Comunidades indígenas donde funcionan tres hidroeléctricas, sin electricidad fluida
Nota de coyuntura No. 236 / por Rolanda García
La empresa Transmisora de Energía Renovable, Sociedad Anónima (Transnova), que forma parte del Grupo Energía Bogotá (GEB), ha sido señalada de transgredir derechos humanos y territoriales en San Juan Cotzal, Quiché, uno de los tres municipios que conforman el Área Ixil. Los afectados denuncian que los cortes de energía eléctrica han causado daños a sus equipos y tiendas de comercio, y que no tienen acceso adecuado al servicio de energía.
Foto: Casco urbano de San Juan Cotzal. Fuente: Rolanda García.
Con hidroeléctricas, pero sin electricidad
Para la Alcaldía indígena de San Juan Cotzal, que aglutina a más de 30 comunidades, es contradictorio que en la zona donde funcionan tres hidroeléctricas, la población enfrenta deficiencias para el acceso a luz. A más de 10 años de operaciones, casi el total de las comunidades recibe energía de manera inestable y, peor aún, en algunas comunidades no existen proyectos de electrificación.
En el Área Ixil operan las hidroeléctricas Palo Viejo en San Juan Cotzal, así como HidroXacbal e HidroXacbal Delta en San Gaspar Chajul.
Se recuerda que un poderoso grupo de empresas eléctricas privadas, con el Grupo Energía Bogotá (GEB) a la cabeza, tienen control en la generación, transmisión y distribución de la electricidad en San Juan Cotzal.
Representantes de la Alcaldía atestiguan que las empresas, a cambio de promover desarrollo social, han generado discrepancias entre la población afectada. Aseguran, que, desde el año 2012 hasta la fecha, los conflictos en torno a la energía no cesan.
Diego Sambrano Rodríguez, dirigente de la Alcaldía Indígena de San Juan Cotzal, repudió:
“Ellos, cuando ingresaron al territorio, prometieron desarrollo, prometieron energía para las comunidades, pero en el Pueblo Ixil en los tres municipios la energía eléctrica es pésima, habiendo tres hidroeléctricas en el territorio ixil”.
Los impactos son devastadores, lamentan que los cortes repentinos dañan los equipos eléctricos y colapsa el comercio. La capacidad de voltaje es impotente para las actividades de carpintería, centros de computación y aparatos eléctricos que demandan mayor capacidad eléctrica.
La escasez energética ha estancado procesos de desarrollo económico y social. Tomas Toma, autoridad indígena, remarca:
“…ahora estamos en un problema, no hay luz, se va la luz una semana, unos dos días, no hay luz, la gente tiene sus carnes y se arruinan, dañan sus ventas, la energía cada poco se apaga, por eso nosotros siempre estamos peleando con la empresa”.
Sumado a los efectos económicos, Toma agrega que la empresa Energía de Guatemala (ENERGUATE) y Transnova transgreden derechos territoriales, realizan trabajos de descomposición social para mantener su dominio sobre las comunidades aledañas.
Señala que el caso más reciente ocurrió en San Gaspar Chajul, donde una mujer maya de nombre Paulina Domingo Rafael fue atada y sufrió graves golpes por grupos de choques. El enfrentamiento ocurrió cuando ella exigía una indemnización a la transnacional ENERGUATE para otorgar el derecho de paso a un tendido eléctrico que iba afectar su propiedad privada.
El uso de estrategias para dividir los criterios colectivos es un indicador que se abona diariamente según indica el poblador, Juan Ramos Sajic.
“Nos confrontan los dueños de las empresas generadoras y distribuidoras de la energía; no estamos haciendo diálogo con el dueño de la empresa; los dueños saber dónde están encerrados, saber dónde están escondidos, protegidos, blindados; ponen los mismos vecinos a pelear con quienes no aceptamos las violaciones a nuestros derechos”, destacó Ramos.
Lamenta que las instituciones estatales, desconociendo el poder local…“…avalan decisiones a favor de las transnacionales, tal el caso de los Consejos de Desarrollo Comunitario (COCODES), tutelados por los alcaldes municipales cuyas autoridades, a través del soborno y su falta de reconocimiento a las Alcaldías Indígenas, legitiman la presencia de Energuate y empresas generadoras como Palo Viejo”.
Foto: Autoridades indígenas de San Juan Cotzal. Fuente: Rolanda García.
Promueven consulta comunitaria
Desde que las operaciones de las empresas comenzaron hace una década, las Autoridades Indígenas interpusieron amparos y abrieron procesos legales para dar vía a las Consultas comunitarias. Añaden que la Consulta era una obligación constitucional que no fue cumplida por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
En el año 2015, las Autoridades Indígenas ganaron una sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) que obliga al Estado a realizar las debidas consultas a los Pueblos Originarios, pero los gobiernos de turno han interpuesto tropiezos legales para impedir los avances, recuerdan.
La consulta obligatoria sobre las operaciones de Transnova sigue en proceso; sin embargo, la empresa generadora Enel, que administra el proyecto hidroeléctrico Palo Viejo, provoca estancamiento en las instancias judiciales.
Ocurrió que, recientemente, los magistrados de la CC suspendieron provisionalmente la Consulta en San Juan Cotzal, Quiché. La resolución fue emitida a partir de un amparo interpuesto por miembros del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), argumentando acciones de inconstitucionalidad contra el Acuerdo 145-2026 del MEM, que establecía pautas para consultar al Pueblo Maya Ixil de San Juan Cotzal.
“Nos sentimos ofendidos, estamos organizados acá, sabemos nuestras funciones, sabemos nuestros derechos, apegados a las leyes nacionales e internacionales, a través de convenios y tratados internacionales, sabemos que estamos en la mejor disposición legal, queremos que se respeten nuestros derechos”, enfatizó Maximiliano Poma Sambrano, autoridad indígena.
Estas mismas autoridades ancestrales se sumaron a la presentación ante la CC, de un amparo que ordene al Congreso de la República, como medida preventiva, la suspensión de la tercera lectura de la propuesta de “Ley de Infraestructura para el Transporte de Energía Eléctrica”, conocida como “Ley Trecsa”, justificando que la ley busca legalizar las invasiones territoriales individuales y colectivas.
Las autoridades mantienen la esperanza que, bajo la administración de Bernardo Arévalo de León, se logre desarrollar las consultas sobre Transnova y Palo Viejo, a pesar de los mecanismos de entrampamiento del sector privado.
