa del militar Hugo Samuel Morales García, sufrió un atentado junto a éste. Ella, años después, entró en conflicto legal de herencias con la nicaragüense Tania Zaleska Solís Castillo, viuda de Rolando Arturo Cárdenas Sagastume, fallecido en 2010. A esa red aparecía ligado también Sergio Hugo Cárdenas Sagastume, otro hermano, militar quien también aparece ligado al desfalco del MINDEF durante el gobierno de Portillo Cabrera, de acuerdo con investigaciones de la CICIG. El padre de los hermanos era el militar Carlos Enrique Cárdenas García, Promoción 60 de 1958, la misma del militar y ex ministro de Finanzas Públicas Hugo Tulio Búcaro, durante el gobierno del general Fernando Lucas García, y a quien también se le identificó como integrante de La Cofradía.
