Hagamos paz con la naturaleza: la COP16 y las metas recicladas de Guatemala
Nota de Coyuntura No. 56 / por Marco Fonseca
En el segmento de Alto Nivel de la COP16 sobre Biodiversidad que tuvo lugar el 29 de octubre del presente año, en Cali, Colombia, la ministra de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, Patricia Orantes Thomas, presentó las metas ambientales del país como un ejemplo de compromiso en la lucha global por la conservación. Asimismo, representó a Guatemala en el Foro Internacional Indígena de Biodiversidad en donde “destacó el rol esencial de los Pueblos Indígenas en la preservación de la vida en el planeta”.
Fuente: https://x.com/pattyo502/status/1851424102629712125
Ecología Política Crítica y dependencia extractivista
Entre sus declaraciones ante el segmento de Alto Nivel, Orantes Thomas hizo eco de las palabras del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, subrayando la necesidad de detener la “guerra contra la naturaleza”, y enfatizó que Guatemala ya ha logrado la meta de conservación 30×30 al declarar el 32% de su territorio como área protegida. Asimismo, expuso objetivos aparentemente ambiciosos como, por ejemplo, alcanzar una tasa cero de deforestación neta para 2028 y aumentar la generación de energía eléctrica renovable al 80% para 2032.
Así como ocurrió cuando Guatemala presentó su “Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional” para la COP21 sobre el cambio climático en 2015, muchas de las metas sobre biodiversidad que se han presentado en 2024 son en realidad adaptaciones o reciclajes del Plan Nacional de Desarrollo K’atun 2032, dado a conocer en agosto de 2014 por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR), durante el gobierno corrupto de Otto Pérez Molina (2012-septiembre de 2015) y el Partido Patriota (PP), el cual estableció la estrategia oficial de desarrollo a largo plazo y que ha sido criticado por su enfoque marcadamente proempresarial, priorizando modelos de desarrollo que favorecen al capital transnacional y extractivista.
Las propuestas presentadas por la ministra del MARN muestran falta de innovación, y corren el riesgo de seguir reproduciendo un modelo de conservación extractivista e insuficiente para enfrentar la crisis ambiental y climática. Tomando como base principios de ecología política crítica, agroecología y Buen Vivir es posible afirmar que, para alcanzar una conservación genuina y efectiva, es esencial ir más allá del Plan K’atun 2032 y las metas recicladas presentadas en la COP16, e integrar estos principios en una articulación democrática amplia y participativa. Sin una reforma moral e intelectual y sin un cambio estructural en el modelo político y económico, incluyendo las dinámicas de gobernanza ambiental, el país seguirá anclado en un modelo insostenible y represivo, pese a los compromisos superficiales.
La ecología política crítica plantea que las políticas de conservación son insuficientes si no cuestionan los sistemas económicos que impulsan la destrucción ambiental y ecológica. En el caso de Guatemala, el Plan K’atun 2032 refleja la dependencia de un modelo extractivista y de “desarrollo” orientado a la acaparación de recursos y la exportación de agromercancías, lo cual limita de entrada cualquier esfuerzo ambiental presentado como auténtico.
La meta de aumentar la generación de energía renovable al 80%, por ejemplo, es una adaptación de lo que dice el Plan K’atun 2032 en la página 294, pero no queda claro cómo se logrará esta transición sin recurrir a megaproyectos hidroeléctricos o mineros que impactan negativa y violentamente a las comunidades y el medio ambiente.
Este modelo de desarrollo impulsado por el capital nacional y transnacional, así como los intereses geoestratégicos de Estados Unidos en la región, limitan el alcance de las políticas de conservación y ponen en riesgo la soberanía alimentaria, energética y ecológica de Guatemala. Para abordar esta contradicción sería necesario plantear alternativas que fomenten la autonomía alimentaria y energética local, y que reduzcan la dependencia de recursos fósiles y proyectos extractivos. En lugar de priorizar el interés de grandes empresas y los grandes poderes globales, se debe promover una transición justa, con fuentes de energía renovable a pequeña escala y de propiedad comunitaria incluyendo, donde sea posible, un modelo de microcentrales hidroeléctricas comunitarias, necesario y propuesto por las comunidades mismas.
El Plan de Gobierno del Movimiento Semilla promete lo siguiente:
“Conseguiremos la universalización en el acceso a la energía eléctrica, con una inversión de Q7.1 millardos, con la que se impulsarán pequeños proyectos comunitarios de generación de energía producida con recursos naturales renovables” (página 44).
Esto permitiría, efectivamente, reducir la explotación de los recursos naturales, reducir “las emisiones de gases de efecto invernadero que produce el sector energético al generar electricidad y quemar combustibles fósiles”, y sentaría las bases para un modelo de desarrollo más justo y sustentable.
Concesiones comunitarias y el potencial de la Agroecología
En la cita mencionada, Orantes Thomas también destacó la importancia de las concesiones comunitarias para la conservación. Sin embargo, esta meta —extraída casi literalmente del Plan K’atun 2032 (Meta 2, página 420)— es limitada en su alcance. El plan establece que un 5% del territorio esté bajo concesiones comunitarias, lo cual es insuficiente para garantizar un manejo adecuado y sostenible de los recursos naturales. Además, este enfoque proempresarial limita la expansión de estos esquemas más allá de áreas protegidas, y muchas veces responde a intereses de control sobre territorios estratégicos en lugar de priorizar una verdadera gestión comunitaria.
El “modelo concesionario” es alentador y muy bueno. Empezó antes de 2014 y se le incluyó en el Plan K’atun 2032, donde se estableció que un 5% del territorio esté bajo concesiones comunitarias, lo que la ministra Orantes Thomas repitió como un gran logro. Esto fue algo que se analizó en el trabajo Guatemala: Desafíos ambientales y ecológicos para el ciclo institucional de la Nueva Primavera 2024-2028 (páginas 14-15). Pero, en 2024, la meta de Guatemala del 5% de concesiones comunitarias de manejo sostenible del bosque en tierras públicas se queda muy corto comparado con la destrucción de bosques y otros recursos, tanto en tierra públicas como privadas, dado el avance continuo del extractivismo y no solo por fenómenos como los incendios forestales, talas ilegales, usurpaciones y despojos, así como cambio del uso del suelo en las áreas protegidas.
El Plan de Gobierno del Movimiento Semilla habla de ir “hacia una gran transición verde” que:
[N]os convertirá en un país resiliente, sano y con futuro. Invertiremos más de Q7.0 millardos en programas directos para la recuperación de los suelos, las aguas y los bosques, a lo que se suman otros esfuerzos por producir energía con recursos renovables y la transformación productiva del país con una visión de sostenibilidad ambiental (Semilla 5); apoyar el saneamiento ambiental, el tratamiento de aguas (Semilla 3), y la construcción de medios masivos de transporte con menor impacto ambiental (Semilla 4), siendo este otro núcleo de inversiones que provocarán un cambio estructural en nuestra sociedad (página 49).
De hecho, las promesas del actual partido gobernante en este rubro y, por extensión, del gobierno de Arévalo de León y Herrera Aguilar, son mucho más ambiciosas de lo mencionado por Orantes Thomas en la COP16, tal como puede constatarse en el siguiente recuadro.
Pero solo un modelo de agroecología ofrece el marco posible y estructuralmente alternativo para cumplir estas promesas y fortalecer estos esquemas, ya que permite una relación armónica con el entorno y fomenta prácticas sostenibles de manejo de la tierra y los recursos naturales, como no lo hace y, de hecho, niega el presente modelo de capitalismo neoliberal y extractivista. La ampliación de las concesiones comunitarias debería basarse en el respeto de los derechos territoriales y en la integración de prácticas agroecológicas que disminuyan la dependencia de monocultivos y métodos industriales. Esto contribuiría a la seguridad alimentaria y a la autonomía de las comunidades rurales, permitiéndoles desarrollar una relación sostenible con su entorno.
Filosofía del Buen Vivir y la meta de cero deforestación
La filosofía del Buen Vivir, inspirada en cosmovisiones indígenas, propone una relación de equilibrio y respeto entre los seres humanos y la naturaleza. La meta de alcanzar una tasa cero de deforestación para 2028, otro objetivo contemplado en el Plan K’atun 2032 (Meta 5, página 421) y no presente en el Plan de Gobierno del Movimiento Semilla, refleja este espíritu, pero su implementación corre el riesgo de ser cooptada por intereses empresariales a través de proyectos de reforestación privados y esquemas como la “reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques” (REDD+).
Estos modelos suelen priorizar el valor de cambio o mercado de los recursos naturales para el mercado de bonos de carbono, y constituye un “green grabbing” (acaparación verde) que ignora los impactos sociales, culturales y ambientales en las comunidades. Por ello, mecanismos como REDD han sido llamados “un mecanismo intrínsecamente corrupto” que no es para nada una bala de plata para la biodiversidad y es, más bien, disfrazado de “economía verde”, el “asalto final a los bienes comunes”.
Una política de deforestación 0 inspirada en el “bien común” constitucional y en el Buen Vivir de los Pueblos Originarios, debe ir más allá de la simple prohibición de talas, la plantación de monocultivos y la “reforestación” en las zonas permitidas por el capital nacional y transnacional. En su lugar, debería enfocarse en la restauración ecológica integral, biológica, en articulación con el fortalecimiento de los sistemas de vida de las comunidades. El Buen Vivir plantea que la naturaleza tiene derechos propios y que su conservación no debe depender únicamente de beneficios económicos o financieros. Para alcanzar esta meta, es necesario reconocer y proteger los territorios de las comunidades indígenas y locales, quienes son los guardianes tradicionales de los bosques y los ecosistemas.
Articulación democrática y gobernanza inclusiva
Más inquietante resulta que, en 2022, el MARN reconoció que el 95% de los ríos nacionales estaba contaminado:
Dos años antes, la organización internacional no gubernamental The Ocean Cleanup (OCU), realizó un estudio mundial para conocer los ríos que más plástico acarrean hacia los océanos. Detectaron que 1,000 ríos alrededor del planeta aportan más del 80% del plástico que flota en los mares, y 25 de ellos están en Centroamérica, de los que 11 se encuentran en Guatemala.
Las metas de Guatemala simplemente no son ambiciosas, y las manos de las corporaciones empresariales y sus intereses agroexportadores y extractivistas tienen mucho de responsabilidad en ello, y Guatemala se encuentra hoy en una verdadera encrucijada, tanto ambiental y climática como política y social: puede optar por una conservación que priorice los intereses empresariales y responda a las demandas del mercado global y la clase capitalista transnacional, o puede abrazar un modelo de “desarrollo” democráticamente articulado y centrado en la justicia social y ambiental, donde el respeto por la naturaleza y los derechos de las comunidades sean prioritarios, y donde sea posible implementar una transición, tanto energética como ecológica y social, justa y duradera. Pero no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Para que la naturaleza y el planeta estén “vivos y vibrantes,” como señaló Orantes Thomas en su intervención, es esencial construir e implementar una nueva ética de la conservación basada en la solidaridad, la autonomía y la dignidad de todos los seres vivos.
