Los encarcelados de la injusticia
Nota de Coyuntura No. 25 / por Rolanda García
En Guatemala existen presos y presas políticas/os sentenciadas/os de manera condenatoria, sin posibilidades de recobrar su libertad. Sufren el encierro por delitos infundados con el objetivo de criminalizarlos, tras defender derechos sobre sus territorios que gobiernos liberales y militares entregaron a extranjeros y empresarios desde que se instauró la época liberal. Son invisibilizados porque no ocupan un puesto político que atraiga el mercado mediático de la oligarquía; sin embargo, allí están, viven situaciones difíciles e incomprensibles, y están condenados al sufrimiento y al dolor en todas sus magnitudes.
Jorge Coc Coc y Marcelino Xol Cucul, respectivamente. Fuente: CCDA.
Criminalizados por resistir el despojo de sus tierras
Desde hace seis años, Marcelino Xol Cucul y Jorge Coc Coc viven encarcelados por una sentencia que los condenó a 35 años de prisión por los delitos de asesinatos y homicidio. Durante más de cinco años permanecieron en la cárcel de Cobán, Alta Verapaz. Sin embargo, recientemente ambos fueron trasladados hacia el centro penitenciario de Izabal para cumplir 29 años más de castigo judicial.
Xol Cucul y Coc Coc son dirigentes comunitarios que son presos políticos y quienes integran la Resistencia del Pueblo Maya Q´eqchi contra la Federación de Cooperativas de las Verapaces, Responsabilidad Limitada (FEDECOVERA), que pretende, a través de la violencia, despojar las tierras de la comunidad de Choctún Basilá, Cobán, Alta Verapaz. Según relata un poblador de esa localidad:
Los finqueros nos están encarcelando, también a lo lejos nos disparan todos los días; ellos piensan que así nos asustan y nos corremos de nuestro terreno.
De acuerdo con Lesbia Artola, abogada del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), la grave situación de los presos ha recrudecido pues en la cárcel de Izabal, el precio de los alojamientos en colchonetas ha llegado a costar de Q. 5 a 15 mil. Agrega que el agua para el aseo personal se compra por aparte. Inclusive, el personal de la cárcel cobra los derechos de comercializar algunas artesanías elaboradas por los privados de libertad. “Viven en una casa de prisioneros donde todo implica dinero y sobornos”, lamenta Artola.
Paralelo a su precariedad económica, los condenados sufren deterioro en la salud, y su situación se agravó por el traslado de cárcel ya que los alejó aún más de sus familiares, quienes no han podido visitarlos debido a la distancia.
El poder terrateniente
La defensa de Marcelino y de Jorge presentó una serie de pruebas y peritajes que revelaban su inocencia. Sin embargo, la justicia favoreció a los terratenientes de la empresa de exportación FEDECOVERA de Chilté como demandantes. Las tierras ocupadas colindan con el territorio de Choctún Basilá. De acuerdo con los comunitarios, FEDECOVERA es conocida como productora de café y cardamomo, y cuenta también con una pista de aterrizaje para otras actividades.
En la cárcel de Cobán, Alta Verapaz, también batalla el defensor Mario René Coc Yaxcal, originario de La Flecha Cangüinic, quien fue acusado de usurpación y robo agravado. Su caso inició desde el año 2016 y fue sentenciado a siete años de prisión el 10 de julio de 2024, luego de pasar varios meses en prisión preventiva, en tanto que el MP pedía 15 años de encarcelamiento Coc Yaxcal fue demandado por el finquero Edgar René Ponce Molina, quien disputa las tierras de Las Pacayas en territorio de Choctún, y quien es el mismo finquero que está vinculado a desalojos recientes.
A la persecución contra Augusto también se suma el caso de Elías Cornelio, sentenciado a cinco años conmutables pagando una caución económica de Q. 500 mil a Dieseldorff Neal de Estrada. Cornelio, al no contar con la cantidad impuesta a cambio de su encarcelamiento, abandonó su hogar y optó por esconderse, por lo que fue declarado prófugo de la justicia. Versiones de personas que lo conocen cuentan que la situación del defensor, viviendo en el anonimato, no ha sido fácil ya que está alejado de su familia y de la vida colectiva que caracteriza la población indígena rural, y es víctima de afecciones psicológicas y físicas.
…vive en una situación de zozobra y desesperanza en una cárcel al aire libre.
Las mujeres criminalizadas
La criminalización también azota la vida de las mujeres. En la cárcel de Cobán, Alta Verapaz, tres mujeres lideresas de la Comunidad Semuy II, El Estor, Izabal, viven un encierro que constantemente daña su integridad. Ellas fueron sentenciadas a 75 años de prisión sin pruebas sustentables, acusadas de asesinar a tres miembros del ejército que llegaron a su comunidad en 2019, quienes supuestamente cumplían la realización de un operativo militar en busca de un cargamento de drogas y de una pista clandestina de aterrizaje propiedad de un grupo fuerte de narcotraficantes.
Mediante una conversación con la autora de la presente nota, Angelina Coy Choc, una de las tres mujeres encarceladas relató que el ejército fue quien disparó al costado de la escuela comunitaria donde se encontraban varias mujeres y niños en una jornada de vacunación; ella mostró la herida de bala que lleva en la pierna.
“Se trata de una venganza política”, indicó Juan Castro, uno de los abogados defensores. Son las señoras Rosa Ich Chi, Angelica Coy Choc de Cha y Olivia Mucú Ich; ellas son madres y abuelas. Las tres enfrentan crisis nerviosa, deterioro físico y psicológico.
Es lamentable que la abuela Angélica vive en una situación, incluso más crítica.
Desde hace algunos meses, Coy Choc de Cha fue puesta en una silla de ruedas por las dificultades que presenta al caminar con normalidad. Necesita de manera urgente una operación del fémur derecho donde mantiene restos de balas que el ejército le disparó durante la balacera suscitada en su comunidad natal Semuy II. Actualmente, ninguna organización de derechos humanos ni la propia autoridad judicial ha atendido este requerimiento para normalizar la salud de la defensora Angelina. Ella exige de urgencia ser operada y atendida de la crisis nerviosa que sufre.
El maltrato contra ellas aumentó desde que hicieron pública su condición precaria en la cárcel como una manera de amedrentarlas por no quedarse calladas.
Glenda de León, activista maya Q´eqchi, quien junto a otras mujeres se han solidarizado, relata:
Desde que se publicó una nota periodística sobre su situación en la cárcel, el director se enojó tanto que le pidió a todos sus trabajadores que se portaran abusivos y abusivas con las señoras; ha sido muy amenazador; eso ha llevado a que la salud de doña Angelica se haya agravado.
Un ejemplo de este amedrentamiento es que les han sido robadas tres estufas donde cocinaban sus alimentos. Pese a ello, las sentenciadas trabajan desde la cárcel para apoyar el sustento de la familia que abandonaron tras su condena.
Sobre el mismo caso existen cinco campesinos más en la cárcel de hombres de la ciudad capital. Se trata de los comunitarios: Oliverio Coy Choc, Silverio Cac Tiul, Enrique Cuc Tiul, Alberto Choc Cú y Pedro Chub Chub. Estos campesinos tienen limitaciones de recibir visitas de sus familiares por la distancia en donde se encuentran prisioneros. Uno de los encarcelados es el conviviente de Rosa Ich Chi. Están abandonados a su suerte; para que sus familias puedan visitarlos y llegar en la ciudad capital; necesitan una cuantiosa cantidad de dinero que, dadas sus condiciones de pobreza, no poseen.
Cabe aclarar que la región donde se ubica Semuy II ha sido militarizada en represalia a su resistencia por el derecho a la tierra. La comunidad vive rodeada de grandes extensiones de palma africana, propiedad de la empresa NaturAceites propiedad de las familias Maegli Müller y Maegli Novella, que desde hace años es señalada de despojar tierras campesinas y comunitarias.
Presos y presas sufren junto a sus familias
Una testigo de Semuy II reveló que en los hogares de los presos políticos se enfrentan situaciones inhumanas; algunos han intentado quitarse la vida tras ser atacados por la depresión ante la ausencia de sus familiares. La mayoría sufren escasez de comida, falta de vestuario, viven en infraestructuras rústicas, sin esperanzas de superación, sobre todo, quienes cargan las responsabilidades del hogar: las mujeres, madres, abuelos y abuelas, quienes sostienen los hogares y trabajan doblemente para la mantención de los más pequeños.
La pareja de uno de los presos, mediante una conversación interpersonal, expresó que la carga de las tareas también ha recaído en los hijos e hijas que rondan entre los ocho años en adelante. Los menores han abandonado sus estudios para sumarse al esfuerzo de sus familiares para cubrir el sustento diario. Un padre, familiar de las presas indicó:
(…) mi hija dejó las clases porque ella asumió las responsabilidades de la casa desde los doce años; desde que su madre fue encarcelada ella se levanta temprano para preparar los alimentos que llevamos nosotros en el campo.
Lamenta y destaca que una de sus hijas:
(…) sufre el bullying de algunos adultos por tener a su madre en la cárcel (…) muchas veces la sociedad no comprende nuestra lucha.
Los nombres de los presos y presas políticas mencionadas/os sólo son parte de decenas de personas campesinas, indígenas y obreras encarceladas en Guatemala. Existe un número no determinado de presos y presas cuyas detenciones son de corte político, invisibilizados e invisibilizadas, y que tampoco reciben visitas de solidaridad que sufren; se enferman y son violentados y violentadas en las cárceles del país, sin que nadie denuncie las atrocidades a las cuales son sometidas/os. Varios son discriminados/as por no dominar el idioma español y por ser analfabetos.
Es posible que el número de defensores y defensoras sentenciadas/os aumente en los próximos años porque actualmente hay más de 3 mil órdenes de capturas, particularmente en Alta Verapaz, donde existen más de mil órdenes de detenciones. Un defensor comunitario que evitó dar su nombre revela que la criminalización y el encarcelamiento contra los defensores de la tierra, involucra a jueces que reciben jugosas ganancias para satisfacer a los sectores afectados por la lucha campesina por recuperar sus tierras que históricamente les pertenecen y han poseído.
La persecución ha sido utilizada para desestructurar e intimidar a las comunidades que demandan la recuperación de sus territorios, ocupados muchas veces por descendientes de acaudalados terratenientes extranjeros, agrega un dirigente de la Comunidad Cubilgüitz, Cobán, Alta Verapaz.
