Órdenes de captura involucran a decenas de mujeres y hombres q’eqchi’
Nota de coyuntura No. 55 / por Rolanda García
Más de treinta mujeres y treinta hombres, defensores comunitarios de la aldea Río Cristalino, tienen órdenes de captura, acusadas y acusados de varios delitos que no cometieron, según cuenta una de las denunciadas. La mayoría de las perseguidas son madres y campesinas que sobreviven de los cultivos básicos que cosechan en cada temporada.
Foto: Rolanda García
Criminalización por defender el derecho a la tierra de la comunidad
Las personas denunciadas afirman que la criminalización surge por defender la tierra de la comunidad, donde conviven más de 200 familias maya q’eqchi’, un territorio donde sobrevivieron sus ancestros hace décadas. Manifiestan que sus territorios fueron negociados durante el sistema entreguista de la Reforma Liberal del gobierno de Justo Rufino Barrios, cuyos oligarcas otorgaron los territorios originarios a personas extranjeras. Señalan que son perseguidas por integrantes de la familia alemana Dieseldorff, siendo la denunciante Romelia Patricia Dieseldorff Neal de Estrada, quien disputa las fincas Dolores y Delicias que se localizan en Cobán, Alta Verapaz.
Según el dirigente campesino Leucadio Juracán, del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), dicha familia extranjera de origen alemán, desde el año 2007 persigue a varios dirigentes comunitarios y sociales de la comunidad Río Cristalino, en complicidad de las autoridades judiciales.
Mientras se desarrollaba esta nota, la señora Elvira Tut Guitz, junto a su esposo Antonio Tox Ac, capturados recientemente fueron puestos en libertad bajo medidas sustitutivas y pagando una fianza; ambas víctimas habían sido detenidas por elementos de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) quienes, a través de engaños a los campesinos, llegaron a la comunidad y los llevaron al pueblo donde fueron sometidos y encarcelados, según relata un poblador.
Aseguran que desde que las mujeres se enteraron de su persecución han permanecido en sus casas, y otras viven de manera clandestina en sitios menos frecuentados y lejanos para evitar su captura. Una de las afectadas reveló que, aunque no están en una cárcel, el efecto de la criminalización es denigrante debido a que han dejado de visitar a sus familiares que viven en otras regiones; además, dejaron de viajar e ir de compras en los mercados comunales urbanos donde acostumbraban llegar.
El costo económico y social de la criminalización
Resaltan los denunciantes criminalizados que Dieseldorff Neal de Estrada ha emitido 66 órdenes de captura contra mujeres y hombres, nueve personas han sido detenidas y encarceladas en diferentes momentos, y algunos y algunas ya fueron absueltos y absueltas bajo medidas sustitutivas y pagando una cantidad de dinero. Según relata una afectada que pidió no señalar su nombre por su condición de perseguida, tiene limitaciones de trabajar libremente. A raíz del poco acceso, algunas familias enfrentan serios problemas económicos y emocionales.
Un padre de familia que fue puesto en libertad bajo medidas sustitutivas relata que su captura ocurrió cuando se encontraba fuera de la comunidad en busca del sustento diario.
“Salimos para mantener nuestra familia y allí nos han logrado capturar a varios; para las mujeres esta situación las convierte más pobres como están; las mujeres tienen mucho miedo y se entristecen porque no quieren dejar a sus hijos si se van a la cárcel”.
En esta época, la persecución les convierte aún más vulnerables debido al impacto de la sequía que ha deteriorado sus cosechas. Un padre de familia remarca:
“Es lamentable lo que nos pasa porque ahora no hay cosecha de cardamomo, no hay dinero, esta situación de pobres nos obliga a salir a buscar trabajo, pero el miedo nos acompaña porque en cualquier momento nos capturan”.
Los señalados y señaladas son acusados y acusadas de usurpación agravada, robos, delitos contra el ambiente y narco actividad. Según Leocadio Juracán:
“Vemos que hay una desesperación del sector empresarial de quitar las tierras; es totalmente repudiable que 33 mujeres tienen órdenes de captura, ya han capturado a varios hombres, el jueves pasado llevaron a dos habitantes detenidos”.
No se demuestra la propiedad de la tierra
Algunos capturados y llevados en las audiencias revelan que, en los litigios, la demandante no ha presentado ninguna titulación de la tierra que dice ser de su propiedad. Enfatiza un comunitario criminalizado que:
“Nunca la señora Patricia nos enseñó los documentos donde se registra la tierra, nuestros abogados han constatado que en el Registro de la Propiedad y Catastral no existe el nombre de esa señora Patricia Dieseldorff”.
Pese a la falta de titulación que sustenta la propiedad sobre la tierra por parte de Patricia Dieseldorff Neal de Estrada, la población está amenazada con varias órdenes de desalojos que los abogados han logrado detener hasta ahora a través de amparos, ya que no se cumplían las condiciones sociales para no abandonar a las familias en caso de llevarse a cabo el desalojo, según se determinó en un análisis de riesgo, manifiesta un poblador.
Destacan que la persecución ha sido perpetrada por el Ministerio Público (MP), donde las autoridades se prestan a realizar supuestas investigaciones con resultados maliciosos y en donde han demostrado su total inclinación a los criminalizadores.
Un dirigente social que fue absuelto hace algunos meses señala:
“Las autoridades del MP, cuando dicen que nos deja libres, siempre nos imponen una multa y nos cobran dinero a los indígenas, cuando hacen eso significa que ellos les creen a las autoridades y por eso que nos piden dinero y nos hacen firmar los libros porque, según ellos, tenemos delitos”.
Río Cristalino es una de varias comunidades del norte de Guatemala que sufren exclusión a los servicios básicos porque el Estado no los reconoce como comunidades indígenas que pueden gozar de los derechos plenos.
A criterio de la población indígena, tanto la criminalización, las órdenes de desalojo y la falta de servicios básicos que sufren, se podrá solucionar solo si el Estado y el nuevo gobierno de Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera del Movimiento Semilla, reconocieran a las comunidades indígenas como sujetos y propietarios legítimos de sus tierras.
Quién es Romelia Patricia Dieseldorff Neal de Estrada
Romelia Patricia Dieseldorff Neal de Estrada proviene de una las familias terratenientes de mayor poder económico de Alta Verapaz. De padre alemán y madre estadounidense, Dieseldorff Neal es hija de Wilhelm Erwin Dieseldorff Gressler y nieta de Erwin Paul Dieseldorff, acaudalados cafetaleros alemanes.
Está casada con el terrateniente Roberto Antonio Estrada Heidenreich quien heredó la finca Santa Rosa, localizada en el municipio de Purulhá, Baja Verapaz, de su padre el militar Antonio Estrada Sanabria, ubiquista y que estuvo al mando del llamado “Ejército de Liberación” por ser “mano derecha” del coronel contrarrevolucionario Carlos Castillo Armas, presidente de la República del 1 de septiembre de 1954 al26 de julio de 1957, cuando fue asesinado.
Estrada Sanabria fue director general de la Guardia Civil contrarrevolucionaria en 1955, y precandidato presidencial de los partidos Liberal Auténtico (PLA) y Democracia Cristiana (DCG).
Dieseldorrf Neal es supuesta propietaria de la finca que tiene una extensión de 13 caballerías de tierra y, según se ha informado, las personas comunitarias que hoy corren el riesgo de ser capturadas se posicionaron en el año 2009 de unas 30 hectáreas.
Aparece como representante legal de varias empresas, tal como puede observarse en el siguiente recuadro.
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