“Pacto de Corruptos” acelera estrategia golpista (Segunda parte y final)
Nota de coyuntura No.113 / por Equipo de El Observador
La captura de Luis Pacheco y de Héctor Chaclán, ex presidente de los 48 Cantones de Totonicapán, y ex tesorero de la Junta Directiva de la misma organización, respectivamente, abrió un ciclo más de la estrategia de guerra jurídica y criminalización por parte del Ministerio Público (MP). Su objetivo primario es boicotear al gobierno de Bernardo Arévalo de León, pero que va más allá como parte de un patrón sistemático de restauración del viejo orden oligárquico-neoliberal mediante la judicialización de la política y la anulación de los actores populares emergentes, sean estos las Autoridades Indígenas, funcionarios del gobierno, periodistas, jueces, abogados y ex fiscales, así como liderazgos comunitarios y sociales.
Fuente: El Observador.
Arévalo de León cierra filas con las Autoridades Indígenas
Dos días después de la captura, el 25 de abril, de Luis Pacheco, quien se desempeñaba como Viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas (MEM), desde agosto de 2024, y Héctor Chaclán, también empleado en ese Viceministerio, fueron ligados a proceso penal por la jueza Carol Patricia Flores del Juzgado de Primera Instancia Penal, por los delitos de terrorismo y obstaculización a la acción penal. Es la segunda vez que el MP captura a un funcionario público del actual gobierno, ya que, en agosto de 2024, lo hizo con Ligia Hernández, ex diputada del Movimiento Semilla y en ese momento Directora del Instituto de la Víctima, acusándola del delito de financiamiento electoral no registrado.
En conferencia de prensa el 23 de abril, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, quien había nombrado a Pacheco al cargo, dijo que dicha captura representaba…
“…un acto de criminalización de la resistencia pacífica liderada por los Pueblos Indígenas durante las elecciones generales del 2023. (…) estas acciones representan no solo un intento de intimidar a líderes sociales, sino una ofensiva sistemática contra quienes defendieron el proceso democrático. (…) Este no es un golpe solo contra los 48 Cantones. Es un golpe contra el pueblo digno de Guatemala. Estamos siendo testigos de lo que es capaz de hacer una cuadrilla de criminales cuando saben que se les está acabando el tiempo”.
El mandatario contrastó esta captura con la falta de acción del MP en casos de gran corrupción denunciados por la administración de Arévalo, o conocidos desde los últimos gobiernos, a la vez que exhortó a los diputados a aprobar las reformas a la Ley Orgánica del MP, Decreto 40-94, particularmente del Artículo 14 que restablecería los parámetros establecidos en la Constitución Política para la remoción de la Fiscal General.
“Tienen en sus manos la posibilidad de impedir que esta gavilla de criminales siga actuando impunemente”.
Por primera vez, en todo lo que lleva su gestión, Arévalo llamó a la población “a cerrar filas para defender la democracia, la justicia y el futuro del país”.
Días más tarde, el 29 de abril, en otra conferencia de prensa el mandatario respondió a las advertencias del MP. Acuerpado y cerrando filas con las Autoridades Indígenas y Ancestrales y acompañado por los funcionarios de su gabinete, informó de acciones impulsadas por el Ejecutivo.
“Nos hemos reunido para reivindicar una construcción democrática que inició el 14 de enero de 2024, pero que había arrancado antes de manera espontánea y legítima en distintos puntos del país, durante las jornadas en defensa de la democracia ante los embates de los actores de la impunidad y la corrupción”.
“…la criminalización de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, así como contra las Autoridades Indígenas en general y cualquier persona que defiende la democracia, los derechos humanos y que combate a la corrupción, es un ataque a los cuatro pueblos de Guatemala y hoy, en particular, sobre los pueblos indígenas. Al igual que lo han hecho contra jueces y fiscales probos, contra periodistas independientes y honestos. (…) estos embates se suman a los actos de hostigamiento a miembros del gabinete de gobierno, mientras se constata cómo los gravísimos casos de corrupción y hechos cometidos por el crimen organizado quedan en total impunidad”.
“Estamos cerrando filas contra la cooptación de las instituciones de justicia por parte de los actores de la impunidad. Es el momento de hacer escuchar su voz contra el uso abusivo de las instituciones de justicia como armas para atacar a quienes construimos la democracia y buscamos el desarrollo para todos y para todas”.
| Acciones del gobierno en respuesta a la criminalización del MP 1. Acción de Amparo contra Porras Argueta por parte de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (CODISRA), en coordinación con las Autoridades Indígenas y Ancestrales, organizaciones de sociedad civil, representantes de la academia, sector religioso y organismos internacionales, para garantizar el debido proceso de los liderazgos de los Pueblos Indígenas; que se dé protección a los Pueblos Indígenas ante la inobservancia del MP, de normas nacionales e internacionales que protegen las formas propias; que la fiscal general se comprometa con el legítimo ejercicio de los liderazgos indígenas que actúan de conformidad con sus asambleas, y no a título personal; y que se declare “la arbitrariedad” de catalogar como actos terroristas estos “ejercicios legítimos” del derecho de protesta y libre expresión de los pueblos indígenas. 2. Se activaron las vías nacionales e internacionales de verificación de justicia y protección de los derechos humanos, para que a nivel internacional se sepa de las graves y constantes violaciones de derechos fundamentales que está cometiendo un grupo corrupto desde su “agazapamiento” en sectores de la institucionalidad de justicia. 3. Se mantiene la exigencia que Consuelo Porras renuncie, así como la reforma del Artículo 14 de la Ley Orgánica del MP. https://emisorasunidas.com/nacional/2025/04/29/gobierno-arevalo-pueblos-indigenas-amparo-fiscal-general-consuelo-porras/ |
Las declaraciones del presidente tuvieron lugar un día después que el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), en solitario, desarrollara acciones de bloqueos en 18 puntos territoriales, el 28 de abril, para expresar su rechazo a la captura de Pacheco y Chaclán; exigir a los diputados y diputadas la derogación del aumento salarial; la denuncia de los desalojos en comunidades; demandar ser incluidos en los debates nacionales y poder presentar sus propuestas ante el Ejecutivo. Los bloqueos se mantuvieron desde temprano hasta media tarde, luego que una representación de esta organización campesina fuera recibida por la Subsecretaria de Diálogo Político y Gobernabilidad, Mónica Mazariegos, y se acordará una reunión con el mandatario para el 6 de mayo que, hasta ahora, no se saben los avances y resultados.
Por su parte, los 48 Cantones de Totonicapán se desligaron de los bloqueos organizados por CODECA, y eso igualmente hicieron las otras Autoridades Indígenas, lo que mandó un mensaje en relación a que las organizaciones indígenas y campesinas, como en momentos anteriores, no están pensando en una amplia articulación y no están en el mismo camino de organización y participación.
El MP profundiza la guerra jurídica y las acciones golpistas
El 23 de abril, el Ministerio Público (MP) también convocó a una conferencia de prensa para referirse a dichas capturas, pero ésta fue utilizada para amenazar y mandarle varias advertencias directas al presidente Bernardo Arévalo de León, luego que éste hiciera pública la posición de su gobierno al respecto. La conferencia estuvo presidida por el secretario general del MP, Ángel Pineda, junto al fiscal regional, Dimas Jiménez y Jiménez, y el fiscal de sección de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Clayber Sical, entre otros.
Al principio, Pineda enfatizó en que el MP está comprometido con la defensa de la legalidad, la justicia y la defensa del Estado de derecho y que, frente a las declaraciones del presidente, rechazaba los ataques infundados que pretendían desacreditar el trabajo profesional y objetivo de la Fiscalía General, sin conocer los indicios que hay en el expediente respectivo, pero sí opinando sobre lo que se desconoce.
“El Presidente ha utilizado el término golpe para referirse a las acciones del MP; es fundamental conocer el significado de las palabras; lo que ocurre no es un golpe sino el cumplimiento de lo que la Constitución Política establece como mandato del MP: investigar a personas que podrían haber cumplido delitos; la ley se aplica por igual para todos, sin distinción y nadie, por alto que sea su cargo, está por encima de la ley. La lucha contra la delincuencia no constituye criminalización.
Las acusaciones sin fundamento contra esta institución y su liderazgo constituyen una grave falta de respeto hacia el mandato constitucional que nos confiere la titularidad de la acción penal, pero no solo eso, atacar y denostar al Ministerio Público desde el más alto cargo del Ejecutivo, no solo obstruye la justicia, sino que, ahí sí, pone en riesgo el funcionamiento democrático del país.
Si se va a ejercer defensa oficiosa en favor de sindicados, instamos al Presidente a asumir también la responsabilidad por los daños ocasionados por los bloqueos de octubre de 2023, y brindar reparación a todos los ciudadanos que fueron víctimas de esos hechos delictivos.
Debemos preguntarnos ¿Se defiende la democracia y la institucionalidad atacando a las instituciones que precisamente velan por su preservación? ¿Se protege la justicia promoviendo impunidad? Si el Presidente sostiene que el MP actúa como una gavilla, le exigimos que presente las pruebas; por nuestra parte iniciaremos las investigaciones correspondientes de oficio por los hechos que se han advertido flagrantemente”.
Pineda también se refirió a la reforma a la Ley Orgánica del MP promovida por el gobierno.
“Llama la atención que pretendiendo también interferir flagrantemente en otro órgano del Estado, se pretenda modificar la Ley orgánica del MP con el propósito evidente de favorecer a amigos y también de remover a la Fiscal General, no por razones legales, sino para colocar a una persona afín al poder político que él dirige. (…) Ese intento no solo atenta contra la independencia de esta institución, sino que representa una amenaza directa al Estado de derecho y a la lucha contra la impunidad. (…) es lamentable que la más alta autoridad de un órgano del Estado interfiera en el desarrollo de otros órganos del Estado, por ejemplo, en el Congreso de la República, en cuestiones que solo le competen a los diputados. (…) Guatemala no puede construirse sobre el debilitamiento de la justicia, el deber constitucional del MP es investigar los delitos y perseguir penalmente a los que los cometen”.
“Hacer un llamado a manifestar es irresponsable. El MP no cederá frente a amenazas, presiones o intentos de cooptación”.
Los fiscales informaron que se interpondría una solicitud de retiro del derecho de antejuicio a Edgar Benjamín Tuy Bixcul, actual gobernador de Sololá y quien, hasta antes de ser designado en dicho cargo, era Síndico de la Alcaldía Indígena de Sololá, además de ser uno de los liderazgos del paro nacional de 106 días de 2023. No se supo después si esto sucedió.
Días más tarde, el 30 de abril, la Fiscalía de Delitos Administrativos del MP solicitó al presidente del Congreso de la República, Nery Ramos y Ramos, el acuerdo de nombramiento de Arévalo de León como Presidente de la República. La solicitud se dio un día después que el presidente anunciara la presentación de un amparo contra la Fiscal General con el acompañamiento de la Comisión contra Discriminación y el Racismo (CODISRA).
Con anterioridad, en junio de 2024, la misma fiscalía del MP solicitó igualmente a Ramos y Ramos, informes sobre si Juan Gerardo Guerrero Garnica, actual secretario general de la Presidencia, y Santiago Palomo, en ese entonces comisionado contra la Corrupción y actualmente Secretario de Comunicación, gozaban de inmunidad.
Extrañas acciones del MP y el actuar de sus aliados
Seguidamente, el 8 de mayo, con gran despliegue publicitario la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) ejecutó allanamientos en terrenos e inmuebles ubicados en Puerto Quetzal, Escuintla, con el objetivo de dar seguimiento a una denuncia cuyo origen no se divulgó, pero que, de acuerdo con Rafael Curruchiche, titular de la misma, apuntaban al Presidente de la República y su hermano, Martín Arévalo, señalándolos de entregar el control de los puertos del país a empresas chinas de forma irregular. Según Curruchiche, los inmuebles intervenidos, se presume pertenecen al Instituto de Previsión Militar (IPM) y al Puerto Quetzal, pero no profundizó en los detalles argumentando ser un “caso bajo reserva”, como muchos otros. Aunque el titular de FECI expresó que se continuará desarrollando la lucha contra la corrupción e impunidad, las reacciones generales al respecto calificaron esta acción como parte del acoso hacia el gobierno de Arévalo de León.
No fue casual que, al mismo tiempo, los terratenientes aglutinados en la Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada y contra el Prevaricato (ACDEPRO), publicaran, el 20 de mayo, un planfleto en el que llamaron a los guatemaltecos a no permitir que Arévalo siguiera en el poder para el 2026, y precisamente señalaron como su interés, las elecciones estratégicas que tendrán lugar el próximo año y que terminarán por definir el mapa de poder y quién mantiene el control de la institucionalidad del Estado, de cara al próximo proceso electoral.
Debe recordarse que la ACDEPRO, integrada por reconocidos empresarios oligarcas y militares retirados de la contrainsurgencia, desde antes que Arévalo de León y Herrera Aguilar tomaran posesión del Ejecutivo, ha venido presionando y exigiendo al gobierno que se profundicen y ejecuten los desalojos de comunidades indígenas y campesinas, como parte de su estrategia de detener los legítimos procesos de recuperación de tierras ancestrales que comunidades y Pueblos Originarios han levantado.
Arévalo insiste en mantenerse en la línea institucional
Desde la captura de Pacheco y Chaclán hasta la fecha, no hay nuevos pronunciamientos conjuntos del mandatario y las Autoridades Indígenas respecto a las acciones de guerra jurídica del MP, así como tampoco han existido nuevas manifestaciones y concentraciones de las Autoridades Indígenas, en este caso, de los 48 Cantones de Totonicapán, demandando, por ejemplo, marcha atrás en el aumento salarial de los diputados.
Lo único novedoso en esa dirección fue la conferencia de prensa del mandatario del 26 de mayo pasado, en donde indicó que:
“Existe una interpretación de acuerdo a la cual el presidente puede … creo que es (el artículo 251 de la Constitución Política de la República) … ejercer el derecho, mejor dicho, la prerrogativa de cambiar a la fiscal general porque tiene supremacía legal sobre las modificaciones que se han hecho en la ley orgánica del MP, y que son posteriores y en las modificaciones que se han hecho por el Congreso de la República (Sin embargo, eso) Obligaría que una acción de ese tema tuviera que ser sometida, si se hace, a un dictamen de la CC; es a eso a lo que me estaba refiriendo. (…) Nosotros creemos que hay una ruta clara, pero existe una interpretación distinta, y actuar en ese contexto donde no hay … podría haber una interpretación distinta, es lo que lo hace inconveniente.
Días antes, el 24 de mayo, en una entrevista con la directora del diario El País, Pepa Bueno, Arévalo de León reconoció haberse reunido con abogados para analizar una interpretación jurídica que sí permitiría destituir a Porras Argueta basado en la Constitución Política…
“…Pero, en un sistema donde hay una Corte de Constitucionalidad, la Constitución dice lo que la Corte de Constitucionalidad dice que dice. (…) Cometer un acto sin tener la garantía de cuál va a ser la interpretación constitucional es, posiblemente, darles la salida más corta para ponerle fin a este período (de gobierno). Es, sencillamente, colocarse enfrente y que digan: el presidente ha abusado de la ley, del poder…”.
En esa entrevista, el mandatario reconoció que haberla destituido podría haber desencadenado precisamente el escenario que ahora busca evitar.
En varias oportunidades durante su mandato, si bien el presidente ha señalado que las acciones del MP contra el Movimiento Semilla y su gobierno representan un golpe de Estado, también ha insistido en que no ejecutará acciones fuera de la ley y que se mantendrá en la línea institucional para remover a Consuelo Porras del MP. En la entrevista con Bueno, el presidente justificó dicha postura.
“Hay gente que piensa que nosotros estamos actuando tibiamente y que no nos atrevemos a dar golpes de efecto y muy duros. Nosotros tenemos muy claro cuál es el tablero y la correlación de fuerza que está planteada. La esperanza de esas elites es que nosotros cometiéramos algún tipo de error que nos pusiera a merced de estas instituciones y la defenestración”
Arévalo ha dado a entender que está optimista de que dicha salida sea en mayo de 2026, cuando deberá escoger al o a la nueva Fiscal General de una lista de seis candidaturas que le presente la Comisión de Postulación respectiva, y que él será el que la decida.
“…dedicarse aislada y unidimensionalmente a defender la ruta de la institucionalidad propia ‘conforme se desarrollan las acciones del Ministerio Público y los jueces que conocen y/o conocerán el caso de criminalización de la institucionalidad indígena para socavar la democracia y ejecutar un golpe de Estado (…) es enarbolar un discurso contradictorio. Pues si el objetivo de la corrupción es ‘socavar la democracia y ejecutar un golpe de Estado’, como bien lo entienden tanto CODECA como 48C y otras Autoridades Ancestrales, entonces la defensa exclusiva y unidimensional de la institucionalidad propia y aislada, sin causarle muchos inconvenientes a la economía cacifista o a la ‘gobernabilidad’, resulta fortaleciendo el plan golpista que busca fragmentar, debilitar y derrotar la articulación de los/as de abajo”.
En esa dirección, el presidente y el Movimiento Semilla tienen varios problemas aquí.
En primer lugar, lo problemático para el presidente y sus asesores es que esa confianza esté basada en una lectura errónea de la realidad y de la correlación de fuerzas que ostenta, subestimando la capacidad y el poder del enemigo personificado en la estructura mafiosa que se cobija en el MP a partir, por ejemplo, del apoyo condicionado de Estados Unidos y del gobierno de Donald Trump, tras los acuerdos alcanzados con Marco Rubio cuando visitó Guatemala, toda vez que el país del norte siempre está jugando a tres bandas en función de la defensa de sus intereses estratégicos.
El otro punto problemático para el presidente y la bancada, es que posiblemente han estado confiados en lograr generar alianzas y una correlación de fuerzas al interior del Legislativo que les permita juntar los votos necesarios para una reforma de la Ley Orgánica del MP y destituir a Porras Argueta. Sin embargo, no tienen una cantidad de diputados y diputadas suficientes para lograrlo y, peor aún, en momentos en que legalmente ya no existe el Movimiento Semilla como partido, y hay más que indicios claros que existen tendencias a lo interno del partido con la conformación de una nueva opción partidaria que se concretaría en Raíces, aunque ello se ha negado.
Otro factor problemático es que la batalla por el control del Congreso, entre los partidos que han mantenido una frágil alianza con Semilla, y los partido del pacto cuyo objetivo principal es llevar adelante la estrategia pro impunidad y pro corrupción total, uno de cuyos puntos centrales para sus intereses es mantener a la Jefa del MP en su cargo hasta el próximo año. Los últimos intentos de los partidos de la llamada oposición política para tomar el control de la Junta Directiva no solo van en esa dirección, sino anticipan movimientos estratégicos para la aprobación de leyes estratégicas este año; para las elecciones clave en instancias de control estatal que tendrán lugar el próximo año, así como para las elecciones generales de 2027.
Hay que advertir que esta confianza del oficialismo se basa en la volátil alianza con personajes cuestionables como Nery Ramos y Ramos, Luis Aguirre y otros diputados, la cual está sujeta a sus propios intereses que pueden ir acoplándose a la coyuntura política y electoral en ciernes. Y, ahora que el Congreso de la República ya entró en el periodo extraordinario de sesiones, es muy difícil afirmar que las alianzas se mantendrán igual, al mismo advertir la posibilidad que se modifique cuando se inicie en agosto el segundo periodo de sesiones ordinarias.
Arévalo debiera tomar en cuenta que la misma relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, que estuvo recientemente en Guatemala en visita oficial del 12 al 23 de mayo, en las conclusiones de su informe le dijo:
…el Poder Ejecutivo se encuentra en una posición única para fomentar una confianza renovada en el Estado de Derecho; por ello, le animo a que asuma un compromiso público claro para poner fin a la criminalización, garantizar que los profesionales del derecho puedan ejercer su profesión libre de amenazas y ayudar a las víctimas de la criminalización en el exilio. El Poder Ejecutivo debería poner en práctica la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de llevar a cabo una revisión independiente del funcionamiento del Ministerio Público, un mecanismo que podría establecerse a través de la Comisión Interamericana, del sistema de derechos humanos de la ONU o un grupo de expertos independientes.
