Elementos políticos de ciertos perfiles para candidaturas a Magistraturas del TSE

Nota de coyuntura No. 182 / por Luis Solano

La Comisión de Postulación para Magistraturas para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el periodo 2026-2032, se apresta a recibir tachas a las candidaturas que se presentaron, y de las que deberá salir la nómina de 20 candidaturas que se enviará al Congreso de la República. El 20 de marzo deberá quedar instalada la nueva magistratura del TSE con cinco magistrados/as titulares e igual número de suplentes. Del total de 181 expedientes que se presentaron, resalta un bloque de candidatos/as por sus nexos con gobiernos recientes, partidos políticos adscritos del llamado “Pacto de Corruptos”, o con vínculos al también llamado “Pacto de Impunidad”, al igual que con estructuras de poder económico y/o con militares retirados afines a la vieja alianza militar-empresarial. A continuación, una lista de candidaturas con esas conexiones basada en la lista original que se presentó a la Comisión de Postulación.

Fuente: elaboración propia con base en Foro Guatemala.

Guillermo Demetrio España Mérida

En 2017, como magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) protegió al juez Mynor Moto al no dar trámite a la solicitud de retiro de antejuicio interpuesta por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) en su contra. Según expusieron en esa oportunidad, las razones del antejuicio fueron el no acatar resoluciones que desfavorecían a los implicados del “Caso Bufete de la Impunidad” y la decisión de cerrar el caso. En octubre del 2018, la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo otorgó amparo provisional al desaparecido partido Frente de Convergencia Nacional (FCN) para detener el proceso de su cancelación, y el que se dio en el contexto de que el magistrado presidente de la misma, Guillermo Demetrio España, se encontraba en la lista de los 10 magistrados que entonces podrían sustituir a la fallecida magistrada de la CSJ, Elizabeth García, decisión que correspondía al Congreso de la República. Se le señala de proteger al diputado Felipe Alejos Lorenzana, al decidir no retirarle en junio de 2020, el antejuicio existente en su contra cuando integró el pleno de la CSJ como magistrado suplente. En esa misma calidad de magistrado suplente de la CSJ, participó en la aprobación del acuerdo de creación del juzgado especializado para funcionarios públicos y en el trámite a la solicitud de retiro de antejuicio en contra de la jueza Erika Aifán, interpuesta por el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones. Se inhibió de conocer el antejuicio planteado por José Roberto Guzmán en contra de cuatro magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) en junio 2020.

Carlos Roberto Garza Grisolia

Al frente de la Inspectoría General del TSE, Garza Grisolia es sobrino de Edgar Rodolfo Grisolia Solano, quien fue viceministro de la cartera de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) en el gobierno de Álvaro Colom Caballeros (enero 2008 – enero 2012) y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y candidato vicepresidencial por el partido Visión con Valores (VIVA) en las elecciones generales de 2023. También es sobrino del militar Luis Alberto Grisolia Solano, de la Promoción 73 de 1966, la misma promoción del ex Presidente de la República, Otto Pérez Molina.

Francisco Javier Quezada Sandoval

Vinculado al Partido Unionista (PU) y sus raíces en el Partido de Avanzada Nacional (PAN). Representante legal y Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON). Investigador de Seguridad Pública del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas Centro (Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN). Abogado y Notario Público egresado de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), con dos Maestrías en Derecho Comercial y Derecho Notarial. Ha trabajado en el sector privado. Es consultor jurídico de la Municipalidad de Guatemala desde 2018. Su padre, Luis Pedro Quezada Córdova, fue diputado por el PAN entre 1990 y 1994.

Carlos Alberto Solórzano Rivera

Según una nota del diario La Hora, el ex Relator contra la Tortura, Carlos Solórzano Rivera, y el juez Víctor Cruz Rivera, son hermanos de madre, y el primero ha sido descrito por el medio Con Criterio, como un operador del empresario Gustavo Alejos Cámbara, en función de un audio al que tuvo acceso. El juez Cruz otorgó medida sustitutiva a Alejos Cámbara y es el juez que emitió la orden de captura en contra de la ex Fiscal General, Thelma Aldana Hernández, hecho que le valió recibir seguridad por parte Ejecutivo. Según el reportaje de Con Criterio, Alejos Cámbara le pidió a Solorzano Rivera que se reuniera con el diputado del partido Todos, Felipe Alejos Lorenzana, en su apartamento de la zona 14. En tanto, Víctor Cruz Rivera, como suplente del juez Eduardo Cojulún, quien estaba de vacaciones, fue el juez que otorgó medida sustitutiva, en diciembre pasado, a Alejos Cámbara, señalado en el “Caso Transurbano”, tras el pago de una fianza de Q 100 mil. Se mencionó que Solórzano Rivera tramaba un plan con Alejos Cámbara y el abogado Moisés Galindo, de la Fundación contra el Terrorismo (FCT), para modificar el régimen de prisión preventiva y que el relator sería el canal para lograr eso.

Wilber Estuardo Castellanos Venegas

De acuerdo con el Movimiento Pro Justicia, fue abogado litigante entre 2003-2014; director de la Unidad Académica del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y presidente de la Junta Directiva del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial (IMCAOJ) en el periodo 2019-2020, entidad que arremetió contra el entonces titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del MP, fiscal Juan Francisco Sandoval, tras haber presentado el informe sobre los magistrados que buscaron el apoyo del empresario Gustavo Alejos Cámbara, entre ellos, Castellanos Venegas. Avaló el amparo provisional otorgado por la sala que integra, con el que se permitía la juramentación del juez Mynor Moto como magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC) electo por el CANG, pese a existir impugnaciones pendientes de resolver. La FECI planteó antejuicio en su contra por tráfico de influencias, tras comunicarse con Alejos Cámbara, con el fin de asegurar su reelección. Denunció al fiscal Juan Francisco Sandoval, a la jueza Erika Aifán, y a la activista Helen Mack, por considerar que cometieron varios delitos en la investigación contra los magistrados que se relacionaron con el empresario Alejos Cámbara.

En 2020, integró el pleno de la CSJ como magistrado suplente, en la sesión donde se resolvió dar trámite al antejuicio contra dos magistrados de la CC presentado por la abogada, Soazig Amanda Santizo, integrante de “Guatemala Inmortal”, por los delitos de falsedad ideológica, abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la Constitución Política y prevaricato. Castellanos Venegas dijo al medio digital Plaza Pública que no se inhibió de conocer el antejuicio, a pesar de que figuraba en la investigación del MP y era parte de la nómina para reelegirse como magistrado de sala, por considerar que no existía conflicto de interés; conflicto que aseguró, sí tiene con el titular de la FECI y la jueza Aifán. En 2019, fue vetado por la organización Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS) por falta de idoneidad, debido a que el IMCAOJ lo presentó como uno de los cinco negociadores de la planilla única para elegir a los integrantes de la Comisión de Postulación de candidatos a CSJ; dicha asamblea y elección fue anulada por la CC por vicios y falencias en la convocatoria. FADS le señaló de no hacer cumplir la Ley de Comisiones de Postulación y la representación de minorías.

En 2014 fue Comisionado integrante de la Comisión de Postulación de candidatos a CSJ en el proceso realizado ese año como representante del CANG. Fue electo para ese cargo postulado por la entonces Planilla 1: Fortaleza Jurídica, dirigida por Roberto López Villatoro, el “Rey del Tenis”. Fue vetado por sociedad civil en el proceso efectuado en el año 2019, por haber participado en el proceso cuestionado del 2014.

En el “Informe Comisiones Paralelas: Mecanismos de Cooptación de la Justicia” realizado por la Fundación Myrna Mack, con base en el informe circunstanciado presentado por la FECI, se registran dos denuncias activas en su contra. El MP reportó al Congreso de la República en mayo de 2020, de otra denuncia archivada por el delito de resoluciones violatorias a la Constitución Política.

Pablo Adolfo Leal Oliva

Asesor Presidencial en Materia de Seguridad y Justicia en el año 2011;, encargado de temas administrativos y financieros del Segundo Viceministro de Gobernación en 2011; asesor del despacho ministerial del Ministerio de Educación (MINEDUC) en 2010; y coordinador de asesoría jurídica del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) en 2002.

Lesther Castellanos Rodas

Principal actor en el caso que se siguió contra Virginia Laparra. Es parte de la Lista Engel desde 2023. Un Informe de Naciones Unidas (ONU) revela irregularidades en su gestión como Relator contra la Tortura. El hermano de Lesther Castellanos, Herbert, fue asesinado en 2016 en Costa Rica en el contexto de su involucramiento en un caso de narcotráfico. En 2020, cuando Lesther Castellanos estaba a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, absolvió a Gilmar Alfonso Gramajo, señalado del asesinato de Lindaura Aceituno, y sospechoso en la muerte de su padre, el periodista Alfredo Aceituno. En ese caso, la autoría intelectual recaía en el alcalde de Coatepeque, Alfonso García-Junco Hemmerling, quien continúa en el cargo.

Juan José Bolaños Mejía

Bolaños Mejía aparece con fuertes vínculos con el actual rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Walter Mazariegos, y con el empresario Gustavo Alejos Cámbara. Está vinculado al “Caso Comisiones Paralelas 2020”. En 2024 se postuló para magistrado de Apelaciones donde sí logró integrar la nómina de candidatos y posteriormente ser electo por el Congreso de la República. La CSJ lo designó Vocal II de la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Escuintla.

Jhonnatan Esaú Méndez Aguilar

Actual Director de la Policía Municipal de la Municipalidad de Ciudad de Guatemala, y ha sido juez municipal en esa municipalidad. Tiene vínculos con el Partido Unionista (PU).

Gilma Esperanza Valladares Orellana

De Gilma Esperanza Valladares Orellana se sabe que es una abogada evangélica y socia del Bufete Hernández, Valladares y Asociados, en el que aparecen como socios principales los abogados: Sergio Aníbal Hernández Lemus y su hijo Sergio Pablo Hernández García. El primero, ex presidente de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores (BANTRAB) nombrado por el ex Presidente de la República, Álvaro Colom Caballeros, y procesado por el “Caso BANTRAB”, hecho público por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el MP en 2016, acusado de lavado de dinero, asociación ilícita y peculado. Tanto padre e hijo, así como Valladares Orellana, fueron señalados por el colaborador eficaz y ex directivo del BANTRAB, Eduardo José Liu Yon, de vínculos con el narcotráfico, vía la narcotraficante Marllory Chacón; de financiamientos corruptos de las campañas electorales de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Partido Patriota (PP) y de Jimmy Morales Cabrera, así como de nexos con el abogado Roberto López Villatoro, el “Rey del Tenis”, y quien estuvo en prisión preventiva por casos de corrupción que alcanzaban a magistrados del Organismo Judicial (OJ), entre quienes se arregló listados de postuladoras y la elección de Valladares Orellana para el cargo que ostentó y desde donde, según denuncias, conspiraba contra los tres magistrados de la CC. Valladares Orellana también operaba ese complot juntamente con el Secretario General de la Vicepresidencia, David Sentes Luna, abogado evangélico y hombre de confianza del vicepresidente de la República, Jafeth Cabrera, también evangélico.

Noe Adalberto Ventura Loyo

Entre su largo historial como juez y magistrado se le señala de tener nexos con el eferregismo ya que, desde la década de 1990, apoyaba al Frente Republicano Guatemalteco (FRG); luego, trabajó en la Procuraduría General de la Nación (PGN) y en el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) durante el gobierno de Alfonso Portillo Cabrera (enero 2000 – enero 2004) y el FRG. En el contexto del juicio por genocidio al máximo líder de este partido, general José Efraín Ríos Montt, ya fallecido, avaló la resolución a su favor que evitó que el militar retirado pasara 10 días internado en el hospital Federico Mora, para corroborar si estaba en condiciones de enfrentar el juicio por genocidio.

Carlos Humberto Rivera Carrillo

Integrante de la Liga Pro Patria y afín al grupo al que se señala que conspira contra el gobierno, que incluye a la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), “Guatemala Inmortal” y a la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA). Fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2024. Es abogado del Banco Agro Mercantil (BAM).

Leopoldo Mateo Chuc Sam

Comisionado de la Comisión Presidencial de Diálogo (CPD) durante el gobierno de Alejandro Giammattei Falla (enero 2020 – enero 2024) y Vamos. Previo a ese cargo, en ese mismo gobierno, fue director del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco (FODIGUA), y se le considera muy cercano al diputado Allan Rodríguez.

Douglas René Charchal Ramos

Abogado y militar de la Promoción 107 de 1984, la misma de su hermano Baudilio. Otro hermano, Víctor Leonardo, fue especialista del llamado Archivo del Estado Mayor Presidencial, ya desaparecido, y aparece como implicado en el asesinato de la antropóloga Myrna Mack. Douglas Charchal fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y fue sindicado por la FECI y la CICIG por en el “Caso TCQ” de alto impacto. Su esposa, Sandra Ciudad Real, es Magistrada de la Corte de Apelaciones. Otro hermano, Ludwing Orlando Charchal Ramos, es abogado de Ronald Navarijo en el caso que se lleva contra el periodista José Rubén Zamora. Su hijo, Douglas Emilio Charchal Ciudad Real, labora en el juzgado que llevaba el caso del periodista Zamora.

Mario Antonio Siekavizza Álvarez

Proviene de una familia con largo historial. Su padre, Roberto Siekavizza Álvarez, es un abogado que fue viceministro de Gobernación durante el gobierno de facto del general retirado ya fallecido, José Efraín Ríos Montt. También es padre de Roberto Nicolás Siekavizza Álvarez, prófugo y hermano de Mario Antonio, de quien se desconoce su paradero, luego que se descubriera que formaba parte de una estructura de crimen organizado dirigida por Ana Sofía Castañeda Deras, alias “La Sirenita”, capturada y procesada junto a miembros de la banda criminal. Castañeda Deras era esposa del capitán de fragata Óscar Ricardo Guzmán Berreondo, asesinado el 11 de febrero de 2011, quien trabajó como jefe de personal del Comando Sur de la Base Naval del Pacífico, y a quien se le vinculaba con una organización dedicada al narcotráfico y lavado de dinero, según los registros de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Roberto Siekavizza Álvarez (padre), es hermano del médico y coronel Luis Vladimiro Siekavizza Álvarez, quien fue vocero de la Dirección de Asuntos Civiles del Ejército (D-5) durante el gobierno de Ríos Montt, y quien también aparece involucrado en adopciones en el informe de Adopciones de la Secretaría de la Paz (SEPAZ), ya desaparecida. Luis Vladimiro Siekavizza Álvarez es padre del médico Juan Luis Siekavizza Girón, padre de Cristina Siekavizza, presuntamente asesinada y cuya desaparición dio paso al “Caso Siekavizza”.

Walter Paulino Jiménez Texaj

Fue uno de los tres magistrados suplentes de la Corte de Constitucionalidad (CC) que perdió la visa de Estados Unidos, junto a Claudia Elizabeth Paniagua Pérez y Luis Alfonso Rosales Marroquín, luego que emitieran resoluciones a favor del entonces presidente del Banco de los Trabajadores (BANTRAB), Jorge Mondal, para que permaneciera en el cargo, pese a que en febrero de 2024 fue destituido por el actual Presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, por llegar al cargo sin tener los requisitos que las leyes exigen. Es hermano del juez Juan José Jiménez Texaj, quien fue señalado de favorecer al ex ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, por un cargo de lavado de dinero y por el cual fue procesado y condenado en Estados Unidos.

Rita María Elizondo Hernández

Se le considera muy cercana al partido político Vamos. Durante el gobierno de Alejandro Giammattei Falla (enero 2020 – enero 2024) y Vamos, fue Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA). También fue Subsecretaria de Planificación y Programación para el Desarrollo en la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República (SEGEPLAN). Una investigación del medio Con Criterio expuso casos de corrupción que la involucran mientras dirigió CONAMIGUA.

Roaldo Isaías Chávez Pérez

Juez pesquisidor del antejuicio contra el juez Adrián Rodríguez en el “Caso Traficantes de Influencias”. Recomendó no retirarle la inmunidad. También, juez pesquisidor del antejuicio contra la jueza Marta Sierra de Stalling por beneficiar con fianzas a seis procesados implicados en una red de defraudación tributaria. Recomendó no retirarle la inmunidad. Hermano del ex diputado del desaparecido partido Libertad Democrática Renovada (LIDER), Luis Chávez Pérez, condenado en 2017 por tráfico de influencias al haber exigido plazas al ex ministro de Desarrollo Social. Roaldo Isaías Chávez Pérez, siendo juez pesquisidor, citó al juez Miguel Ángel Gálvez en 2022 para que presentara sus pruebas de descargo por el caso que se seguía en su contra. Chávez Pérez es el mismo togado que estuvo a cargo del requerimiento de levantamiento de inmunidad que se planteó en contra de la ex jueza Erika Aifán, pese a que él era uno de los directivos de la institución que denunció a la ex funcionaria. En aquel momento, el juez Gálvez manifestó estar preocupado por la actitud que estaba tomando la CSJ. Según el desaparecido diario elPeriódico, en una nota del 7 de agosto de 2022 que cita declaraciones del entonces juez Gálvez:

“Roaldo Isaías fue el último magistrado que conoció el tema de Erika Aifán y, ahora, cómo es posible que también conozca mi antejuicio. (…) Da la impresión de que la Corte, aparte de las facultades discrecionales que está utilizando, tiene un magistrado ad hoc para todo lo que le interesa”.

Cathy Rossana López Rodríguez de Lam

Es esposa de Luis Lam Paniagua, quien fue embajador de Guatemala ante las Naciones Unidas (ONU) durante el gobierno de Jimmy Morales Cabrera (enero 2016 – enero 2020) y el Frente de Convergencia Nacional (FCN), y de quien también era su abogado, y desde donde operó contra la permanencia de la CICIG. Ella es parte de Alianza Evangélica de Guatemala y es hija del abogado Arnoldo López Straub, defensor de golpistas de 1989.

Julio César Recinos Fabián

Actualmente está encargado de la Fiscalía de Extinción de Dominio del Ministerio Público (MP). Salió del anonimato cuando en mayo de 2024 solicitó levantar el embargo de los bienes del ex ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Alejandro Sinibaldi Aparicio, hoy absuelto de los cargos que se le imputaban en casos de gran corrupción.

Jazmín Armelle Orellana Nelson

Es hija del coronel retirado Héctor Ernesto Orellana García, Promoción 99 de 1980, Subsecretario de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE) durante el gobierno de Alejandro Giammattei Falla (enero 2020 – enero 2024). Previamente, Orellana García tuvo conexiones con los partidos: Patriota (PP) y Libertad Democrática Renovada (LIDER). Con el gobierno de Otto Pérez Molina (enero 2012 -septiembre 2015) y el PP, Orellana García fue asesor en la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (STCNS). En el caso de Orellana Nelson, durante el gobierno de Jimmy Morales Cabrera y el partido FCN-Nación, estuvo a cargo de la Dirección de Inspectoría de Seguridad Interior de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, que es una de las instituciones del Consejo Nacional de Seguridad (CNS). Con el gobierno de Giammattei Falla, estuvo a cargo de la DIRECCIÓN SUPERIOR de la UNIDAD DEL NUEVO MODELO DE GESTIÓN PENITENCIARIA. En ese gobierno también estuvo a cargo del Registro de Personas Jurídicas (REPEJU) del Ministerio de Gobernación (MINGOB).

Joaquín Rodrigo Flores Guzmán

Durante el gobierno de Alejandro Giammattei Falla y Vamos fue nombrado director del Sistema Penitenciario. También se juramentó a Ronald Yomelfy Portillo Cordón, quien actualmente es diputado por el partido Vamos, como viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito.

Julio Enrique Dougherty Liekens

Con largo historial y vínculos militares, nexos con el eferregismo y la familia Arzú.

José Enrique Urrutia Estrada

Integrante de “Guatemala Inmortal” y quien estuvo muy activo contra la permanencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Alto directivo del bufete BK Consulting. En 2017 presentó una solicitud de antejuicio a nombre de “Guatemala Inmortal” contra el entonces Procurador de Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas Andrade, debido al recurso de amparo que éste presentó para evitar la expulsión del entonces Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez Gómez. En 2022, según una nota del desaparecido diario elPeriódico del 20 y 21 de marzo, a Urrutia Estrada se le identificó como accionista de la off shore en Panamá, Valores Dinámicos, cuando era uno de los candidatos para ocupar el puesto de la actual Fiscal General, Consuelo Porras Argueta, en el Ministerio Público (MP). Según los informes que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la CICIG presentaron en 2018, Valores Dinámicos fue la off shore por medio de la cual, Sigma Constructores, S. A. y HW Contractors, transfirieron US$ 1.15 millones a cuentas vinculadas a altos funcionarios del Partido Patriota (PP), en concepto de sobornos. Uno de los abogados del bufete BK Consulting es Julio Martín Vielman Rosales, Representante Legal de HW Contractors, S.A., una de las cinco empresas allanadas por la FECI en diciembre de 2017 por el “Caso Construcción y Corrupción”, y que logró millonarios contratos durante el gobierno de Pérez Molina y el PP.

Héctor Fajardo Estrada

En 2019, Fajardo Estrada obtuvo el Doctorado en Seguridad Estratégica, siendo parte de la Cuarta Cohorte. Se le vincula con las estructuras de los gobiernos de Otto Pérez Molina, Jimmy Morales Cabrera, y Alejandro Giammatei Falla. Entre octubre de 2015 y febrero de 2016 fue Subcoordinador de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (STCNS). Durante el gobierno de Pérez Molina fue Director de Verificación de Identidad y Apoyo Social del Registro Nacional de las Personas (RENAP). En los gobiernos de Morales Cabrera y Giammattei Falla tuvo varios contratos, entre éstos: Coordinador de la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala, como Asesor de Director General; Jefe del Departamento Jurídico de la Secretaría Nacional de Bienes de Extinción de Dominio (SENABED); Secretario General de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (DIGESSP); y asesor de la Secretaría Privada de la Presidencia del gobierno de Giammattei Falla. Desde 2023 es subgerente administrativo y representante legal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), cargo desde el cual ha firmado millonarios contratos.

Jorge Melvin Quilo Jáuregui

Durante el gobierno de Otto Pérez Molina (enero 2012 -septiembre 2015) y el Partido Patriota (PP), Quilo Jáuregui, juntamente con Marco Aurelio Pineda Colón, de la Primera Cohorte del Doctorado en Seguridad Estratégica, formó parte de la Comisión de Asesoramiento y Planificación (CAP) de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (STCNS, cuando el general Edgar Bustamante Figueroa era el Secretario), como integrante en el Ámbito de Seguridad Interior. Previamante, Quilo Jáuregui había trabajado con Pineda Colón en el MP, en investigaciones criminalísticas y, en enero 2020 con el gobierno de Alejandro Giammattei, fue nombrado Subsecretario Administrativo de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIE) acompañando nuevamente a Pineda Colón, quien había sido nombrado al frente de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE). Su padre, José Melvin Quilo Castillo, fue miembro activo y candidato a diputado por el partido Movimiento de Acción Social (MAS) que postuló y llevó a la Presidencia de la República a Jorge Serrano Elías en las elecciones generales de 1990.

Alfredo Skinner-Klee Arenales

Con vínculos directos a círculos de poder ultraconservadores. Su esposa es Alexandra Sol Caminos de Skinner-Klée, quien ha sido presidenta y representante legal de la Asociación La Familia Importa (AFI), un tipo de punta de lanza de las agrupaciones donde cohabitan sectores religiosos del Opus Dei y neopentecostales, de las familias del poder económico de Guatemala. Skinner-Klee Arenales fue uno de los que presionó, junto a Acisclo Valladares Molina, Manuel Espina Salguero, y Antonio Arenales Forno, un grupo de operadores diplomáticos y políticos, para que la CICIG fuera expulsada de Guatemala, lo cual ocurrió en septiembre de 2019. Su familia, los Skinner-Klee Arenales, es una de las familias con vínculos históricos, tanto en sectores empresariales como políticos en Guatemala. El diplomático y embajador de Guatemala, Jorge Skinner-Klée Arenales, su hermano, figura con trayectoria en la diplomacia guatemalteca, y como embajador de Guatemala ante las Naciones Unidas (ONU) durante el gobierno de Jimmy Morales Cabrera (enero 2016 – enero 2020) y el FCN-Nación, fue un opositor a la permanencia de la CICIG en el país, y hoy es embajador de Guatemala en España. Está emparentado con la familia Widmann, con nexos con la Liga Pro Patria.

Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos de Brito

Anuló condenas en el “Caso IGSS-Pisa”. Ordenó el cierre de la persecución en el caso de la familia Bitkov. Señalada de favorecer fallos judiciales para el empresario y operador Gustavo Alejos Cámbara. Ordenó la libertad bajo fianza de Blanca Stalling, ya fallecida, y anuló la sentencia contra los militares retirados Jacobo Salán Sánchez y Napoleón Rojas por un caso de corrupción. Su esposo, José Alfredo Brito Ralón, fue secretario de Comunicación Social de la Presidencia durante el gobierno de Jimmy Morales Cabrera, de quien formó parte de su círculo de confianza; y con larga trayectoria en el Grupo Albavisión, propiedad del mexicano Ángel González, de 1993 al 2001 y del 2008 al 2015. La familia de Estrada Barrientos de Brito fue implicada en negocios opacos con el Fondo Nacional del Agro (FONAGRO). Entre esos familiares están el coronel Dany Antulio Estrada Barrientos, hermano de Beyla Xiomara Estrada Barrientos, y la hermana del ex secretario Brito Ralón, Marta Isabel Brito Ralón quien es esposa del coronel Estrada Barrientos desde 2013. En ese negocio también aparece el padre de los Estrada Barrientos, Jaime Antulio Estrada Soto, y otros hermanos como Héctor Manuel Estrada Barrientos y James Alexander Estrada Barrientos.

María de los Ángeles Araujo Bohr de Méndez

Es esposa del abogado William René Méndez, detenido por el “Caso Construcción y Corrupción Fase II”, presentado por la CICIG. Ambos integrantes del bufete que defendió a militares en el “Caso Dos Erres”.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *