Marcha de la memoria y tribuna antimperialista contra el genocidio
Nota de Coyuntura No. 120 / por Noe Vásquez Reyna
En la Marcha de la Memoria 2025, familiares de víctimas y sobrevivientes del conflicto armado exigieron al Presidente de la República, Bernardo Arévalo de León que, como Comandante General del Ejército de Guatemala, abra los archivos y las zonas militares donde, sin duda, se encontraría información sobre las más de 45,000 personas detenidas desaparecidas que dejó el terrorismo de Estado durante 36 años de guerra interna.
Participantes en la Marcha de la Memoria caminan por la Sexta Avenida del centro histórico de la capital guatemalteca. Fuente: El Observador
Marcha de la Memoria: recuperar la historia hasta que haya justicia
Como cada 30 de junio, desde 1999, el colectivo H.I.J.O.S Guatemala convoca a la Marcha de la Memoria, a la que se suman diversas organizaciones y colectivos de la sociedad civil para conmemorar a los héroes y mártires del llamado conflicto armado interno, la cual se ha erigido en una acción política de calle que sigue señalando al ejército como genocida, asesino, represivo, torturador, violador de derechos humanos, responsable de crímenes de lesa humanidad y que aún se rehúsa a abrir sus archivos.
La Marcha dio inicio en el antiguo parque Morazán, ahora llamado parque Jocotenango, y se dirigió por la Sexta Avenida de la zona 1 hasta el Pasaje Rubio, junto a la placa conmemorativa del líder estudiantil Oliverio Castañeda de León, asesinado el 20 de octubre de 1978 cuando era Secretario General de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), haciendo a su paso paradas en estaciones en donde se prepararon altares y discursos en los que se recordaron a líderes y lideresas campesinos, religiosos, estudiantes, catedráticos, obreros y militantes políticos que fueron asesinados, ejecutados extrajudicialmente, torturados o detenidos desaparecidos por las fuerzas represivas de gobiernos militares.
A la izquierda, jóvenes voluntarios de la Casa de la Memoria Kaji Tulam, hablan durante la Marcha de la Memoria; a la derecha, representantes estudiantiles de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), recuerdan el papel del movimiento estudiantil en décadas pasadas y señalan la corrupción del actual rector, Walter Mazariegos. Fuente: El Observador.
Una representante de quienes exigen justicia por los mártires de la USAC, frente a la casa del líder estudiantil Oliverio Castañeda de León, expresó:
“Hoy es un día de denuncia, pero también es un día de reivindicación, de todos esos seres queridos, esposos, hermanos, hijos, padres, madres, estudiantes, obreros, campesinos, sindicalistas, catedráticos de la Universidad de San Carlos (USAC), personal administrativo y de servicio de la USAC. Hoy es un día para honrar la memoria de todos ellos y ellas. Hoy, lamentablemente en un espacio de esta ciudad, se da nuevamente honor y gloria a un ejército al que documentos como el informe del REMHI y de la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH) y el Dossier de la Muerte, el Diario Militar, confirman que el ejército es el responsable de los asesinatos, de las masacres, de la detención ilegal, de la desaparición forzada, de las torturas en esos cautiverios de destacamentos militares, de la Escuela Politécnica. Nosotros estamos presentes acá para decirles que sí hubo genocidio en este país y por eso reclamamos justicia, ejercemos nuestro derecho a exigir la verdad”.
En la estación preparada por organizaciones de mujeres frente a la Casa Presidencial, Mirna Ramírez dijo:
“Las mujeres luchamos por la justicia, la dignidad y la verdad, y por eso es que seguimos cada 30 de junio buscando la dignidad de mártires, hombres y mujeres, juventudes, que tuvieron la valentía de pensar una Guatemala mejor, como todas y todos los que estamos hoy aquí, una Guatemala donde quepamos todas y todos con nuestros derechos”.
Silencio gubernamental
Durante la Marcha también hubo reclamos al actual gobierno, el cual se ha presentado como una administración de transparencia y transición que conoce la deuda histórica que se tienen con las víctimas del llamado conflicto armado.
“Hoy rendimos homenaje a ellos y a ellas de esta manera, estamos aquí por eso, nos duele la ausencia, nos duele la cobardía del ejército asesino y genocida, nos duele la cobardía de Bernardo Arévalo que no nos abre los cuarteles ni las zonas militares para devolvernos a nuestros seres queridos. Que entienda: no le estamos pidiendo que escarbe, lo hacemos nosotros y nosotras, lo único que tiene que hacer es tener la valentía y el coraje de dar la orden, como Comandante General del Ejército de Guatemala, de abrir los malditos cuarteles. Que nos los devuelvan, eso queremos”, expresó Raúl Nájera, activista, sobreviviente del terrorismo de Estado e integrante del colectivo H.I.J.O.S. Guatemala.
Estación frente a la Casa Presidencial, donde se observa el altar preparado por organizaciones de mujeres, y empapeladas de personas detenidas desaparecidas. Fuente: El Observador.
Durante la jornada también se recordó el papel de Israel, tanto en el conflicto armado guatemalteco como en la Franja de Gaza y el actual genocidio que comete en Palestina. Se vieron banderas y kufiyas o kefias (pañuelo tradicional de Oriente Medio y Arabia) palestinos como símbolos de solidaridad con el Pueblo palestino.
Nuevo retroceso en la justicia transicional
La Marcha de la Memoria tuvo como contexto la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) de fecha 23 de junio, que anuló todo lo actuado en el “Caso Genocidio Ixil”, y que benefició directamente al general retirado Benedicto Lucas García. Lo resuelto implica que el juicio a Lucas García deberá repetirse.
Según el medio Prensa Comunitaria, que dio a conocer la resolución el 24 de junio:
“Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad rechazaron, por mayoría, la apelación interpuesta contra la decisión de la Sala Primera de Mayor Riesgo. Esta sala, días antes de dictarse sentencia en el caso Genocidio Ixil, en contra del militar retirado Benedicto Lucas García separó al Tribunal de Mayor Riesgo ‘A’ y designó a otro tribunal (Tribunal de Mayor Riesgo ‘B’) para conocer el debate, anulando así todo lo actuado en el juicio.
La resolución constitucional mantiene la decisión adoptada tras la recusación planteada por las defensoras públicas Carmen Peralta y Teresa Martínez (IDPP), motivada por una declaración del juez presidente Gervi Sical durante una audiencia del 9 de agosto de 2024. El principal beneficiado es Lucas García acusado de dirigir operaciones de exterminio contra población indígena durante el conflicto armado (1960-1996), cuyo caso queda nuevamente en suspenso tras la anulación indirecta de un juicio que llevaba meses avanzando (99 audiencias) y únicamente faltaba la sentencia“.
Instancias como la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHAG) y la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) repudiaron la resolución de la CC, considerándola “una grave resolución por medio de la cual los magistrados, una vez más favorecen la impunidad en casos de graves violaciones a Derechos Humanos cometidas durante el Conflicto Armado Interno (CAI)”.
La resolución demuestra el nivel de poder que mantiene el alto mando militar de los gobiernos involucrados en el CAI y, en consecuencia, también los límites de la justicia transicional en Guatemala, que se manifiestan en retrocesos en casos emblemáticos del conflicto armado, dilaciones indebidas en juicios, estancamiento de procesos judiciales y la criminalización de operadores de justicia por su lucha contra la corrupción.
Fuente: ODHAG. Recuperado en: https://x.com/odhag_gt/status/1937904422425641306
En otros sectores sociales hay evidente oposición a la celebrar a un ejército genocida e impune, y a seguir beneficiándolo desde los organismos del Estado, como opina el columnista Ricardo Barrientos, quien señala: “El que un grupo de diputados proponga dar más dinero a los exmilitares debería ser un escándalo y recibir un no rotundo como respuesta”. O como Carla González Riera, quien obtuvo una mención especial del Premio Luis del Castillo al mejor proyecto de investigación sobre Justicia Penal Internacional y Derechos Humanos, del Colegio de la Abogacía de Barcelona, por su trabajo “El futuro del Derecho Penal Internacional – ¿Es nacional? Retos y aprendizajes sobre la impunidad en el proceso contra Benedicto Lucas García en Guatemala”.
Marcha de la Memoria en imágenes
