Ley de Aguas: valoraciones contrastantes
Nota de coyuntura No. 242 / por Luis Solano
La renuncia de Patricia Orantes Thomas al cargo de ministra de Ambiente y Recursos Naturales, anunciada por el gobierno el 26 de agosto, coincidió con la presentación de la Iniciativa de Ley No. 6816, Ley de Aguas, cuestionada por la Comisión Plurinacional por el Agua, y todo hace suponer que el retorno de Orantes Thomas como diputada al Congreso de la República, será para impulsar el debate y aprobación de ese marcado jurídico. El 1 de septiembre, a la vez, se anunció al nuevo ministro, Edwin Castellanos, quien estaba a cargo del Viceministerio de Recursos Naturales y Cambio Climático, y también un impulsor de dicha ley.
Foto: 34ª. Sesión Ordinaria Adicional del Congreso de la República, celebrada el 11 de agosto de 2026, donde se leyó la Iniciativa de Ley No. 6816, Ley de Aguas. Fuente: Congreso de la República. Recuperada en: https://www.youtube.com/watch?v=ORK5TEMqJc8
De regreso al hemiciclo y con nuevo ministro en el MARN
Desde su retorno al Congreso de la República, el 1 de septiembre, la ahora nuevamente diputada Patricia Orantes Thomas, evidenció que jugará un papel preponderante en el impulso del debate y aprobación de la Iniciativa de Ley No. 6816, Ley de Aguas. Más aún, lo hará de la mano de bloque de diputados Raíces, escindido del Movimiento Semilla, con el diputado Samuel Pérez a la cabeza.
Su renuncia, anunciada el 26 de agosto, se venía especulando días antes. En su mensaje público, Orantes Thomas evidenció que seguirá trabajando muy de cerca con el Presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, con lo que le salió al paso a los rumores que se haya dado algún encontronazo que provocó su salida de la ahora estratégica cartera ministerial. En ese mismo mensaje, Orantes Thomas valoró todos los logros alcanzados en su administración y lo que deja para el futuro inmediato.
La ahora ex ministra y nuevamente diputada, previo a su renuncia, habría sugerido que su sustituto fuera el ahora nuevo ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Edwin Josué Castellanos López, quien se desempeñaba como viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático. Como experto en Cambio Climático, el gobierno había destacado recientemente su carrera como científico y como referente regional en el tema, lo que suponía que al mismo tiempo era un anuncio del cargo que asumiría días después.
Castellanos López tiene una larga trayectoria en el campo académico. Doctor en Ciencias Ambientales por la Indiana University, Bloomington, Estados Unidos; una maestría en Química Analítica de la Universidad Estatal de Michigan, Estados Unidos; y una Licenciatura en Química por la Universidad del Valle de Guatemala (UVG). Además de egresado de la UVG, ha sido docente, investigador, codirector del Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad (CEAB-UVG) y decano del Instituto de Investigaciones de la UVG. Es especialista en ciencias ambientales con 37 años de experiencia en proyectos multinacionales y multidisciplinarios, con énfasis en el manejo de recursos naturales y cambio global, incluyendo el cambio climático, la deforestación, la gestión del agua y la biodiversidad. Actualmente lidera el programa científico del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI), del cual ha sido director.
Una iniciativa de Ley que espera largo debate y negociaciones
El 3 de agosto, un grupo de diputados independientes del cancelado partido Movimiento Semilla y del partido en formación Raíces, así como del partido Victoria, integrantes de la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales, presentaron la Iniciativa de Ley. El 11 de agosto, el proyecto fue presentado al pleno del Congreso de la República. Arrancaba así lo que puede ser un largo proceso de debates, presentación de iniciativas, cambios y aprobaciones en sus tres lecturas.
Los diputados y diputadas ponentes fueron: José Carlos Sanabria Arias, independiente – Movimiento Semilla; Juan Carlos Rivera Estevez y Randy Araely Coc Figueroa, del partido Victoria; Mirna Victoria Godoy Palala, independiente – Movimiento Semilla; César Augusto Fión Morales, independiente; Samuel Andrés Pérez Álvarez, independiente – Raíces; Mercedes Del Rosario Monzón Escobedo, independiente – Raíces; y Luis Enrique Ventura Urbina, independiente – Movimiento Semilla.
En el caso de Ventura Urbina, había sido nombrado en la curul en sustitución de Orantes Thomas con el Acuerdo Legislativo 20-2024, que fue aprobado con 138 votos. Tomó posesión el 11 de abril del 2024, y ese mismo día, Orantes Thomas fue juramentada como titular del MARN tras la destitución de María José Iturbide, quien fue la primera ministra del MARN en el actual gobierno de Arévalo de León, luego que el medio Vox Populi evidenciara que su hija estaba utilizando la seguridad y el transporte a su servicio.
El proyecto de ley, que la ex ministra del MARN siempre negó que fuera una iniciativa de gobierno o de partido político, fue producto de múltiples conversaciones con alcaldes, autoridades indígenas, diputados distritales, cooperativas y sector privado en las que participaron más de 3 mil personas, según detalla la página creada por el MARN para documentar todo ese proceso.
Guatemala es el único país de Latinoamérica que no tiene una Ley de Aguas. El MARN, en su informe ambiental publicado en diciembre de 2025, pinta un complicado panorama a futuro dada la problemática ante la contaminación del agua, la conflictividad que genera su falta de gestión, la cuasi privatización, el acceso y su saneamiento, etc. De ahí que en el informe enfatice la urgencia de emitir una ley específica para establecer una institucionalidad pública con capacidad para gestionar el agua basada en un sistema de datos, conocimientos y saberes, que permita construir un sistema de planificación e inversión pública descentralizado en vertientes y cuencas para garantizar el acceso al agua para todos, controlar la contaminación y detener el deterioro de las cuencas. Y, remarca que la ley debe definir con precisión y claridad las competencias de los órganos de la entidad que se cree, y mecanismos ágiles para la coordinación interinstitucional y con todos los actores del agua.
Datos estadísticos de la Universidad del Valle (UVG) evidencian la crítica situación que el país atraviesa, la cual se agudiza con el cambio climático que hoy día tiene prolongadas sequías en ciertas regiones del país, tal es el caso del Corredor Seco.
Cambiar la gestión del agua y aplicar los artículos constitucionales como el 127 sobre el Régimen de Aguas, que indica que: “Todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce, se otorgan en la forma establecida por la ley, de acuerdo con el interés social. Una ley específica regulará esta materia.”, son clave para, luego de 40 años y 14 iniciativas de ley, por fin haya un marco jurídico que ordene e institucionalice lo que la iniciativa de ley remarca: el derecho humano al agua.
El último proceso en el que se presentaron varias iniciativas de ley y se intentó aprobar una Ley de Aguas específica, fue entre 2026 y 2017, durante el gobierno de Jimmy Morales Cabrera (enero 2016 – enero 2020) y el desaparecido partido Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación. El contexto de dicho proceso fue la liberación que comunidades marino costeras hicieron de varios de los de la Costa Sur, capturados por los principales ingenios azucareros.
En sus redes sociales, la ahora ex ministra Orantes Thomas, previo a dejar el cargo, había dejado en claro la importancia de la iniciativa de ley presentada. El 11 de agosto, cuando se presentó al pleno del Legislativo, indicó:
“Gracias a la Junta Directiva del Congreso por haberle dado el banderazo de salida al proceso legislativo de la iniciativa 6816, Ley de Aguas. Julio 2026 fue el julio con menor lluvia y mayor temperatura en las últimas 4 décadas. Toca prepararnos.”
También enfatizó en ciertos aspectos clave de la ley:
“La buena noticia es que la Ley de Aguas nos permitirá levantar infraestructura nacional de almacenamiento para enfrentar sequías, e infraestructura para conducir agua de donde sobra a donde falta. Urge comenzar.”
“Por esto y por mucho más, es estratégica la Ley de Aguas. Transitamos rápidamente de la abundancia a la escasez y debemos ordenar la casa para asegurarle agua a todos los guatemaltecos, a nuestra producción económica y a la naturaleza misma.”
“La Ley de Aguas permitirá levantar un programa de pago por servicios ambientales a propietarios de bosque, con el fin de recuperar y mantener la salud del ciclo hidrológico y los manantiales en zonas de importancia para la recarga hídrica.”
“Guatemala necesita capacidad institucional estratégica para conocer sus aguas, establecer criterios técnicos de uso sostenible, y propiciar su sostenibilidad en tiempos ecológicamente desafiantes.”
¿Fue participativo? Largo camino por recorrer
El mismo día que el gobierno comunicó la renuncia de Orantes Thomas, la Comisión Plurinacional por el Agua publicó un comunicado frente a la Iniciativa de Ley 6816, en el que destacan, entre otros puntos
“C. Qué la situación histórica del agua hasta el día de hoy ha sido condicionada y afectada por acciones de quienes ven en el agua una mercancía que puede ser objeto de explotación y acaparamiento. Esta situación ha llevado a la criminalización de liderazgos comunitarios que han sido perseguidos, hostigados, privados de su libertad e incluso asesinados.
D. La Comisión Plurinacional por el agua que representa a más de 30 asambleas territoriales, durante los últimos 5 años ha venido presentando reflexiones, denuncias de abusos comunitarios y acciones que buscan aportar a reivindicar la condición del agua como ser vivo. Buscando orientar al estado a través de demandas y propuestas, que permitan asumir un papel que fortalezca la relación de los pueblos con el agua, garantizando el acceso prioritario al ser humano y su soberanía alimentaria.”
Indica el comunicado que:
“La iniciativa 6816, Ley de Aguas para Guatemala, llegó al Congreso el 3 de agosto tras un proceso brevísimo que se vendió como participativo y que hoy se presenta como un proyecto que nos beneficia a todos.
La ley crea los derechos de aprovechamiento especial de agua, que se otorgan a personas individuales o jurídicas que hacen uso comercial del agua, entre ellas mineras, agroindustrias, hidroeléctricas, embotelladoras y maquilas (artículo 32).”
Señalan que está diseñada para generar más incentivos y privilegios al sector empresarial, e identifican por lo menos 6 razones determinantes, que en forma resumida indican:
Primero: “…las sanciones por faltas y delitos como contaminación podrían quedar impunes, pues prescriben en cinco años”.
Segundo: sobre el derecho sobre el uso del agua por 25 años, que les permite venderlo a terceros y prorrogar ese permiso una vez finalizado el plazo.
Tercero: beneficio al sector privado, demuestra la facultad de criminalizar a las resistencias comunitarias.
“Las empresas titulares de estos derechos adquiridos pueden solicitar la protección legal del Estado cuando terceras personas se opongan, pongan en riesgo o afecten de alguna manera su derecho sobre el uso del agua”.
El cuarto beneficio identificado es que, a partir de la vigencia de la Ley, las empresas no tienen la obligación de no contaminar, la única medida de control es una declaración jurada cada dos años.
El quinto beneficio, según las organizaciones, es el cobro por metro cúbico a las empresas, que podrán tener rebajas a un 70% cuando las empresas cumplan metas ambiguas o fáciles de alcanzar como reutilizar el 20% del agua que utilizan para sus actividades industriales.
El sexto beneficio es el establecimiento de servidumbres legales, lo que facilita el saqueo corporativo y legalizar el despojo.
Para materializar esos beneficios, según las organizaciones, se crea una entidad denominada Superintendencia de Agua.
“Lo más peligroso de la Superintendencia es su directorio, que está conformado por cuatro personas nombradas por ministros.”
También señalaron que la participación de los Pueblos Maya, Xinka y Garífuna en el Consejo Consultivo, se limita a cinco espacios, aunque las decisiones de dicha instancia no son vinculantes, mientras al sector empresarial se le otorgaron ocho espacios.
A esta crítica también se agregó la opinión expuesta por representantes de la Mesa de Tierras Comunales, Red Nacional Por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (REDSAG) y del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) quienes, en un conversatorio, si bien reconocieron el proceso llevado a cabo, ven varias limitaciones que contiene el proyecto de ley y, sobre todo, que no contiene la visión y el sentir de los pueblos. Además de ser muy extensa —215 artículos— es, además, bastante técnica y no recogió cuestiones medulares que se expusieron en las mesas técnicas por las organizaciones indígenas y campesinas.
Aun siendo ministra, Orantes Thomas expuso en una entrevista a un medio de comunicación que la Iniciativa de Ley estará sujeta cambios porque en el proceso de debate y aprobación, habrá nuevas iniciativas y más actores protagónicos que incidirán para construir un marco jurídico final.
