Una nueva y necesaria reforma a la LEPP enfrenta cuestionados intereses
Nota de coyuntura No. 76 / por Juan Calles
Tras las elecciones generales de 2023 y en un contexto de consenso ciudadano, que se expresó a través de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME), se plantea la urgente necesidad de reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) y encaminarla hacia un modelo más democrático, transparente y moderno. Es evidente la necesidad de reforma para, entre otros objetivos, cerrar las puertas al crimen organizado que ha logrado infiltrarse en las instituciones estatales a través de las elecciones. En 2025, el Congreso, incluso la Corte de Constitucionalidad (CC), definirán el futuro de la nueva LEPP.
Fuente: El Observador
Diputado Inés Castillo le pone zancadilla a una nueva y necesaria reforma a la LEPP
Los partidos políticos presentes en el Congreso de la República tienen la responsabilidad de analizar y decidir sobre las propuestas de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). Sin embargo, se ha evidenciado que ciertos legisladores priorizan intereses particulares, actuando en detrimento del bienestar general.
Algunas de las últimas iniciativas reformistas existentes tras las elecciones generales de 2023, apuntaban a implementar cambios estructurales que modernizarían el sistema electoral y fortalecerían el funcionamiento de los partidos. No obstante, los dictámenes hechos por la Comisión de Asuntos Electorales entramparon el avance de estas reformas, clave para las próximas elecciones.
Después de cada proceso de elecciones generales, por ley, se instala la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME), la cual el Tribunal Supremo Electoral (TSE) conforma con representantes de partidos políticos, organizaciones sociales e instituciones académicas, con el fin de evaluar las elecciones recién finalizadas y, si es necesario, presentar propuestas de reforma a la LEPP.
Desde su creación, en 2016, la CAME ha presentado 1,041 propuestas de reforma derivado de que, cada año, la participación de organizaciones de la sociedad civil aumenta y la calidad de las propuestas de reforma también registra un aumento, debido al alto nivel de discusión y estudio. Con el objetivo de modernizar y actualizar la LEPP, la CAME ha propuesto importantes reformas para mejorar el proceso electoral, la fiscalización de los partidos políticos, el régimen de medios de comunicación, la justicia electoral y el fortalecimiento del TSE, entre otras.
Sin embargo, todas esas propuestas de reforma deben pasar antes por la aprobación de los diputados y las diputadas al Congreso de la República, particularmente, primero, por la Comisión Legislativa de Asuntos Electorales, y después por el pleno. Las últimas reformas electorales propuestas fueron evaluadas y analizadas en 2024 por dicha Comisión, siendo el presidente de esa instancia el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) Inés Castillo, a quien en la actual coyuntura se le ha identificado dentro de dicho partido, muy cercano a los intereses Sandra Torres Casanova, excandidata presidencial en las pasadas elecciones generales de 2023 y quien todavía sigue siendo la secretaria general de la organización.
En enero de 2024, pocos días antes de entregar sus cargos, los miembros de la Comisión de Asuntos Electorales presentaron y votaron a favor de la iniciativa de reforma a la LEPP, presentada por el diputado Inés Castillo y registrada con el número 6332, con el apoyo de otros parlamentarios, entre ellos cinco diputados de la UNE encabezados por Castillo, además de diputados de los partidos Nosotros y Bienestar Nacional (BIEN).
La propuesta de Castillo y sus copartícipes resta autoridad al TSE, pues brinda posibilidades al Congreso de la República para destituir en cualquier momento a los magistrados y magistradas del alto tribunal electoral, es decir, le resta independencia.
Además, igualmente resta autoridad a la Contraloría General de Cuentas (CGC) porque supervisaría únicamente el financiamiento público que reciben los partidos políticos, excluyendo el financiamiento privado, con lo que se fomenta la corrupción y la opacidad de los partidos políticos.
La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso emitió dictamen favorable a sus propias propuestas de reforma, junto a las propuestas de la CAME, lo que pone cuesta arriba la aprobación de reformas a la LEPP que transparentarían el proceso electoral y el financiamiento de partidos políticos. Foto: Congreso de la República.
Sumado a todo ello, se prohíbe la cancelación de partidos políticos a partir de la convocatoria a elecciones, es decir, que los partidos con representación parlamentaria se protegen contra la fiscalización y los posibles señalamientos en su contra. Una reforma que no fortalece la democracia sino, por el contrario, la cubre de opacidad evitando la fiscalización y la rendición de cuentas.
Las propuestas de Inés Castillo hunden la discusión por la reforma electoral necesaria
Por aparte, la CAME presentó la Iniciativa de Ley 6377 con participación de organizaciones de la sociedad civil, algunos partidos políticos e instituciones académicas, después de evaluar el último proceso electoral. Antes de presentar la propuesta de reforma, la CAME recibió 1,256 propuestas de 177 organizaciones sociales, académicas, indígenas, juveniles y sector privado, entre febrero y marzo de 2024. Este proceso incluyó mesas de diálogo con representantes de migrantes, mujeres y Pueblos Indígenas.
La iniciativa fue entregada al Legislativo el 17 de abril de 2024 y, aunque recibió dictamen favorable, la inclusión de las propuestas de Inés Castillo rompe con cualquier posibilidad de negociar votos a favor de estas reformas que sí modificarían el sistema electoral de manera positiva.
Según la ley, un año antes que se convoque a nuevas elecciones las reformas deben ser aprobadas por el Congreso de la República; de vencerse dicho plazo, las reformas no pueden ser aprobadas y se deberá esperar el final del nuevo proceso electoral en 2027 para abordar nuevamente la reforma a la LEPP.
De aprobarse este paquete en dicho plazo, sería la quinta reforma que la LEPP experimenta en el presente siglo. Las cuatro reformas anteriores que han tenido lugar obviaron la propuesta integral de reforma electoral que fue articulada desde 1997 por los partidos políticos vigentes en ese momento, derivada y tras la firma de los Acuerdos de Paz, la cual se denominó: “Guatemala: Paz y Democracia”.
De llegar a aprobarse la reforma a la LEPP, le depara un largo proceso y negociaciones. Por tratarse de una ley de rango constitucional, para su discusión se necesita, al menos, el respaldo de 107 diputados; de lo contrario, el dictamen y las modificaciones no podrían avanzar.
“Es necesario analizar posibles enmiendas que sean necesarias. La Comisión de Asuntos Electorales elaboró un dictamen, pero considero que, cuando se analice en el pleno, no debería ser una aprobación rápida”, indicó el diputado y miembro de la Junta Directiva del Congreso, Juan Carlos Rivera Estévez, del partido Victoria.
Rivera agregó que antes de su redacción final, la iniciativa en discusión debe enviarse a la CC, que emitirá un segundo dictamen y determinará si las propuestas de cambio son o no constitucionales. Pero, previamente a esa etapa, los diputados todavía esperan recibir retroalimentación, indicó Rivera, a fin de tener otros puntos de vista antes de una modificación.
¿El tiempo político es el adecuado para negociar una reforma a la LEPP?
Según el diputado José Chic, de la bancada del partido político Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), además de que el contexto político no es el más propicio, el Legislativo dispone de un tiempo muy limitado en el calendario para negociar y alcanzar consensos sobre una nueva reforma a la LEPP. Dicha reforma, según la normativa vigente, debe ser aprobada al menos un año antes de la convocatoria a las elecciones generales, lo que implica que su aprobación debería concretarse antes de finalizar el actual período legislativo, es decir, antes de que termine el año 2025.
“Si se aprueban, debe ser antes de que finalice el primer periodo ordinario del Congreso, porque luego de ser aprobados los artículos debe ir a consulta a la Corte de Constitucionalidad, para que ellos emitan opinión de qué artículos pueden ser aprobados y cuáles deben ser rechazados; para eso hay en realidad muy poco tiempo”, opinó Chic en entrevista con El Observador.
Según el diputado de VOS, el dictamen favorable que recibieron las iniciativas de reforma a la LEPP son lesivas para la democracia del país, y deben ser rechazadas por el pleno del Congreso. Además, afirmó que será muy difícil que los diputados y diputadas interesadas en aprobar estas reformas consigan los 107 votos necesarios para ello.
Finalmente, Chic dijo que no apoyaría con su voto la propuesta pues considera antidemocráticas las propuestas que recibieron dictamen favorable por parte de la Comisión de Asuntos Electorales, aunque, al mismo tiempo, reconoció que el sistema electoral guatemalteco necesita modernizarse y adecuarse a los tiempos actuales en cuanto a la fiscalización electoral y el control que debe tener el TSE.
Por su parte, Virginia Pinto, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), quien participó en las mesas de discusión de la CAME, asegura que en el dictamen favorable que dio la Comisión de Asuntos Electorales presidida por Inés Castillo se excluyeron importantes propuestas que la instancia de consenso como la CAME había logrado presentar al pleno de diputados.
“Dejaron fuera todas las propuestas que tenían que ver con la democratización interna de los partidos políticos, la fiscalización y los controles; por el contrario, incluyeron medidas para amedrentar a los magistrados del TSE e, incluso, agregaron la posibilidad de permitir nuevamente el transfuguismo, muchos beneficios para los partidos políticos, diputados y sus financistas, pero, poco de la modernización y democratización que necesita la LEPP.”
En efecto, el 11 de noviembre de 2024, el dictamen favorable que la Comisión de Asuntos Electorales dio a las iniciativas 6332, presentada por Inés Castillo, y la 6377 que presentó el TSE —como resultado de las mesas de diálogo de la CAME— dejó fuera importantes reformas que le daban al sistema electoral guatemalteco la posibilidad de incluir reformas de fondo que democratizarían la forma en la que los y las guatemaltecas eligen a sus autoridades nacionales.
De este modo, el dictamen presentado por Castillo y los legisladores afines a él, prácticamente, imposibilita una reforma legislativa indispensable y necesario para el sistema electoral de Guatemala. Dicha reforma es urgente para que los partidos políticos puedan desempeñar su función en una sociedad moderna y democrática. Como resultado, las próximas autoridades serán elegidas mediante un proceso electoral que no garantiza plenamente la democracia ni la participación ciudadana. Por el contrario, este sistema favorece la corrupción, el clientelismo y la infiltración del crimen organizado en las estructuras del Estado guatemalteco.
