Comunidad q’eqchi’ Ch’ina Cangüinic reconstruye su tejido social
Nota de coyuntura No. 112 / por Rolanda García
Más de 40 familias campesinas, desalojadas el pasado 26 de mayo, de la comunidad q’eqchi’ Ch’ina Cangüinic, Cobán, Alta Verapaz, intentan reconstruir sus hogares sobre los escombros de sus viviendas destruidas por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y antimotines, respondiendo a una orden de desalojo autorizado por la fiscalía del distrito de Alta Verapaz, del Ministerio Público (MP).
Casas destruidas en Ch’ina Cangüinic. Fotos tomadas un día después del desalojo. Fuente: Comunitarios.
Fue un desalojo, no allanamiento
Aunque una resolución emitida por la jueza Úrsula Magnolia Cristina Teyul Yat, el 21 de mayo, lo cataloga como parte de un allanamiento, inspección y registro de las viviendas y otros espacios de la finca, para las familias se trató de un desalojo violento y rechazaron los señalamientos del Ministerio Público (MP) que en la comunidad se comercialice drogas y se porten armas de fuego.
Los afectados son mayas Q’eqchi’ quienes aseguran tener el derecho de posesión histórica sobre los territorios donde conviven y producen sus alimentos desde hace más de tres décadas. Afirman que la tierra es disputada por la Agropecuaria Casa Blanca, Sociedad Anónima.
Las familias, en condiciones pésimas y sin tener otro lugar donde habitar, han regresado a sus tierras sin la mínima garantía de seguridad. Temen que los supuestos propietarios contraten mercenarios para desarrollar un desalojo extrajudicial, resaltó Leocadio Juracán Salomé, dirigente del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), una organización que apoya los aspectos legales y la resistencia sobre la tierra. Para la reconstrucción participan niños y niñas, mujeres y jóvenes; la mayoría no sabe leer ni escribir porque no cuentan con un establecimiento educativo, todas cultivan la tierra y sostienen la comunidad desde sus propias costumbres y pensamientos.
Orden de allanamiento del MP autorizada por la jueza Teyul Yat. El documento fue dejado abandonado en la comunidad el día del operativo policial, y fue recuperado por comunitarios.
Violento desalojo
Una habitante de la comunidad Monte Olivo destacó que el desalojo fue perpetrado por un nutrido número de elementos policiales. La testigo asegura que a base de la fuerza obligaron a las familias abandonar sus hogares y huir hacia las montañas cercanas donde se ubica la comunidad, en la Sierra de Chamá.
Las madres de familia, con los hijos en brazos, y algunos padres que intentaron frenar la destrucción de su comunidad fueron golpeados. Hasta el momento se reporta un campesino herido, los niños y señoritas se escondieron, “mientras que la policía con prepotencia destrozó las humildes viviendas”, repudió la habitante. El MP reportó que participaron unos 1,300 agentes equipados con gases lacrimógenas y otras municiones.
El desalojo se realizó con la autorización del Juzgado de Primera Instancia Penal y Narcoactividad de Alta Verapaz, como ya se indicó, mediante una orden firmada por la jueza Úrsula Magnolia Cristina Teyul Yat. Sin embargo, como ocurre en otros casos, el Estado no previó la reubicación ni el restablecimiento de las familias afectadas. En estos momentos, las familias no cuentan con el apoyo del Estado ni de organizaciones solidarias en el proceso de rehacer sus vidas.
Según registros históricos, la comunidad forma parte del mismo territorio en el que los terratenientes mantienen un fuerte interés por los recursos naturales y buscan aprovechar la riqueza hídrica. Ese fue el caso, en el año 2014, en la finca Xalahá Cangüinic, cuando se intentó construir el proyecto hidroeléctrico denominado “Santa Rita” (HSR), el cual fue rechazado por varias comunidades. Ese caso estuvo marcado por la violencia que abarcó varias comunidades, las que aún esperan resarcimientos. A raíz de la resistencia, en la misma región, se fundó la comunidad Nueve de Febrero, cuya población fue también violentada y perseguidos sus dirigentes.
Leocadio Juracán Salomé, del CCDA, señala que solo en Alta Verapaz, en lo que va del año se han desarrollado varios desalojos en las comunidades: La 14 de Febrero, Tierra Nueva, China Petén, ahora Ch’ina Cangüinic, y añade que en esos lugares se habían perpetrado desalojos extrajudiciales. Resalta:
“Tenemos información que existen más de 200 programados para el año 2025 solo en Alta Verapaz”.
Ubicación de la comunidad Ch’ina Cangüinic y el área con problemática agraria, y del proyecto hidroeléctrico Santa Rita. Fuente: elaboración propia con base en la CONRED.
Quiénes están detrás del desalojo
La orden de allanamiento que llevaban fiscales del MP indica que hay casas dentro de la propiedad de la finca Chinacanguinic, cuya propiedad pertenece a Agropecuaria Cobán, S.A. y Agropecuaria Casa Blanca, S.A., las cuales fueron constituidas en 1998 e inscritas en 1999, según el portal Guatecompras. Quien aparece como propietario es el empresario José Antonio Farias Rodil, quien tiene importantes nexos empresariales y políticos.
Tanto Juracán Salomé como comunitarios, denunciaron que un grupo paramilitar armado acompañó a los agentes policiales en el desalojo, y no era primera vez su presencia. Denunciaron al finquero Antonio Estrada quien los dirige, y que provienen de la finca o hacienda Yaxcabnal, muy cerca de la comunidad Ch’ina Cangüinic, y que parecen actuar en contubernio con la finca Chinacanguinic. Efectivamente, se trata del terrateniente Roberto Antonio Estrada Heidenreich, quien aparece como representante legal de la finca Yaxcabnal, de acuerdo con el portal Guatecompras. Es esposo de la terrateniente Romelia Patricia Dieseldorff Neal de Estrada, nieta del acaudalado alemán Erwin Paul Dieseldorff, cuyo nombre aparece constantemente en región con alta problemática agraria, y quien es la propietaria de Yaxcabnal, finca cercana a la comunidad San Isidro Yaxcabnal.[1]
Estrada Heidenreich es hijo del militar Antonio Estrada Sanabria, ubiquista y que estuvo al mando del llamado “Ejército de Liberación” por ser “mano derecha” del coronel contrarrevolucionario Carlos Castillo Armas, presidente de la República del 1 de septiembre de 1954 al 26 de julio de 1957, cuando fue asesinado. Estrada Sanabria fue director general de la Guardia Civil contrarrevolucionaria en 1955, y precandidato presidencial de los partidos Liberal Auténtico (PLA) y Democracia Cristiana (DCG). El terrateniente también tiene un hermano militar cuyo nombre es Luis Jacinto Estrada Heidenreich.
[1] La finca Yaxcabnal fue adquirida por Erwin Paul Dieseldorff en 1910, quien la compró junto con la finca Cubilguitz por un monto de US$ 2,500 a la inglesa Chalmers, Guthrie & Co. Esta última se hizo de la propiedad a finales del siglo XIX por ser una de las acreedoras del cafetalero alemán Baron Hans von Tiirkheim, quien se había ido a la quiebra, y se había adueñado de esas tierras. En 1876, esas tierras eran consideradas baldías, a pesar que había habitantes q’eqchi’ en el lugar. En Alta Verapaz, la compra de tales baldíos era común, dice el académico Guillermo Falcón, tal como lo revela un examen de los títulos de propiedad de las propiedades de Dieseldorff. En 1876, por ejemplo, el ingeniero que calculó Yaxcabnal y Cantoloc para Juan Prado, el denunciante de las “tierras baldías”, informó que había indígenas viviendo en ambos lugares, quienes lo ayudaron a medir el terreno.
Fuente: Falcón, Guillermo Náñez. ERWIN PAUL DIESELDORFF, GERMAN ENTREPRENEUR IN THE ALTA VERAPAZ OF GUATEMALA, 1889-1937. Tulane University, Ph.D., 1970.
