Entre bloqueos y negociaciones: el complejo panorama del gobierno del Movimiento Semilla
Nota de coyuntura No. 98 / por Juan Calles
El gobierno del partido Movimiento Semilla, encabezado por Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar, ha logrado desactivar algunas amenazas en los últimos días, pero los nubarrones para su administración persisten frente a nuevas manifestaciones convocadas por el Sindicato de Trabajadores de la Educación (STEG). Con el respaldo de gobiernos europeos y del Departamento de Estado de Estados Unidos, la administración podría recuperar terreno, siempre que demuestre capacidad de liderazgo para enfrentar una oposición cada vez más fortalecida en el Legislativo y el Organismo Judicial (OJ).
Fuente: Equipo de El Observador.
Amenazas y demandas latentes
Después de dos jornadas de graves bloqueos en la Ciudad de Guatemala, una por oposición al Acuerdo Gubernativo 164-2021 sobre gestión de residuos, y otra por el seguro obligatorio contra terceros, el gobierno de Arévalo se enfocó en desactivar conflictos para evitar nuevos bloqueos que amenazaban la débil estabilidad gubernamental.
Las negociaciones por reajuste salarial con los sindicatos de Salud Pública, mostraron una mayor capacidad de negociación de la administración arevalista, y pusieron sobre la mesa un ejemplo de que con el diálogo y la escucha pueden resolver demandas acumuladas de varios sectores sociales y evitar bloquear el país, lo que hizo que haya salido airosa en esas jornadas.
Sin embargo, otra jornada de protestas acechan a la administración gubernamental, tras el anuncio del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), liderado por Joviel Acevedo, de realizar manifestaciones este jueves 10 de abril. En un comunicado de prensa, el Ministerio de Educación (MINEDUC) se pronunció para rechazar lo que considera una “campaña de desinformación promovida por la dirigencia del STEG”, en relación con las mejoras para el magisterio del sector público. El STEG, que exige que se cumpla con el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, es un sindicato que ha estado cercano a los últimos tres gobiernos y últimamente cercano a los partidos opositores al gobierno, y desde 2024 enfrentado con la actual ministra de Educación, Anabella Giracca. En ese contexto, en horas de la noche del 9 de abril, Giracca informó que el Juzgado Décimo Segundo del Ramo Civil de Guatemala les otorgó un amparo provisional que ordena al STEG abstenerse de suspender clases, bloquear carreteras, así como de obstaculizar el trabajo de la cartera.
El 8 de abril, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) circuló un comunicado en el que informó haber alcanzado
acuerdos con los sindicatos de salud por medio del diálogo y la legalidad, y beneficioso para ambas partes. Fuente: MSPAS.
Mientras tanto, el gobierno actual sigue sumando errores que lo desgastan políticamente. La noticia que publicó un medio de comunicación escrita respecto de que la vicepresidenta de la República no se redujo el salario correspondiente al cargo, tal como las autoridades gubernamentales anunciaron a inicios del año 2024 para cumplir con su promesa de campaña, y la posterior dinámica de dimes y diretes que se desarrolló entre Arévalo de León y Herrera Aguilar, no solo evidenció un manejo torpe de la situación, sino posibles divergencias a lo interno del Ejecutivo.
La vicepresidenta hizo público un comunicado en donde intentó justificar el hecho, lo que le trajo más rechazo y señalamientos pues el comunicado era confuso y mal redactado, daba a entender que el monto salarial percibido era justo y reglamentado constitucionalmente, a la vez que dejó en el ambiente que no debía informar a la población al respecto. Luego, en una conferencia de prensa improvisada, Herrera Aguilar ofreció disculpas y que rectificaría reduciendo el salario.
Pese a lo anterior, el mandatario ordenó públicamente al Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) que debía descontarle a la vicepresidenta lo referido a sus gastos de representación, contradiciendo lo afirmado anteriormente por ella y abriendo otro frente de desgaste innecesario para la administración semillista. La noticia y la forma en que se manejaron los hechos abonaron a la especulación que desde hace algunas semanas atrás anda rondando en el ambiente, en el sentido que existe una división a lo interno del partido de gobierno y, más preocupante aún, una división en el equipo del gobernante. Según fuentes cercanas a la Presidencia de la República, existen desencuentros entre los equipos de trabajo que rodean y están más cercanos al gobernante, y los de la vicepresidenta que, sin embargo, no afectan el funcionamiento gubernamental. No obstante, en conferencia de prensa, Arévalo negó desavenencias y que hubiera divisiones.
Pese a todo, el actuar gubernamental, a veces errático y lento, podría explicarse con tensiones, enfrentamiento y descoordinación a lo interno del Ejecutivo y en las relaciones con su propio partido, que deja en una posición complicada a la fuerza política gobernante. Lo cierto del caso es que Karin Herrera no aparece en la mayoría de las decisiones y sucesos que el Ejecutivo ha debido enfrentar en estos 15 meses de gestión, continuando y profundizando el criterio de que el gobierno del Movimiento Semilla es más de lo mismo en cuanto al papel marginal que tiene la Vicepresidencia de la República, a la vez que es machista y presidencialista cuando destaca más la figura del mandatario e invisibiliza a la vicepresidenta, en un contexto en donde se suponía que llegaba un equipo a gobernar.
Las supuestas desavenencias entre Arévalo de León y la vicepresidenta los hizo ver mal ante sus electores y frente al pueblo en general.
Foto: Prensa Libre.
El Ejecutivo tiene que batallar con su incapacidad para encontrar una estrategia legal o políticamente viable para destituir a la fiscal general, una demanda de muchos de sus electores, pero que está cuesta arriba con las Cortes de Justicia actuales y el MP como los grandes obstáculos legales para lograrlo, y las veces que ha tenido que retroceder en sus decisiones gubernamentales y la forma como atienden momentos críticos que han debido enfrentar. A ello se suma la baja ejecución presupuestaria que es constantemente señalada por la oposición política como un fracaso, pero que, al mismo tiempo, tiene relación con la contradictoria lucha anticorrupción debido a la permanencia de estructuras corruptas en las esferas vinculadas a la inversión pública, las cuales el Ejecutivo y la Comisión Presidencial contra la Corrupción no han podido erradicar.
Además, el gobierno se ve en buenas relaciones, pero frágiles a la vez, con las Autoridades Ancestrales de los Pueblos Indígenas que, frente al actuar gubernamental, han publicado comunicados en los que llaman al gobierno a rectificar sus decisiones, aunque en un tono conciliador, en un contexto en donde las mismas Autoridades Indígenas, que se reúnen una vez al mes con el mandatario, ya están presionando al Ejecutivo para que cumpla con los puntos que fueron suscritos en agendas firmadas a lo largo de 2024, así como con las demandas sociales acumuladas, un indicador que da a entender que el Movimiento Semilla no ha sabido capitalizar el apoyo y respaldo de este importante sector de la sociedad.
Mientras tanto, en la oposición se afilan las dagas
Contrario a lo que sucede en el Ejecutivo, la oposición en el Congreso de la República se batalla para recomponerse y amarrar alianzas estratégicas. Su intención: recuperar la Junta Directiva (JD) del Legislativo para el siguiente año, en un contexto en donde la alianza estratégica de la bancada del partido oficial con Nery Ramos y Ramos, actual presidente del Congreso de la República, parece haberse quebrado. A ello se suma la reciente salida de la diputada Karina Paz, del cargo de secretaria de la JD por resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que ordenó que fuera separada de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), hace que este cargo sea apetecido aún más por los partidos opositores.
Por su parte, Ramos y Ramos, quien tiene un oscuro pasado como integrante del grupo de los llamados “Riveritas”, experimenta una campaña de desgaste y eso posiblemente hará que se acerque a cuestionados partidos para mantener su posición en la JD, de cara al próximo año. La salida de Paz, muy cercana a Ramos, lo dejan bastante solo, en un contexto en donde debe afrontar ahora la responsabilidad de derogar o no, el abusivo aumento salarial que se recetaron las bancadas mayoritarias, sino quitarse el espectro de que él estuvo de acuerdo con dicho aumento y, aunque la CC resolvió a favor de mantenerlo, se prevé presiones populares para obligar a que sea cancelado.
No obstante, en las sesiones de la instancia de Jefes de Bloque de las últimas dos semanas que obligatoriamente deben celebrarse, la mayoría no asistió y dejaron solo a Ramos y Ramos, con lo que tampoco se realizaron las sesiones plenarias correspondientes por dos semanas consecutivas, y eso no solo ha aumentado la especulación de que la estrategia es llegar hasta mediados de mayo cuando el Legislativo entra en receso para no discutir la anulación del aumento salarial, y ganar tiempo para negociar otros aspectos como la reforma a la Ley de Hidrocarburos, caso en el que se rumora hay millonarias prebendas de por medio para que sea aprobada.
En tanto, el malestar social aumenta en contra del Congreso de la República, y la casi aniquilada “alianza por la gobernabilidad” que llevó a Nery Ramos y Ramos a la Presidencia de ese organismo ha abierto la posibilidad de que la oposición partidaria retome el control de la JD y desde allí operar con más contundencia contra el gobierno de Arévalo.
Un hecho sintomático de que la oposición afila sus armas y sus alianzas para las próximas elecciones en la CC, Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el MP es que el mismo día en el que se esperaba se reuniera la instancia de Jefes de Bloque para aprobar las sesiones plenarias, diputados de oposición como Felipe Alejos Lorenzana, Álvaro Arzú Escobar, Allan Rodríguez, Héctor Aldana, entre otros, cuya vinculación a la estrategia golpista del “Pacto de Corruptos” ha quedado evidenciada desde años atrás, se ausentaron de la convocatoria hecha por Ramos y Ramos, pero estuvieron presentes en la CC donde Néster Vásquez presentaba su informe de labores al finalizar el período de su presidencia en esa alta corte. En esa misma reunión se encontraron la fiscal general, Consuelo Porras, y los actuales magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El 7 de abril se reunieron los más notorios miembros de la oposición para despedir la presidencia del magistrado Néster Vásquez, incluido en la Lista Engel, y de quien se dice buscaría su reelección para el próximo periodo. Foto: Redes Sociales de la CC.
Un día después de esa presentación, el 8 de abril, la CC resolvió denegar el amparo provisional solicitado por el diputado Armando Castillo, secretario general del partido Visión con Valores (VIVA), con el que se buscaba dejar sin efecto ese aumento de salario a los diputados. La resolución fue por mayoría, y la magistrada Leyla Lemus, quien será la nueva presidenta de la CC a partir del 14 de abril y la última de la actual magistratura, emitió un voto razonado disidente.
La disputa coyuntural de las calles
Acompasando, en las calles de igual forma se ha visto como se articulan y se utilizan los ensayos de las protestas para simular un descontento social y medir la respuesta de las autoridades de seguridad pública. En las pequeñas manifestaciones y bloqueos en arterias vitales de la ciudad con el pretexto de apoyar a la secta religiosa Lev Tahor, en su reclamo por las acusaciones que se le imputan por el abuso de menores, las mismas personas que se vieron apoyando a dicha secta también se vieron en los bloqueos por el seguro obligatorio, según medios de comunicación.
De igual forma, pequeños grupos de personas que se cubren los rostros y son transportados en buses amarillos, han bloqueado zonas cercanas a donde se realizan las votaciones para elegir representantes de los Colegios de Profesionales, quienes a su vez elegirán las Magistraturas de la siguiente CC y del siguiente TSE, así como participarán en la elección de fiscal general, al finalizar el periodo de Consuelo Porras. Esos mismos grupos han sido vistos protestando frente a instituciones públicas. En las calles la oposición también prepara su estrategia.
Paralelamente, la campaña mediática para generar síntomas de malestar y miedo continúa viento en popa; los hechos de violencia se exacerban y las balaceras a cualquier hora del día inundan las redes sociales, en tanto que la narrativa de inseguridad y delincuencia descontrolada la impone la oposición, sin que, ciertamente, no haya una contundencia de las autoridades del Ministerio de Gobernación para frenar la tendencia que se ha profundizado desde enero del presente año, no obstante las capturas que casi a diario son anunciadas por las autoridades policiales. Los ataques a buses, el aparecimiento de cadáveres y los asesinatos son un hecho.
Hechos como el supuesto atentado contra la diputada Carolina Orellana, en Zacapa, y el asesinato del asesor jurídico del Congreso de la República, Hansel Ernesto Szarata Valdés, han sido utilizados para atacar al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, lo que suma al desgaste y la campaña de desinformación contra el actual gobierno.
Finalmente, tras el abusivo aumento salarial de los diputados, instancias como 48 Cantones han adoptado medidas de hecho para obligar a los diputados a derogarlo, en una especie de pulso político en donde se ha hecho evidente que el objetivo de los diputados de la llamada oposición partidaria es provocar un estancamiento mayor del trabajo legislativo mediante ausentarse de las reuniones de Jefes de Bloque y provocar negociaciones y reacomodos en torno a la agenda legislativa, sin que la derogatoria del famoso aumento salarial sea parte de ello.
La actual estrategia política de la oposición en el Congreso va más allá de evitar la derogación del aumento; también parece estar dirigida a debilitar la posición de Nery Ramos y Ramos como presidente de la República, una maniobra que ha generado un clima de confrontación entre los distintos actores políticos y sociales del país.
En este contexto, se prevé la intensificación de la presión ejercida por los 48 Cantones y Autoridades Ancestrales en pos de exigir la derogación del acuerdo y forzar a los congresistas a sesionar sobre el tema., pero la falta de respuestas concretas y el receso de Semana Santa de por medio complican el panorama.
Fuentes cercanas a las Autoridades Indígenas han señalado que podrían realizarse bloqueos en distintos puntos de la ciudad como parte de las acciones de presión para lograr su objetivo.
Comunicado de las Autoridades Ancestrales publicado el 9 de abril, en donde señalaron a los diputados de oposición
y exigieron el descuento de sus salarios por no asistir a trabajar. Fuente: https://x.com/autoridadesgt/status/1909966487818825901
La ruta para el gobierno pende de su capacidad para convertir esta coyuntura en una oportunidad real de cambio, y suturar la falla democrática[1] que se evidencia. Si bien con el respaldo internacional y los avances en las negociaciones con sindicatos estatales puede robustecer su postura, si no logra consolidar estos esfuerzos y responder a las expectativas ciudadanas, el riesgo de fracasar y perpetuar el mismo sistema que ha socavado a Guatemala en las últimas décadas será inminente.
Al gobierno del Movimiento Semilla se le acaba el tiempo y estas podrían ser sus últimas oportunidades para mostrar alguna capacidad, o quedarse únicamente como otra promesa política que se desvaneció bajo el acápite de que fue “un gobierno igual a los anteriores y más de lo mismo”.
[1] El concepto de falla democrática ha sido acuñado por Marco Fonseca, integrante del Equipo de El Observador, y será desarrollado por éste con mayor profundidad y analizado en el marco de la situación concreta actual, en una próxima entrega que será publicada pronto.
