Elección de Junta Directiva en el Congreso de la República 2027: reelección, transaccionalidad y ajuste de poder
Nota de coyuntura No. 258 / por Juan Calles
La jornada del 27 de octubre de 2026 en el Congreso de la República representó un momento clave en la reconfiguración de la X Legislatura. En una misma sesión parlamentaria, el bloque de aliados, que incluye a diputados del oficialismo, logró la reelección de la Junta Directiva para 2027 con 123 votos a favor y los votos en contra de la agrupación Raíces, la cual estará presidida nuevamente por el diputado Luis Alberto Contreras Colindres. Simultáneamente, se dio la aprobación, de urgencia nacional, del Decreto 24-2026, Ley para la Implementación del Sistema Ferroviario en al área metropolitana, conocido como MetroRiel, con el respaldo de 134 legisladores.
Fuente: El Observador.
Realpolitik en la X Legislatura: transaccionalidad y reconfiguración de mayorías
La elección de la nueva Junta Directiva del Congreso de la República para el período 2027-2028, que tomará posesión el 14 enero próximo, es una suerte de reelección porque mantiene a la mayoría de diputados de la Junta Directiva actual, pero destaca la inclusión estratégica del diputado Cornelio Gonzalo García García, del partido Todos, agrupación vinculada a la corrupción y al diputado Felipe Alejos Lorenzana, lo cual expone la continuación de un modelo de gobernabilidad basado en la negociación de intereses heterogéneos. La elección del diputado García García fue respaldada por los y las oficialistas, y rechazada por la fracción Raíces.
Integrada la Junta Directiva del Congreso de la República 2027-2028 con el respaldo de 134 votos. Fuente: Congreso de la República.
Aunque negado por diputados oficialistas, esa inclusión conduce a pensar que hubo negociaciones para lograr votos favorables para el Ejecutivo y asegurar resultados sustantivos en infraestructura y garantizar la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2027 prevista, a más tardar, el 30 de noviembre. La aprobación del Decreto 24-2026, Ley Para la Implementación del Sistema Ferroviario, en la misma sesión, es la prueba de fuego.
La debilidad del oficialismo frente a los partidos del llamado “Pacto de Corruptos” que controlan el Legislativo, termina supeditándolo a pactos transaccionales con bancadas ligadas a la tradicional corrupción legislativa. Cabe recordar que, en marzo de 2026, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó la cancelación definitiva de la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla, el cual terminó en una escisión que condujo a crear Raíces, partido recién autorizado encabezado por el diputado Samuel Pérez, que debilitó aún más al oficialismo. Los diputados de ambas corrientes siguen siendo independientes y no pueden ser bloque legislativo, aunque sí participan en las comisiones ordinarias.
El análisis de la votación del Acuerdo Legislativo 23-2026 demuestra cómo a partir de ciertas necesidades del Ejecutivo, de las que ese Pacto puede sacar provecho, se da una alianza parlamentaria articulada alrededor de la bancada de gobierno, y el momento político conduce a priorizar la estabilidad operativa sobre la coherencia ideológica de sus integrantes y los costos políticos para el oficialismo, incluyendo al Presidente de la República, Bernardo Arévalo de León. La continuidad del diputado Luis Alberto Contreras Colindres de la bancada del partido Compromiso, Renovación y Orden (CREO) en la Presidencia del Congreso, asegura al Ejecutivo un interlocutor con capacidad de intermediación entre las fuerzas centristas, conservadoras y mafiosas.
La sustitución en la Segunda Secretaría de la Junta Directiva, anteriormente ocupada por la bancada Bienestar Nacional (BIEN), para cederla al diputado García García del partido Todos, constituye el cambio de mayor peso simbólico y pragmático en el órgano directivo. La incorporación del partido Todos es seriamente cuestionada debido a que su máxima figura, el diputado Felipe Alejos Lorenzana, está sancionado por Estados Unidos y Reino Unido, dados sus vínculos con casos de gran corrupción. Pese a ello, la inclusión de dicho partido responde a las negociaciones partidarias para asegurar un piso alto de votación superior a las dos terceras partes del pleno legislativo, es decir, 107 votos a favor del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 que se viene negociando desde hace varias semanas.
En la teoría de coaliciones parlamentarias, este movimiento refleja la transición de una coalición de principios hacia una coalición de conveniencia presupuestaria e infraestructura, al menos en lo que resta del año. El oficialismo optó por un esquema donde la distribución de cuotas institucionales dentro del Legislativo opera como el incentivo principal para garantizar la disciplina de voto en iniciativas que le permiten a la administración de Arévalo de León, avanzar en los proyectos que se ha propuesto, revertir cualquier mala imagen gubernamental y, a los partidos opositores, obtener sustanciosas ganancias políticas vía aprobación de fondos para los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (CODEDE) en el próximo año electoral 2027.
La pregunta ahora es: ¿Cuál será el precio político que deberá pagar el Ejecutivo y su bancada por esa negociación? Y, más importante aún, el costo social que tendría el haber incluido a un partido como Todos en la Junta Directiva en un año electoral.
El «Diálogo que no sucedió»: confrontación dialéctica entre José Carlos Sanabria y Samuel Pérez
Las divergencias éticas y pragmáticas provocadas por esta negociación se cristalizaron en las posturas contrapuestas del diputado oficialista José Carlos Sanabria y el diputado Samuel Pérez, de la agrupación Raíces. Las declaraciones que ambos dieron a diferentes medios de comunicación y sus discursos en el pleno, permiten reconstruir un diálogo teórico y ideológico que no se acostumbra en el palacio legislativo.
José Carlos Sanabria, expresó:
«La conformación de la Junta Directiva para el período 2027-2028 y la aprobación de la Ley del MetroRiel no responden a ninguna ‘moneda de cambio’ ni a acuerdos oscuros de pasillo. Rechazo categóricamente que existiera una negociación directa para ceder cuotas al grupo del diputado Felipe Alejos. Lo que ocurrió en el pleno fue el resultado de un consenso amplio liderado por el presidente Luis Contreras, para dotar de estabilidad institucional al Congreso y permitir que el país avance».
Por su parte, Samuel Pérez dijo:
“Llamar ‘consenso amplio’ a pactar con los enemigos declarados del pueblo es una falacia insostenible. La integración de la bancada Todos en la Junta Directiva no tiene ninguna justificación programática; es la entrega del Organismo Legislativo a estructuras señaladas sistemáticamente de corrupción. La incorporación del partido de Felipe Alejos fortalece a la vieja política y demuestra la ausencia total de un proyecto de Nación”.
Nuevamente, José Carlos Sanabria manifestó:
Y, Samuel Pérez responde:
«La urgencia nacional fue la fachada para consumar el intercambio de favores políticos. Contábamos con plazo legal hasta enero de 2027 para discutir con madurez una planilla de Junta Directiva articulada sobre compromisos legislativos reales: la sequía, el colapso vial nacional, el alza a la canasta básica y la transparencia presupuestaria. Aprobar la Directiva a toda prisa minutos después de recibir el dictamen del MetroRiel, evidencia que el transporte masivo fue utilizado como la moneda de cambio para amarrar la votación del Presupuesto General de la Nación».
Los otrora compañeros de bancada hoy se ven enfrentados por sus decisiones legislativas. Foto de archivo de Prensa Libre en línea.
La mecánica transaccional: del MetroRiel al Presupuesto General de la Nación 2027
El Observador hizo un seguimiento a la crónica legislativa de la sesión del 27 de octubre de 2026, la cual permite ver el vínculo operativo entre la elección directiva y la aprobación de la normativa. El dictamen favorable de la Iniciativa 6830, Ley del MetroRiel, fue presentado ante el pleno escasos minutos antes que se procediera a la votación de la planilla encabezada por Luis Contreras. Inmediatamente después de oficializarse la elección de la Junta Directiva con 123 votos, la bancada oficialista activó la moción de urgencia nacional.
El Decreto 24-2026 establece un régimen especial de contratación y gestión delegada en favor de la Empresa Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA), otorgándole facultades para la planificación, supervisión, construcción y puesta en marcha del sistema ferroviario metropolitano. La velocidad con que avanzó la normativa en un solo debate, alcanzando 134 votos, respalda la tesis de que la concesión de la Segunda Secretaría al partido Todos operó como el incentivo de cierre para asegurar la cantidad de votos necesaria para su aprobación. No obstante que Todos cuenta con sólo 6 diputados, esa elección pudo contribuir al voto de otros partidos aliados con ese partido.
Esta dinámica transaccional sienta las bases para la discusión del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2027, pues el gobierno requiere del voto de un mínimo de 107 diputados y diputadas para ratificar los techos de endeudamiento, autorizar la emisión de bonos y aprobar las asignaciones destinadas a los CODEDE -a donde apuntan los partidos políticos-, así como a ministerios clave. La alianza coyuntural entre el oficialismo, CREO, Azul, Valor, Cabal, Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) y Todos, estructura, en el corto plazo, un bloque que garantiza la fluidez de las partidas financieras a cambio de la distribución del poder administrativo interno en el Congreso.
Luis Contreras y Felipe Alejos Lorenzana, dos figuras legislativas que influyen en el panorama político actual, a pocos meses de las elecciones generales 2027. Foto: Collage elaborado por El Observador
Repercusiones estatales: economía, balance de poderes y el tablero preelectoral 2027
Las decisiones adoptadas por el Legislativo proyectan consecuencias de largo alcance en la economía, la arquitectura institucional del Estado, y la configuración de las fuerzas políticas que competirán en las elecciones generales de 2027.
En lo económico, la aprobación de la ley para agilizar el MetroRiel otorga certeza jurídica a uno de los megaproyectos de infraestructura prioritarios para la productividad de la región central del país. La posibilidad de agilizar la contratación pública bajo FEGUA, promete reducir los costos logísticos derivados del colapso del transporte público. Sin embargo, los análisis de economía política advierten que la inclusión de bloques legislativos señalados por graves casos de corrupción y de prácticas clientelares en la conducción del Congreso, eleva los riesgos de opacidad en la asignación de obras públicas complementarias y en las transferencias presupuestarias hacia gobiernos locales.
En cuanto al balance de poderes, la reelección de la Junta Directiva bajo un esquema transaccional debilita la función fiscalizadora del Legislativo frente al Ejecutivo. La alianza construida garantiza la gobernabilidad del gobierno en el corto plazo, pero a costa de neutralizar los contrapesos parlamentarios.
La permanencia de un liderazgo dócil en la Presidencia del Congreso asegura la canalización de la agenda oficial bloqueando, al mismo tiempo, cualquier intento de reforma estructural al sistema de justicia o a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) que pudiese alterar las reglas del juego democrático —y que no habrá en el presente—, ya que las decisiones trascendentales están en manos de bloques conservadores antirreformistas.
Respecto a la dinámica electoral rumbo al 2027, la votación en el Congreso ha delimitado tres bloques claramente diferenciados:
- La alianza pragmática gubernamental, quizá frágil pero conveniente en el corto plazo, integrada por Semilla, CREO, Azul, Cabal, VOS, Valor y Todos, apuesta a presentar las aprobaciones de leyes como la del MetroRriel como un logro y un avance de su administración, aunque tenga que asumir el costo político de aliarse con personajes cuestionados.
- Para los bloques de derecha conservadora y tradicional, tipo Vamos, que se encuentran fragmentados y con pocas opciones de negociación, esta alianza legislativa les da un respiro y les proporciona apoyo real para articular una mayoría alternativa para bloquear propuestas como las reformas al sistema de justicia o la aprobación de recursos económicos, de cara a las elecciones generales del próximo año.
- En un tercer polo está la oposición reformista urbana, representada por bloques como Raíces, utiliza la denuncia de estos pactos como eje de movilización política, buscando consolidar una plataforma electoral anticorrupción como carta de presentación para enfrentar el próximo ciclo de urnas.
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