Los desafíos a los que se enfrenta el MP y su Fiscal General
Nota de coyuntura No. 250 / por Luis Solano
En una maratónica conferencia de prensa celebrada el 25 de septiembre, el Ministerio Público (MP) por medio de sus principales autoridades presentó el Informe del Proceso de Transformación, a casi cinco meses de iniciada la gestión del Fiscal General, Gabriel Estuardo García Luna. Además de los hallazgos, avances y acciones, la presentación incluyó detalles de varios casos en investigación de alto peso político. El futuro de esas investigaciones está sometido a una coyuntura y a la reacción de poderosos actores y estructuras que definirán la judicialización de los casos y el futuro mismo del MP.
Imágenes: a la izquierda, presentación del Informe del Proceso de Transformación. A la derecha, el Fiscal General, Gabriel Estuardo García Luna, y el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, con el Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, Jorgan Andrews, y autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Fuente: Ministerio Público (MP).
Para el MP, la transformación avanza
La conferencia de prensa que se prolongó durante cinco horas el pasado 25 de septiembre, tuvo dos momentos en los que, por un lado, se presentó el Informe del Proceso de Transformación, y dos, el periodo de preguntas de periodistas y las respuestas de los funcionarios del Ministerio Público (MP).
El primer momento contó con la presencia y presentaciones de los principales funcionarios del MP con el Fiscal General, Gabriel Estuardo García Luna, al frente, en el que se preesentó el Informe del Proceso de Transformación, a poco más de cuatro meses de iniciada su gestión. Fue acompañado por Giovanni de Jesús Barreno Soto y Kimberly Elizabeth Cano Jocol, coordinadora de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (DICRI); el Coordinador Nacional del MP, José Raúl López Lamadrid; los fiscales regionales Celma Raquel Sáenz Barrios y Friedel Alejandro Peña Rodríguez; el secretario general del MP, Edwin Santiago Chavajay Chavajay; y la primera subsecretaria general del MP, Claudia Eugenia Caballero Ordóñez, entre otros funcionarios que presentaron secciones del informe.
En la parte conclusiva, en su parte relevante el informe indica :
“Los cuatro meses de gestión muestran el inicio de un proceso de transformación integral del Ministerio Público, construido a partir de un diagnóstico de las condiciones encontradas y de la adopción de medidas orientadas a fortalecer su capacidad de respuesta.”
Se resaltan los hallazgos, avances y acciones en este corto periodo de tiempo:
“Aunque muchos de estos procesos requieren continuidad y sus resultados deberán consolidarse y medirse en el mediano y largo plazo, los avances del cuatrimestre permiten identificar una dirección común: construir un Ministerio Público más organizado, moderno, articulado y orientado a resultados, en el que las áreas administrativa, fiscal y técnica funcionen de manera complementaria.”
En el plano de las relaciones internacionales y la cooperación, se enfatizó en “la reactivación de vínculos con organismos internacionales, representaciones diplomáticas”, fundamentalmente con el gobierno de Estados Unidos.
Como parte de los desafíos, la parte conclusiva finaliza diciendo:
“El reto hacia adelante será convertir los avances iniciales en capacidades institucionales sostenibles, dar seguimiento a las acciones emprendidas y medir su impacto. La transformación no concluye en estos cuatro meses; este período constituye el punto de partida para avanzar hacia una institución con mejores herramientas para investigar y perseguir el delito, atender a las víctimas del delito, cumpliendo así con su mandato constitucional para con ello responder de manera más eficiente a las necesidades de la población guatemalteca.”
Entre los principales resultados, durante la presentación se reportó 662 capturas relacionadas con investigaciones por el delito de extorsión, 619 sentencias condenatorias por extorsión, 104 allanamientos realizados contra el crimen organizado, y 34 operativos contra el narcotráfico. Es decir, los actores afectados por el accionar del MP tienen vínculos con pandillas, crimen organizado y narcotráfico, que son tres actores clave que generan altos niveles de violencia y con estrechas conexiones políticas con capacidad de desestabilización.
En materia de investigación, los desafíos son múltiples
En la fase de preguntas de los periodistas, tanto el Fiscal General, García Luna, como López Lamadrid y Chavajay Chavajay, los tres funcionarios que concentraron las respuestas, enfatizaron en las investigaciones y avances de casos con alto contenido político que involucran estructuras de poder.
Entre todo lo expuesto destacan los allanamientos a la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y su área informática por denuncias de estudiantes; las múltiples denuncias contra la ex Fiscal General, Consuelo Porras Argueta durante su gestión y, en particular, el caso de adopciones irregulares durante años de la guerra civil, cuando ella era funcionaria en el Hogar Temporal Elisa Martínez, expuesto por expertos y expertas de Naciones Unidas en febrero de 2026, y asignado a un Fiscal Especial.
García Luna también respondió a preguntas relacionadas con los llamados “netcenters” y el contenido ilegal de sus publicaciones. Las cuentas anónimas son investigadas por posibles delitos cometidos y establecer quiénes administran y quiénes les proporcionan información utilizada para hostigar a personas y generar desinformación. Sobre este caso, se recuerda una amplia investigación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) publicada en 2019 conocida bajo el título: “Bot, netcenters y combate a la impunidad”. En ese contexto, el Fiscal General informó que el MP creó la unidad especializada en ciberdelitos y, en conjunto con Estados Unidos, investigará estas estructuras. También informó que dentro del MP, se encontraron dos teléfonos escondidos de tres que se buscaban, que presuntamente se usaron para actividades de “netcenters”
Se expuso sobre la fuga de información desde adentro del MP, casos que se investigan y procesan, y que ha conducido a destituciones.
Se habló de la alianza entre pandillas, políticos y narcotráfico:
“Ya no es narcotráfico clásico, sino que es gente que opera dentro de las instituciones del Estado, porque los han dejado entrar.”
García Luna también indicó que existen investigaciones abiertas sobre denuncias relacionadas con la elección del Contralor General de Cuentas (CGC). Públicamente se conoce que existe una investigación contra el candidato Jorge Giovanni Castellanos Gudiel, de quien se menciona es la expresión de las estructuras que controlan la USAC) y la Contraloría General de Cuentas (CGC), y que en el Congreso de la República tendría el respaldo de los partidos del llamado “Pacto de Corruptos”.
También se revisan, indico García Luna, los expedientes que están o estuvieron bajo responsabilidad de la Fiscalía de Derechos Humanos relacionados a casos de delitos de lesa humanidad y que involucran a militares retirados y ex integrantes de estructuras policiales y paramilitares, y que no fueron investigados o dejados en impunidad.
García Luna también habló de los casos abiertos en los que se investiga a Luis Miguel Martínez Morales, y llamaron la atención debido a la importancia política, los nexos con el ex Presidente de la República, Alejandro Giammattei Falla, y el alto nivel de criminalidad que contienen, ya que se presentaron como casos ligados a corrupción y crimen organizado. Martínez Morales, sancionado por autoridades judiciales de Estados Unidos, mantiene un proceso legal en ese país.
Complejos escenarios
Lo expuesto por García Luna durante la conferencia de prensa, denota que las investigaciones abiertas involucran estructuras de poder, cuya capacidad de reacción y respuesta será el principal desafío que enfrentará la gestión de García Luna.
Investigar la narcopolítica, como una alianza de organizaciones narcotraficantes con partidos políticos, pandillas, empresarios y militares, en un contexto electoral, tiende a desatar una guerra jurídica y actos de violencia generalizada para contrarrestar las acciones del MP contra actores clave de esas estructuras. La importancia de esa alianza es el alto grado de penetración que ha logrado en las distintas esferas del Estado. Al MP se le presentan varios desafíos en esa lucha frontal, siendo una de las más importantes limpiar lo más posible o bloquear el accionar de las estructuras insertadas dentro de la institución que forman parte de esa alianza. El MP avanzó con destituciones clave de la administración pasada y busca evitar fuga de información de investigaciones de alto nivel crítico.
El éxito de las investigaciones del MP y la judicialización de casos clave, otro de los desafíos, depende fundamentalmente de que el Organismo Judicial (OJ) trabaje de la mano con los fiscales, a sabiendas que los juzgados y tribunales de justicia están profundamente cooptados por la alianza integrada y expreasada en el “Pacto de Impunidad”, y que jueces, juezas, magistrados y magistradas, responden a intereses partidarios opacos. En el futuro inmediato podrá verse cuán cercano estará el OJ del MP, o si será un valladar difícil de superar para García Luna.
Clave resultan los recientes nombramientos que el Presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, realizó en la presidencia del Banco de Guatemala (BANGUAT) y Junta Monetaria pero, sobre todo, en la Superintendencia de Bancos (SIB), cuyo jefe deberá nombrar pronto al Intendente de Verificación Especial (IVE), cargo estratégico en una tarea clave del MP: el lavado de dinero ligado a esa alianza criminal, y particularmente en el financiamiento ilícito de los partidos políticos que participarán en las Elecciones Generales de 2027.
De igual manera, las investigaciones del MP deberán contar de la buena relación que se teja con el nuevo CGC que el Legislativo deberá elegir en la presente semana o la siguiente como último plazo. Un Contralor General de Cuentas afín al “Pacto de corruptos”, dificultará sobre manera las investigaciones relacionadas al manejo oscuro del erario nacional que la CGC está obligada a realizar y denunciar.
No extraña, por eso, que la Embajada de Estados Unidos se haya pronunciado recientemente en sus redes sociales, anunciando que:
“(…) apoya firmemente el fortalecimiento de instituciones libres de la influencia de redes de narcotráfico y del financiamiento ilícito. Las instituciones con el cargo de las próximas elecciones en Guatemala no son la excepción. Con ese fin, el Encargado de Negocios, Jorgan Andrews, se está reuniendo con representantes de estas organizaciones para reafirmar el respaldo de Estados Unidos a un proceso de selección del Contralor General transparente y basado en méritos.”
La presencia en Guatemala el 25 de septiembre, de autoridades judiciales estadounidenses y el mensaje enviado al crimen organizado y la narcopolítica, resulta fundamental para lo que el MP se está proponiendo, según su Informe del Proceso de Transformación transición. Ya se ha logrado la estrecha relación tejida entre el MP y el Ministerio de Gobernación (MINGOB) con Estados Unidos para investigar, procesar y extraditar actores de interés estadounidense. La IVE es una pieza clave en esa estructura institucional de la cual depende sobremanera el éxito y el futuro del MP.
De ahí la importancia del comunicado de la embajada de Estados Unidos en Guatemala sobre la delegación de esas autoridades. Extractos resaltan aspectos como que:
“Por primera vez, cinco fiscales federales, nombrados por el presidente Trump, y fiscales principales de nueve distritos federales de los Estados Unidos visitaron Guatemala al mismo tiempo. Esta visita impulsa la política de la Administración Trump de eliminar a los cárteles y a las organizaciones criminales transnacionales, asegurar las fronteras y proteger a los ciudadanos estadounidenses contra las amenazas transnacionales. Su presencia en el país refleja la seriedad con la que el gobierno de los Estados Unidos aborda el crimen transnacional y nuestro compromiso de enfrentarlo junto con Guatemala, persiguiendo a los narcotraficantes y a los traficantes de personas, a sus facilitadores y a quienes les brindan protección, incluidos los políticos vinculados al narcotráfico.”
Andrews, el Encargado de Negocios de Estados Unidos en Guatemala, agregó:
“Cuando Estados Unidos asume un compromiso, actúa. No estamos aquí para hablar del problema, estamos aquí para resolverlo junto con Guatemala. (…) No hay refugio seguro para quienes se benefician del narcotráfico, la extorsión y el lavado de dinero, sin importar el cargo que ocupen. (…) La delegación se reunió con el presidente Bernardo Arévalo, el Fiscal General, Gabriel García Luna y el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda para fortalecer la coordinación y reafirmar el compromiso de los Estados Unidos de apoyar la capacidad investigativa y los procesos judiciales de Guatemala para preparar casos penales que serán juzgados en tribunales de los Estados Unidos. Frenar el flujo de narcóticos, el lavado de dinero y la trata y el tráfico de personas hacia Estados Unidos hace que nuestros países y el hemisferio occidental sean más seguros.”
La importancia de la delegación se observa en el perfil de sus integrantes, tal como lo indica el comunicado: fiscales del Distrito Sur de California, el Distrito de Arizona, el Distrito de Nuevo México, el Distrito Oeste de Texas, el Distrito Norte de Texas, el Distrito Sur de Texas, el Distrito Este de Texas, el Distrito Sur de Florida y el Distrito Norte de Nueva York, así como altos miembros de la División Penal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, representados por el Fiscal General adjunto interino, Brian Skaret, la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa y la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan, y funcionarios de la DEA, el FBI y HSI. La Oficina de Desarrollo Procesal, Asistencia y Capacitación Fiscal en el Extranjero (OPDAT), representada por su director Erik Peterson, quien coordinó la visita.
En un comunicado del MP relacionado con la visita de la delegación estadounidense, se informó, de manera general, los temas abordados que dan a entender los intereses estadounidenses, pero, también, el apoyo que el ente investigador recibirá para sus investigaciones dentro del país:
“Durante la jornada, las delegaciones de ambos países definieron líneas de trabajo conjunto en materia de seguridad fronteriza, narcotráfico, tráfico ilícito de migrantes, lavado de dinero, corrupción, ciberdelincuencia en redes sociales y otras actividades vinculadas con estructuras criminales transnacionales”.
Dada la cooptación del Estado, a la cual el MP no ha escapado, el principal aliado para poder avanzar resulta siendo Estados Unidos, y el futuro inmediato dirá hasta dónde el MP y el MINGOB tendrán la capacidad de reacción a las provocaciones y desafíos que las pandillas y crimen organizado harán, vía violencia común; a la intensificación de los ataques de los “netcenters”; a las estructuras insertadas en el aparato de la administración y aplicación de la justicia que buscarán bloquear el avance de las investigaciones del MP; a la reacción de los partidos políticos del “Pacto de Corruptos” cuando se vean dañados por las investigaciones que los vinculen a la narcopolítica y el financiamiento ilícito, algo que la CICIG ya había avanzado y profundizado; a la respuesta violenta del narcotráfico y la manipulación de poblaciones para evitar la captura y extradición de sus líderes; al contrapeso que pudieran representar para el MP, las futuras autoridades de la CGC y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), si quedan más cercanas a la alianza criminal.
