La crónica de una injusticia: Laguna Larga, siete años de exilio en la frontera del olvido
Nota de Coyuntura No. 134 / por Equipo de El Observador
El calor es intenso, la fuerza del sol hace arder la piel. Sobre la franja fronteriza de El Desengaño, en Candelaria, Campeche, México, bajo improvisadas champas de nylon, unas 120 familias guatemaltecas sobreviven desde hace siete años en un limbo geográfico y legal. Son refugiados sin atención en México y en Guatemala son perseguidos y violentados. Son los habitantes de Laguna Larga, comunidad indígena y campesina de Petén, desalojada y desarraigada violentamente el 2 de junio de 2017 por un operativo estatal ejecutado por el gobierno de Jimmy Morales Cabrera (2016-2020) y el desaparecido partido Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación, para responder a intereses políticos y económicos, y que arrasó con las casas, los cultivos y los sueños de sus habitantes.
Tras el desalojo, los pobladores de Laguna Larga sobreviven en precarias champas y condiciones insalubres. Foto: pobladores de Laguna Larga.
Parque Nacional Laguna del Tigre (PNLT), comunidad Laguna Larga, junio 2017
La noche anterior al desalojo, la noticia del inminente operativo corrió de boca en boca entre los pobladores. “Nos avisaron que venía el Ejército, la Policía, que venían muchos”, recuerda Edvin Pérez, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE). Nadie durmió.
Al amanecer, más de 1,800 efectivos entre soldados, policías y funcionarios del Consejo Nacional de Áreas protegidas (CONAP), irrumpieron en la aldea. Aunque algunas familias ya habían huido llevando apenas lo que podían cargar, algunas otras sufrieron el desalojo violento y la destrucción de sus cosechas y viviendas.
El resultado del desalojo fue desolador: las autoridades quemaron viviendas, destruyeron cultivos, mataron animales domésticos, la comunidad Laguna Larga convertida en cenizas, y sus habitantes en desplazados, algunos huyendo a la montaña y otros hacia la frontera con México.
Desde entonces, la vida transcurre en un campamento improvisado, entre la selva y la frontera mexicana. Sin agua potable, sin energía eléctrica, sin escuelas ni centros de salud, la comunidad depende de la solidaridad de organizaciones civiles y, ocasionalmente, de autoridades mexicanas.
“Aquí vivimos con miedo, con enfermedades, con hambre”, relata Constantino Vásquez, uno de los líderes históricos. La pandemia de Covid-19 agravó la emergencia: los pocos servicios médicos, a cientos de kilómetros, cerraron sus puertas.
Niños y adultos mayores han fallecido por desnutrición, enfermedades gastrointestinales, embarazos de alto riesgo. Las mujeres y los niños son los más vulnerables, ya que no cuentan con atención médica ni centros de salud cercanos.
El abogado Édgar Pérez, director del Bufete de Derechos Humanos (BDH) que ha acompañado legalmente a la comunidad, confirmó que el desalojo realizado en 2017 fue ilegal y que, además, se rompieron todos los protocolos que la ley exige para estos desalojos.
“Fue un desalojo ilegal, se cometieron abusos, lo hemos denunciado, denunciamos que ese desalojo provocó al menos dos muertes cuando la comunidad salió huyendo por el miedo ante un gran despliegue policial y militar: dos personas murieron por afecciones cardiacas; en estos desalojos se deben respetar las posesiones de las familias, pero allí les quemaron las casas y destruyeron sus cultivos.”[1]
Por otra parte, la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió, el 29 de enero de 2021, la sentencia con número de expediente 2698-2017, que obliga al Presidente de la República y a sus ministros a atender de manera urgente la situación de la comunidad Laguna Larga que, hasta la fecha, no ha sido atendida, ni por el gobierno de Jimmy Morales Cabrera (enero 2016-enero 2020), ni por el de Alejandro Giammattei Falla (enero 2020-enero 2024) y Vamos, ni por el actual de Bernardo Arévalo de León (2024-2028) y el Movimiento Semilla, en lo que va de su gestión.
Fuente: elaboración El Observador 2025.
Más de 40 comunidades ubicadas en el Parque Nacional Laguna del Tigre (PNLT) y en la Sierra del Lacandón, entre ellas Laguna Larga, ubicadas en los municipios de San Andrés, La Libertad y Las Cruces, Petén, presentaron el 16 de abril de 2019 una propuesta de desarrollo integral y sostenible al Estado guatemalteco. Sin embargo, sus demandas fueron ignoradas[2].
El documento, entregado en ese entonces a instituciones como la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) -desaparecida en 2020 por el gobierno de Giammattei Falla y cuyas funciones fueron integradas a la Comisión Presidencial para la Atención de los Derechos Humanos (COPADEH)-; el Fondo de Tierras (FONTIERRAS) y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), proponía soluciones concretas para garantizar el derecho a la tierra, la permanencia en sus territorios, el acceso a servicios básicos y la participación en la conservación ambiental. Lejos de ser una exigencia unilateral, la propuesta fue resultado de años de organización comunitaria y de búsqueda de consenso[3].
Entre los ejes más destacados del planteamiento está la solicitud de reconocimiento legal como actores legítimos del territorio, la coadministración de las áreas protegidas junto al Estado, y la implementación de programas de educación ambiental, salud y turismo sostenible diseñados con participación comunitaria. Además, el cese de licencias a industrias extractivas como la explotación petrolera y la ganadería extensiva, por su impacto devastador en el ecosistema[4].
“Hemos construido esta propuesta desde nuestra perspectiva comunitaria porque como ciudadanía guatemalteca merecemos una vida digna y el respeto de nuestros derechos humanos”, afirmaron representantes de las comunidades.
A pesar de contar con respaldo legal como la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) y medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las comunidades continúan en el abandono. La falta de voluntad política y la subordinación del Estado a intereses económicos ponen en jaque no solo la vida de las familias desplazadas, sino también la posibilidad de una política de conservación ambiental verdaderamente sostenible y con enfoque de derechos humanos.
En la frontera del olvido, la comunidad ahora marca la división entre Guatemala y México. El vecino país ha sido más solidario con los habitantes de Laguna Larga que el mismo gobierno guatemalteco. Foto: pobladores de Laguna Larga.
Mientras beneficia a narco ganaderos y petroleras, el Estado guatemalteco margina y criminaliza a las comunidades
El Parque Nacional Laguna del Tigre (PNLT), donde se ubica la comunidad Laguna Larga, es una de las áreas protegidas más relevantes de Guatemala y enfrenta serias amenazas ambientales provocadas por la narcoganadería, la actividad petrolera y la inacción del Estado.
Estudios académicos publicados en la revista Science bajo el título “Drug Policy as Conservation Policy: Narco-Deforestation” han revelado una estrecha relación entre el narcotráfico, la expansión ganadera y la deforestación en Centroamérica.[5] Dichasinvestigaciones muestran que los narcotraficantes adquieren tierras de manera ilegal, principalmente en zonas remotas y de escaso control estatal, entre ellas, áreas protegidas. Estas tierras son deforestadas rápidamente no solo para abrir rutas clandestinas y pistas de aterrizaje, sino también
Medidas cautelares a favor de las pobladoras y pobladores de Laguna Larga
Washington D.C. Estados Unidos, CIDH, diciembre de 2021
Tras el desalojo, desde el 8 de septiembre de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los y las pobladoras desalojadas y desplazadas, y para proteger a la comunidad. Ordenó garantizar vivienda, salud, educación y protección contra nuevos desplazamientos. El Estado guatemalteco y los sucesivos gobiernos de Jimmy Morales Cabrera, Alejandro Giammattei Falla y Bernardo Arévalo de León, han incumplido hasta ahora con dichas medidas.
A pesar de la gravedad de la crisis humanitaria, las autoridades no han implementado acciones efectivas para proteger a los integrantes de Laguna Larga. La única ayuda que ha llegado a la comunidad viene del Estado de Chiapas, México, organizaciones no gubernamentales (ONG) y la sociedad civil, consistente en el envío de un médico una vez al mes, por ejemplo, pero esto es para cubrir sus necesidades básicas.
La CIDH ha emitido resoluciones de seguimiento y ha señalado la persistencia del riesgo de daño irreparable para los miembros de Laguna Larga, instando al Estado guatemalteco a cumplir con sus obligaciones internacionales y garantizar la protección integral de esta población, pero, hasta la fecha, la respuesta estatal sigue siendo la indiferencia y el olvido.
En Laguna Larga no hay escuela, ni centro de salud. Se han reportado muertes de niños y niñas por problemas gastrointestinales. Foto: pobladores de Laguna Larga.
FONTIERRAS propuso la compra de seis fincas para Laguna Larga
Septiembre 2022
El Fondo de Tierras (FONTIERRAS) ofreció, como solución para la situación de la comunidad Laguna Larga, la compra de fincas y, aunque inicialmente los pobladores y pobladoras mostraron interés en seis fincas ofrecidas, entre ellas “La Bota” y “El Venado”, localizadas en el municipio de La Libertad, Petén, la comunidad no aceptó la oferta debido a los costos millonarios e impagables para la compra de tierras no productivas, ya que los precios alcanzaban los Q. 22 millones, lo que hacía inviable su adquisición mediante créditos subsidiados. Además, las tierras ofrecidas tienen limitaciones importantes pues anteriormente fueron usadas para ganadería, lo que las hace inadecuadas para la siembra.
Los comunitarios también denunciaron que las parcelas asignadas eran demasiado pequeñas: lotes de 50 por 50 metros cuadrados, y sin espacio suficiente para actividades agrícolas ni acceso a recursos hídricos, lo que las hace inadecuadas para garantizar una vida digna.
“Nos mostraron fincas con tierras malas, sin agua, sin fruta. No podíamos aceptar”, explica Edvin Pérez.
La comunidad no firmó la aceptación y el Estado dejó de buscar alternativas. Hasta la fecha, el FONTIERRAS no ha presentado nuevas propuestas concretas.
Criminalización y resistencia
Laguna del Tigre, Petén, abril de 2023
El 21 de abril de 2023 se registró otro abuso en contra de comunitarios de Laguna Larga, pues al no contar con ninguna otra forma de obtener alimentos para sus familias, se adentraron en territorio guatemalteco en Petén, muy cerca de su antiguo hogar. En este episodio, tres integrantes desplazados de la comunidad Laguna Larga, entre ellos un niño de 11 años, fueron detenidos de manera arbitraria por agentes de la Dirección de Protección de la Naturaleza (DIPRONA), de la Policía Nacional Civil (PNC), del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y el ejército, cuando recolectaban maíz en los terrenos de su antigua comunidad, de donde fueron desalojados en 2017.
Según la información recabada por El Observador, los comunitarios se adentraron en territorio petenero para levantar una cosecha de maíz debido a que, después de ser desalojados, se quedaron sin los medios indispensables para cosechar alimentos para su subsistencia.
La detención incluyó actos de violencia: el niño fue colgado de los pies como forma de tortura, lo que provocó la intervención urgente de la CIDH que, como ya se dijo, mantiene medidas cautelares a favor de los integrantes de Laguna Larga. Gracias a la presión internacional, el menor fue liberado al día siguiente y devuelto a su familia, mientras que los dos adultos, identificados como René Gutiérrez y Melvin Pérez, recuperaron la libertad 10 días después. En el episodio, un policía disparó contra los adultos sin acertar.
Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron el hecho como una muestra más de la criminalización que sufre la comunidad tras el abandono estatal en la frontera con México.
“No somos criminales, solo buscamos sobrevivir”, denunció Pérez, uno de los capturados.
A pesar de todo, las familias de Laguna Larga continúan con la resistencia, se organizan, denuncian, buscan apoyo legal y visibilizan su situación en medios y foros internacionales. El acompañamiento de organizaciones como el Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH), y la solidaridad de organizaciones civiles mexicanas han sido vitales.
Siete años después, la indiferencia mantiene a Laguna Larga con hambre
Mayo 2025
Para el presente año 2025, la comunidad de Laguna Larga sigue esperando justicia, reparación y retomar la construcción de un mejor futuro para sus familias. Sobreviven en el exilio, afrontando el olvido y la indiferencia social y estatal.
Según los análisis jurídicos del BDH que acompaña a la comunidad, las razones por las que los comunitarios de Laguna Larga no son atendidos por el Estado guatemalteco y por las que no pueden regresar a su país, tienen desde un trasfondo económico hasta las exigencias de grupos de presión, legales e ilegales, que no quieren a las comunidades campesinas e indígenas en el área.
Desde narco ganaderos hasta arqueólogos de Estados Unidos como Richard Hansen, a cargo del proyecto arqueológico “El Mirador” y su propuesta de convertirlo en un enclave de desarrollo turístico que raya en el abuso y la intromisión, pues conlleva una intervención profunda en las áreas protegidas que va acompañada de intereses sociopolíticos, ecológicos y económicos que no toman en cuenta a las comunidades, y presionan más bien por su expulsión e implementar así dichos proyectos.
Al respecto dice Édgar Pérez, director del BDH:
“El futuro de los parques arqueológicos en Petén no puede depender únicamente de visiones externas, por más científicas o bienintencionadas que sean. Se requiere un enfoque participativo, con respeto a los derechos de las comunidades, la soberanía nacional y la pluralidad de perspectivas sobre el patrimonio cultural y natural del país.”
Ante la indiferencia estatal, el pasado 21 de mayo 2025 los comunitarios y comunitarias de Laguna Larga decidieron organizar un plantón frente al Palacio Nacional de la Cultura en donde se encuentran las oficinas presidenciales, para exigir una audiencia. Si bien el actual Presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, los recibió para atenderlos 5 minutos y comprometerse a organizar otra mesa de diálogo, a la fecha su instalación no se ha concretado.
Para el abogado Édgar Pérez, del BDH, que lleva el caso de Laguna Larga, no hay voluntad política para solventar la precaria situación que viven las familias, ya que legalmente el Artículo 22 de la Ley de Áreas Protegidas, Decreto 4-89, permite la presencia de comunidades en la zona de usos múltiples de dichas áreas. Literalmente, ese artículo establece que:
“…las personas, ya sean individuales o jurídicas, que se encuentren asentadas dentro de áreas protegidas o que se establezcan en el futuro dentro de estas áreas, están sujetas a regulaciones específicas para garantizar la conservación y manejo adecuado de la flora y fauna del lugar”.
Dice el director del BDH al respecto:
“Es tan amplio el artículo 22 que indica que se pueden permitir asentamientos humanos en áreas protegidas, incluso, menciona a aquellas comunidades que en el futuro adquirieran esas calidades, entonces ¿De qué estamos hablando?: de voluntad política; si el gobierno quisiera podría permitir a Laguna Larga retornar a su territorio; ellos podrían ser buenos guarda recursos, porque: ¿Quién mejor que las comunidades para saber cómo cuidar el bosque y la selva?”.
Las familias de Laguna Larga lo han perdido todo menos la expectativa de poder volver a su país. Laguna Larga es hoy el símbolo de una deuda histórica que Guatemala aún no salda.
“Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Generalitat Valenciana. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Protection Internacional y el Bufete de Derechos Humanos y no refleja necesariamente la opinión de la Generalitat Valenciana”.
[1] Entrevista de El Observador con Édgar Pérez, director del BDH.
[2] Equipo de El Observador. “Comunidades de Petén presentan propuesta de desarrollo del Estado”. Informe Especial No. 4, 28 de septiembre de 2016. Recuperado en: https://elobservadorgt.org/2016/03/24/informe-especial-no-4-comunidades-de-peten-presentan-propuesta-de-desarrollo-del-estado/1
[3] Solano, Luis. “La ‘Política de doble rasero’: comunidades buscan permanencia perpetua en áreas protegidas de Petén”. Informe Especial No. 6, 30 de noviembre de 2016. Recuperado en: https://elobservadorgt.org/2016/03/24/informe-especial-no-6-la-politica-de-doble-rasero-comunidades-buscan-permanencia-perpetua-en-areas-protegidas-de-peten/
[4] Equipo de El Observador. “Comunidades de Petén presentan propuesta de desarrollo del Estado”. Informe Especial No. 4, 28 de septiembre de 2016. Recuperado en: https://elobservadorgt.org/2016/03/24/informe-especial-no-4-comunidades-de-peten-presentan-propuesta-de-desarrollo-del-estado/1; y, Equipo de El Observador. “Iglesia y salud: un modelo que se debate y abate en Petén”. Informe Especial No. 7, 7 de diciembre de 2016. Recuperado en: https://elobservadorgt.org/2016/03/24/informe-especial-no-7-iglesia-y-salud-un-modelo-que-se-debate-y-abate-en-peten/
[5] Global Initiative. (2014, April 23). Narco-deforestation and community resilience. Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Recuperado en: https://globalinitiative.net/analysis/narco-deforestation-and-community-resilience/
[6] Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA). (s.f.). “Análisis sistémico de la deforestación en Guatemala y propuesta de políticas para revertirla”. Universidad Rafael Landívar (URL). Recuperado en: https://www.url.edu.gt/publicacionesurl/ppublicacion.aspx?pb=401
