Bicefalia y fuego en la nación Tz’utujil: colapsa diálogo en Santiago Atitlán
Nota de coyuntura No. 226 / por Juan Calles
Las noticias que llegan desde Santiago Atitlán, Sololá, son insuficientes para entender lo que realmente está sucediendo en la localidad del Pueblo Maya Tz’utujil; los medios de comunicación corporativos y las redes sociales desinforman y generan controversia, dejando de lado la profundidad del conflicto social, religioso y político existente. La gobernabilidad y la cohesión social se asientan en un delicado y complejo equilibrio que entrelaza la fe, las estructuras de poder ancestrales, a las autoridades municipales y la cosmovisión maya Tz’utujil.
Fuente: El Observador
El cisma del Cabecera del Pueblo y la conexión evangélica
La máxima autoridad moral y territorial en este municipio es el Cabecera del Pueblo, que es una persona electa por las cofradías y representa una institución comunitaria que resguarda la valiosa e histórica Caja Real, la cual contiene los títulos de propiedad ejidal de 1520, y actúa como el principal mediador en las disputas colectivas. Sin embargo, el fallecimiento en marzo de 2024, del respetado líder ancestral Nicolás Sapalú Toj, quien dirigió la institución por 14 años, quebró la estabilidad del sistema tradicional de sucesión y sumió a la comunidad en una profunda división institucional.
Tras la muerte de Sapalú Toj, el vacío de poder provocó que surgieran dos liderazgos que hoy tienen dividida a la nación Tz´utujil.
Por un lado, están las cofradías que son señaladas de estar alineadas al poder municipal y las autoridades occidentales. Estas siete cofradías designaron a Andrés Tziná Coché como el nuevo Cabecera en mayo de 2024, y esta designación contó con el respaldo y apoyo del alcalde municipal del partido político Cabal, Francisco Coché Pablo. La asamblea comunitaria no vio con buenos ojos esta elección y la señalaron de ilegal y ajena a las costumbres ancestrales, agregando que los intereses políticos del alcalde avalaron esta elección para que la autoridad ancestral respaldara proyectos económicos controvertidos.
Aunque Pedro Chiquibal, Escribano de estas autoridades y ex Escribano del Cabecera, Sapalú Toj, niega el vínculo con Coché Pablo, la asamblea comunitaria señaló a estas autoridades como aliadas de la actual administración municipal de Santiago Atitlán.
Por otro lado, la asamblea comunitaria y cofradías opositoras, junto a Autoridades Ancestrales que trabajaron con Sapalú Toj, unieron fuerzas con la familia del difunto líder para impugnar la legitimidad de la elección apoyada por el alcalde. El 1 de noviembre de 2024, en el atrio de la iglesia católica, convocaron a una consulta popular abierta en la que votaron miles de comunitarios, quienes eligieron a Juan Mendoza Damián como Cabecera del Pueblo, acompañado por otra importante autoridad ancestral: el Escribano, responsabilidad que recayó en Diego Petzey.
Además del apoyo de la asamblea comunitaria y de la consulta popular, estas autoridades mantienen el resguardo de la Caja Real y las escrituras ancestrales, y se consolidaron como bloque ante la opinión pública como la legítima Autoridad Ancestral.
Al conflicto se sumó la iglesia protestante evangélica, un elemento que ha transformado las relaciones sociales en la nación Tz’utujil en donde, bajo la influencia de religión, se puede observar una marcada apatía hacia las prácticas ancestrales. Sin embargo, la gravedad de la crisis ecológica y las denuncias por corrupción municipal hicieron que los líderes evangélicos tomaran partido en el conflicto y dejaran atrás su indiferencia social.
El equipo legal del alcalde Francisco Coché Pablo denunció que líderes de la iglesia evangélica local instrumentalizan políticamente el conflicto. En particular, señalan al pastor Adonias Sapalú por financiar a las Autoridades Ancestrales opositoras al alcalde. Según Coché Pablo, ese apoyo busca debilitar a la autoridad municipal y ganar influencia sobre el control de las tierras ejidales. La denuncia del alcalde quedó registrada en una entrevista concedida al medio televisivo Canal Antigua.
Por su parte, esta alianza entre autoridades ancestrales y pastores evangélicos, tradicionalmente opuestos, es expuesta por sus miembros como una muestra de que el interés es la defensa del entorno natural, el contrarresto de la corrupción municipal y el bienestar común en el territorio Tz’utujil.
Detrás de la violencia en las calles y los fallos en las cortes se libra otra batalla silenciosa, pero crucial por la legitimidad histórica del Pueblo Maya Tz’utujil: el control de la Caja Real, la reliquia sagrada que resguarda los títulos coloniales de las tierras comunales de Santiago Atitlán. Este conflicto de identidades y símbolos quedó en evidencia tras las declaraciones de Pedro Chiquibal, antiguo Escribano y actual miembro de las cofradías alineadas contra la actual organización comunitaria.
La disputa por la Caja Real y las narrativas cruzadas
Chiquibal lanzó duras acusaciones contra la actual dirigencia indígena, asegurando que el grupo encabezado por el actual Escribano, Diego Petzey, manipula a la familia del fallecido Cabecera del Pueblo, con el único fin de retener el control físico e histórico de la Caja Real. Según la tesis de Chiquibal, este grupo busca suplantar las costumbres milenarias del municipio y frenar ritos nucleares de la espiritualidad local, como la veneración al Rilaj Mam (Maximón), argumentando una supuesta alianza con facciones evangélicas que tildan estas prácticas de «brujería». Para sostener su argumento, Chiquibal denunció públicamente que los propios hijos del pastor de la Iglesia Cristiana «Miel», participan activamente dentro de las asambleas convocadas por las actuales Autoridades Ancestrales.
En una entrevista con El Observador, el escribano Diego Petzey sostuvo que la postura de su organización no responde a un sesgo religioso, sino a una política de inclusión y diálogo abierto con todas las expresiones de fe presentes en el municipio. Petzey confirmó que sostienen reuniones institucionales con la asociación de pastores, pero aclaró que el objetivo es garantizar la cohesión comunitaria en un entorno multi religioso, sin respaldar a ninguna denominación, partido político o candidatura electoral en particular.
Asimismo, calificó de «absurda e ilógica» la acusación de querer erradicar la espiritualidad maya Tz’utujil, recordando que el actual Cabecera del Pueblo electo es, por derecho propio, un respetado Ajq’ij -guía espiritual-, que ha dedicado su vida al servicio ceremonial y tradicional de la comunidad.
El problema no es nuevo; ya en el año 2021, el mismo Sapalu Toj fue víctima de un conflicto parecido al actual, cuando fue desconocido como autoridad ancestral por un grupo de cofrades en alianza con la municipalidad. En esa ocasión se denunció esta alianza municipal, ya que el Cabecera del Pueblo organizaba a la comunidad para oponerse a la ocupación de tierra comunal para la instalación de un proyecto municipal de parqueos.
En esta acta de enero de 2021, en los puntos 3 y 4, se desconoce a la Autoridad Ancestral
Las raíces del conflicto: tilapias, tuk tuk y acusaciones de corrupción
El conflicto por la representación ancestral es el escenario inicial; sin embargo, lo más grave ocurrió cuando la población canalizó su descontento por la grave contaminación del Lago de Atitlán y la aprobación irracional de licencias de transporte local, conocido como “tuk tuk”.
El primer conflicto gira en torno a la crianza intensiva de tilapia. Desde 2014, operaba en el Lago de Atitlán una explotación comercial compuesta por más de 200 jaulas flotantes de engorde, administrada por 11 familias de productores locales. Para la cosmovisión Tz’utujil, el lago es un ser viviente y sagrado que requiere protección absoluta. La acumulación de sedimentos orgánicos y el uso de concentrados artificiales para alimentar a los peces, provocaron una severa contaminación del agua con bacterias, malos olores y mortandad de especies nativas, según documentaron la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán, (AMSCLAE) y el Ministerio de Ambiente.
Puede consultar el informe completo en: https://www.amsclae.gob.gt/wp-content/uploads/2019/12/informetecnicoepsum2019.pdf
Ante el prolongado silencio de la alcaldía de Coché Pablo y de las entidades del Gobierno entral, la asamblea comunitaria y las Autoridades Ancestrales decidieron actuar de forma soberana. El 23 de julio de 2025, miles de pobladores se movilizaron y extrajeron de manera directa 235 jaulas flotantes junto a unos 700 quintales de tilapia, procediendo a enterrar los peces en predios municipales. Esta acción de defensa ecológica profundizó el divorcio entre el alcalde y el sector social que lo acusaba de favorecer intereses económicos privados, por encima de la salud del lago.
El segundo detonante fue administrativo; en abril de 2025, el alcalde Coché Pablo autorizó de manera irregular la circulación de 244 nuevas líneas de mototaxis —tuk-tuk— en el casco urbano, lo que se sumó a las 265 unidades ya existentes y desató el caos vial. Las Autoridades Ancestrales de la facción de Juan Mendoza, acusaron formalmente al edil de haber recibido sobornos de hasta Q 105,000 por cada nueva concesión de línea, fondos que jamás ingresaron a la tesorería municipal. La reiterada negativa del alcalde a comparecer públicamente ante la asamblea comunitaria para rendir cuentas, selló su destino político ante la población.
De la expulsión del alcalde a la reinstalación por la CSJ
El 15 de septiembre de 2025, una asamblea de más de siete mil pobladores reunidos frente a la iglesia católica, exigió la renuncia inmediata del Alcalde municipal, Coché Pablo, y procedió al cierre físico de la municipalidad colocando cadenas y candados en sus puertas. Ante la parálisis administrativa, el Concejo Municipal —integrado por síndicos y concejales— sesionó de madrugada el 8 de octubre de 2025 y resolvió por unanimidad declarar la vacancia del cargo de alcalde, amparándose en el artículo 45 del Código Municipal que castiga la incomparecencia prolongada.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) respaldó la decisión del concejo y acreditó oficialmente al concejal primero, Andrés Ajuchán, como el nuevo Alcalde municipalen funciones.
La caída de Francisco Coché fue celebrada en el municipio como una victoria histórica del autogobierno indígena. Sin embargo, el alcalde depuesto recurrió al sistema de justicia ordinaria interponiendo un recurso de amparo, bajo el argumento que su remoción había sido ilegal y violatoria de su inmunidad como funcionario electo. El 12 de febrero de 2026, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le otorgó un amparo provisional que ordenó suspender la acreditación de Andrés Ajuchán y restituir a Coché Pablo en su cargo.
Los pobladores, liderados por las Autoridades Ancestrales, reactivaron las protestas y suspendieron toda la actividad comercial local en señal de resistencia. Los manifestantes advirtieron que no permitirían bajo ninguna circunstancia el ingreso del alcalde al edificio municipal. El empeño del alcalde por retomar el control administrativo de la comuna, respaldado por la resolución de la CSJ, condujo de forma inevitable al colapso violento ocurrido meses después. Se evidenció, una vez más, cómo las leyes de la administración pública derivan en la violencia, incomprensión e irrespeto por la cosmovisión de los Pueblos Indígenas.
La inveterada violencia se hizo presente en Santiago Atitlán
Imposibilitado para sesionar en el edificio municipal de la cabecera, el Alcalde municipal, Francisco Coché Pablo, convocó a una sesión extraordinaria del Concejo Municipal en las instalaciones del Ecomuseo Chuk Muk, la noche de ese miércoles 1 de julio de 2026; casi ocurrió una tragedia.
Al enterarse de la reunión, una multitud de pobladores irrumpió en el salón de sesiones del Ecomuseo. En el tumulto, el alcalde, su abogado, Marlon Denis García García y parte de su personal técnico, se vieron rodeados por la población que exigía su renuncia. Según el informe del Ministerio Público (MP), fueron aproximadamente nueve horas las que la población esperó respuesta del alcalde que se encontraba parapetado en el museo privado. Luego que las Autoridades Ancestrales se retiraron, un grupo de manifestantes comenzó a comportarse violentamente, lo que finalizó con el incendio del museo y el rescate del alcalde por parte de bomberos y policías.
Para evitar un linchamiento, las fuerzas antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC) intervinieron lanzando gases lacrimógenos y disparando para dispersar a la multitud. En represalia, los manifestantes incendiaron el edificio del museo. El saldo de la jornada violenta fue grave: un civil falleció en el hospital nacional a causa de heridas de bala; otros cuatro comunitarios resultaron lesionados por proyectiles; el abogado del alcalde sufrió heridas y dos agentes policiales resultaron lesionados. Al día siguiente, el MP reportó que grupos de pobladores impedían el ingreso de los peritos fiscales para procesar la escena del crimen en Chuk Muk, manteniendo el municipio bajo una de las mayores crisis de gobernabilidad de su historia reciente.
En el museo hotel en donde sesionaba el Concejo Municipal expulsado, fue escenario de una violenta jornada de protestas. Foto: Soy 502.
Actualmente, las Autoridades Ancestrales elegidas en asamblea popular, incluyendo a Juan Mendoza Damián y al Escribano, Diego Petzey, enfrentan un escenario de persecución penal, con denuncias por delitos como intento de asesinato y las consecuentes órdenes de captura en su contra.
El 6 de julio, el medio de comunicación AR TV Digital transmitió una narración de los hechos por parte de Autoridades Ancestrales y el Cabecera del Pueblo, y explicaron las causas de lo ocurrido.
Ese proceso de judicialización no es nuevo ni aislado en el contexto guatemalteco; se suma a un patrón de criminalización donde las herramientas del derecho penal son utilizadas para despreciar y encarcelar a líderes comunitarios que defienden sus territorios, denuncian la corrupción o se oponen a megaproyectos como minería e hidroeléctricas.
Al igual que ha ocurrido en otros conflictos territoriales en Guatemala, la reclusión de las autoridades tradicionales se ha convertido en una vía recurrente empleada por sectores de poder para desarmar la oposición comunitaria mediante el encarcelamiento sistemático.
En Santiago Atitlán, donde el tejido social ya sufría divisiones profundas por la bicefalia del Cabecera del Pueblo, la criminalización de sus autoridades de asamblea no hace sino profundizar las heridas internas y anular las posibilidades de diálogo preventivo con el Estado, perpetuando un ciclo histórico de exclusión política y confrontación social en la cuenca del lago.
