El arbitraje internacional en Guatemala: el costo del sistema ISDS para el Estado
Nota de coyuntura No. 203 / por Juan Calles
El mecanismo de Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés) ha resultado determinante en la política económica y ambiental de Guatemala. Este sistema, incluido en Tratados de Libre Comercio (TLC) como el negociado entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (CAFTA-DR), permite que inversores extranjeros demanden al Estado ante tribunales internacionales, principalmente el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), si consideran que medidas gubernamentales o judiciales han perjudicado sus inversiones.
Imagen: El Observador.
Encuentro Regional sobre Protección del Interés Público
En abril de 2026, en la ciudad de Bogotá, Colombia, se desarrolla el Primer Encuentro de Formación de Defensores Comunitarios y de los Territorios que se denomina: “El Sistema de Protección de Inversiones y Demandas ISDS: herramientas para la protección del interés público en la región”, y el cual tiene como objetivo informar y capacitar sobre el funcionamiento técnico de las cláusulas de protección de inversiones.
En la reunión se analiza cómo estas demandas influyen en la capacidad de los Estados para legislar en favor del medio ambiente y los derechos humanos, y se exploran las herramientas legales disponibles a nivel internacional para salvaguardar el interés público frente a proyectos de explotación de recursos naturales.
El encuentro busca generar un diagnóstico regional sobre el impacto del ISDS en América Latina, promoviendo el intercambio de estrategias jurídicas entre académicos, especialistas en derecho internacional y organizaciones sociales.
En ese contexto, es importante revisar la situación de Guatemala al respecto, los casos que se han llevado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y sus resultados, y los que aún están pendientes de resolución.
Múltiples casos emblemáticos en Guatemala y sus resultados
En Guatemala se han registrado varios casos en los que el Estado ha sido demandado y sentenciado a pagar cantidades millonarias a empresas que, tras dañar el medio ambiente y agredir de diversas maneras a comunidades indígenas y no indígenas, exigen ser resarcidas. Por ello se afirma que este sistema internacional ISDS, ha favorecido a distintas empresas multinacionales.
El “Caso Teco Guatemala Holdings”
Este proceso representa una de las condenas financieras más significativas para el país. Se originó en 2010 tras una disputa sobre el Valor Agregado de Distribución (VAD) de energía eléctrica.
Teco Guatemala Holdings LLC (TGH) demandó al Estado guatemalteco, bajo el CAFTA-DR, alegando que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) fijó tarifas de manera arbitraria y afectó su rentabilidad. Tras una década de litigio, el Estado guatemalteco fue condenado a pagar US$ 46 millones en concepto de indemnización y costos procesales, el cual se hizo efectivo en el 2020.
TGH era subsidiaria de la estadounidense Teco Energy. En eso intereses hubo fuertes nexos del Grupo Corporativo Campollo de Guatemala, cuyas familias empresariales son propietarias de los Ingenios Madre Tierra y El Pilar, entre otras muchas.
Railroad Development Corporation (RDC) o “Caso Ferrovías”
Este fue un caso que cuestionó la facultad del Estado para declarar la lesividad de contratos nacionales. El gobierno de Guatemala declaró lesivo el contrato de usufructo de los ferrocarriles en 2006. La firma estadounidense RDC apeló al arbitraje internacional alegando una expropiación indirecta. RDC operaba en Guatemala por medio de la Compañía Desarrolladora Ferroviaria, S.A. (Ferrovías de Guatemala), que es la usufructuaria de los bienes de utilidad ferroviaria propiedad de la Empresa Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA).
Como resultado, en 2012 el tribunal del CIADI falló contra Guatemala condenándolo a pagar US$ 11.3 millones, argumentando que el país no otorgó un trato justo y equitativo, según los estándares del tratado comercial.
Este caso ha sido ampliamente abordado por El Observador, además de considerar los múltiples intereses de grupos de poder económico que se vieron involucrados en el caso.
Daniel Kappes y Kappes, Cassiday & Associates (KCA) o “Caso La Puya”
El proyecto minero “Progreso VII Derivada” o “El Tambor”, el cual se localiza en el lugar conocido como La Puya, en los municipios San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, departamento de Guatemala, es un referente de Resistencia Pacífica comunitaria en defensa de los derechos colectivos de los Pueblos indígenas y las consultas comunitarias. Los inversionistas, propietarios de la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. (EXMINGUA), demandaron al Estado por US$ 499 millones luego que la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendiera la licencia minera debido a la falta de Consulta Previa, Libre e Informada a las comunidades aledañas al proyecto.
El tribunal emitió esta vez una sentencia favorable para Guatemala, rechazando la totalidad de las pretensiones de la empresa. Además, ordenó a los demandantes reembolsar al Estado cerca de US$ 380,000.00 por costos legales, validando la legitimidad de las decisiones judiciales nacionales.
Múltiples intereses privados en este proyecto minero no fueron la excepción, e igualmente abordados por El Observador.
Energía y Renovación, S.A.: la Resistencia Pacífica de Ixquisis que logró detener un megaproyecto
A diferencia de los casos anteriores, la situación en la Microregión de Ixquisis, San Mateo Ixtatán, al norte de Huehuetenango, ilustra cómo el conflicto social y las denuncias por violación de derechos humanos, pueden forzar el repliegue de inversiones antes de un laudo definitivo.
La empresa Energía y Renovación Holding, S.A (ERH), una entidad fuera de plaza inscrita en Panamá propiedad de capitales guatemaltecos vinculados al poderoso y oligarca Grupo Corporativo de la Cervecería Centroamericana de los Castillo Hermanos, impulsaba la construcción de las hidroeléctricas San Mateo y San Andrés, pero se encontró con la fuerte y organizada Resistencia Pacífica de las comunidades de la Microrregión de Ixquisis que, marcada por denuncias de criminalización, represión y racismo, llevó a una revisión del financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Invest a estos proyectos, a través de su Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI).
Tras el informe del MICI, que reconoció el incumplimiento de salvaguardas ambientales y sociales por parte de la empresa y la falta de monitoreo del BID Invest, y ante la inviabilidad operativa por la falta de licencia social, se consolidó el retiro de la empresa de la zona. Aunque este retiro es una victoria para la Resistencia Pacífica comunitaria, accionistas relacionados con los proyectos hidroeléctricos demandaron al Estado guatemalteco ante el CIADI, alegando la “falta de protección de la inversión” ante la conflictividad social como base de sus demandas, y obtuvieron una resolución favorable de dicho tribunal que manda al Estado guatemalteco a pagar US$ 65 millones a ERH. Este caso se encuentra bajo reserva o en fase de análisis de montos.
“Caso Iberdrola”: también a Guatemala
Actualmente, el Ministerio de Economía (MINECO) reporta otros arbitrajes activos que suman reclamos por más de US$ 840 millones, destacando las demandas de Energía y Renovación Holding ya expuesto, así como el del Grupo Energía Bogotá (GEB), propietaria de la empresa Transportadora de Energía de Centroamérica (TRECSA) que ha construido desde 2009 los Seis Anillos de Interconexión Eléctrica, en el marco del Proyecto de Interconexión y Transporte de Energía (PET-1-2009), con fuerte rechazo en comunidades de distintos territorios de Guatemala.
