Más allá de un contrato con la Municipalidad de Guatemala
Nota de coyuntura No. 116/ por Luis Solano
En abril de 2025, la Municipalidad de Guatemala adjudicó un contrato para el mejoramiento de una importante vía de comunicación en la Ciudad de Guatemala. Fue Juan Pablo Mansilla Morales, un empresario de la construcción, quien obtuvo el contrato por casi Q 43 millones. El caso ganó relevancia en varios medios de comunicación, debido a las sospechas que recaen en el empresario y varias instituciones públicas, de ser parte de una estructura de compras y procesos anómalos e, incluso, levanta sospechas de financiamiento electoral ilícito.
Fuente: SAT.
Las sospechas que levanta un contratista
La Municipalidad de Guatemala publicó el 31 de enero de 2025, una licitación pública denominada: “MEJORAMIENTO CALLE 5 CALLE (CALLE MARTI Y CALZADA JOSE MILLA Y VIDAURRE), DE PUENTE BELICE ZONA 6 A 12 AVENIDA A ZONA 2 GUATEMALA, GUATEMALA” (Sic.), en la que participaron dos oferentes: José Rodrigo Villatoro Guillén y Juan Pablo Mansilla Morales. El 7 de abril de 2025, a Mansilla Morales se le adjudicó el contrato por un monto de Q. 42.99 millones, de acuerdo con el proceso de adjudicación bajo el número NOG 25250256.
El contratista Mansilla Morales también está registrado bajo los nombres comerciales de COAMCO y Transportes JP Mansilla. De acuerdo con el portal Guatecompras, bajo su nombre y no como COAMCO, desde 2013 se le han adjudicado contratos por una cantidad de Q. 953.3 millones, lo que lo convierte en uno de los principales contratistas del Estado y uno de los favoritos de ciertas instituciones públicas para ese propósito.
Mansilla Morales apareció entre un extenso grupo de empresas señaladas de evadir impuestos o cometer crédito fiscal fraudulento en el caso de defraudación B410, expuesto por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en 2024.
En 2022, una extensa investigación del medio digital El Faro titulada “Testigo acusa a Giammattei de financiar su campaña con sobornos de constructoras”, se identificó a la empresa mercantil COAMCO y a su representante legal Mansilla Morales, como parte de un grupo de constructoras que contribuyeron al financiamiento de la campaña electoral de Alejandro Giammattei Falla y el partido Vamos en 2019. La investigación está basada, en parte, en el testimonio de un testigo protegido cuya declaración la tenía el Tribunal D de Mayor Riesgo de Guatemala, entonces presidido por la jueza Erika Aifán, hoy en el exilio, a principios de 2022. Indica la investigación que a…
“…un ex hombre de confianza del presidente Alejandro Giammattei le acusa de haber negociado la entrega de 20 millones de quetzales —2.6 millones de dólares— provenientes de sobornos de empresas constructoras para financiar su campaña en 2019”.
Ninguna de las investigaciones fue suficiente para que la Junta de Licitación nombrada por la Municipalidad de Guatemala para adjudicar el contrato de marras, tomara en cuenta la conveniencia de otorgarlo a una empresa seriamente cuestionada. Más bien, bajo argumentos legalistas el Concejo Municipal justificó que el adjudicado no tenía investigaciones abiertas ni casos judiciales en su contra, y que la SAT lo tenía habilitado. A la fecha, ni el Ministerio Público (MP) ni la Contraloría General de Cuentas (CGC) se han pronunciado.
Una investigación publicada en abril de 2024 bajo el título Drugs, Politics and Corruption. The capture of the Guatemalan State, colocó a Mansilla Morales dentro de un complejo entramado de corrupción en Guatemala, con Giammattei Falla al centro de la estructura.
Fuente: https://es.scribd.com/presentation/720404302/Drugs-and-Politics-in-Guatemala-March2022
Millones en juego
Sólo en 2018, en el gobierno de Jimmy Morales Cabrera (enero 2016 – enero 2020) y el Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI) le adjudicó a Juan Pablo Morales Mansilla Q 240.4 millones, y en 2022, con el gobierno de Alejandro Giammattei Falla (enero 2020 – 2nero 2024) y Vamos, esa cartera le otorgó Q 322.4 en contratos. En total, en ambos gobiernos, solo durante esos dos años, se le adjudicó el equivalente al 59% del total otorgado en los últimos 13 años.
Llama la atención que 2022 fue el último año en que el MICIVI le adjudicó a Mansilla Morales millonarios contratos, el año previo a las elecciones generales de 2023. Entre 2018 y 2023, esa cartera le adjudicó en total Q 709.4 según el portal Guatecompras, es decir, 74% del total de contratos obtenidos desde 2013, cuando Mansilla Morales comenzó, bajo su nombre, a ser contratista del Estado.
Al mismo tiempo, no obstante, Mansilla Morales se convirtió en contratista de las Municipalidades de Guatemala y Santa Catarina Pinula. Entre 2018 y 2025, la Municipalidad de Guatemala le adjudicó Q 126.9 millones, de los cuales Q 87.6 millones —69%— se otorgaron entre 2022 y 2025, lo que demuestra su creciente participación en contratos con esa municipalidad, a la vez que era desplazado del MICIVI. Mientras que con la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, controlada por el Partido Unionista (PU) al igual que la de Ciudad de Guatemala, ha recibido Q 33.1 millones desde 2020, 70% de los cuales fueron entre 2023-2025.
Sumados los contratos con esas municipalidades, Mansilla Morales ha recibido Q 869 millones desde 2018, 91% del total, sólo en los periodos de los gobiernos de Morales Cabrera y Giammattei Falla.
Fuente: Guatecompras.
No sólo COAMCO
Un dato por demás interesante, es que Juan Pablo Mansilla Morales constituyó, en 2021, COAMCO, Sociedad Anónima. Sin embargo, en el portal Guatecompras la empresa no reporta ningún contrato adjudicado.
Más importante aún, es que otra empresa señalada en el Caso B410, Proyectos Generales y Construcciones S.A. (Progeyco), que también fue inhabilitada por la SAT, pero que resolvió su situación fiscal luego de las denuncias, tiene como representante legal al abogado Juan Pablo Monzón Woc, muy cercano a Mansilla Morales.
Un medio digital indicó, en 2022, que Monzón Woc también…
“…ha dado la cara en nombre de la constructora Coamco al lado del presidente Alejandro Giammattei. El empresario ha pasado de empleado público a empresario con contratos millonarios desde 2009 y 2010, cuando fue coordinador jurídico del Fondo Social de Solidaridad del CIV. En 2015, fue candidato a diputado en la tercera casilla del Distrito Central por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y en 2016 fue contratado por la Municipalidad de Guatemala.”
En otra investigación, el medio destacó las conexiones entre Monzón Woc y Mansilla Morales con Giammattei Falla.
La empresa opera bajo varios nombres comerciales: DIBE, Petróleos Progeyco, Progeyco, Progeyco Maquinaria, y Progeyco Tala y Poda, nombres que reflejan todos los servicios que presta. Desde 2015, año que comenzó a ser contratista del Estado, ha obtenido Q 544.3 millones. De esa cifra, Q 350.4 millones provienen del MICIVI —64% del total— desde 2019, de los cuales Q 232.9 millones fueron adjudicados en 2022. Con la Municipalidad de Santa Catarina Pinula tiene contratos que suman Q 20.8 millones.
Progeyco comenzó sus eventos públicos cuando Monzón Woc fue candidato en 2015. Desde ese año, Progeyco ha recibido, año con año, contratos por un monto de Q 126.9 millones provenientes del proyecto en el “Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana de la Municipalidad de Guatemala”, donde Monzón Woc trabajó en 2016. Desde diciembre de 2024, se conoce bajo el nombre de Fideicomiso de Desarrollo Urbano. Por medio de ese fideicomiso se manejan los fondos del préstamo con la Corporación Financiera Internacional (IFC, en inglés) del Banco Mundial (BM).
Entre las tres entidades: MICIVI, Municipalidad de Santa Catarina Pinula y Municipalidad de Guatemala, suman Q 498.1 millones en contratos adjudicados a Progeyco, 91.5% del total obtenido desde 2015.
De acuerdo con el Registro Mercantil, Progeyco fue constituida en 1998 por empresarios italianos, pero, en 2001, los accionistas cambiaron, y quien pasó a ser el Presidente del Consejo de Administración fue Héctor René Mansilla Morales, hermano de Juan Pablo Mansilla Morales. Tanto Coamco como Pregeyco fueron consideradas empresas favoritas de COVIAL y muy cercanas a Giammattei Falla.
Mansilla Morales también constituyó otra empresa en 2021 denominada Estación de Servicios San Pablo, S.A., y que desde 2024 tiene contratos de baja cuantía con diferentes municipalidades. El gerente general de esa empresa, que opera bajo el nombre comercial de Petróleos San Pablo, es Héctor Mansilla Morales, empresa que suministra asfalto.
Otra empresa de la que Mansilla Morales es representante legal, y que constituyó en 2011, es Importadora La Costeña, S.A., que fue una empresa que se benefició durante el gobierno de Otto Pérez Molina (enero 2012 – septiembre 2015) y el Partido Patriota (PP). De acuerdo con Guatecompras, durante 2012 y 2015 recibió Q. 14.9 millones provenientes de contratos por alimentación con la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS). El esquema bajo el que operó se caracterizó por las compras fraccionadas, lo cual fue considerado como indicios de corrupción y compras anómalas (Diario elPeriódico, 8 de abril de 2013. “Un cuento de hadas sin final feliz. La historia de una presidencia en crisis”). A dicha empresa también aparece ligado Monzón Woc.
Mansilla Morales también constituyó una entidad fuera de plaza en 2010, inscrita bajo el nombre de DFINETEL, S.A., conjuntamente con otro empresario de la construcción, Eduardo Arturo Celada Solares, este último, propietario de la Constructora Pavigua —nombre comercial—, y la que ha obtenido Q 6.4 millones en contratos, principalmente con la Municipalidad de Coatepeque, Quetzaltenango, y los Ministerios de la Defensa (MINDEF) y de Cultura y Deportes (MICUDE).
En el caso de Héctor Mansilla también aparece como gerente de Operaciones de la empresa Proyectos, Distribución y Maquinaria, S.A. (PRODIMSA), cuya representante legal es Emma Carolina Mansilla Morales, hermana de los Mansilla Morales, y que también ha sido contratista del Estado en años pasados, pero con pocos contratos de baja cuantía.
Pero de todo ese conglomerado de empresas constructoras o vinculadas unas con otras por los servicios que prestan en el sector construcción, son las sociedades COAMCO y Progeyco las que han quedado marcadas y sospechosas de ser parte un entramado de corrupción. Más aún, de ser parte de una operación de corrupción que apunta a Miguel Martínez, ex jefe del Centro de Gobierno e identificado como pareja del ex Presidente de la República Alejandro Giammattei Falla.
