El poder militar y los giros en la justicia
Nota de coyuntura No. 65 / por Luis Solano
La suspensión del juicio contra el general retirado Benedicto Lucas García, por su responsabilidad en el caso conocido como Genocidio Ixil, reafirmó el poder que aún ejercen altos oficiales retirados que pertenecieron al alto mando militar, marcados por múltiples violaciones a los derechos humanos. La marcha atrás en ese caso, impactó en demasía a la Fiscalía de Derechos Humanos, la cual va camino a ser transformada por las altas autoridades del Ministerio Público, sobre todo al nombrar a un nuevo fiscal: Noé Nehemías Rivera Vásquez, sancionado en la Lista Engel.
De izquierda a derecha, César Noguera Argueta, Manuel Benedicto Lucas García y Manuel Callejas en un tribunal de Ciudad de Guatemala, en noviembre de 2019. Recuperada en: https://elpais.com/america/2024-11-19/guatemala-pide-2860-anos-de-prision-para-un-ex-alto-cargo-militar-por-genocidio-contra-el-pueblo-ixil.html
Golpe a la justicia
Los magistrados de la Sala Primera de Apelaciones Marco Tulio Pérez Lemus, Jorge Emilio Morales Quezada, presididos por la magistrada Miriam Regina Brolo Salazar de Córdova, con su resolución del 28 de noviembre de 2024, ordenaron que el Tribunal Primero de Sentencia Penal por procesos de Mayor Riesgo grupo A, detenga la fase final del juicio al general retirado Benedicto Lucas García, responsable del caso denominado Genocidio Ixil.
“Con ello evitaron la sentencia que estaba por emitirse después de 99 audiencias donde quedó plenamente probada la comisión de Genocidio y la responsabilidad directa del acusado en más de 19 graves masacres en contra de niñas, niños, mujeres embarazadas, ancianas y ancianos, además de cientos de otros hechos como Desaparición forzada, tortura y violencia sexual, causando más de 1800 víctimas”, denunciaron la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR) y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG).
La Fiscalía de Derechos Humanos presentó durante el juicio 71 testimonios, de los que 11 fueron de mujeres sobrevivientes de violencia sexual. También ofrecieron 55 peritajes, incluidas excavaciones en fosas clandestinas, 42 de antropología forense y 13 de otras disciplinas, además de decenas de documentos y pruebas materiales.
De acuerdo con la organización Impunity Watch, en octubre de 2019 inició un nuevo proceso penal en contra de tres miembros de la cúpula militar de la dictadura de Romeo Lucas García (1978-1982), acusados de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad en contra del Pueblo Maya Ixil de Guatemala. Los acusados fueron César Octavio Noguera Argueta (fallecido durante el juicio, en enero de 2020), Benedicto Lucas García y Manuel Antonio Callejas y Callejas (apartado del caso por motivos de salud, en enero de 2024). Los dos últimos fueron condenados en el 2018 por la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen y la detención y violación sexual de su hermana Emma Guadalupe. El caso se conoce como “genocidio-Lucas” porque ocurrió durante el gobierno del fallecido expresidente de Guatemala, Romeo Lucas García. También es conocido como Caso de Genocidio contra el Pueblo Ixil.
La denuncia fue presentada en el 2000 por la AJR, organización surgida después de que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) afirmara que, durante el conflicto armado de Guatemala, se cometieron actos de genocidio en contra de los pueblos indígenas. En ese mismo año, la AJR también denunció el genocidio durante la dictadura militar de Efraín Ríos Montt (1982-1983).
Magistrados son denunciados
Los magistrados de la Sala Primera de Apelaciones, afirma la AJR en un comunicado, tienen comprobados vínculos con actores corruptos y de impunidad. Otra organización expuso un historial de los magistrados.
De acuerdo con la AJR, los magistrados fueron “los responsables de una resolución sin fundamento legal para beneficiar directamente al acusado Lucas García y garantizarle impunidad, a quien vencimos en juicio, atentan gravemente en contra del proceso penal de más de 120 testigos y testigas de avanzada edad y en contra de todo el acervo probatorio que demostró el genocidio y la culpabilidad del general Manuel Benedicto Lucas García de cometer genocidio en contra del pueblo maya Ixil”.
Paralelamente, el Ministerio Público inició un proceso de desmantelamiento de la Fiscalía de Derechos Humanos, la cual ha llevado casos de alto impacto en el marco de violaciones de los derechos humanos, logrando sentencias favorables a las víctimas. Sin embargo, el caso de Benedicto Lucas y la alta posibilidad de ser sentenciado y condenado provocó un remezón a lo interno.
La Convergencia por los Derechos Humanos, denunció “que la práctica perversa y sistemática del Ministerio Público (MP) de destituir a fiscales dignos e independientes de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno de la Fiscalía de Derechos Humanos tenía como propósito obstruir y negar justicia a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Además, el objetivo de criminalizar y perseguir penalmente a jueces probos, dignos e independientes buscaba cooptar las cortes de justicia para beneficiar a personas sindicadas de delitos de lesa humanidad, genocidio y corrupción”.
La Convergencia también rechazó la resolución de la Sala Primera de Mayor Riesgo. “Esta decisión implica iniciar un nuevo juicio, ignorando los testimonios ya presentados por las y los testigos ante el tribunal, así como el impacto de revictimizarles, sobre todo a las mujeres que con valentía presentaron sus testimonios de la violencia sexual que sufrieron. Esta decisión evidencia que el sistema de justicia en Guatemala protege a violadores de los derechos humanos, sin importar el sufrimiento y el genocidio cometido contra el pueblo Ixil”, afirmó.
Un nuevo fiscal
En el marco del desmantelamiento de la Fiscalía de Derechos Humanos, experimentado el mismo proceso que sufrió la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), tras la salida al exilio de su fiscal Juan Francisco Sandoval, el X (antes twitter) de Verdad y Justicia en Guatemala, que informa sobre los casos judiciales de involucrados en violaciones a los derechos humanos, informó que el nuevo fiscal a cargo es Noé Rivera Vásquez, quien está sancionado en la Lista Engel por “presentar cargos por motivos políticos contra actores de la justicia que luchan contra la corrupción y la impunidad”.
Rivera Vásquez también está señalado de entorpecer procesos o instituciones democráticas. Encabezó los casos contra funcionarios de la FECI, del MP, juezas y la extinta CICIG, tales como Juan Francisco Sandoval, Siomara Sosa, Claudia González, Paola Escobar, Aliss Morán, Eduardo Pantaleón, Stuardo Campo, Leily Santizo, Virginia Laparra, Erika Aifán, entre otros.
El cambio se produjo luego que la Fiscalía pidió una pena de dos mil 860 años de prisión para Benedicto Lucas García por su presunto rol en ese genocidio Ixil durante los cruentos años de guerra interna. En ese marco, la defensa de Lucas García había recusado al Tribunal de Mayor Riesgo A, argumentando que dicho tribunal carecía de imparcialidad, en el momento, sobre todo, cuando el Tribunal se disponía a dictar sentencia.
El poder militar
No cabe duda de que en la reversión del caso de Genocidio Ixil se demostró, una vez más, el poder e influencia que ejerce aún el poder militar en las altas esferas del sistema judicial en Guatemala y los estrechos vínculos con el Ministerio Público.
Con el pleno respaldo de organizaciones como la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), la Fundación contra el Terrorismo (FCT, también conocida como Fundaterror en las redes sociales) y Guatemala Inmortal, el llamado “general de generales” por sus defensores, Benedicto Lucas García logró lo que no pudieron hacer sus abogadas defensoras ni consultores técnicos.
La abogada principal Lucas García, Karen Fischer, cercana a militares de aquel alto mando contrainsurgente, y sus consultores técnicos el capitán retirado Óscar Platero Trabanino (quien ha sido parte de la FCT) y el abogado y coronel retirado Juan José Recinos Hernández, estos dos últimos responsables de presentar las conclusiones de la defensa, tuvieron que recurrir a la recusación del Tribunal, la vía más fácil para evitar una condena de su defendido. Casi un calco de lo ocurrido con el juicio por genocidio de Ríos Montt.
De ese grupo, destacó la participación de Recinos Hernández, un abogado presente en la defensa de varios militares, sin duda por ser miembro de AVEMILGUA, pero sobre todo por sus conexiones con bloques del poder económico de Guatemala que influyeron, en su momento, en revertir la sentencia contra Ríos Montt. Recinos Hernández, a propuesta de AVEMILGUA, fue homenajeado por el Programa Cívico Permanente del Banco Industrial (BI), entidad de la elite empresarial guatemalteca, demostrando una vez más la llamada alianza empresarial-militar gestada durante los años de la guerra interna en Guatemala.
En ese evento también participó su esposa, la abogada Carmen Herrera, con quien fundaron el bufete Recinos-Herrera, y quien es hija de Carlos Manuel Herrera Dorión, del emporio azucarero de la familia Herrera (Ingenio Pantaleón). Se recuerda que Recinos Hernández fue jefe de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) en el corto mandato del presidente de la República Alejandro Maldonado Aguirre (Septiembre 2015-Enero 2016, que concluyó el período presidencial del general retirado Otto Pérez Molina (2012-2015), y con quien Recinos Hernández tiene una relación familiar.
En materia de homenajes destacó, a finales de noviembre, un evento para un grupo de militares retirados vinculados al Caso CREOMPAZ, que quedaron libres a principios de noviembre de 2024 y que demostró la influencia del poder militar en las esferas judiciales. Los militares homenajeados fueron Pablo Roberto Saucedo Mérida, José Antonio Vásquez García, Gustavo Alonso Rosales García, Carlos Augusto Garavito Morán (quien presentó el amparo contra el caso con el cual se anuló) y César Augusto Ruiz Morales.
En ese evento estuvieron presentes integrantes de la FCT, como el abogado y militar Moisés Galindo Ruiz y la abogada Karen Fischer, además de un grupo de cadetes de la Escuela Politécnica que rindieron honores, pero sin explicarse quién fue el responsable de esa participación. En el caso de Galindo Ruiz, recientemente la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó que sea procesado por el caso de corrupción conocido como Caja de Pandora, expuestos por la CICIG y la FECI de Juan Francisco Sandoval.
El 5 de noviembre, la Sala Segunda de Mayor Riesgo, integrada por los magistrados Miguel Enrique Catalán, Eva Recinos y Jaime Amílcar González Dávila, emitió un fallo que anuló lo actuado en el caso de desaparición forzada conocido como Creompaz, y también las órdenes de captura emitidas en contra de los militares, la prisión preventiva en su contra y la apertura de juicio.
