Cooptación y democracia: el rol de Walter Mazariegos en la Comisión de Postulación del TSE
Nota de coyuntura No. 170 / por Juan Calles
Para integrar la Comisión de Postulación que elegirá a las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el periodo 2026-2032, por ley se ha convocado al rector de la estatal Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Walter Mazariegos, para presidir dicha comisión. Esto ha encendido las alarmas en las organizaciones sociales, académicas e, incluso, para los observadores internacionales, pues sus antecedentes hacen sospechar que en el seno de dicha Comisión se pueda favorecer a candidatos/as afines a sectores conservadores y redes político-empresariales que buscan la cooptación del TSE, y porque se configura un escenario en el que la elección de estas Magistraturas podría afectar negativamente las elecciones generales de 2027.
Imagen: El Observador.
¿Quién es Walter Mazariegos y por qué su rol genera preocupación?
Desde hace varios años, la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) ha visto un giro hacia posturas alineadas a grupos conservadores, redes políticas y operadores jurídicos que muestran un claro interés en cooptar las instituciones estratégicas del Estado para tener hegemonía en la sociedad, y apuntalar un régimen de corrupción e impunidad. Esta situación se agravó luego que Walter Ramiro Mazariegos Biolis llegara a la Rectoría de la universidad estatal mediante un proceso electoral señalado de fraudulento.
Desde su elección en 2022, la comunidad universitaria integrada por estudiantes, docentes, personal administrativo, y egresados, denunciaron el fraude y un proceso sistemático para eliminar el pensamiento crítico y la organización gremial a lo interno de la USAC. La pauperización de la universidad es evidente, mientras que la criminalización en contra de quienes se opusieron al fraude continua en marcha con la criminalización y judicialización ejecutada desde el Ministerio Público (MP) bajo el mando de Consuelo Porras Argueta, con personas ligadas a procesos, encarceladas, señaladas de delitos como asociación ilícita, depredación de bienes culturales, sedición, entre otros, en el caso denominado “Toma USAC: botín político”.
Como dicta la Ley de Comisiones de Postulación, Decreto 19-2009, el Congreso de la República convocó en noviembre 2025 a la Comisión de Postulación que tendrá a su cargo iniciar el proceso de elección de magistrados del TSE, ya que, según el artículo 136 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) y sus reformas aprobadas por el Congreso de la República mediante el Decreto 26-2016, dicha comisión debe ser presidida por el Rector de la USAC, además de un representante de los Rectores de las universidades privadas, uno del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), el Decano de la Facultad de Derecho de la USAC, y un representante de los decanos de las Facultades de Derecho de todas las universidades privadas.
Mazariegos Biolis ha permanecido en diferentes ámbitos universitarios desde hace 20 años. En la Facultad de Humanidades, donde se formó en la USAC, desarrolló su estrategia para obtener puestos de poder universitario y mantenerlos mediante cualquier forma, incluidas la violencia y la violación de leyes universitarias. Sus antecedentes dicen que construyó redes de apoyo político y conformó grupos de choque que han amenazado y agredido a estudiantes y organizaciones estudiantiles, así como para obtener el respaldo del ex Presidente de la República, Alejandro Giammattei y el partido Vamos.
Según múltiples denuncias y análisis críticos, se ha señalado que Mazariegos Biolis participó en prácticas abusivas y autoritarias dentro de la USAC, incluyendo coacción, uso de fuerza y manipulación para asegurar su elección y la permanencia en la Facultad de Humanidades, en el Consejo Superior Universitario (CSU) y, finalmente, en la Rectoría.
Un momento clave en su trayectoria fue el asesinato del decano de la Facultad de Humanidades, Mario Alfredo Calderón Herrera, sucedido en 2008 bajo circunstancias violentas y de carácter premeditado. Calderón Herrera fue una figura académica respetada que fue reelecto tres veces, y su muerte llegó poco después de la tercera reelección. A partir de entonces, Mazariegos Biolis se posicionó para asumir el control de la decanatura en dicha facultad. Aunque las autoridades nunca identificaron un móvil claro relacionado con asuntos internos de la USAC, la tragedia marcó un punto de quiebre en la dinámica de esa facultad y facilitó el ascenso político de Mazariegos Biolis, mientras la impunidad en que se mantiene el asesinato remarca ese ascenso.
En 2023, el rector sancarlista fue incluido en la Lista Engel, que incluye a actores sancionados internacionalmente por su actuar corrupto y antidemocrático. Según se indicó en aquel momento, Mazariegos Biolis menoscabó los procesos o instituciones democráticas al aceptar el cargo de rector de la institución educativa pública en julio de 2022, luego de un proceso de selección fraudulento. El hoy rector también ha sido denunciado en múltiples ocasiones por abusos en la USAC. De esa cuenta, su presidencia en la Comisión de Postulación plantea cuestionamientos sobre la legitimidad de su liderazgo y capacidad para conducir el proceso de forma legal.
Una cuña del mismo palo: las universidades creadas a la medida
La reciente creación de la Universidad “Juan José Arévalo Bermejo”, anunciada en el Diario de Centro América el 13 de agosto, en donde aparecen como autoridades personas cercanas a Mazariegos Biolis, agrega elementos de sospecha frente al proceso de elección de Magistraturas del alto tribunal electoral.
Se evalúa que esta universidad, que no cuenta con alumnos, pero anuncia dos facultades: Ciencias Humanísticas y Ciencias Psicológicas y su sede es el Caserío Ciénega Grande de Aldea Chuchexic en Santa Lucía Utatlán, Sololá, es una estrategia destinada a reforzar la influencia del proyecto político conservador y la estrategia del llamado “Pacto de Corruptos”. La creación de esta universidad, irónicamente y, si se quiere, cínica, bautizada con el nombre del padre del actual mandatario guatemalteco, tiene el objetivo de dar legitimidad académica al proceso que se lleva a cabo.
En esa universidad figura como rector, Francis Polo Sifontes, egresado de la Facultad de Humanidades, la misma de Mazariegos Biolis. En septiembre de 2024, Polo Sifontes recibió de manos de Mazariegos Biolis la Medalla al Humanista “Dr. Juan José Arévalo Bermejo”, galardón que es la máxima insignia que concede dicha facultad en su aniversario, e instituido en el año 2011 con la gestión de Mazariegos Biolis en esa facultad. Un simbolismo patente de profundos nexos de carácter político.
Además, el secretario general de la nueva universidad, el abogado Luis Fernando Cordón Lucero, también ocupa ese mismo puesto en la USAC. Cordón Lucero ha ocupado cargos en la USAC por varios periodos, entre ellos, director y subdirector de Asuntos jurídicos, además del cargo de secretario general de la USAC. Hoy es nombrado mano derecha de Mazariegos Biolis, quien ha participado en las acciones para mantener intocable al régimen impuesto en la Rectoría. En diversas publicaciones periodísticas, Cordón Lucero es mencionado como un actor primordial en la exclusión de opositores, tanto en el CSU como en elecciones internas de la USAC, lo que ha permitido la continuidad del actual rector.
Tras el fraude mediante el cual Mazariegos Biolis asumió la Rectoría, Cordón Lucero fue colocado en puestos clave como la Secretaría General, lo que refuerza la percepción de alineamiento político-institucional con Mazariegos Biolis. Asociaciones estudiantiles lo han señalado como promotor de las decisiones que habrían facilitado la cooptación del CSU, la criminalización de estudiantes y la obstrucción de órdenes judiciales que, por ejemplo, ordenaban la reinstalación del estudiante Camilo García como estudiante y como miembro del CSU, tras ser expulsado por llamarle usurpador a Mazariegos Biolis.
Este mapeo permite entender cómo se configuran las constelaciones de poder que actualmente participan en la toma de decisiones universitarias y electorales, y cómo sus orientaciones ideológicas condicionan la independencia de los procesos de postulación.
Por otra parte, el pasado 21 de noviembre de 2025 el Consejo de la Enseñanza Privada Superior (CEPS) autorizó la creación de la Universidad Americana, que se suma al sistema de educación superior como la número 17 del país. La solicitud fue presentada por la Fundación Americana para el Desarrollo y Emprendimiento (FUNDADE), e inició su registro con las Facultades de Ciencias de la Administración y Ciencias Económicas.
La sede de FUNDADE es Diagonal 6 10-56 zona 10, nivel 9 Torre Sur, Edificio Interamericas World Financial Center, según lo informado en el Diario de Centro América, que es la misma de PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA, propietaria de Panamerican Business School, una entidad educativa con grados universitarios con la misma sede, y que se supone es la base de la nueva universidad. Entre sus representantes legales está Sergio José Méndez López, quien ocupa los cargos de Vicepresidente del Consejo de Fiduciarios y también es Rector, el cargo clave en Comisiones de Postulación.
¿Hay vínculos con Walter Mazariegos?
Varios reportes periodísticos e investigaciones subrayan vínculos indirectos, personales o de afinidad entre miembros relevantes del proceso de creación y el entorno político-universitario asociado a Mazariegos Biolis.
Por ejemplo, Juan Carlos Godínez Rodríguez, secretario del CEPS que firmó la autorización publicada en el Diario Oficial, figura como asesor de la Rectoría de la USAC y aparece en registros de contrataciones públicas (Guatecompras). El medio ePinvestiga enfatiza su papel en el trámite de autorización y su cercanía a Mazariegos Biolis, en tanto que Carlos Humberto Echeverría Guzmán, quien funge como tesorero del Comité de Fiduciarios, ha sido identificado en fotos y publicaciones institucionales como persona vinculada, política o financieramente, al entorno de Mazariegos Biolis, y en su momento fue candidato al cargo de Contralor General de Cuentas (CGC).
Al igual que la Universidad “Juan José Arévalo Bermejo”, esta nueva institución académica contará, por disposición legal, con un asiento en el Foro de Rectores encargado de elegir a los representantes universitarios ante las Comisiones de Postulación. Es en dicho espacio donde se designa a quienes actuarán en nombre de las universidades privadas, lo que convierte a cada casa de estudios en un voto significativo dentro del proceso, otorgando influencia a los grupos que buscan posicionar aliados en las estructuras de selección.
Por otro lado, la existencia de una Facultad de Ciencias Económicas y una de Administración da la posibilidad que sus decanos integren la Postuladora para elegir al Contralor General de Cuentas (CGC) para el periodo 2026-2031. Ellos serían Edgar Estuardo Santos Sutuj y Óscar Emilio Paiz Corzo; este último, además de presidente del Consejo de Fiduciarios, también es un importante empresario de la industria farmacéutica, miembro de la familia Paiz que ha tenido gran presencia en ese sector.
Además, se observa que varias universidades privadas han elegido decanos de sus Facultades de Derecho a figuras con trayectorias marcadas por su cercanía a sectores políticos, conocidos por prácticas poco democráticas. Son abogados que actualmente ocupan decanaturas, pero que previamente han ejercido cargos públicos o conservan vínculos con redes gremiales y partidarias interesadas en fortalecer su influencia dentro de los procesos de selección de cargos públicos.
Mazariegos no se sale del guión e inicia dando la razón a sus críticos
En días recientes, ya en sus funciones como presidente de la Comisión de Postulación para Magistraturas del TSE, Mazariegos Biolis ha buscado consensos en el Congreso de la República para cambiar la sede en donde sesionaría la Postuladora contrariando la ley, ya que esta ordena que los y las Comisionadas se reúnan en la sede del Legislativo.
Tanto el diputado del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), José Chic, como Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, denunciaron la intención de Mazariegos Biolis afirmando que la maniobra podría ser la de restar transparencia al proceso, evitando el control ciudadano y el trabajo de los medios de comunicación, pues al controlar un espacio privado Mazariegos Biolis puede tener control total de la elección.
El comportamiento de esta comisión es vista, además, como un mecanismo para medir la forma de actuación de los sectores involucrados en el resto de las elecciones de segundo grado que se llevarán a cabo durante el 2026, que incluyen: Magistraturas de la Cortes de Constitucionalidad (CC) y la del Fiscal General y Jefatura del MP, ya que esta arquitectura institucional podría incidir en dichos procesos de elección en donde el voto universitario tiene un peso determinante.
El abogado de Mazariegos Biolis y las redes de influencia marrullera
La figura de Mazariegos Biolis está rodeada de personajes con ligazones con redes de influencia en grupos con posturas radicales de odio, poco tolerantes, con ideas conservadoras, que tienen operadores dentro de instituciones públicas y vínculos partidarios que le garantizan apoyos y alianzas, y que aportan una dirección ideológica al proyecto político en el que se incluye al actual rector.
Por ejemplo, su abogado defensor, Jorge Manuel Marroquín Gálvez, quien además de desarrollar la estrategia legal de defensa en casos laborales, también desarrolla la defensa técnica del régimen administrativo del CSU dirigido por Mazariegos Biolis. El trabajo de Marroquín Gálvez es una muestra del actuar de estos grupos que buscan la cooptación y el control del Estado, y que integran el “Pacto de Corruptos” y operativizan su estrategia.
El rol de Marroquín Gálvez trasciende el de un simple litigante, posicionándolo como un estratega clave que emplea herramientas de derecho procesal y administrativo para blindar la administración actual de la USAC contra las múltiples impugnaciones. Su experiencia se remonta al 2019 cuando trabajó como asesor en el sector público, específicamente en el Ministerio de Energía y Minas, (MEM) ya que, según documentos de esa cartera, fungió como asesor bajo el Renglón 029, según el Contrato Número AC-64-2019, durante ese mismo[1].
La labor más sensible de su gestión fue la revisión de expedientes que contenían licencias de explotación minera y credenciales de exportación, verificando que cumplieran con los requisitos establecidos en la ley. Esta función lo situó en el epicentro de la regulación de los intereses extractivos en Guatemala y el contacto directo con los sectores económicos más poderosos del país.
El patrón de defensa de Marroquín Gálvez: solicitudes de desestimación de casos penales y uso de recusación en casos administrativos, se alinea con el Manual de Operaciones observado en la defensa de élites políticas en Guatemala, lo que apunta a una estrategia de la impunidad procedimental donde el objetivo primordial no es la defensa sustantiva de la legalidad de los actos del rector, sino la supervivencia política del mandato mediante el bloqueo judicial.
En la imagen de la izquierda, una noticia reportada por el medio digital Prensa Comunitaria da cuenta de la actuación de Marroquín Gálvez en un caso laboral; y, en la imagen de la derecha se observa al abogado acompañado de Carlos Hernández; el empresario de cine y televisión, Keneth Müller -con apellidos anteriores Padilla Samayoa, y con vínculos a sectores ultraconservadores y militares[2]-; y al embajador estadounidense en Guatemala, Tobin John Bradley. La cercanía de Marroquín Gálvez con Müller se observa también en la inscripción de una empresa cinematográfica ligada a este último, según datos del Registro Mercantil.
La sociedad civil reacciona lentamente
Aunque no se han registrado acciones contundentes, la sociedad civil organizada y el gobierno mismo ha reaccionado convocando a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Unión Europea (UE), para que organicen Comisiones de Observación y acompañamiento del proceso de elección.
Las organizaciones pro justicia, estudiantiles, feministas y campesinas, han publicado comunicados llamando a la ciudadanía a vigilar el proceso y a exigir transparencia y legalidad; incluso, algunas organizaciones hacen llamados a rechazar a Mazariegos Biolis como presidente de estas comisiones de vital importancia para el futuro del país. Otras han impulsado foros, conversatorios y análisis públicos para visibilizar la problemática y exigir transparencia en las Comisiones de Postulación en los procesos que se avecinan. Estas acciones buscan generar presión pública y contrapeso frente a un bloque político que intenta incidir en la arquitectura institucional encargada de garantizar la democracia electoral.
La presencia de Mazariegos Biolis en la Comisión de Postulación del TSE no puede analizarse como un hecho aislado. Forma parte de un reacomodo más amplio de poder en el que universidades, nuevos centros académicos y redes profesionales, operan como instrumentos para asegurar la continuidad de un proyecto político-ideológico con capacidad de penetración en los órganos electorales, y continuar con el proceso de control hegemónico y oligárquico del Estado que ha despuntado desde 2016 a la fecha.
Ante el escenario actual, la vigilancia ciudadana y el acompañamiento internacional se presentan como herramientas esenciales para contrarrestar cualquier intento de captura institucional encubierta en el TSE. La movilización de sectores sociales, democráticos y académicos, junto con la presión pública sostenida, son elementos clave para asegurar que la elección de Magistraturas responda al interés público y fortalezca la democracia electoral. Solo mediante su compromiso activo se podrá impedir que la arquitectura institucional sea cooptada por intereses que buscan perpetuar un proyecto ideológico y político particular.
[1] Recuperado en: https://www.mem.gob.gt/wp-content/uploads/2019/07/AC-64-2019-JORGE-MARROQUIN-1.pdf
[2] El padre de Keneth Müller fue el coronel retirado Gustavo Adolfo Padilla Morales, fallecido en julio de 2024, y quien estuvo destacado como teniente coronel en la Zona Militar de Quetzaltenango en el mismo mes y año que Emma Theissen estuvo secuestrada. Fue parte de la fracción militar autodenominada “Los Oficiales de la Montaña” que estuvo detrás de las dos intentonas de golpe de Estado en 1988 y 1989 contra el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo (enero 1986 – enero 1991) y la Democracia Guatemalteca (DCG), junto a otros conocidos civiles y políticos anticomunistas de viejo cuño. Padilla Morales fue el propietario de la empresa Servicios de Seguridad Comercial e Industrial (SERSECO) que la entonces empresa Proyectos de Desarrollo Hídrico, Sociedad Anónima (PDHSA) -hoy Energía y Renovación, Sociedad Anónima-, propietaria de los proyectos hidroeléctricos San Andrés, Pojom I y II en la Microrregión de Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, contrató para el resguardo de sus instalaciones y de las obras de las centrales hidroeléctricas, que hoy fueron abandonadas con los impactos sociales y ambientales a las comunidades chujes que han habitado ancestralmente esos territorios. SERSECO también fue contratista del Estado durante el gobierno de Otto Pérez Molina (enero 2012 – septiembre 2015) y el Partido Patriota (PP), a la que se le adjudicaron más de Q 7 millones entre el 2012 y 2014. Ver: Equipo de El Observador. “San Mateo Ixtatán entre el embate del capital nacional y transnacional, y la restauración de las estructuras paramilitares contrainsurgentes: el caso del proyecto hidroeléctrico de la empresa Promoción de Desarrollo Hídrico Sociedad Anónima (PDH, S.A)”. Informe Especial No. 10, 12 de julio de 2017. Recuperado en: https://elobservadorgt.org/wp-content/uploads/2016/03/Informe-Especial-No.-10-San-Mateo-Ixtatan-entre-el-embate-del-capital-nacional-y-transnacional-y-la-restauraci%C3%B3n-de-las-estructuras-paramilitares-1.pdf; también: Centro de Medios Independientes (CMI-Guate). “’Septiembre’: memoria histórica desde la derecha extrema”, 24 de mayo de 2017. Recuperado en: https://cmiguate.org/septiembre-memoria-historica-desde-la-derecha-extrema/
