Memoria en disputa: mientras se desestiman casos de lesa humanidad, se retoma la Iniciativa de Ley 3590 para buscar a las víctimas de desaparición forzada

Nota de coyuntura No. 69 / por Juan Calles

En medio del desinterés y la desestimación en tribunales por los casos contra militares retirados que conformaron el alto mando militar contrainsurgente de las décadas de 1970 y 1980 que cometieron crímenes de lesa humanidad, organizaciones de derechos humanos han retomado y exigen la aprobación final, en tercera lectura, de la antigua Iniciativa de Ley 3590 que crea la “Comisión de búsqueda de personas, víctimas de la desaparición forzada y otras formas de desaparición” presentada en 2007, pero ¿hay condiciones políticas para que prospere?

_{Imagen: El Observador.}

GTDF busca aprobación final de la Iniciativa de Ley 3590

El Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada (GTDFG), en el que actualmente participan el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) y la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), vuelve a demandar la aprobación de la Iniciativa de Ley 3590. Aprobada ya en dos lecturas desde que se presentó en 2007 al pleno del Congreso de la República, la iniciativa de ley tiene como objetivo establecer un mecanismo de búsqueda para miles de personas que siguen desaparecidas desde los años de la guerra interna que vivió Guatemala, y pretende generar conciencia y avanzar en la justicia para las víctimas y sus familias.

Se estima que más de 45,000 personas fueron desaparecidas durante el conflicto armado interno, según informes de diversas organizaciones de derechos humanos. La Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) documentó más de 200,000 muertes y desapariciones forzadas como parte de una política sistemática de represión llevada a cabo por los gobiernos militares autoritarios, en el marco del proyecto contrainsurgente ejecutado por el ejército de Guatemala. Muchas de las víctimas eran líderes y lideresas comunitarios, sindicalistas, estudiantes y activistas políticos, considerados por estos regímenes como amenazas. Hasta la fecha, la gran mayoría de los casos de desaparición forzada permanecen sin resolver, engrosando un alto índice de impunidad en el país.

La puesta sobre la mesa nuevamente de la Iniciativa de Ley 3590 por parte del GTDF no solo busca que sea aprobada en tercera lectura por el Congreso de la República sino, además dar respuestas a la necesidad de miles de familias que aún viven con el dolor de la ausencia de sus seres queridos. La iniciativa es impulsada por un grupo familiares de víctimas de desaparición forzada y organizaciones de derechos humanos que argumentan que la creación de este mecanismo puede ser un primer paso hacia la reparación social y el pago de una deuda histórica.

A las puertas de su aprobación, la 3590 y la aspiración de justicia en Guatemala

La Iniciativa de Ley 3590 busca establecer un marco legal que apoye la búsqueda de personas desaparecidas y, además de crear una comisión encargada de realizar estas gestiones, crea el registro nacional de personas desaparecidas durante el conflicto armado, entre otros aspectos de importancia para las familias de las víctimas de desaparición forzada.

Esta iniciativa fue presentada en el 2007 y, a pesar de tener dos dictámenes favorables de igual número de Comisiones Legislativas diferentes (Finanzas Públicas y Legislación y Puntos constitucionales) y de haber avanzado en sus primeras dos lecturas, el proceso está detenido dejando en suspenso la esperanza de muchas familias. De esa cuenta, solo está pendiente de una última lectura y su aprobación por artículos.

Tras una rápida evaluación del contexto legislativo actual, no se puede augurar un buen resultado para una iniciativa de ley que busca proteger los derechos humanos de miles de familias guatemaltecas, en un Congreso de la República polarizado que funciona únicamente bajo la lógica de la “transa” y el dinero; se hace difícil la aprobación de iniciativas como la 3590.

Hasta la fecha ningún legislador o legisladora se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, se conocen los argumentos de aquellos que adversan iniciativas de reparación y de Derechos Humanos. En ese marco, para estos grupos negacionistas la 3590 es vista como un intento de reabrir viejas heridas y de “ir contra la reconciliación”, además de que se ha rechazado la creación de una comisión de búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno.

Diputados como Álvaro Arzú Escobar, del Partido Unionista (PU), negacionistas de actos de lesa humanidad cometidos durante la guerra interna y del genocidio cometido por el ejército de Guatemala como política de Estado, tienen posturas radicales que se oponen a legislar en favor de las víctimas de la guerra, mientras que en este primer año de la X Legislatura, otros bloques no se han mostrado interesados en retomar iniciativas que reformen el Estado que durante los últimos 20 años se ha negado a resarcir a las víctimas de la violencia estatal.

Mynor Alvarado, abogado del GAM y parte del GTDF, analiza que en el Congreso de la República existen bloques legislativos que están dispuestos a apoyar la Iniciativa de Ley 3590 como, por ejemplo, diputados de los partidos Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS); Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y del Movimiento Semilla. Además, Alvarado informa que Nery Ramos y Ramos, presidente de la Junta Directiva del Legislativo, se reunirá con delegados del GTDF para hablar sobre la iniciativa, algo que durante las últimas presidencias fue imposible.

En opinión de Jorge Santos, director de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA), muchos diputados niegan la existencia de estos crímenes como defensa oficiosa para el statu quo de sectores militares y oligarcas que niegan los crímenes de la guerra, ya que aceptarlos sería reconocer que su poder y privilegios se sustentan en la muerte violenta de miles de guatemaltecos y guatemaltecas.

La memoria histórica de Guatemala en la actualidad enfrenta la desestimación de casos penales contra la cúpula militar que condujo la represión estatal contra la población civil durante los años más cruentos de la guerra. El sistema de justicia bajo recursos legales sin sustento ha desestimado, por ejemplo, el caso de genocidio contra el pueblo Ixil, entre otros casos. Dice Santos:

“El sistema de justicia es conducido por exmilitares o familiares de militares que usan sus puestos en el Organismo Judicial para evitar que los oficiales acusados de crímenes de guerra no enfrenten la justicia, dejando a miles de familias guatemaltecas sin recibir la justicia que han buscado por décadas”.

_{En la red social X, el diputado Arzú Escobar refuta al embajador Peyker su publicación sobre el genocidio en Guatemala.}

Una sociedad que olvida a sus desaparecidos es una sociedad fragmentada

La historia de los desaparecidos en Guatemala está marcada por traumas profundos que han golpeado a las familias durante generaciones. La violencia del conflicto armado dejó huellas imborrables, afectando no solo a los que sufrieron la pérdida sino a toda la sociedad. Las desestimaciones en los casos de crímenes de guerra han contribuido a un ambiente de impunidad que sigue vigente, donde las voces de las víctimas son silenciadas.

Recientemente, varias voces de expertos y familiares han expresado su preocupación por el desmantelamiento de la fiscalía de Derechos Humanos en el Ministerio Publico (MP) que realizó importantes investigaciones en casos contra militares retirados señalados de cometer violaciones a los Derechos Humanos y desaparición forzada.

Todo ello motivó al GTDF a retomar el tema de la Iniciativa 3590, pues aseguran que su aprobación puede dar una respuesta a las familias de víctimas de desaparición forzada y enfrentar la cooptación del sistema de justicia y el desmantelamiento de la fiscalía que investigaba estos casos.

La posible reactivación del debate en torno a la Iniciativa 3590 ha puesto nuevamente en el centro de la atención la demanda de justicia por parte de las familias de víctimas de desaparición forzada en Guatemala. Tras décadas de lucha incansable, los familiares exigen una respuesta efectiva por parte del Estado, así como la atención integral de los casos que han denunciado desde el momento en que sus seres queridos fueron detenidos y desaparecidos.

Este llamado a la justicia no solo busca reparar el daño sufrido por las familias, sino también prevenir la repetición de estos crímenes en el futuro. Según el abogado Alvarado, quien también defensor de derechos humanos, la obtención de justicia contribuiría a garantizar la no repetición de estos hechos y permitiría saldar una deuda histórica que el Estado guatemalteco mantiene con miles de familias afectadas.

El contexto de la discusión de la Iniciativa 3590 refleja la urgencia de atender las exigencias de justicia transicional en un país que aún enfrenta las secuelas del conflicto armado interno. Las voces de las familias de las víctimas continúan resonando en los ámbitos políticos y sociales, insistiendo en la necesidad de que el Estado asuma su responsabilidad histórica y garantice los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

“No dejamos de buscarlos ni un solo día. Mi mamá murió esperando saber de su hijo, mi hermano, pero el resto de la familia seguimos en búsqueda, seguimos como el día en que se lo llevaron. Cada día la carga se vuelve más pesada en nuestros corazones, necesitamos saber qué pasó con mi hermano”, dijo María Estela González, hermana de un estudiante desaparecido en la década de 1980.

La aprobación de esta ley podría ofrecer un camino hacia la justicia y la verdad, a pesar de que hay sectores que adversan su aprobación por su relación con el conflicto armado que finalizó hace 28 años cuando en 1996 se firmaron los Acuerdos de Paz.

La deuda histórica con las víctimas de desaparición forzada en Guatemala continúa siendo un tema sensible y controversial. Una sociedad que olvida a sus desaparecidos crea una herida que no sana, y la búsqueda constante de las familias por sus seres queridos se convierte en un símbolo de resistencia.

Si esta Iniciativa de Ley no fuera aprobada en el corto o mediano plazo, cabe la posibilidad de gestarse una comisión como la que el presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, anunció en agosto pasado en relación con la creación de una instancia que se dedicará a la búsqueda de niños y niñas víctimas de desapariciones forzadas.

La nueva instancia sería responsabilidad de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), indicó Arévalo de León en un mensaje con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Según la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN):

“La COPADEH se encargará de diseñar y ejecutar un mecanismo de búsqueda para las víctimas de desapariciones en sus distintas circunstancias, tanto del pasado conflicto armado interno como de la migración y, en general, de todas las formas de desaparición, y con un enfoque especial en las niñas y en los niños”.

“Solo de esta manera podremos cerrar ese capítulo doloroso de cada una de las familias que siguen sufriendo la ausencia de sus hijos y de sus hijas, y que anhelan el reencuentro con sus seres queridos, ahora adultos, dijo el presidente Arévalo”.