Seguridad nacional: entre la dependencia con Washington y la justicia cooptada
Nota de coyuntura No. 180 / por Juan Calles
El nombramiento de John Barret como Encargado de Negocios en la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, y la visita de altos funcionarios de seguridad y defensa estadounidenses al país, coincidió con la crisis de seguridad que se desató en los últimos días. Coincide, también, con la visita que realizó una delegación bipartita de senadores y congresistas estadounidenses. Con ello se ratificó no sólo acuerdos establecidos entre ambos gobiernos, sino sobre todo la dependencia histórica de Guatemala y la obligada aceptación de los intereses estadounidenses en el país y en la región.
Fuente de la imagen: El Observador.
Estados Unidos no pierde de vista a Guatemala y su posición geopolítica
“Guatemala sigue consolidando su posicionamiento estratégico con Estados Unidos a través de la cooperación bilateral, el fortalecimiento institucional y una visión compartida para el desarrollo de la región”, fueron las palabras que el Presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, compartió en sus redes sociales, en el marco de la visita de altos funcionarios de seguridad y defensa estadounidenses.
Arévalo de León se reunió con el Asesor Principal del Secretario de Guerra, Patrick Weaver, así como con el Oficial de Enlace Superior del Departamento de Seguridad Nacional, Phil Hegseth, y el Secretario de Guerra Adjunto Interino para la Defensa Nacional y el Hemisferio Occidental, Joseph M. Humire, para discutir temas de cooperación en seguridad, inteligencia y colaboración militar.
Paralelamente, el mandatario tuvo palabras un tanto similares en el marco de la visita de senadores y congresistas estadounidenses a Guatemala.
Ese bloque de parlamentarios estadounidenses también sostuvo reuniones con las instancias empresariales más representativas del poder económico, oligárquico y no oligárquico, de Guatemala.
Días antes, la embajada valoró que Guatemala asignara US$ 110 millones para mejorar la infraestructura vial crítica y para realizar estudios integrales, y preparar los diseños conceptuales para la integración de un sistema ferroviario que conecte Puerto Quetzal con una estación logística multimodal en Escuintla, por medio del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés).
En ese contexto, resaltó la presentación oficial del nuevo Encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos en Guatemala, John Barrett, quien al mismo tiempo tendrá funciones de embajador interino. Barret dio a conocer, por medio de un video, las prioridades de Estados Unidos en Guatemala, en el marco de la política de la administración de Donald Trump:
“America First”: “Nuestra prioridad absoluta es detener la migración ilegal. Las drogas y la violencia tampoco cruzarán nuestra frontera sur o por la de Guatemala”.
Barret llega a Guatemala luego que el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Tobin Bradley, quien asumió el cargo en febrero de 2024, recibiera la orden, en enero de 2026, de trasladarse como parte de un relevo diplomático dictado por el Departamento de Estado. Aunque insistentes rumores suponen que su salida se debió a las fuertes presiones y cabildeos de la ultraderecha de Guatemala, con el respaldo de republicanos cercanos a Trump, debido a que Bradley resultaba una “piedra en el zapato” en el contexto de las elecciones de segundo grado que tienen lugar en 2026, toda vez que “intervenía” en ese proceso.
El Presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, acompañado por congresistas y senadores estadounidenses. Fuente: Embajada de Estados Unidos en Guatemala.
Todos alineados y todos ganan
Esos discursos siguen la misma línea de política exterior trazada por la administración Trump para Guatemala, y queda plasmada en lo manifestado por los funcionarios de seguridad y defensa:
Nada nuevo si se quiere, porque tiene que relación con los acuerdos alcanzados entre Guatemala y Estados Unidos, desde principios de 2025, cuando arrancó el gobierno de Trump, y temas centrales que han regido desde administraciones anteriores, tanto en Estados Unidos como en Guatemala y, en ese engranaje, el Ministerio de la Defensa (MINDEF) juega un papel clave, tal como lo manifestó el titular de dicha cartera, Henry Sáenz, en el marco de la reunión sostenida con sus contrapartes de defensa estadounidense:
La ratificación de compromisos entre ambos gobiernos es también considerado un espaldarazo a la administración arevalista, por estar encaminado y comprometido con la política de seguridad nacional del gobierno de Trump.
Pero, también, es un reflejo de las presiones a las que está sometida la administración arevalista, en el marco de la dura política exterior trumpiana y la nueva Doctrina Monroe, aplicada por Estados Unidos en el Hemisferio Occidental, que ya ha visto el intervencionismo en su máxima expresión en Venezuela.
Al mismo tiempo que el gobierno de Arévalo de León se alinea a los intereses de seguridad, las inversiones y el intervencionismo estadounidense, procura salir ganancioso de esos acuerdos en el marco de las presiones internas de desestabilización a su gobierno por parte del llamado “Pacto de Corruptos e Impunidad” y que, vía la situación de seguridad pública con los eventos críticos de los últimos días, el espaldarazo estadounidense le genera cierta estabilidad inmediata.
Los acuerdos con Washington, una dura apuesta
Como se menciona en el balance del año 2025 para el gobierno de Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar, publicado por El Observador, la administración del Movimiento Semilla proporciona una mayor intervención de Estados Unidos en puertos y aeropuertos de Guatemala, en función de sus intereses de seguridad nacional hemisférica.
El 26 de junio de 2025 se conoció un Memorándum de Entendimiento que el gobierno guatemalteco firmó con la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristin Noem, para lanzar el Programa Conjunto de Seguridad (JSP) que autoriza a agentes de federales estadounidenses a interceptar migrantes, personas sospechosas de terrorismo y redes criminales en el Aeropuerto Internacional La Aurora y puertos marítimos, con acceso a áreas restringidas, y aceptando la supervisión estadounidense.
Ambos gobiernos celebran acuerdos que, por un lado, permiten injerencias en asuntos estratégicos para la seguridad nacional, bajo el argumento de la cooperación bilateral contra el narcotráfico y migración irregular; por otro lado, el gobierno de Arévalo de León busca afectar estructuras de poder y de crimen organizado que han controlado, ilícitamente, esos puertos y aeropuertos, pero, ante las debilidades institucionales, el intervencionismo estadounidense le resulta siendo favorable para ese objetivo. La aguda desestabilización que el gobierno del Movimiento Semilla ha venido experimentando desde antes que tomara posesión, tiene relación, en parte, con los logros de esa intervención, paradójicamente hablando.
Aceptar que no se tiene la capacidad de enfrentar por sí solo al crimen organizado incrustado en la institucionalidad del Estado guatemalteco y recurrir a la ayuda de Estados Unidos, es una suerte de “último recurso” y resulta sensato y estratégico en medio del n reacomodo geopolítico mundial. Pero, al mismo tiempo resulta en costos políticos muy altos no poder aplacar las fallas y cooptación del sistema judicial, la corrupción institucional y la intromisión de las elites económicas en asuntos de Estado.
La problemática de la seguridad ciudadana y sus presiones a una migración imposible
El flujo migratorio guatemalteco hacia Estados Unidos resultaba masivo y constante, y las razones son por todos conocidas: carencias económicas, violencia y falta de oportunidades para la movilidad social. En el año 2024, más de 200 mil guatemaltecos/as fueron registrados en la frontera sur estadounidense, aunque para la presente fecha, esa cantidad se había reducido drásticamente ante la dura política migratoria trumpiana.
En ese contexto, la migración es una realidad dramática. Las deportaciones, si bien menores contradictoriamente en 2025, el primer año de Trump, contrastan con los miles de guatemaltecos/as capturados/as que no tienen antecedentes criminales en Estados Unidos. El gobierno de Arévalo de León ha cooperado con Washington en todo lo que se le ha exigido, en especial, en lo que se refiere a la gestión de las deportaciones; en ello se incluye el acuerdo para aceptar al menos un 40% más de vuelos con personas deportadas, incluyendo a las que no sean guatemaltecas.
El enfoque pragmático de la política de Arévalo de León parece sensato en términos diplomáticos, aunque no resuelve la tragedia social migratoria, un problema estructural desplazado por sus causas históricas, y se agudiza cuando se provoca una crisis de seguridad y, al mismo tiempo, regresan personas migrantes a un país en donde la violencia no cesa y las extorsiones afectan a los sectores desposeídos, base de la migración. Al final, la estrategia de golpear y debilitar al gobierno guatemalteco vía desestabilización y crisis de seguridad, termina afectando a los retornados y sus familias.
Mientras tanto, la migración regional continúa su ciclo económico, las remesas sostienen hogares y activan la economía en Centroamérica, y los migrantes hacen lo suyo en la economía de Estados Unidos, ciclo que Washington puede romper con su violenta política migratoria.
Guatemala es uno de los países más dependientes del dinero de las remesas, equivalentes al 20% del Producto Interno Bruto (PIB); de esa forma, la economía nacional sobrevive de los migrantes en Estados Unidos, impactando políticas autónomas de desarrollo social. Las remesas se utilizan fundamentalmente para la subsistencia y no para la inversión social, con lo que las remesas solucionan el momento, pero no construyen movilidad social y, paradójicamente, alimentan al sector financiero controlado por los bloques económicos del poder económico en Guatemala, que han moldeado un modelo económico que satisface sus intereses, pero que crea migrantes.
La relación con el actual gobierno estadounidense es, en esencia, una apuesta a ciegas. Guatemala recibe apoyo y respaldo, pero a cambio los acuerdos entre ambos gobiernos profundizan la dependencia y no enfrentan las causas profundas de los problemas económicos y sociales del país. Si bien pueden crear una infraestructura necesaria y urgente, va más en función de intereses empresariales locales e inversionistas estadounidenses.
La actual situación geopolítica mundial obliga a Guatemala a ser socio y colaborador, en desventaja y sin mayor margen de maniobra. El país no se reacomoda, simplemente se ajusta a los intereses de Estados Unidos, mientras que la ciudadanía continúa enfrentando los problemas de toda la vida, aprovechando el dinero que envían los que se van, pero sin solucionar las más urgentes necesidades de los que se quedan.
Ante la situación de seguridad que vive Guatemala en la actualidad, es importante hacer notar que no es coyuntural, sino estructural. Al inicio del presente año, y luego que sectores anti “Pacto de Corruptos” lograran obtener en las urnas gremiales del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) un importante puesto en la Comisión de Postulación para Magistraturas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), se desató una ola de violencia de pandillas que inicio con un motín y finalizó con el asesinato de 10 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), lo que obligó al gobierno de Arévalo de León a decretar un estado de sitio a nivel nacional.
Esta crisis no es aislada: está relacionada directamente con los posicionamientos e intereses de sectores poderosos que pretenden ganar las elecciones de segundo grado de 202, además de las Magistraturas del TSE en el periodo 2026-2032, las de la Corte de Constitucionalidad (CC), y para elegir a la persona que dirigirá la Fiscalía General y Jefatura del Ministerio Público (MP), pues son cargos que les permitirán consolidar la cooptación y el control del sistema de justicia.
Las elecciones de segundo grado son aquellas donde los ciudadanos no votan directamente, sino que sus representantes, el Congreso de la República o las Comisiones de Postulación, eligen o presentan candidaturas para elegir a las autoridades clave en el sistema de justicia.
Una crisis de seguridad de “alto impacto” que se expresa en el asesinato de 10 agentes policiales y los motines en cárceles como Renovación I, genera una percepción de Estado Fallido. Los grupos del poder económico y político que se oponen al gobierno actual, utilizan este caos para argumentar que se necesita un sistema de justicia de “mano dura” o, en su defecto, para chantajear al Ejecutivo. Si el gobierno no puede controlar las cárceles, se debilita su capacidad de negociación para influir en perfiles independientes en las Cortes de Justicia y el MP, y se justifican sus planteamientos antiderechos.
En los próximos cuatro meses, las candidaturas para 2027 que ya se están gestando, definirán el futuro político del país. En ese marco, la narrativa de seguridad es el motor electoral más fuerte en la contienda por los votos de los guatemaltecos/as, ya que permite el impulso de candidaturas presidenciales que promueven un modelo de mano dura, en el que se ve con buenos ojos la suspensión de derechos a cambio de seguridad y orden.
La conexión política en la crisis de seguridad
Históricamente, en Guatemala los repuntes de violencia carcelaria han coincidido con momentos de presión legislativa. No es coincidencia que la pandilla llamada Barrio 18 exija la devolución de sus privilegios dentro de la prisión y habla de un “golpe de Estado a Arévalo”, justo cuando el Estado intenta implementar una nueva Ley Antipandillas y renovar las Cortes de Justicia, y la Jefatura del MP.
Cronología de la crisis de seguridad y desestabilización electoral en Guatemala
| 23 de septiembre, 2025 El Giro Estratégico de EE. UU. | El gobierno de los Estados Unidos designa oficialmente al Barrio 18 como una organización terrorista transnacional. Este hecho presiona la agenda legislativa guatemalteca para endurecer las penas contra las maras. |
| 24 – 25 de septiembre, 2025 Ofensiva en “El Gallito” | Tras el asesinato de un investigador de la PNC en la zona 1, más de 500 agentes incursionan en el Barrio El Gallito (zona 3), bastión del narcotráfico al menudeo. Se reportan 13 capturas y el decomiso de un arsenal que incluye fusiles AR-15 y granadas. |
| Octubre (Primera quincena), 2025 Fuga Masiva en Fraijanes II | Se confirma la fuga de 20 líderes del Barrio 18 de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II. Las investigaciones preliminares sugieren que los reos salieron por la puerta principal utilizando uniformes de la policía, lo que apunta a una infiltración profunda en el Sistema Penitenciario. |
| 15 de octubre, 2025 Caída de la Cúpula de Seguridad | Ante la indignación nacional, el presidente Bernardo Arévalo acepta la renuncia del Ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y de los viceministros de Seguridad y Antinarcóticos. Arévalo califica la fuga como “inaceptable”. |
| 21 de octubre, 2025 Aprobación de la Ley “Antimaras” | El Congreso de la República aprueba el Decreto 11-2025, que califica legalmente a las pandillas como organizaciones terroristas. La ley elimina las medidas sustitutivas para estos delitos y eleva las penas de extorsión hasta los 18 años de prisión. |
