Más allá de un negocio portuario y un allanamiento
Nota de coyuntura No. 108 / por Luis Solano
Un allanamiento a propiedades del Instituto de Previsión Militar (IPM) y de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), realizado el pasado 8 de mayo por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), motivado por denuncias contra el Presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, de “entregar” los puertos al gobierno de la República Popular de China, ha despertado interrogantes no sólo por el contexto en el que ocurrió, sino también por el supuesto involucramiento de una empresa con un millonario proyecto en esas instalaciones, y sus conexiones con el gobierno de Alejandro Giammattei Falla.
Mapa de los terrenos arrendados por TWC y sus proyectos. Fuente: TWC
Una denuncia, ¿con fundamento?
En su página de la red Facebook, el Ministerio Público (MP) publicó ese día 8 de mayo, que daba seguimiento a una denuncia…
“…sobre la comisión de posibles hechos de corrupción cometidos por el presidente de la República de Guatemala y su hermano”.
Aunque en ese momento no identificó por nombre al hermano del mandatario, se sabía que se trataba de Martín Carlos Eduardo Arévalo de León. En su publicación, el MP agrega que:
“Según la denuncia, se señala que, dichos inmuebles están vinculados a una transacción realizada por el presidente y su hermano, quienes supuestamente entregaron a empresas chinas el control de los puertos en la República de Guatemala. Se presume que estos terrenos pertenecen al Instituto de Previsión Militar y al Puerto Quetzal.”
A la fecha, el ente investigador no ha dado mayores detalles del operativo realizado por la FECI, puesto que se encuentra en desarrollo. Pero, la FECI destacó que, de comprobarse los hechos, las acciones de los acusados podrían configurar delitos de corrupción, abuso de autoridad o tráfico de influencias.
La supuesta denuncia no era nueva. A principios de febrero de 2025, en una entrevista a un medio afín al MP, el titular de la FECI, Rafael Curruchiche, ya había adelantado el caso con varios detalles, donde identificó al hermano del mandatario asegurando que existía una investigación en contra del presidente Arévalo de León y su hermano -a pesar que el mandatario tiene derecho de antejuicio por lo que no se le puede investigar,-por la supuesta venta de terrenos estatales a China Popular durante una supuesta reunión con la embajadora de China Popular en Costa Rica. Desde enero del presente año, cuentas de redes sociales del llamado “netcenter” afines al MP, se dieron a la tarea de transmitir lo que luego Curruchiche anunciaría.
Algo que llamó la atención fueron los momentos en que se dieron la entrevista de Curruchiche y el allanamiento realizado por la FECI. La primera ocurrió un día después de la visita del Secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos a Guatemala, Marco Rubio, quien el 5 de febrero se reunió con el presidente, en la cual se reafirmó las estrechas relaciones entre ambos países e, incluso, Rubio agradeció a Arévalo de León su apoyo a Taiwán. Mientras el allanamiento se realizó en el marco de la firma del convenio de ampliación del Puerto Quetzal que el gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de la Defensa (MINDEF), y el Comando Sur y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense, firmarán este 22 de mayo. El mismo día del allanamiento, Arévalo confirmó en un mensaje por TikTok, la ampliación portuaria conjuntamente con Estados Unidos.
Ese escenario de fortalecimiento de relaciones entre los gobiernos de Guatemala y de Estados Unidos, contradice el trasfondo de las acciones realizadas por la FECI, en el sentido que la administración de Arévalo de León estaría buscando una mayor influencia de China Popular en Guatemala.
Pero, en el curso de los meses recientes, se ha visto también cómo ese robustecimiento de las relaciones con Estados Unidos, un factor clave que le ha dado cierta estabilidad a la administración actual frente a sus enemigos internos, es visto como objetivo político a debilitar para quebrar la correlación fuerzas, revirtiéndola a favor del llamado “Pacto de Impunidad” el cual, no obstante ser afín de la administración de Donald Trump, no ha logrado el respaldo necesario para dar el ansiado golpe de Estado al gobierno actual encabezado por Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar, cuyas intenciones se vienen denunciando desde hace meses.
Incluso, las declaraciones de Rubio en su visita de febrero contra acciones golpistas, fueron un espaldarazo para el gobierno de Arévalo de León. Rubio dijo en aquel momento, que:
“Las empresas no van a invertir en un país en el que se va a producir un golpe de Estado y una nueva autoridad va a tomar el poder y básicamente les va a decir que esta fábrica ya no les pertenece. Y las empresas no van a invertir en un país donde tienen que sobornar a los funcionarios electos para obtener un contrato, porque es una violación de la ley federal. Así que, si se quiere fomentar la inversión estadounidense, el primer paso es la gobernanza.”
Reacciones del gobierno
Al día siguiente del allanamiento el 8 de mayo, en conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, el mandatario reaccionó ridiculizando las acciones de la FECI con calificativos como: “Son fantasíasanimadas de los corruptos” o “señalamientos espurios”, “evidencian niveles de desesperación”, “Están tratando ahora ya, ni siquiera de abusar, sino de inventar y crear fantasías”. “Hay hechos que evidencian niveles de desesperación que son patéticos y este es uno de ellos. Es un acto que no tiene ni pies ni cabeza, ningún asidero en la realidad”.
A su criterio, no tiene ni siquiera sentido empezar a identificar todas las falsedades que hay o imposibilidades desde el punto de vista legal para concretar una práctica como a la que refiere el MP.
“Se van a ir viendo en los próximos días, porque se supone que están buscando información y van a encontrarse que es absolutamente, creo que el secretario de Comunicación ha usado la frase, ‘fantasías animadas de ayer y de hoy’”.
Pocos días después, el secretario de Comunicación, Santiago Palomo, indicó que:
“No existe contrato, negociación ni proyecto alguno que implique la cesión del puerto Quetzal a empresas extranjeras.”
“…estas versiones no solo son falsas, sino que provienen de actores con antecedentes cuestionables a nivel internacional. (…) “Estos patrones de desinformación no son nuevos y buscan minar avances históricos”.
Palomo aseguró que se trata de una “ola de desinformación”, y que el “Puerto Quetzal sigue siendo 100% guatemalteco y lo seguirá siendo”.
El Secretario de Comunicación, Santiago Palomo, reafirmando que Puerto Quetzal es 100% guatemalteco.
Fuente: https://x.com/santipalomov/status/1922676317792678107
Las declaraciones más importantes, debido al detalle que presentaron, fueron las brindadas por el presidente de la Junta Directiva de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), el vicealmirante José Antonio Lemus Guzmán, en una entrevista a Emisoras Unidas el 9 de mayo, al igual que en una entrevista, el mismo día, con el medio Con Criterio. Lemus Guzmán negó que se hayan vendido terrenos en el área portuaria; negó que empresas chinas estuvieran involucradas en compras de terrenos; aseguró que por ley no se pueden vender terrenos sino sólo arrendar e, indicó, que una empresa, que identificó con las siglas TWC, tenía dos contratos de arrendamientos con el Instituto de Previsión Militar (IPM) y un contrato de arrendamiento con la Empresa Portuaria Quetzal, firmado por la Junta Directiva anterior, en 2023, durante el gobierno de Alejandro Giammattei Falla. Informó, además, que ese contrato con la Portuaria fue cancelado en noviembre de 2024 por incumplimientos contractuales de TWC. Esos tres terrenos fueron los allanados por la FECI.
Cuál es la empresa involucrada
Días antes del allanamiento, cuentas del “netcenter” se dieron a la tarea de mencionar el nombre de una empresa, supuestamente de propiedad china. Ni el MP ni la FECI dieron a conocer el nombre, mientras que el vicealmirante Lemus Guzmán, en la entrevista a Con Criterio, dijo que era una empresa mexicana, de capital mayoritariamente mexicano.
Según documentación del IPM y la Portuaria Quetzal, la empresa ha sido identificada como Transshipping World Company, S.A. (TWC), inscrita en Guatemala en 2015, según el portal Guatecompras. Sus representantes legales son los guatemaltecos Josué Alexander Barrios Galindo, presidente del Consejo de Administración, y Marco Alejandro Correa Mancia. En su página web, TWC ofrece amplia documentación sobre los contratos con el IPM y la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ).
De acuerdo con documentos de TWC, la mayoría del capital está en manos de un grupo de familiares guatemaltecos, y una minoría de capital mexicano, tal como se observa en el cuadro siguiente:
Fuente: TWC.
Llama la atención los nombres de los socios guatemaltecos. Sobresale el coronel de Aviación retirado Ricardo Francisco Barrios Ortega, quien durante el gobierno de Giammattei Falla, fue parte de la Comisión Presidencial Centro de Gobierno, que dirigió Luis Miguel Martínez Morales, y también gerente del IPM en ese momento. También destaca Rodrigo Barrios Pérez quien, en 2023, fue candidato a diputado por el Listado Nacional, del partido VAMOS, organización que llevó a Giammattei a la Presidencia de la República.
También aparece como socio Víctor Hugo Barrios Ortega, hermano del militar retirado. En el caso de Barrios Galindo, es sobrino de los Barrios Ortega, mientras que Barrios Pérez es hijo del militar. En el caso del representante legal Correa Mancia, es familiar de Víctor Hugo Barrios Ortega.
Los socios Mier, Cárdenas y Cañaveral son mexicanos, al igual que SPV Nuvoil, empresa mexicana experta en los sectores petróleo y gas natural, según se indica en su página web.
TWC se propone un millonario proyecto con la construcción de infraestructura de almacenamiento de hidrocarburos, entre otras inversiones, destinadas a realizarse en las fincas San José y Santa Rosa, propiedad del IPM, y en la franja de terreno de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), y que buscaba salida al mar para la construcción de ductos que transportarían hidrocarburos tierra adentro, desde boyas receptoras de combustibles instaladas en el mar y en las que transporte marítimo depositaría su carga.
La cancelación del contrato con la Portuaria Quetzal le cierra la salida al mar e interrumpe el millonario proyecto de TWC.
En el marco de los allanamientos de la FECI, surgen interrogantes como el por qué se hicieron, a sabiendas de las buenas relaciones entre los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos. Esta semana, las fuerzas armadas estadounidenses del Comando Sur, junto a otros ejércitos regionales, incluyendo al anfitrión guatemalteco, realizan ejercicios militares conjuntos en Guatemala. Además, días antes, se anunció la posible participación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos en la reconstrucción de la vía férrea y el tren urbano, conocido como metro riel.
Finalmente, a finales de abril, la embajada de Estados Unidos en Guatemala extendió un comunicado en el que indicaba que Estados Unidos y Guatemala…
“…identifican amenazas de ciberespionaje vinculadas a la República Popular de China en una revisión conjunta de seguridad”.
A ello se agrega el mensaje que a mediados de mayo dio el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Tobin Bradley, en el sentido que usar tecnología de China o hacer negocios con ese país conlleva un riesgo. Sus declaraciones se dieron en el marco de la XVII Conferencia Regional de Seguridad Corporativa organizada por la Cámara Guatemalteco-Americana (AMCHAM, por sus siglas en inglés) y el Consejo Asesor de Seguridad en el Extranjero de los Estados Unidos. Cómo se recordará, durante el gobierno de Joe Biden, el Departamento de Estado sancionó por corrupción a Jorge Adolfo Mondal Chew, ex presidente del Banco de los Trabajadores (BANTRAB), y hombre de confianza del expresidente de la República, Alejandro Giammattei Falla. Mondal Chew es, además, un empresario con vínculos tecnológicos con China Popular.
