Guerra jurídica contra la renovación de la CSJ
Nota de Coyuntura No. 10 / por Luis Solano
Los Presidentes del Organismo Judicial y del Organismo Legislativo, Óscar Cruz y Nery Ramos
Fuente: Congreso de la República.
Frenar la renovación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Salas de Apelaciones, y mantener por cinco años más a quienes ocupan las magistraturas desde noviembre de 2023, es el objetivo trazado por un grupo de abogados con vínculos a partidos políticos y actores que integran el “Pacto de Corruptos e Impunidad”, que han interpuesto cinco amparos ante la Corte de Constitucionalidad (CC) con ese propósito.
Historia de un proceso
El 11 de abril del presente año, el presidente del Congreso de la República, Nery Ramos, recibió de Óscar Cruz Oliva, magistrado presidente del Organismo Judicial (OJ), de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Carrera Judicial (CCJ), el informe del aviso del vencimiento del período constitucional de los magistrados de la CSJ y de Apelaciones (CA).
El 12 de octubre del presente año vence el período de las actuales Magistraturas, por lo que correspondía al Legislativo acatar el aviso y realizar la convocatoria para conformar las Comisiones de Postulación respectivas, las que deben presentarle las listas de candidaturas para la renovación de la CSJ en el plazo ya indicado.
Ramos indicó en su momento:
“La convocatoria se hará conforme al tiempo establecido en la Ley del Consejo de la Carrera Judicial, que son seis meses antes del vencimiento del período”.
Días después, el 24 abril, el Congreso de la República publicó en el Diario de Centroamérica el Acuerdo Legislativo 21-2024 por medio del cual se convocó a integrar las Comisiones de Postulación para elegir las magistraturas de la CSJ y de CA, así como además Tribunales de igual Categoría.
Esa publicación legal activó a grupos políticos y gremios de abogados que, con cinco amparos ante la CC ahora buscan entrampar el proceso de las postuladoras de cuyos listados de candidaturas deben salir las 13 Magistraturas para la CSJ, y 135 magistrados y magistradas titulares y 90 suplentes para integrar las Salas de Apelaciones.
En ese contexto, cuatro abogados departamentales se encargaron de arrancar lo que parece ser una batalla legal de los grupos y partidos políticos que les conviene la no renovación de la CSJ, aunque todos dicen actuar a título personal.
Así, el abogado quezalteco Saúl Israel Ramos Zarate inició con una acción de amparo el 16 de mayo bajo el Expediente 2985-2024; luego, otro abogado quezalteco, Romeo Silverio González Barrios, presentó dos Acciones de Amparo el 23 de mayo bajo los Expedientes el 3165-2024 y 3168-2024; un día después, el 24 de mayo, el abogado petenero Manuel Emilio Lara Ayala acudió con el Expediente 3258-2024. Finalmente, el abogado jalapaneco Melkin Amílcar Escobar Palma presentó otra Acción de Amparo, pero fue en contra del CCJ. Dada la cantidad de amparos sometidos, no deberá extrañar que haya más acciones de esa naturaleza, y dependerá de la CC que esos amparos logren su objetivo.
De manera resumida, tanto los amparos de Ramos Zárate como el de Escobar Palma indican que los actuales Magistrados y Magistradas deben cumplir los cinco años en el cargo y no entregarlo en octubre, ya que fueron electos en noviembre de 2023. Por su parte, los de González Barrios indican, el primero, que el acuerdo no cumple con todos los parámetros de ley, mientras que el segundo afirma que se convocó con antelación a las Comisiones de Postulación; mientras que el de Lara Ayala asegura que el Acuerdo Legislativo tiene errores de redacción.
Como se recordará, el 6 de noviembre de 2023 la CC resolvió en el Expediente 1169-2020 ordenar al Congreso de la República realizar la elección de Cortes de Justicia para completar el período 2019-2024. Esa orden llegó tras cuatro años de atrasos por conveniencias políticas de los partidos políticos aliados en el “Pacto de Impunidad” que entramparon la elección durante todo ese tiempo, y mantuvieron en sus cargos de facto a los Magistrados y Magistradas electas en 2014. El 15 de noviembre de 2023, tras una maratónica sesión el Congreso de la República realizó esa elección, y fue claro en la orden de la CC que el período de quienes resultarán electos era de noviembre de 2023 a octubre de 2024.
Acá algunos extractos del Expediente 1169-2020:
En su parte final, la resolución de la CC establece claramente que la elección que debía realizar el Congreso correspondía al período constitucional restante de 2019-2024:
Quiénes son los abogados
Saúl Israel Ramos Zárate
Fuente: CANG
De acuerdo con el sitio web de la Municipalidad de San Miguel Ixtlahuacán, Saúl Israel Ramos Zárate es Juez de Asuntos Municipales, nombrado por el Concejo Municipal bajo la administración del Alcalde, Jorge Rolando Pérez Domingo, del partido Compromiso, Renovación y Orden (CREO), instancia que se desliga de las acciones de Ramos Zárate. Se recuerda que, en el organigrama municipal, el juez está supeditado directamente al Alcalde.
Romeo Silverio González Barrios
Fuente: CANG
Romeo Silverio González Barrios es un abogado evangélico que en 2020 fue candidato a Gobernador por el departamento de Quetzaltenango.
Como es ampliamente sabido, el 8 de agosto de 2011 González Barrios, junto a otros dos de sus colegas, Werner Danilo de León Pléitez y Pablo Saúl López Reyes, todos de Quetzaltenango, presentó una Acción de Inconstitucionalidad contra cuatro artículos de la Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer, la cual había sido aprobada en 2008 durante el gobierno de Álvaro Colom Caballeros (2008-2012) y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Esa acción cobró notoriedad, porque González Barrios hizo uso de principios bíblicos en parte de sus argumentos, lo que llevó a la columnista del diario Prensa Libre, Carolina Vásquez Araya, a considerar esa acción como “una pieza de antología merecedora del oprobio público”.
Manuel Emilio Lara Ayala
Fuente: CANG
Manuel Emilio Lara Ayala es un abogado y notario petenero. Según información de prensa, la dirección que da en la base de datos del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) es de un bufete en Ciudad de Guatemala, pero ahí se refirió que ya no laboraba con ellos. El bufete es dirigido por el abogado Wilvi Garibaldi Herrera Clara, quien fue asesor jurídico de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) durante el gobierno de Otto Pérez Molina (2012-septiembre 2015) y el Partido Patriota (PP).
Desde su cuenta de X (Twitter), Lara Ayala destaca por reproducir mensajes de las direcciones más importantes del llamado “net center”, una suerte de punta de lanza del “Pacto de Impunidad” utilizado para atacar a los opositores de los gobiernos anteriores de Jimmy Morales Cabrera y de Alejandro Giammattei, al mismo tiempo que despotricar contra el actual gobierno de Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar, a la vez que otorgar su espaldarazo a las autoridades del Ministerio Público (MP) en el pulso que mantiene con el mandatario y el Movimiento Semilla.
A Lara Ayala se le vincula a la defensa del exdiputado del cancelado PP, Fernando José Siliezar Mena, involucrado en el caso de corrupción conocido como “Fraude a Chicamán” que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) dio a conocer en 2018. Siliezar Mena es el esposo de la exdiputada del PP, Emilenne Mazariegos, también involucrada y procesada por ese caso. Un hermano de Siliezar Mena, Erick Antonio, también involucrado en dicho caso, fue defendido por el abogado Amadeo de Jesús Guerra Chacón, quien fue asesor de tesis de Lara Ayala. Tanto a Guerra Chacón como a Lara Ayala se les mencionó con conexiones al bufete del abogado Carlos Antonio Rodríguez Arana, Director General del Cuerpo Consultivo de la Presidencia durante el gobierno de Óscar Berger Perdomo (2004-2008) y la Gran Alianza Nacional (GANA), que se caracterizó por la defensa de involucrados en los “Casos Chicamán y Génesis”, este último caso también investigado por la CICIG, y que involucró a miembros de la familia Mendoza y el robo de tierras en Petén.
Melkin Amílcar Escobar Palma
Fuente: CANG
Melkin Amílcar Escobar Palma es un abogado jalapaneco que fue fiscal departamental del partido Vamos en las elecciones generales del 2023, y a quien también se le vincula en el pasado al cancelado partido Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación que llevó a Jimmy Morales Cabrera a la Presidencia de la República.
Comenzó a ejercer como abogado a partir de 2023, y desde 2019 a la fecha ha tenido contratos por servicios técnicos y profesionales con las Municipalidades de Jalapa, Zacapa y Chiquimula. Durante el periodo 2020-2023 fue Secretario Municipal de la Alcaldía de San Pedro Pinula, Jalapa, con el entonces Alcalde de Vamos, José Roberto Ramírez Guerra, reelecto en 2023 con la UNE.
Sobre su vínculo con Vamos, Escobar Palma ha dicho que participó como fiscal en las elecciones de 2019 con el partido Bienestar Nacional (BIEN), pero dicha agrupación para la segunda vuelta de los comicios de 2023 unió fuerzas con Vamos y, de esa cuenta, asumió como fiscal departamental de Jalapa. En enero de 2023, siendo fiscal del entonces partido oficial Vamos, interpuso un Recurso de Nulidad contra el Decreto de Convocatoria a Elecciones Generales Número 1-2023 del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el cual fue publicado en el Diario de Centroamérica el 23 de enero de 2023.
El recurso mencionado fue rechazado “in límine” por el TSE el 30 de enero de 2023.
“Yo no laboré con el gobierno (de Alejandro Giammattei). No estoy afiliado al partido Vamos, pero como abogado, a veces me han invitado políticos para que les apoye en el tema de asesoría legal y es por eso que he capacitado”.
Según fotografías en redes sociales, el abogado ha tenido acercamientos con políticos de los partidos políticos Humanista Guatemalteco (PHG) y Valor, publicó el diario La Hora.
Aunque en el amparo Escobar Palma dice actuar “en mi propio auxilio y patrocinio”, se infiere que grupos de poder jalapanecos y de partidos políticos aliados en el “Pacto de Corruptos” estarían acuerpándolo. Antes de graduarse en 2022 en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Escobar Palma trabajaba en el bufete del abogado jalapaneco Faver Emilio Salazar Cordero, diputado electo por Valor en la X Legislatura, y candidato a diputado por Jalapa por el mismo partido en 2019. Salazar Cordero es hijo de Faver de Jesús Salazar Vides, constructor, transportista y pastor evangélico en Jalapa que fue candidato a Alcalde por ese departamento postulado por Valor en las elecciones generales de 2019, y financista desde ese año.
