Los dilemas del gobierno: entre la coyuntura internacional y la “campaña electoral”
Nota de coyuntura No. 246 / por Luis Solano
La tendencia alcista de los precios internacionales del petróleo y los combustibles, provocados por la guerra de Estados Unidos con Irán, ha impactado económica y socialmente a países como Guatemala, que resienten sobremanera la inflación provocada. El margen de maniobra del gobierno de Bernardo Arévalo de León es mínimo, pues se enfrenta a un problema de múltiples aristas. Mientras tanto, en plena “campaña electoral”, los bloqueos en la ciudad y carreteras fueron in crescendo, de tal manera que han denotado una “política de desgaste” contra el Ejecutivo, aprovechando el descontento popular. Empresarios y la Corte de Constitucionalidad (CC) también han empujado a su manera.
Conferencia de prensa de los ministros de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval y de Defensa, Henry Sáenz Ramos, sobre la liberación de las vías bloqueadas acatando la orden de la Corte de Constitucionalidad (CC). Fuente: https://x.com/GuatemalaGob/status/2098898739909812412
El panorama internacional de los combustibles
Entre febrero y septiembre del presente año, el tiempo que lleva la guerra impulsada por Estados Unidos e Israel contra Irán, Guatemala ha visto un incremento en el precio del galón de gasolina de 38.0% y en el de diésel de 64.3%. Al 7 de septiembre de 2026, según fuentes internacionales, el precio de la gasolina se situaba en US$ 5.46 por galón, y el del diésel en US$ 6.00 por galón, Q 40.93 y Q 46.37 en promedio, respectivamente, según el Ministerio de Energía y Minas (MEM). Estos son los precios más altos en Centroamérica. El impacto alcista se observa en el ritmo inflacionario en igual periodo de tiempo, según datos del Banco de Guatemala (BANGUAT). Entre enero y julio de 2026, se denota la rapidez del aumento generalizado de los precios, aunque la inflación sigue siendo baja.
Fuente: BANGUAT.
A nivel mundial, se observa un fenómeno: la producción internacional de petróleo sigue en alza al igual que su precio, mientras los precios de la gasolina y diésel también se disparan. La solución a esa tendencia alcista, claro está, es que termine la guerra, algo que no parece que sucederá pronto. Incluso, los precios podrían seguir subiendo impactando las economías nacionales a medida que el Estrecho de Ormuz, controlado por Irán, siga cerrado y por donde pasa el 20% de la producción petrolera mundial producida en Medio Oriente, actualmente unos 20 millones de barriles.
Fuente: MacroMicro. Recuperado en: https://en.macromicro.me/series/3226/global-crude-oil-production
Fuente: Global Petrol Prices. Recuperado en: https://www.globalpetrolprices.com/benchmark/
Esa responsabilidad geopolítica, sin embargo, no aparece en la crítica ni en el discurso político de los opositores al gobierno de Arévalo de León. La paradoja hoy día, es que los partidos políticos, ya en una plena campaña electoral adelantada, pues oficialmente aún no empieza, buscan el espaldarazo del gobierno de Estados Unidos para sus candidaturas de las elecciones generales del 2027 -y son aliados de Israel-, al mismo tiempo que presionan y hasta responsabilizan a la administración de Arévalo de León de la situación actual del precio de los combustibles.
Entre la política y el populismo, falta la técnica
Ante las presiones sociales y políticas por el impacto inflacionario del alza en los precios de combustibles, el gobierno presentó un proyecto de ley al Congreso de la República que, el 8 de septiembre, con el aval de 130 diputados, se aprobó de urgencia nacional el Decreto 21-2026, Ley de Estabilización y Precios de Referencia de Venta al Consumidor Final para los Combustibles Cubiertos, con el que se establece un tope al precio de las gasolinas y el diésel bajo el concepto de “mecanismo de compensación económica para el precio de referencia de venta al consumidor final para los Combustibles cubiertos, mitigando el impacto de la crisis de precios internacionales de los mismos.”, según reza el contenido en el Artículo 1. Objeto de la ley.
La nueva ley, que espera su aprobación y publicación, así como su reglamento, deja los precios de la siguiente manera:
- Aceite Combustible Diésel Q 39 por galón.
- Gasolina regular, Q 39 por galón; y,
- Gasolina superior, Q 41 por galón.
“Dichos montos constituyen el precio de referencia de venta al consumidor final y operará como precio máximo de venta al consumidor final”, indica el mencionado Artículo 1.
El Decreto fue resultado de la discusión de varias iniciativas de ley presentadas entre marzo y agosto de 2026, que planteaban un subsidio o fondo de compensación. Una iniciativa más, la No. 6810, aún no ha sido presentada al Legislativo, la cual es conocida como Ley de Protección Económica al Consumidor de Combustibles, y plantea otorgar un apoyo de Q 12.00 por galón de diésel, además de eliminar el Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicado a las gasolinas. Esta iniciativa es muy parecida a la 6809, la cual sí fue presentada al Congreso de la República.
Sin embargo, el 10 de septiembre el diputado Allan Rodríguez, líder del ex gobernante partido Vamos y un abierto opositor al gobierno de Arévalo de León, objetó el Decreto 21-2026 al presentar varias objeciones ante la Dirección Legislativa del Legislativo, una acción que impide su envío al Ejecutivo y retrasa la aplicación del subsidio aprobado por el Congreso de la República. Rodríguez insiste en la eliminación temporal de impuestos, el mismo discurso de sectores de derecha e ideólogos anti impuestos, como única salida. Incluso, arrastrando a sectores como la Asociación de Comerciantes de Mercados Unidos, afín a partidos opositores, sobre todo a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), asociación que anuncia manifestaciones para esta semana a favor de la eliminación de impuestos.
De acuerdo con un medio de comunicación:
“El jefe del bloque CREO, Cristian Álvarez, advirtió que las objeciones de Rodríguez aplazarán entre dos y tres semanas la ayuda económica prevista para los consumidores. El diputado indicó que el feriado impide agendar una sesión el 15 de septiembre y que no observa una vía para que el pleno conozca el asunto antes del 22”.
“Van a ser dos semanas o tres más para que se haga viable lo que el presidente (Bernardo Arévalo) pidió para tratar de solucionar la crisis”, dijo Álvarez. Si el pleno aprueba las objeciones, el decreto deberá volver a discutirse desde el inicio.”
Destaca, entre todo esto, la falta de rigor técnico y el trasfondo político y populista de las propuestas. Incluso, el desconocimiento brota cuando transportistas piden eliminar derechos arancelarios a la importación de derivados de petróleo, cuando tales derechos ya no existen desde la década de 1990.
A criterio de Ricardo Barrientos, director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), la propuesta de eliminar impuestos es más política y lo que busca es desestabilizar aún más al Ejecutivo. En el caso del IDP, este financia a Covial y eliminarlo impactaría la capacidad de ejecución de infraestructura vial, a pesar de las limitaciones que ha tenido la entidad para reparar la dañada red vial del país y, en consecuencia, el costo político para el gobierno sería muy alto, no sólo por lo que se dejaría de hacer, sino también porque ocurriría en pleno contexto electoral.
Del IVA y sus efectos
Barrientos explicó a un medio de comunicación que la eliminación del VA es mucho más complicado, porque se trata de un tributo “de etapa múltiple” que tiene un “efecto cascada”, siendo cuatro etapas que tiene el cobro del IVA en materia de adquisición de combustibles.
Barrientos explicó a dicho medio que ese proceso lleva cuatro etapas.
“Se paga en cada una de las etapas de importación y comercialización. Es decir, paga IVA el importador, también para el mismo 12% el distribuidor y finalmente el consumidor final. Todo eso genera un débito y un crédito fiscal que, al final del año, tiene que reponerse o debitarse a toda la cadena que participó en el proceso”.
Cuatro etapas de cobro de IVA en materia de adquisición de combustibles. Fuente: Infobae.
Entonces “¿A quién quieren que se le quite el IVA? ¿Al importador? ¿Al distribuidor? ¿Al transportista? ¿O al consumidor final, quien realmente no paga el 12% sobre el total del buque que se importó? Eliminar este impuesto conlleva una cadena que no es factible”, subrayó Barrientos.
Pero, al final, lo complicado de eliminar el tributo no sería el mayor problema. Los expertos coinciden en que el dilema recae en el efecto, ya que tiene destinos específicos. Según el Artículo 10 de la Ley del IVA, el impuesto se distribuye de la siguiente manera:
- 1.5% para las municipalidades de todo el país, quienes deben utilizar el 25% de este aporte para funcionamiento y 75% para inversión.
- 1% para los Consejo Departamentales de Desarrollo (CODEDES), mismos que se destinan a inversión pública.
- 0.5% para programas y proyectos para seguridad alimentaria de la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema, principalmente madres con niños por nacer, niños y programas preescolares y escolares.
- 0.5% para proyectos y programas de educación primaria y técnica; y,
- 0.5% para programas y proyectos de seguridad ciudadana y de derechos humanos.
“Al final, si se quita el IVA, el impacto será considerable para la inversión del gasto social. Incluso, de la refacción escolar. Ahora es importante que se pregunten ¿Realmente es lo que se quiere?”, finalizó Barrientos.
Especulación y papel del Ministerio Público (MP)
El origen de la escalada de precios de los combustibles, aparte del contexto internacional, también podría tener un componente interno. En marzo de 2026 surgieron múltiples denuncias de especulación en decenas de gasolineras del país que, públicamente, fueron investigadas por el Ministerio Público (MP) cuando la Fiscal General era Consuelo Porras Argueta.
De los resultados de esas investigaciones nunca se supo de los resultados, pero en su momento trascendió que cuando la guerra contra Irán comenzó, y los precios internacionales comenzaron a subir, que las empresas importadoras, distribuidoras o comercializadoras del diésel y las gasolinas, aumentaron los precios de manera anticipada con el propósito de lucrar abusando de la situación. “Se argumentó que, al final de febrero, cuando estalló la crisis, estas empresas tenían inventarios adquiridos a los precios previos, y que en Guatemala el incremento debió producirse en las gasolineras hasta semanas después, por lo que el incremento que vimos en los precios en las bombas de las gasolineras al inicio de marzo pudo haber sido artificial.”, anotó Ricardo Barrientos en una nota de opinión.
Estos señalamientos encuadran en el delito de especulación, tipificado en el artículo 342 del Código Penal, y que puede ser sancionado con prisión de seis meses a dos años, y multa de Q 200.00 a Q 3 mil. El segundo párrafo del artículo 251 de la Constitución Política de la República explícitamente establece que: “El jefe del Ministerio Público será el Fiscal General y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública.”, por lo que solo el Fiscal General y Jefe del MP tiene la facultad de investigar la comisión de delitos, la especulación en este caso, desde el inicio, para determinar si corresponde o no acusar. En julio también hubo denuncias similares de la Dirección General de Hidrocarburos que las presentó al MP e, igual, se desconocen los resultados.
En ese contexto, el oligopolio que controla la importación de productos derivados de petróleo, podría estar teniendo una responsabilidad que requiere investigaciones de carácter penal, de llegar a establecerse indicios que estaría ocurriendo especulación en los precios por parte del bloque de empresas importadoras:
- Chevron/Texaco.
- Puma Energy/Shell (Trafigura Beheer B.V, de Suiza); y,
- Uno Fuels-Uno Guatemala (Grupo Terra).
Debe ser papel del MP, entonces, investigar si desde el origen ese oligopolio ha contribuido a elevar aún más los precios de los combustibles. Como se recordará, esas empresas son las beneficiarias del Decreto 21-2026, algo que habría sido acordado a nivel de los organismos Ejecutivo y el Legislativo, sin garantizar que el subsidio como tal llegue al consumidor final. Esto es lo que le ha abierto las puertas a sectores opositores para evitar la entrada en vigencia del “mecanismo de compensación”, exigir la eliminación de impuestos y retrasar su aprobación como una vía de desgaste político al gobierno.
Los bloqueos y los intereses subyacentes
Las presiones sociales, que se habían expresado en demandas de distintos sectores para eliminar los impuestos relacionados con combustibles y evitar subsidios, escalaron hasta bloqueos organizados de carreteras, calles y avenidas en la Ciudad de Guatemala. Sectores de derecha y opositores al gobierno han presionado a favor de la eliminación de impuestos como una única salida al problema.
Ese mismo 8 de septiembre, cuando se aprobó el Decreto 21-2026, la CC otorgó un amparo para garantizar el derecho de libre locomoción a favor del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) que lo había solicitado ese mismo día. No obstante, los bloqueos continuaron aumentando con taxis, mototaxis, transporte extraurbano y pesado participando, y seguían aumentando 10 días después.
Ante ello, el CACIF demandó una debida ejecutoria de lo ordenado el 8 de septiembre, la cual fue resuelta el 11 de septiembre con una votación 3-2 que, sin ser unánime, evidenció el control de la trinca de Magistraturas sobre la CC, integrada por Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa Escribá y Julia Rivera Aguilar, y que está ligada a la oposición gubernamental. La resolución dio seis horas al gobierno para implementar medidas contra los bloqueos, bajo la advertencia de una posible destitución del ministro de Gobernación y el director de la Policía Nacional Civil (PNC). En contra de esa decisión votó la magistrada presidenta, Annabella Morfín, designada al cargo por Arévalo de León, junto al magistrado suplente, Luis Fernando Bermejo, en sustitución de la titular, Astrid Lemus.
El sector transportista ha sido afectado por el elevado precio del diésel, el combustible más consumido, pero se notó cada vez más que las movilizaciones en la Ciudad Capital, particularmente, tenían signo de estar organizadas desde estructuras partidarias e, incluso, de crimen organizado, tal como lo hicieron notar los ministros de Gobernación y de Defensa en conferencia de prensa.
Y, llamó la atención el bloqueo que algunos habitantes de la Colonia Bethania realizaron en el sector del Anillo Periférico, donde se ubica la residencial. Durante dos días interrumpieron el tránsito de esa vía estratégica y una arteria muy transitada. Pero, el bloqueo se disolvió rápidamente al momento de saberse la orden de la CC, el 11 de septiembre, que llevó a la pregunta de si el mismo y otros, era organizado para generar inestabilidad política.
Los habitantes de la Bethania fueron muy importantes con sus protestas y bloqueos durante octubre de 2023, cuando se manifestaron en contra del intento de invalidar los resultados electorales de entonces. Esa Bethania no fue la de hoy día, donde se notó que uno de sus dirigentes fue Oswaldo Rocael Villalta López, con nexos al partido UNE y con varios antecedentes penales. Cabe destacar que Villalta López lideró bloqueos similares en 2025, y en el más reciente exigió la renuncia del binomio presidencial.
Ciertos medios de prensa se dieron a la tarea de equiparar ambos momentos, el de 2023 y 2026, aunque las circunstancias que los convocaron fueron totalmente diferentes, y la magnitud de la movilización de igual manera, sobrepasó a la más reciente, así como el éxito de la misma.
En el fondo, pareciera que se ha buscado que el gobierno utilice acciones violentas para desgastarlo políticamente, y exponer alguna contradicción con lo ocurrido en 2023, cuando las demandas dictaban que se evitara el uso de la represión policial y militar. La CC y el CACIF de hoy, con la debida ejecutoria, contribuyeron a obligar la intervención policial y militar contra los bloqueos, la que, sin embargo, enfatizaron los ministros de Gobernación y de Defensa, se basó en el uso de la política de seguridad democrática, basada en el diálogo y el respeto a los derechos humanos. Al 12 de septiembre, 34 eran los bloqueos que se liberaron.
