Zarpazo de la CC legitima segundo fraude de Mazariegos
Nota de Coyuntura No. 218 / por Equipo de El Observador
Con el voto a favor del magistrado Roberto Molina Barreto y de las magistradas Dina Ochoa Escribá y Julia Rivera Aguilar, la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió, el pasado 1 de junio, anular dos amparos provisionales y uno definitivo, que distintos juzgados otorgaron a la agrupación Dignidad y Rescate USAC (USAC-DIRE). Esos amparos suspendían la elección fraudulenta de Walter Mazariegos Biolis para un segundo periodo en la Rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), consumada en Antigua Guatemala el 8 de abril del año en curso con el aval de un Consejo Superior Universitario (CSU) ilegal e ilegítimo.
Imagen: El Observador
CC bota amparos provisionales y un amparo definitivo
El pasado 1 de junio, trascendía en medios de comunicación que la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró sin lugar los amparos provisionales que se habían otorgado el 30 de abril y el pasado 4 de mayo del año en curso, respectivamente por el Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia del Ramo Civil de Guatemala, constituido en Tribunal de Amparo, y por el Juzgado Primero Pluripersonal de Primera Instancia del Ramo Civil de Guatemala, constituido en Tribunal de Amparo. Esos amparos fueron interpuestos en su orden por el Colegio de Arquitectos y por el Colegio de Químicos y Farmacéuticos, y suspendían la elección de Walter Mazariegos Biolis para un segundo periodo en la Rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), y ordenaban la repetición de la misma.
La resolución de la CC también suspendió el amparo definitivo otorgado el 29 de mayo por el Juzgado Décimo Quinto Civil a la agrupación Dignidad y Rescate (USAC-DIRE) que ordenaba suspender la elección de Mazariegos Biolis como rector de la USAC para el período 2026-2030; dejaba en suspenso la aprobación del Consejo Superior Universitario (CSU), del informe que validó dicha elección del 8 de abril en Antigua Guatemala; ordenaba repetir elecciones y resolver procesos pendientes en distintos cuerpos electorales de la Facultad de Ingeniería, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Humanidades y el Colegio de Ingenieros Químicos; a la vez que dio un plazo de ocho días a la Comisión del Cuerpo Electoral Universitario para cumplir con lo ordenado, bajo apercibimiento de multas y posibles responsabilidades civiles y penales en caso de incumplimiento.
Aunque la resolución de la CC no se había conocido explícitamente en toda su dimensión hasta el cierre de la presente edición, Aníbal García, coordinador del equipo jurídico de la agrupación USAC-DIRE, la explica en los siguientes términos.
“… la suspensión de los amparos provisionales en la resolución de la CC hubiese sido normal y a USAC-DIRE no le afectaba porque ya había amparo definitivo, y el criterio jurídico que manejaba la agrupación era que ya no había materia. Pero, la Corte tenía una sorpresa y es que manda a suspender todo: amparos provisionales y amparo definitivo, argumentando que debieron agotarse a lo interno de la USAC todos los recursos administrativos antes de plantear un amparo ante esta corte…”.
“…Aquí hay que mencionar algo importante y es que, al finalizar el proceso de elección del 8 de abril, la obligación de la Comisión Electoral es informar al Consejo Superior Universitario (…) ese día que se dio a conocer la resolución (de la elección), algún estudiante o profesor planteó un recurso de revisión y el propio Consejo Superior Universitario resolvió y dice: sin lugar el recurso de revisión porque el mismo Consejo Superior Universitario derogó el único recurso que se podía plantear en materia electoral…”.
“Lo otro que hace la CC es que nos mandan al Contencioso Administrativo, que es una tragedia porque normalmente, un Contencioso Administrativo se resuelve en cinco años. Es decir, quería que nosotros planteáramos el Contencioso Administrativo para que esto terminara cuando el segundo periodo ilegítimo e ilegal de Mazariegos fuera terminando. O sea, de ese tamaño es la grosería jurídica; y, además, porque la Corte de Constitucionalidad tiene abundante jurisprudencia y doctrina legal que dice lo contrario: que en materia electoral los resultados deben ser prontos. Un detalle: en materia de amparo, el plazo para interponer la acción de amparo no es de 30 días, es de 5 días, porque se entiende que lo electoral hay que resolverlo lo más expedito posible”.
“Lo otro que dice la Corte, y esto es de veras para reírse, es que no hay legitimación activa. Legitimación activa significa que yo tengo derecho a plantear el amparo. Ellos dicen que no, que los que plantearon el amparo eran candidatos a electores y que no eran electores, pero nosotros sí somos electores”.
“O sea, es absurdo lo que ha planteado la Corte (…) no resolvió los amparos provisionales, ni entra a conocer el amparo definitivo; no entra a conocer el fondo. La Corte dijo: ya no puedo conocer este amparo provisional (…) este amparo no puede seguir y suspendió todo. ¿Cuál es el problema? Es que no tenemos recurso en contra de lo que resolvió la Corte (…) la verdad es que sí es un golpe muy contundente”.
Según el diario Prensa Libre, que cita a una fuente al interior de la CC, los dos proyectos de resolución que habían sido acordados en la semana del 1 al 5 de junio, que suspendieron los amparos provisionales y el definitivo, no habían sido firmados ya que, pese a mayoría tres a dos, las magistradas Anabella Morfin y Astrid Lemus, solicitaron tiempo para incluir observaciones a los proyectos de sentencia. Sin embargo, según este medio, tanto la agrupación Dignidad y Rescate (USAC-DIRE) como las autoridades actuales de la USAC, no habían sido notificadas hasta ese momento. El 8 de junio, ambas resoluciones fueron trasladadas al pleno y firmadas, con lo que quedaron en firme, a la vez que la CC dio 48 horas para que los juzgados que otorgaron los amparos provisionales y el definitivo, cancelaran trámites pendientes.
Reacciones
La resolución de la CC puede ser calificada como un golpe contundente a la Autonomía de la USAC y a favor de la impunidad que la estructura mafiosa que lidera Mazariegos Biolis ha impuesto en la universidad estatal, a fin de mantener la cooptación de los espacios en donde tiene una presencia estratégica.
Según Aníbal García, de USAC-DIRE, la resolución de la CC es inexplicable y absurda, y pone la tapa al pomo a un proceso de acciones legales de resistencia que se iniciaron desde el 12 de enero de 2026, cuando el Consejo Superior Universitario (CSU) hizo la convocatoria para la elección de rector de la USAC para el periodo 2026-2030.
El mismo 8 de junio, se conoció que por mayoría integrada con los votos recurrentes de Molina Barreto, Ochoa Escribá y Rivera Aguilar, la CC rechazó con los mismos criterios anteriores la solicitud de amparo que presentó la diputada Sonia Gutiérrez Raguay, del Movimiento Político Winaq, en contra del CSU por violaciones cometidas en la elección de Mazariegos Biolis como rector. Al reaccionar, la diputada expresó:
“Me llama la atención esta resolución y comparto aspectos principales de la misma. Primero, admite y resuelve inmediatamente la Corte, que se remita el expediente al Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia para la asignación de la Sala de lo Contencioso Administrativo por competencia, pero en esa resolución la mayoría de magistrados piden que se verifique si se cumplen los presupuestos para la admisión de este amparo, diciendo de una vez que se conmina a la Sala para que resuelva en relación a la falta de legitimidad, según ellos, en mi actuar como diputada porque no hay un agravio, lo cual es cuestionable”.
Calificó de aberración total la resolución…
“…ya que establece que ha perdido materia la acción de amparo y que ya no hay nada que resolver, cuando es todo lo contrario porque ya las acciones que se han denunciado y reclamado, de violaciones a los principios constitucionales, se consumaron con la acción fraudulenta de elección de rector.
Gutiérrez Raguay informo que, según los tres magistrados que votaron igual, el trámite de este amparo se dilató por la responsabilidad de la actual Presidenta de la CC, Anabella Morfin, pero recordó que lo presentó desde febrero último; es decir, la anterior magistratura tuvo que haber resuelto esa acción, por lo que Molina Barreto y Ochoa Escribá tuvieron que haber actuado.
En una amplia interpretación, el abogado Édgar Ortiz se refirió al actuar de la CC en los siguientes términos:
“En 2021, la CC anuló la designación de Gloria Porras por el CSU sin exigir agotar la vía administrativa ni el contencioso. En 2026, ante la elección de Mazariegos con vicios análogos, exige agotar esa misma vía y anula los amparos. Doble estándar”.
¿Qué sigue?
Quedan aspectos legales pendientes que resolver y evacuar antes del 1 de julio, fecha prevista para la toma de posesión en la rectoría.
Según los abogados de USAC-DIRE, los 18 amparos que fueron interpuestos después del 8 de abril pasado han estado en trámite, y con éstos se pretende recuperar los Cuerpos Electorales que no fueron acreditados por el CSU para la elección en Antigua Guatemala. Seis de esos amparos en la Sala Primera, así como siete en la Sala Sexta, ya fueron suspendidos, pero cinco todavía se están peleando en la Sala Quinta que, a juicio de la agrupación universitaria, la CC podría asumir con éstos el mismo criterio que asumió con los amparos provisionales y el definitivo, y de esta forma extralimitarse nuevamente en sus funciones.
Al respecto, dice Aníbal García:
“…solo la movilización social, con un proceso de toma de conciencia, podría abrirse la posibilidad que los magistrados cambien de opinión (…) con uno que nos den, se cae todo porque se evidenciaría el vicio y habría que integrar otra vez el cuerpo electoral universitario”.
Otro aspecto pendiente es que Mazariegos Biolis no tiene finiquito, incluso, desde que se postuló como candidato a la rectoría esta segunda vez pues, según declararon funcionarios de la Contraloría General de Cuentas (CGC) en abril pasado en una citación con diputados de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), el 19 de septiembre de 2025 fue la vez que se le emitió finiquito.
Los funcionarios de la CGC informaron que se interpusieron denuncias contra el actual rector y contra 24 delegados del CSU, por hallazgos revelados por auditorías especiales realizadas y que están relacionados con contrataciones y la administración de recursos. En ese momento, las denuncias fueron declaradas en reserva por el MP, todavía bajo la administración de Consuelo Porras Argueta.
Los funcionarios informaron que dichos hallazgos fueron notificados entre enero y febrero pasados, y se otorgó un plazo para desvanecerlos y, como eso no sucedió, se interpusieron tres denuncias para investigar y formular cargos y, bajo esas circunstancias, Mazariegos Biolis ya no podía solicitar ni se le podía extender un nuevo finiquito, hasta que no aclarara los cargos contenidos en las denuncias.
Se refirieron al artículo 16 de La Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, que establece que ninguna persona puede optar a cargos públicos si no cuenta con finiquito, y mucho menos asumir, pues la normativa indica que optar y tomar posesión son dos etapas diferentes.
Hallazgos de la CGC en la USAC
- Entre el 2022 y 2026, la USAC tuvo a disposición más de Q15 mil millones.
- En 2022, siendo ya Mazariegos Biolis rector de la USAC, el CSU emitió una resolución que retiró a la universidad de los sistemas de control público de transparencia, por ejemplo, el portal Guatecompras, lo que limitó gravemente la fiscalización de sus gastos.
- Entre los hallazgos está la existencia de viajes internacionales por un monto superior a los Q 2 millones a destinos como Costa Rica, España y Colombia, sin evidencias de informes o resultados concretos.
- Se constató la permanencia irregular de aproximadamente 35 miembros del CSU, algunos de los cuales habrían perdido las condiciones legales para ocupar sus cargos al haber completado su graduación, en contraposición a la normativa interna de la USAC, que exige la realización de nuevas elecciones.
Un tercer aspecto, es que, tanto la CGC como la Procuraduría General de la Nación (PGN), se adhirieron como terceros interesados al amparo provisional otorgado el 4 de mayo pasado por el Juzgado Décimo Quinto de Primera Instancia Civil, a la agrupación USAC-DIRE, que dejó en suspenso provisional la elección de Mazariegos Biolis como rector de la USAC. En el caso de la CGC, su adhesión a dicho amparo se argumentó basada en que Mazariegos Biolis no cuenta con finiquito por tener denuncias en su contra, y eso le imposibilita asumir el cargo para un nuevo periodo. En el caso de la PGN, fue notificada en calidad de tercero interesado dentro de los amparos 01163-2026-00842 y 01161-2026-00843, y solicitó que los mismos fueran declarados con lugar, es decir, que se suspendiera definitivamente la elección de Mazariegos Biolis como rector de la USAC.
En ese momento, el MP, todavía bajo la conducción de Porras Argueta, pidió que no se otorgara en definitiva el amparo.
Asimismo, desde abril pasado, al menos tres denuncias han sido presentadas en el MP en contra de la reelección de Mazariegos Biolis, que se suman a las interpuestas por la CGC. Dos fueron interpuestas por el diputado José Chic, del bloque VOS, y por Sonia Gutiérrez Raguay, del Movimiento Político Winaq, contra Mazariegos Biolis, contra el secretario general de la USAC, Luis Fernando Cordón Lucero (ex esposo de la magistrada de la CC, Julia Marisol Rivera Aguilar, un voto clave para el 3-2 en la CC) , así como contra integrantes CSU por los delitos de abuso de autoridad, desobediencia, resoluciones violatorias a la Constitución, usurpación de funciones, falsedad material y asociación ilícita.
La denuncia de la diputada Gutiérrez Raguay indica en una parte que:
“Se denuncia la posible conformación de una asociación ilícita integrada por miembros del Consejo Superior, en conjunto con decanos, docentes y representantes estudiantiles, quienes habrían unificado voluntades mediante mecanismos ilegales, arbitrarios y presuntamente corruptos, con el propósito de mantener el control de la Universidad de San Carlos de Guatemala, particularmente en su administración financiera y en la toma de decisiones político-institucionales”.
La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) conoce una de estas denuncias, en tanto que la Fiscalía de Delitos Administrativos conoce otra por la exclusión y la no acreditación de al menos 16 Cuerpos Electorales de oposición por parte del CSU que argumentó, el 6 de abril pasado, que había errores en documentos relacionados con las votaciones de estos cuerpos.
Según el diputado, las denuncias están activas por lo que, con un nuevo Fiscal General, hay expectativas positivas para que se desarrolle una investigación clara y objetiva.
En los mismos términos se expresó Javier Monterroso, ex Secretario del MP, quien considera que, con la renovación del MP, hay una probabilidad que se puedan investigar todas las ilegalidades en el caso de la USAC.
El criterio general entonces, es que la existencia de denuncias contra Mazariegos Biolis por no contar con finiquito, hacen probable que no tome posesión el 1 de julio próximo.
Sin embargo, para Javier Monterroso, ante la falta de finiquito, el rector podría intentar obligar-negociar a la CGC a que se lo extienda interponiendo un recurso de amparo ante la CC, ahora que en su interior hay una mayoría alineada a sus intereses.
Por el contrario, Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, indica que mientras Mazariegos Biolis no obtenga finiquito por una resolución de la CC, una Sala de Apelaciones o un juzgado y…
“…aunque las cortes convaliden por mayoría un fraude, él no tiene finiquito y, mientras esa situación se mantenga, no puede asumir”.
En una actividad celebrada el 3 de junio, a la que El Observador asistió, USAC-DIRE informó que todavía queda el recurso de recurrir a la vía penal, y hay esperanza que el cambio de Fiscal General pueda contribuir a que esa opción sea exitosa.
“…al fiscal le está costando pues obviamente es una institución desbaratada pero ya hay señales de que puede ser diferente”.
“…hay cúmulo de delitos que nos pueden llevar a la persecución penal de los integrantes del Consejo Superior Universitario; de los integrantes del cuerpo electoral que estuvieron en la Antigua Guatemala y que votaron a favor de Mazariegos; de las Juntas directivas que tanto han desobedecido las resoluciones judiciales…”.
“…hay un detalle, y es que en la propia universidad y en la propia Comisión que dirigió el acto de elección en la Antigua, no quisieron poner a la vista nunca los expedientes de lo que pasó (…) hay por ahí algunas personas que participaron y que no debieron hacerlo”.
Hay que recordar, además, que desde 2025, tanto la misma CC como la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ordenaron al CSU a convocar a elecciones para renovar a 37 de sus 41 representantes que tienen el plazo vencido para integrarlo.
La suspensión de los amparos por parte de la CC no solo obvió este aspecto que deviene de su propia resolución, sino la perfila, ahora, ya sin la presencia de Consuelo Porras Argueta al frente del MP, en el ente que será, en adelante, el operador central de la estrategia pro corrupción y pro impunidad total del “Pacto de Impunidad” en colusión con Walter Mazariegos Biolis como rector de la USAC.
