Ecocidio: otra razón para ratificar el Acuerdo de Escazú

Nota de coyuntura No. 261/ por Noe Vásquez Reyna

Un evento reciente recordó que la ratificación del Acuerdo de Escazú sigue pendiente. Aunque el Estado de Guatemala firmó en 2018 dicho Acuerdo, la insistente y efectiva oposición del sector empresarial corporativo desde 2019, y el actual silencio administrativo del gobierno de Bernardo Arévalo de León han dejado relegado el primer tratado ambiental y de derechos humanos en la región, así como el primer acuerdo vinculante a nivel mundial que incluye medidas específicas para la protección de las personas y colectivos defensores del medio ambiente.

^{Representantes de comunidades afectadas por la contaminación y el deterioro ambiental durante el foro: “Justicia ambiental y tribunas ciudadanas”. Fuente: El Observador.}

Justicia ambiental ante el ecocidio en Guatemala

El 28 de octubre recién pasado, la Alianza Escazú Guatemala llevó a cabo el evento “Justicia Ambiental y Tribunas Ciudadanas: hacia un Tribunal de Conciencia sobre el Ecocidio en Guatemala”, para reflexionar sobre la justicia ambiental, compartir experiencias territoriales y construir conciencia frente al ecocidio.

En el foro se celebró la adopción del Acuerdo Gubernativo 198-2025, Política Pública de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos 2025-2035, por estar directamente alineada con las exigencias del Artículo 9° del Acuerdo de Escazú.

Además, se presentaron testimonios sobre afectaciones críticas en diversos territorios y regiones del país, y representantes de comunidades afectadas expusieron sus luchas:

• Lago de Atitlán. Se denunció la contaminación acumulativa por descargas de aguas residuales sin tratamiento que amenazan la salud y cultura de los pueblos Kaqchikel y Tz’utujil.

• Cuenca del Río Las Vacas y Chinautla. Expusieron la transformación de los ríos en canales de desecho metropolitano, la proliferación de vertederos y los daños al pueblo Poqomam.

• Río San Román y Franja Transversal del Norte. Recordaron la mortandad masiva de peces y la contaminación derivada de monocultivos de palma aceitera y actividades petroleras.

Posteriormente se organizaron mesas de trabajo en cuatro ejes: Ratificación, Justicia, Participación e Información, con el fin de capacitar a operadores de justicia en control de convencionalidad climática, e integrar los saberes ancestrales indígenas como derecho de acceso.

Anuncian Tribunal de Conciencia sobre el delito de ecocidio

Durante el evento, la Alianza Escazú Guatemala promovió la realización de un Tribunal de Conciencia sobre el Ecocidio en Guatemala como un ejercicio ciudadano, ético, académico y de incidencia política, el cual no forma parte del sistema judicial estatal ni emite sentencias penales vinculantes, pero sí funciona como un ejercicio ciudadano de participación activa.

Su propósito es realizar un juicio ético para emitir condenas morales públicas sobre las acciones u omisiones que provocan daños graves, extensos y duraderos a los ecosistemas, combatiendo la impunidad ambiental y fortaleciendo la memoria colectiva.

La abogada Lucía Xiloj, panelista que explicó las características del Tribunal de Conciencia y experiencias internacionales, expresó:

“En el caso de un tribunal de conciencia, pues únicamente genera una resolución de sanción moral, pero la resolución sí nos puede servir para poder incidir ya sea en el propio sistema de justicia o en el Congreso de la República para que de alguna manera pueda desarrollar una legislación que proteja de manera adecuada un derecho que sea considerado vulnerado o que no sea contemplado para que sea protegido”.

^{Abogada Lucía Xiloj explica las repercusiones en tribunales de conciencia internacionales. Fuente: El Observador.}

El abogado Crístofer López, especialista en Derecho y Política Ambiental, habló sobre el delito de ecocidio:

“Después de una larga campaña internacional en la que hemos estado promoviendo este concepto en nuestro imaginario colectivo, cualquier daño a la naturaleza nos parece efectivamente un crimen o un delito; sin embargo, hemos hecho una lucha internacional desde hace algunos años por llevar esto a niveles internacionales como un delito, como un crimen internacional. De hecho, la lucha alrededor de esta campaña ha sido principalmente para promover un quinto delito internacional ante la Corte Penal Internacional. Sabemos que hay delitos de agresión, de deshumanidad, de genocidio, crímenes de guerra, y los delitos extensos a la naturaleza y permanentes deben de ser considerados como un delito ambiental internacional y esa ha sido nuestra principal lucha”.

La primera edición de este Tribunal se centrará en analizar y dictaminar los patrones de deterioro acumulativo en el Lago de Atitlán y en la cuenca del Río Las Vacas en Chinautla.

Efraín Martínez, autoridad ancestral del pueblo maya Poqomán de Chinautla, del departamento de Guatemala, expuso:

“Siempre hemos denunciado que el Estado de Guatemala siempre ha actuado con discriminación, racismo, destrucción, y el pueblo de Chinautla no ha sido la excepción. Y es por eso que los temas que nosotros allá estamos padeciendo es, uno, la contaminación, ya que todos los desechos de toda la ciudad capital, como los de los 14 municipios del Departamento Guatemala, pues sabemos que van a parar a rellenos sanitarios en la zona 3, que al final no se le da ningún tipo de tratamiento.

Y cuando crecen las aguas de las lluvias, pues son arrastradas hacia la subfuerza del río Chinautla, ya que allá en la localidad pues cruzan tres ríos. Pasan el río Las Vacas, el río Chinautla y el río Salcá. Y todos estos, pues, llevan todos los contaminantes, los desechos de la ciudad capital, pero el mayor contaminante es del río Chinautla, que es el que atraviesa la comunidad”.

Tras la realización de foros preparatorios, talleres con comunicadores y recepción de peritajes científicos y testimonios comunitarios, la sesión principal del Tribunal de Conciencia está programada para febrero de 2027.

¿Qué es el Acuerdo de Escazú?

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe fue adoptado en el cantón de Escazú, San José, Costa Rica, en marzo de 2018, y constituye el primer tratado ambiental y de derechos humanos en la región, así como el primer acuerdo vinculante a nivel mundial que incluye medidas específicas para la protección de las personas y colectivos defensores del medio ambiente.

Conocido como el Acuerdo de Escazú, tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

^{Fuente: El Observador con asistencia de  IA.}

El Acuerdo Regional está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe. El período de firma tuvo lugar entre el 27 de septiembre de 2018 y el 26 de septiembre de 2020 en la sede de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. Tras alcanzar los requisitos establecidos en su artículo 22, el Acuerdo de Escazú entró en vigor el 22 de abril de 2021. Hasta ahora, 24 países han firmado el acuerdo y 19 han ratificado o adherido al acuerdo.

País	Firma	Ratificación/ adhesión	Estado parte desde
Antigua y Barbuda	27/09/2018	04/03/2020	22/04/2021
Argentina	27/09/2018	22/01/2021	22/04/2021
Bahamas		05/06/2025	03/09/2025
Belice	24/09/2020	07/03/2023	05/06/2023
Bolivia	02/11/2018	26/09/2019	22/04/2021
Brasil	27/09/2018
Chile		13/06/2022	11/09/2022
Colombia	11/12/2019	25/09/2024	24/12/2024
Costa Rica	27/09/2018
Dominica	26/09/2020	22/04/2024	21/07/2024
Ecuador	27/09/2018	21/05/2020	22/04/2021
Granada	26/09/2019	20/03/2023	18/06/2023
Guatemala	27/09/2018
Guyana	27/09/2018	18/04/2019	22/04/2021
Haití	27/09/2018
Jamaica	26/09/2019
México	27/09/2018	22/01/2021	22/04/2021
Nicaragua	27/09/2019	09/03/2020	22/04/2021
Panamá	27/09/2018	10/03/2020	22/04/2021
Paraguay	28/09/2018
Perú	27/09/2018
República Dominicana	27/09/2018
San Vicente y Las Granadinas	12/07/2019	26/09/2019	22/04/2021
Saint Kitts y Nevis	26/09/2019	26/09/2019	22/04/2021
Santa Lucía	27/09/2018	01/12/2020	22/04/2021
Trinidad y Tobago		27/01/2026	27/04/2026
Uruguay	27/09/2018	26/09/2019	22/04/2021

Fuente: cepal.org

Implicaciones para los Estados y las empresas

El Acuerdo de Escazú recuerda el documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro (Brasil) en 2012, titulado: “El futuro que queremos”, en donde:

“(…) se reconoce que la democracia, la buena gobernanza y el estado de derecho, en los planos nacional e internacional, así como un entorno propicio, son esenciales para el desarrollo sostenible, incluido el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo social, la protección del medio ambiente y la erradicación de la pobreza y el hambre; se recalca que la participación amplia del público y el acceso a la información y los procedimientos judiciales y administrativos son esenciales para promover el desarrollo sostenible, y se alienta la adopción de medidas a nivel regional, nacional, subnacional y local para promover el acceso a la información ambiental, la participación pública en el proceso de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, cuando proceda”.

En ese sentido, el acuerdo exige transformaciones y obligaciones concretas para el sector público y el sector privado:

En cuanto a la transformación para los Estados prevé:

• Adecuación institucional y legislativa. Adoptar las medidas internas necesarias para hacer efectivos los derechos de acceso y adecuar la normativa nacional a los estándares internacionales.

• Protección de defensores ambientales. Garantizar un entorno seguro para defensores y organizaciones ambientales, previniendo, investigando y sancionando agresiones o el uso del sistema penal para su criminalización.

• Atención a la vulnerabilidad. Brindar asistencia técnica y jurídica gratuita a personas y comunidades en situación de vulnerabilidad (pueblos indígenas y comunidades campesinas) y garantizar información y consultas en idiomas indígenas.

• Sistemas de alerta y transparencia activa. Divulgar de forma inmediata la información relevante ante amenazas inminentes a la salud pública o al medio ambiente.

• Control de convencionalidad. Armonizar el sistema judicial con los estándares regionales de justicia climática, tales como la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

En el inciso 10 del artículo 6, el Acuerdo establece:

“Cada Parte asegurará que los consumidores y usuarios cuenten con información oficial, pertinente y clara sobre las cualidades ambientales de bienes y servicios y sus efectos en la salud, favoreciendo patrones de consumo y producción sostenibles”.

Entre las obligaciones para las empresas o sector privado, se encuentran:

• Transparencia sobre riesgos y operaciones. Promover el acceso a la información sobre sus actividades, emisiones y riesgos hacia el entorno y la salud humana.

• Informes de sostenibilidad. Fomentar la elaboración de informes periódicos que reflejen su desempeño ambiental y social, especialmente en grandes corporaciones.

• Debida diligencia y principio “quien contamina paga”. Aplicar procesos de debida diligencia en derechos humanos y clima a lo largo de su cadena de valor, asumiendo los costos de mitigación y restauración, y evitando el lavado de imagen verde (greenwashing).

• Respeto a los derechos comunitarios. Respetar los procesos de consulta y participación, absteniéndose de desinformar o instrumentalizar la justicia contra comunidades locales.

A nivel mundial, las empresas han negociado con los Estados para que sus responsabilidades sean menores cuando se trata de la Debida Diligencia. Como menciona Anne Bordatto, en febrero de 2025 la Comisión Europea presentó al Consejo y al Parlamento Europeo seis propuestas de simplificación para su adopción, también llamados “paquetes ómnibus”. De ellos, interesa el Paquete Ómnibus I que trata de la reducción de las obligaciones de información y los requisitos de Diligencia Debida para las empresas.

Duro golpe a la debida diligencia en la Unión Europea (UE)

Sobre su visita a Guatemala, el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos concluyó que las actividades empresariales siguen teniendo impactos negativos en materia de derechos humanos relacionados con los recursos naturales, incluidos al agua y la tierra, el medioambiente y la salud, así como sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y los derechos laborales.

Grupo de Trabajo de la ONU advierte sobre violaciones de DDHH por parte de empresas

Línea de tiempo sobre el Acuerdo en Guatemala

Guatemala firmó el Acuerdo de Escazú en septiembre de 2018 en la sede de la ONU, para lo cual tuvo un largo proceso de consultas con diversos sectores, en donde se involucraron entidades ambientales, académicas y entidades estatales, derivando en dictámenes favorables que dieron paso a la firma del tratado.

Por tratarse de un tratado internacional, la Dirección de Tratados Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIINEX) tuvo la iniciativa en estas consultas, obteniéndose opinión favorable de nueve entidades estatales: PDH, CONAP, INAB, MARN, OJ, MP, PRONACOM, MINFIN, MEM). En esa ocasión, SEGEPLAN y MINECO manifestaron no ser competentes para pronunciarse sobre un acuerdo ambiental y de derechos humanos.

En ese año, el titular del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Alfonso Alonso, aseguró que este instrumento garantiza el derecho a las generaciones presentes y futuras a un medio ambiente más sano y al desarrollo sostenible para la democracia ambiental, para alcanzar los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.

En 2019, gremiales del sector privado como el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), expresaron rechazo al acuerdo argumentando supuesta pérdida de soberanía, freno a las inversiones y aumento del litigio ambiental.

Los derechos de acceso a la información y consulta son considerados un estorbo para los empresarios y sus intereses, desde lo cual surge la estrategia de criminalizar a los defensores del territorio instrumentalizando las leyes. Para eso es necesario cooptar al sistema judicial y al Ministerio Público (MP), lo cual consiguieron durante las administraciones de Jimmy Morales Cabrera y Alejandro Giammattei Falla, con el apoyo de la ex Fiscal General, Consuelo Porras Argueta.

El 13 de diciembre de 2022, el gobierno de Giammattei Falla remitió una carta oficial al Secretario General de las Naciones Unidas señalando que Guatemala “no tenía intención de ser parte del acuerdo”.

“La República de Guatemala le informa oficialmente, como depositario del Acuerdo de Escazú, que no tiene la intención de ser parte en el Acuerdo. Su firma del Acuerdo por lo tanto, no dará lugar a ninguna obligación legal para la República de Guatemala, de conformidad con el derecho internacional”.

El Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (EPU) de abril de 2023, aporta las recomendaciones 90.10 y 90.11 para que el Estado de Guatemala ratifique el acuerdo, para hacer viables las demás recomendaciones sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que contiene dicho informe para la protección de los recursos naturales y el desarrollo sostenible.

Cuatro titulares de mandatos de Procedimientos Especiales de Naciones Unidas hicieron llegar al Gobierno de Guatemala, durante el período julio de 2019 y enero 2025, cartas firmadas por Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la Situación de los defensores de Derechos Humanos; Elisa Morgera, Relatora Especial sobre la Promoción y la Protección de los Derechos humanos en el Contexto del cambio climático; Astrid Puentes Riaño, Relatora Especial sobre el Derecho Humano a un Medio Ambiente Limpio, Sano y Sostenible, y Marcos A. Orellana, Relator Especial sobre las Implicaciones para los Derechos Humanos de la gestión y Eliminación Ecológicamente Racionales de las Sustancias y los Desechos Peligrosos.

En las misivas demandan a representantes del Estado de Guatemala información sobre el progreso hacia la ratificación del Acuerdo de Escazú. A 2026, el expediente institucional se encuentra paralizado en la Dirección de Tratados Internacionales del MINEX. Aunque la Alianza Escazú Guatemala —multisectorial por la ratificación e implementación por parte del Estado de Guatemala del Acuerdo de Escazú— ha enviado cuatro comunicaciones oficiales solicitando al presidente Bernardo Arévalo de León el retiro de la carta diplomática de 2022 para enviar la iniciativa de ley al Congreso de la República, existe hasta ahora un silencio administrativo sin respuesta pública o avance visible.