Guatemala dentro del “Escudo de las Américas”: bifurcación entre lo político-ideológico y lo securitario-militar (Primera parte)
Nota de coyuntura No. 193 / por Marco Fonseca
La iniciativa hemisférica promovida por la administración de Donald Trump bajo el nombre “Escudo de las Américas” —Shield of the Americas— no sólo constituye un episodio relevante de la nueva política geopolítica estadounidense hacia América Latina; también ha generado una compleja disputa política dentro de Guatemala. Lo ocurrido alrededor de la cumbre de Miami revela algo más profundo que una simple reunión regional contra el narcotráfico; se da en el marco de la histórica política estadounidense del “Gran Garrote”, ahora renovada en su Estrategia de Seguridad Nacional relanzada recientemente por la actual administración republicana.
Imagen: The Guardian/AP
Guatemala en el contexto del Escudo de las Américas
En realidad, para Guatemala la Cumbre “Escudo de las Américas” se trata de un episodio que permite observar cómo se cruzan tres dinámicas simultáneas: la reorganización estratégica del hemisferio impulsada por Washington, la disputa interna de poder en el país, y la reconfiguración del llamado “Pacto de Corruptos e Impunidad” en un nuevo contexto geopolítico.
Un elemento particularmente revelador en esta coyuntura es el tuit publicado por el Ejército de Guatemala en el cual se afirma que el ministro de Defensa, General de División Henry David Sáenz Ramos, participó en la “Conferencia de las Américas contra los Cárteles” realizada en el Comando Sur (Southcom) en Doral, Florida, el 7 de marzo. El mensaje subraya que Guatemala estuvo presente en el “esfuerzo hemisférico contra el crimen transnacional”, destacando además que la participación se realizó “bajo el liderazgo del presidente constitucional de la República”.
Este tuit, aparentemente rutinario, contiene, sin embargo, una clave interpretativa fundamental, pues indica que, aunque el Presidente de la República, Bernardo Arévalo de León no fue invitado al encuentro político principal, el Estado guatemalteco sí participó en el nivel securitario-militar de la iniciativa. Es decir, el país no fue excluido del todo: participó en un plano distinto. Al mismo tiempo, ratificó lo que Guatemala ya viene haciendo de manera conjunta en materia de los intereses de seguridad nacional estadounidense, cuyos ejes son combate al crimen organizado y narcotráfico.
Lo anterior sugiere que en Miami se produjo una bifurcación entre dos planos de articulación hemisférica: uno político-ideológico y otro securitario-militar.
I. La bifurcación entre política e inteligencia securitaria
La reunión de Miami parece haber funcionado en dos niveles diferenciados.
Por un lado, estuvo el plano político-ideológico, el “Escudo de las Américas” propiamente dicho, donde Trump reunió a gobiernos y actores alineados con su proyecto hemisférico. Este espacio tuvo una dimensión claramente ideológica en tanto que reunió a sectores de la derecha latinoamericana y a gobiernos dispuestos a respaldar la nueva estrategia regional de Washington.
Por otro lado, existió un plano securitario-institucional, centrado en la cooperación militar y en las estructuras de inteligencia del hemisferio, llamado la “Coalición Americana contra los Cárteles”. Según reportan algunos medios, el objetivo de esta Coalición es:
“…para supuestamente combatir militarmente a las organizaciones de tráfico de drogas en el hemisferio occidental en conjunto con 17 países de América Latina, a cuyos líderes ofreció incluso misiles para usarlos contra los grupos criminales en sus propios países y cuyas fuerzas armadas serán ‘entrenadas y movilizadas’ por Washington”.
En este segundo nivel participaron ministros de defensa, mandos militares y representantes de instituciones de seguridad.
Guatemala aparece precisamente en este segundo plano.
La participación del ministro de Defensa en el encuentro del Southcom, confirma que:
“…el Estado guatemalteco continúa plenamente integrado en las redes de cooperación militar hemisférica”.
En otras palabras, aunque el gobierno civil no haya sido invitado al espacio político central, el aparato militar guatemalteco sigue siendo un actor plenamente incorporado a la arquitectura estratégica estadounidense.
Esta bifurcación refleja un patrón histórico bien conocido en América Latina: la persistencia de vínculos directos entre las fuerzas armadas latinoamericanas y el aparato de seguridad estadounidense, incluso, cuando existen tensiones o ambigüedades en el plano político.
II. La narrativa del “Pacto de Corruptos e Impunidad”
La ausencia de Bernardo Arévalo de León “en la cumbre política de Miami fue rápidamente utilizada por actores vinculados al “Pacto de Corruptos e Impunidad” para construir una narrativa política destinada a debilitar al gobierno.
Uno de los ejemplos más visibles es el discurso promovido por el empresario Rodrigo Arenas Echeverría y director y fundador de República GT, quien ha afirmado públicamente que Arévalo de León no fue invitado debido a supuestas conexiones del gobierno con el narcotráfico o con sectores “narco-socialistas”.
Esta narrativa busca construir una imagen internacional del aislamiento en el que estaría el gobierno guatemalteco. Al mismo tiempo, pretende posicionar a ciertos actores empresariales y políticos vinculados al Pacto como interlocutores privilegiados ante Washington. Sin embargo, el tuit del Ejército revela que la situación es mucho más compleja. Guatemala no fue excluida completamente del proceso; más bien, participó en un nivel distinto.
La narrativa de estos actores adscritos a la estrategia del “Pacto de Corruptos e Impunidad” por tanto, intenta ocultar esta distinción y convertir un episodio diplomático ambiguo en una prueba de supuesta ilegitimidad del gobierno de Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar del Movimiento Semilla.
Durante la conferencia de prensa que habitualmente realiza el gobierno, conocida como La Ronda, celebrada el 10 de marzo, el mandatario ratificó las buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, los compromisos en materia de seguridad y los acuerdos alcanzados, y se enfatizó en el levantamiento del embargo militar que Estados Unidos mantenía desde finales de la década de 1970, establecido durante el gobierno demócrata de Jimmy Carter. Es más, Arévalo indicó que la no asistencia como gobierno a la Cumbre “Escudo de las Américas”, fue exclusivamente para gobiernos que deben integrarse a los acuerdos de seguridad estadounidense, algo que la administración de Arévalo de León ya viene haciendo desde 2024.
III. El lobby del “Pacto de Corruptos” en Washington
El episodio de Miami también debe analizarse en el contexto de las operaciones de “lobby” o cabildeo que actores del “Pacto de Corruptos e Impunidad” han desarrollado en Estados Unidos durante los últimos meses, y que El Observador ha documentado ampliamente.
Otros reportes han documentado la existencia de dos lobbies en Washington relacionados con la política guatemalteca. Uno de esos cabildeos se enfocó en persuadir a la administración Trump de respaldar a actores como la actual Fiscal General, Consuelo Porras Argueta, y la candidatura de Roberto Molina Barreto. Aunque estos esfuerzos no lograron todos sus objetivos, por ejemplo, la nominación de Porras Argueta a la Corte de Constitucionalidad (CC), sí han tenido efectos significativos en lograr la reelección de Molina Barreto. Además, han contribuido a reforzar vínculos entre ciertos actores del Pacto y sectores del aparato político estadounidense.
Otro de esos cabildeos revela la ofensiva política del Pacto en Estados Unidos que ha consistido en la configuración de una red que conecta actores guatemaltecos empresariales y políticos, con figuras influyentes del movimiento Make America Great Again (MAGA) y del entorno republicano en Washington.
Investigaciones periodísticas recientes han documentado cómo el empresario estadounidense radicado en Guatemala, Steven Hecht, integrante de la Liga Pro Patria, ha promovido activamente la narrativa del supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2023, en las que resultó electo el binomio conformado por Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar, en espacios cercanos a la derecha estadounidense, incluyendo intervenciones en programas vinculados a Rudy Giuliani y contactos con el estratega republicano Roger Stone.
Esa narrativa, que carece de sustento tras la revisión oficial de actas electorales, ha sido utilizada para intentar desacreditar internacionalmente al gobierno guatemalteco y legitimar a actores y operadores del Pacto como la Fiscal General, Consuelo Porras Argueta y la guerra jurídica o “Lawfare” que ha desatado contra dichas elecciones, presentándola como aliada clave en la lucha contra el crimen transnacional.
Al mismo tiempo, otro eje de este lobby se configura a través de Republica Media Group, conglomerado vinculado al medio República GT y al empresario Rodrigo Arenas Echeverría, que ha contratado servicios de cabildeo en Washington por medio del exalcalde de la ciudad de Hialeah del condado de Miami-Dade en Florida, Esteban Bovo, un político republicano cercano al actual secretario de Estado, Marco Rubio.
La influencia potencial de este canal se amplifica por la posición de su esposa, Viviana Bovo, quien se desempeña como asesora principal para Asuntos del Hemisferio Occidental en la oficina de Rubio, lo que les otorga acceso privilegiado a circuitos del Departamento de Estado. Según documentos de registro de agentes extranjeros citados por El Observador, el objetivo de este cabildeo es impulsar “partidos políticos y causas conservadoras en Guatemala”, y favorecer actores alineados con el statu quo institucional que representó el Ministerio Público (MP) durante la gestión de Porras Argueta.
Visto en conjunto, este entramado sugiere la existencia de “un intento coordinado de internacionalizar las disputas políticas guatemaltecas mediante redes de influencia en Washington”, donde sectores del “Pacto de Corruptos e Impunidad” buscan aprovechar la cercanía con figuras del trumpismo para reconfigurar el equilibrio político interno en Guatemala.
En este contexto, la presencia visible de figuras como Rodrigo Arenas Echeverría en espacios cercanos a la Casa Blanca, adquiere un significado político más amplio. Las fotografías (1 y 2) que lo muestran interactuando con funcionarios y asesores vinculados a la administración Trump, sugieren la existencia de nuevos canales informales de influencia política que están siendo utilizados para presionar e, incluso, advertir al gobierno de Arévalo de León sobre la dirección y políticas de su gobierno.
IV. Rodrigo Arenas Echeverría y las redes del poder
Rodrigo Arenas Echeverría no es simplemente un empresario con aspiraciones políticas. Sus vínculos familiares y empresariales se insertan en una red histórica de poder en Guatemala. En particular, su relación familiar con estructuras vinculadas al llamado “Tigre del Ixcán”, de quien era nieto, así como a redes económicas regionales, ha sido objeto de múltiples investigaciones y debates.
Uno de los episodios más reveladores fue el caso documentado por el extinto medio escrito elPeriódico y por la justicia estadounidense, sobre una red de lavado de dinero del narcotráfico que operó entre 2014 y 2016, y fue procesada judicialmente en 2020.
En ese caso, El Observador identificó a Carlos Eduardo Echeverría Pedraza, pariente de la familia Arenas, como parte de una estructura que lavó millones de dólares provenientes del narcotráfico ecuatoriano. Echeverría fue extraditado y condenado en Estados Unidos.
Este tipo de conexiones no implica necesariamente responsabilidad directa de Arenas Echeverría, pero sí revela el tipo de redes familiares, económicas y políticas dentro de las cuales se mueve.
