Lago Atitlán: entre la apuesta por la vida y el negocio millonario de unos pocos
Nota de coyuntura No. 115 / por Juan Calles
En Santiago Atitlán, Sololá, un negocio que deja ganancias millonarias a unos pocos acuicultores está contribuyendo a matar el Lago Atitlán, sin tener consecuencias legales. Las autoridades locales han sido indiferentes a la problemática que amenaza con generar conflictos violentos entre la comunidad y los acuicultores. Mientras tanto, las Autoridades Ancestrales buscan la solución de éste y otros problemas sociales acompañados masivamente por la población. Sin embargo, hasta hoy, han sido ignorados por las autoridades departamentales.
El negocio de la acuicultura en el Lago de Atitlán. Fuente: El Observador.
El negocio de la tilapia y los riesgos para el Lago de Atitlán y la comunidad
El conflicto se origina por la contaminación que provocan las jaulas para la crianza de tilapia, instaladas en el Lago de Atitlán, y ha escalado a niveles preocupantes. Los acuicultores, propietarios de dichas jaulas, han afirmado públicamente que correrá sangre si se retiran las jaulas.
Las Autoridades Ancestrales y la población exigen el retiro inmediato de más de 200 jaulas, argumentando que fueron instaladas sin consulta previa y contraviniendo dictámenes técnicos y comunitarios. La Municipalidad de Santiago Atitlán, administrada por Francisco Coché Pablo, del partido Cabal, después de reuniones entre los acuicultores y las Autoridades Ancestrales, ha declarado que no es de su competencia y que debe ser la Gobernación Departamental la que deberá resolver el conflicto.
En Santiago Atitlán operan actualmente 214 jaulas flotantes de cultivo de tilapia, propiedad de tan solo 11 personas. Esta actividad productiva genera entre 18 y 20 quintales diarios de pescado cuyo precio en el mercado ronda los Q 20 por libra. En total, la actividad deja ingresos diarios de aproximadamente Q 40,000, lo que se traduce en más de Q 1.2 millones al mes y un ingreso total estimado de Q 12 millones al año. Este negocio, aunque rentable para un pequeño grupo, genera preocupación en la comunidad, que advierte que los criaderos descontrolados ponen en riesgo la salud ecológica del Lago Atitlán, considerado uno de los patrimonios naturales más valiosos de Guatemala.
Infografía realizada por El Observador.
Multitudinaria asamblea comunitaria y autoridades indiferentes
Luego de acuerdos motivados y propuestos por las Autoridades Ancestrales y respaldados por peticiones que reúnen más de 7 mil firmas y una multitudinaria asamblea comunitaria que se calculó en 15 mil personas, la Municipalidad y el gobernador propusieron soluciones graduales, y dieron plazos de tres meses para que las jaulas fueran retiradas; el último de ellos venció en marzo del 2025. Sin embargo, las jaulas se mantuvieron.
Ninguna de las dos autoridades ha hecho cumplir los acuerdos alcanzados con los acuicultores, quienes se niegan a retirar las jaulas y, aconsejados por sus abogados, han advertido sobre la ilegalidad de cualquier retiro sin el debido proceso y han amenazado con demandas.
Diego Quieju, Autoridad Ancestral de Santiago Atitlán, narra cómo sucedió la asamblea comunitaria:
“El 14 de marzo convocamos al gobernador, a las instituciones y al Concejo Municipal, pero el gobernador no se presentó. Una hora antes de la reunión, nos envió una notificación vía WhatsApp indicando que estaba atendiendo el Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa (SINAPRESE), por el tema de Semana Santa, prevención de accidentes y todo, entonces que no podía hacerse cargo.
En ese mismo momento, le dijimos al alcalde municipal que íbamos a hacer una asamblea poblacional para que el pueblo decida, ya que nunca se comprometió a resolver esa situación. Entonces, se empezó a convocar a la población para el 21 de abril, citamos al gobernador y al Concejo Municipal.
Calculamos que se presentaron 15 mil personas a la asamblea. Teníamos miedo también porque nunca se había hecho una movilización así en mi pueblo. La última vez que se hizo esto fue en 1990, cuando se expulsa el ejército.
Esa gran cantidad de gente llegó con el mismo propósito: decir “no”, decir que las Autoridades Ancestrales no están solas, sino que ya es el pueblo al que le duele todo esto. En la asamblea del pueblo no obligamos, pero hicimos que de estas autoridades se comprometieran a resolver de manera inmediata estos problemas”.
Las asambleas comunitarias fueron acompañadas por miles de personas para exigir al alcalde que vele por los intereses de la población,
y no de sus aliados políticos y comerciales. Foto: Prensa Comunitaria.
En esa asamblea, el alcalde se comprometió a derogar las nuevas líneas del transporte público llamado tuc-tuc —otro grave conflicto en el municipio— y a retirar las jaulas de crianza de tilapia en 72 horas, mientras que el gobernador se comprometió a enviar al día siguiente al fiscal de distrito del Ministerio Público (MP) para que se iniciara con el retiro de las mismas.
Sin embargo, el alcalde, antes de cumplir con su compromiso, argumentó que debería ser el Concejo Municipal el que en pleno decidiera retirar las jaulas y derogar líneas de transporte público, pero el Concejo no se reunió y el tema fue dejado en el olvido, faltando al compromiso asumido frente a la asamblea comunitaria.
Por su parte, el fiscal de distrito sí se presentó en Santiago Atitlán, pero no retiró las jaulas aduciendo que necesitaba una orden de juez competente y que ese trámite podría tomar varias semanas. Luego de la insistencia de las Autoridades Ancestrales, el fiscal se comprometió a conseguir esa orden en 72 horas. Sin embargo, nunca se volvió a presentar en Santiago.
Tuc-Tuc: proliferación, corrupción y falta de regulación
La autorización de nuevas líneas de tuc-tuc ha provocado otro foco de conflicto.
Las Autoridades Ancestrales y la población denuncian que la Municipalidad autorizó 279 nuevas líneas, lo que duplicaría la cantidad de estos vehículos en el municipio, y agravaría el congestionamiento y los constantes accidentes y abusos contra niños, mujeres y ancianos. Se alega, además, corrupción en la venta de permisos, pues el costo real por línea sería mucho mayor al declarado en las arcas de la Municipalidad. El alcalde municipal, Francisco Coché, sostiene que la autorización se hizo mediante acuerdo municipal y que existen alternativas para regular el servicio, pero denuncia que la Asamblea Comunitaria no permitió discutirlas. Las Autoridades Ancestrales, por su parte, han decidido no participar en nuevas mesas de diálogo argumentando que las reuniones previas no han resuelto el problema, y que la Asamblea Comunitaria ya decidió qué es lo que la municipalidad debe hacer, que es derogar las nuevas líneas de tuc-tuc.
Los tuc-tuc se han convertido en un problema social en Santiago Atitlán. Foto: página web www.expedia.mx
El 9 de abril, el Concejo Municipal votó por derogar las líneas de tuc-tuc. Sin embargo, en la realidad las líneas de ese transporte continúan funcionando y causando los mismos problemas sociales por las que inició el conflicto.
“Este es un problema grave de corrupción e impunidad porque, a pesar de que el Concejo Municipal ya derogó 279 líneas de tuc-tuc, estos siguen circulando y con ello el alcalde sigue generando caos en el pueblo; él quiere generar división en el pueblo para que sus intereses económicos no se vean afectados”.
Según las denuncias que las Autoridades Ancestrales han hecho, la Municipalidad recibía entre Q 80 mil y Q 90 mil por cada línea de tuc-tuc; sin embargo, en los registros municipales solamente se registraron Q 2 mil por cada línea autorizada.
La estrategia de división es real: la creación de una falsa Autoridad Ancestral en Santiago Atitlán
Luego de la muerte de Nicolás Sapalú, Cabecera del Pueblo y Coordinador de la Autoridad Ancestral en Santiago Atitlán, en marzo de 2024, se esperaba que, según las costumbres milenarias, se eligiera a una nueva autoridad, siendo la más importante y significativa, el resguardo de la Caja Real, en donde se contienen los documentos históricos y los títulos de propiedad comunal de la tierra en el municipio.
Sin embargo, en los últimos años una profunda fractura ha comenzado a rasgar ese tejido. Bajo el mandato del actual alcalde municipal, Francisco Coché, surgió un movimiento que ha generado inquietud y sospecha entre la población. Usando el discurso de “fortalecer la identidad cultural” y “rescatar las tradiciones del pueblo”, el alcalde promovió —de manera unilateral y sin consulta con el Consejo de Principales y demás Autoridades Comunitarias— la creación de un nuevo grupo denominado autoridad ancestral. Lejos de emanar del consenso comunitario, esta nueva agrupación fue integrada por personas cercanas al poder municipal: allegados políticos, empleados de confianza e, incluso, individuos sin trayectoria en la vida comunitaria tradicional. No fueron seleccionados por los procedimientos rituales ni por el aval de los principales, sino designados con criterios políticos y conveniencia estratégica. La supuesta autoridad ancestral fue presentada públicamente en eventos organizados por la Municipalidad, con actos simbólicos cuidadosamente coreografiados para ganar legitimidad ante la opinión pública.
Juan Mendoza Damián, actual Cabecera del Pueblo, muestra la Caja Real
que está actualmente bajo su resguardo y que lo legitima como verdadera
autoridad ancestral. Foto: Juan Sisay.
Los verdaderos Principales, visiblemente indignados, denunciaron la maniobra como una burda instrumentalización de la espiritualidad y costumbres ancestrales. Para ellos, lo que se estaba gestando era una clara usurpación de funciones ancestrales con el único propósito de debilitar la capacidad de resistencia del pueblo ante decisiones municipales impopulares, especialmente en lo relacionado con megaproyectos, adjudicación opaca de líneas de transporte público y el manejo discrecional de recursos públicos.
En asambleas comunitarias, varios principales y líderes religiosos advirtieron que lo que Francisco Coché pretendía no era fortalecer la Autoridad Ancestral, sino fragmentar la unidad del pueblo, sembrar confusión y deslegitimar a quienes históricamente han tenido la autoridad moral y espiritual.
Tal como en el mundo mestizo, la estrategia de cooptación política de las estructuras ancestrales se realiza para evitar la fiscalización social y la búsqueda del bienestar común. En lugar de fortalecer la democracia comunal se impone un modelo clientelar que debilita el tejido organizativo y abre la puerta a la manipulación.
Santiago Atitlán, símbolo de dignidad y resistencia, enfrenta hoy no solo los desafíos de los problemas sociales sino, además, la amenaza de división y enfrentamiento entre los mismos pobladores.
